* De enero a octubre

   Fuente: Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León

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La violencia desencadenada en Nuevo León a partir de 2007 estuvo estrechamente relacionada con las disputas entre grupos del crimen organizado por el control de territorios, así como con sus enfrentamientos con fuerzas de seguridad estatales y municipales. Para combatir a las organizaciones criminales utilizando elementos que no estuvieran corrompidos y que contaran con mayor poder de fuego, las autoridades locales solicitaron al gobierno federal el envío de fuerzas armadas para cumplir tareas de las corporaciones policiales. Entre estas tareas estaban el patrullaje del área metropolitana y el establecimiento de puntos de control.

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Sin embargo, la presencia de militares hizo aún más compleja la situación de la inseguridad en Nuevo León, ya que algunos elementos de las fuerzas armadas participaron en delitos como ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas, lo que contribuyó a aumentar la violencia en la entidad. Entre los casos de ejecuciones extrajudiciales realizadas por soldados y marinos destacan los de Rocío Elías y Juan Carlos Peña, esposos que, al salir de su trabajo, fueron ejecutados por militares en 2010; los estudiantes Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo que fueron asesinados en las instalaciones del ITESM por soldados en 2010; Jorge Otilio Cantú, ejecutado por militares en 2011; y Gustavo Acosta, ejecutado en su casa por elementos de la Marina en 2011.[5] En relación con desapariciones forzadas, un militar fue sentenciado por este delito por un caso que ocurrió en el municipio de Los Herrera en 2012. Posteriormente, en marzo de 2016, cinco elementos de la Marina fueron vinculados a proceso judicial por la desaparición forzada de Humberto del Bosque en el poblado de Colombia en agosto de 2013.[6] 

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La colaboración de la ciudadanía en el combate a la inseguridad en Nuevo León

El empeoramiento en las condiciones de seguridad pública desde 2007 llevó a que miles de neoleonenses se manifestaran en contra de la violencia a partir de aquel año. Una de las manifestaciones más multitudinarias se realizó el 30 de agosto de 2008. Ese día, marcharon casi 30,000 personas por las calles de Monterrey para mostrar su rechazo a la violencia e inseguridad.

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En 2011,[7] el año con la mayor cantidad de homicidios, la Caravana del Consuelo fue recibida en Monterrey. Esta iniciativa fue promovida por el Movimiento para la Paz con Justicia y Dignidad liderado por Javier Sicilia y Emilio Álvarez Icaza. Debido a la presión ejercida por la movilización social, el titular de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León se comprometió a investigar los casos de personas desaparecidas, delito que en 2010 y 2011 alcanzó su nivel más alto en la entidad, con 742 y 702 casos respectivamente.

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El impacto de la inseguridad en Nuevo León también ha promovido el surgimiento de distintas iniciativas de la ciudadanía para contribuir a la política de seguridad pública de los gobiernos del estado y de los municipios. Un antecedente importante de estos esfuerzos fue el establecimiento de la Alianza por la Seguridad en 2011, “donde se integró la participación de empresarios, universidades y representantes de la sociedad civil en la reconfiguración de la estrategia estatal de seguridad, tema tradicionalmente considerado como exclusivo para el gobierno y excluyente de la ciudadanía”.[8] En el marco de la Alianza por la Seguridad, se elaboró un diagnóstico con la participación de la iniciativa privada y las universidades. Dicho diagnóstico señaló la desconfianza de la ciudadanía hacia la policía, así como la necesidad de crear una nueva corporación policial, lo que eventualmente se consolidará en la creación de la Fuerza Civil. Este nuevo modelo de policía buscó, entre otros objetivos, “generar confianza entre la población a partir del profesionalismo en su actuación y con el rigor en su reclutamiento para atacar la desconfianza de la ciudadanía”.[9]

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La participación ciudadana en la política de seguridad pública también ha incidido en los gobiernos municipales, especialmente en relación con el uso racional de la fuerza pública con el objetivo de garantizar su legitimidad. Un ejemplo clave de ello es el Protocolo sobre Uso de la Fuerza para Policías Municipales, promovido por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), y presentado el 14 de junio de 2017. A través del Protocolo, los ayuntamientos de Monterrey y Guadalupe se comprometieron a garantizar la seguridad y salvaguardar el orden público estableciendo límites a su facultad de hacer uso de la fuerza a través de la observancia de los derechos humanos.[10]

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Otra iniciativa importante de CADHAC fue la impartición del “Curso básico sobre metodología y técnicas de búsqueda de personas desaparecidas”, el cual se llevó a cabo desde enero hasta agosto de 2020, y contó con la participación de cuerpos policiales del área metropolitana de Monterrey, policías de Seguridad Pública del Estado y policías investigadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Este curso estuvo vinculado con la implementación del Plan Estratégico en Materia de Desaparición de Personas en Nuevo León, iniciativa promovida por CADHAC y por el colectivo AMORES (Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León y Tamaulipas). A través de nueve módulos, los graduados estudiaron aspectos teóricos de la búsqueda de personas desaparecidas y realizaron ejercicios prácticos sobre metodología y técnicas de búsqueda; lo que contribuyó al fortalecimiento de capacidades y habilidades para las unidades especializadas de las corporaciones policiales.

Estas iniciativas desde la ciudadanía han contribuido a desarrollar fuerzas policiales más efectivas y que cuentan con mejores elementos para combatir la inseguridad y la violencia generada por el crimen organizado. Sin embargo, la opción de profesionalizar a los policías, brindarles equipo adecuado y estructurar sus operaciones con base en labores de inteligencia ha sido desatendida en favor de una mayor presencia de las fuerzas armadas, en especial de la Guardia Nacional, en tareas de seguridad pública, como muestra la tabla 2.