Desde 1996 la estructura institucional se ha enriquecido en diversos ámbitos. En lo político el Congreso de la Unión estableció fórmulas para garantizar la pluralidad política con un sistema mixto de representación. Se garantiza la representación en distritos, por entidades y la pluralidad partidista. Recientemente, gracias a la intervención del Tribunal Electoral también se garantizó la pluralidad social y cultural con acciones afirmativas para grupos en situación de desventaja y subrepresentación.

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En lo electoral se ha diseñado un sistema de instituciones para evitar que los gobiernos no intervengan o se limite y castigue su intervención. Gracias a estas instituciones, como ciudadanía, hemos logrado hacer que nuestro voto sea un factor de rendición de cuentas. Como muestra de ello, el índice de alternancia en los procesos electorales es del 62%. Esto quiere decir que la probabilidad de que un partido vuelva a ganar es de 1 de cada 3.

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Por otro lado, gracias a los avances electorales la participación de las mujeres en la vida política ha logrado materializarse en congresos paritarios. En 17 entidades los congresos cuentan con más mujeres que hombres. A nivel de las gubernaturas nueve mujeres encabezan los ejecutivos estatales.

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En otros ámbitos de la vida social y política se fueron creando instituciones para garantizar controles al poder. Instituciones que han sido encabezadas por destacados miembros de la sociedad y la academia sin militancias partidistas. Se crearon instituciones para garantizar la transparencia y la protección de datos, la vigilancia al respeto de los derechos humanos e incluso instituciones en materias muy diversas para evitar el abuso del poder y discrecionalidad.

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Sin embargo, estos arreglos institucionales no lograron dar respuesta a problemas sociales. A pesar de que se mantuvo cierta estabilidad económica no fue suficiente para abatir las desigualdades. El malestar social no disminuyó. Como en otros países la insatisfacción con los resultados de los gobiernos ha abierto la puerta a la tentación autoritaria.

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Por ejemplo, en América Latina, de acuerdo con el Latinobarómetro 2021, menos de la mitad de las personas en América Latina prefieren un sistema democrático sobre cualquier otro. En México, solo el 33 % manifestó estar satisfecho con la democracia y a más de un cuarto de la población le da igual tener o no un gobierno democrático. La democracia en el mundo –y México no es la excepción– le ha quedado a deber a la gente.

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Este marco ha llevado al ascenso de gobiernos encabezados por políticos que tienen características comunes: 

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• tienen respuestas simplistas a problemas sociales;

• utilizan su poder para dividir a la sociedad en dos bloques antagónicos (los buenos y los malos);

• se asumen como la expresión de la voluntad del pueblo (de ahí su referencia como populismos)
   

En la literatura política a estos gobiernos se les reconoce como populistas por apelar a una retórica de conceptos vacíos, así como a la idea de nación y pueblo. En su retórica, los líderes populistas se asumen como “la auténtica” moral, cultural y éticamente superiory se presentan como defensores de los intereses de la mayoría.

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Los gobiernos con estas características lo mismo defienden posturas vinculadas a las derechas que a las izquierdas. Se encuentran vacíos ideológicamente. Son gobiernos que se presentan como movimientos, pero en realidad funcionan manipulando a las masas desde las élites que, aunque pretende acabar con la corrupción, su propia naturaleza de favorecer a la mayoría y distribuir favores resulta en acelerar esa corrupción. 

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En México esta expresión populista se ha acompañado de un referente anclado al pasado autoritario de la hegemonía del nacionalismo revolucionario. Su consigna es regenerar ese modelo de gobierno que concentra el poder en el ejecutivo y usa la política social como medio de control clientelar. Lo que permite definirlo como nacional-populismo.

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La subsistencia del nacional-populismo en México

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El nacional-populismo para subsistir se ha puesto como objetivo desmantelar la institucionalidad democrática. Pretende erosionar los controles al poder ya sea colonizándolos a través de nombramientos de personas afines al gobierno. Busca atrofiar su funcionamiento limitando sus capacidades técnicas y operativas y, en el extremo, su eliminación. El fin es que no existan instituciones autónomas al poder, que no existan controles a las decisiones unipersonales.

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En este camino de deterioro de la democracia, durante este gobierno, se han hecho nombramientos para inutilizar a las instituciones defensoras de derechos humanos. Se ha limitado el funcionamiento de instituciones de control limitando sus recursos para afectar su operación técnica. Se eliminaron los programas de cogestión y corresponsabilidad con la sociedad civil dejando sin alternativas a los beneficiarios de políticas sociales para reducirlos a clientelas electorales.

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El avance de este proyecto ha llegado a poner la mirada en las instituciones centrales de los procesos electorales. Se ha propuesto minar la autonomía, la capacidad técnica, de resolución de conflictos y protección de derechos. El gobierno ha presentado una iniciativa para acabar con la capacidad de organizar elecciones limpias, transparentes y justas.

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La gran paradoja de la reforma que se propone es que serán los actores políticos con menor legitimidad quienes discutan la modificación de las autoridades que sí cuentan con respaldo social. Mientras que a los partidos políticos el 80% de la población no les tiene confianza, a las autoridades electorales les tiene desconfianza solo el 31%. Aunque el sistema pueda requerir cambios, solamente el 17% considera que estos deben ser de fondo.

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El problema no está en las instituciones. El problema está en los actores políticos que hoy buscan destruir a las instituciones. El problema está en las malas prácticas que las reformas que impulsa el ejecutivo y su partido buscan perpetuar.

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Los temas de fondo que no se discuten son las malas prácticas de los actores políticos que la sociedad denuncia, por ejemplo, en las últimas elecciones:

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• 64 % consideró que hubo irregularidades generalizadas;

• 68 % denunció que en su colonia es frecuente la práctica de ofrecer dinero a cambio del voto; 

• 57 % señaló que los funcionarios interfieren en la elección; 

• 53 % dijo que se condicionan los apoyos de programas sociales al voto; y lo más grave

• 52 % considera que el crimen organizado interviene en las elecciones.

 

Nada de eso se discute en la iniciativa presidencial. Por el contrario, se eliminan las facultades de fiscalización de la autoridad electoral. Se elimina la capacidad de control y resolución de conflictos. Se sujeta el nombramiento de la autoridad electoral y jurisdiccional a presiones políticas haciendo de ellos candidatos a elección popular.

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Para poner en perspectiva el daño que este modelo genera, se puede revisar el caso de los Estados Unidos[1]. En 38 estados de la unión, cerca del 90% de los jueces enfrentan algún tipo de elección popular. Esto ha llevado a prácticas de financiamiento de campañas por grupos de poder que buscan incidir en el voto de los jueces. Así, el financiamiento privado a las campañas judiciales se ha duplicado en la última década, superando los 200 millones de dólares.

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La iniciativa presidencial busca pervertir el nombramiento de autoridades cuya función es técnica y requiere de autonomía política. Es dinamitar el sistema electoral. Una vez dinamitado establecer el control sobre los procesos. Es regresar a los tiempos del autoritarismo en México. De ahí su idea de regeneración.

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Estamos en un momento clave para el futuro de México. Es momento de defender la democracia y sus instituciones. Es momento de que la sociedad vuelva a tener un papel protagónico en la construcción de alternativas. Es el momento de valorar nuestra historia democrática. Es tiempo de valorar nuestras instituciones. Es tiempo de construir más controles al poder. Es tiempo de exigir respuestas y resultados a promesas incumplidas.

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El futuro de la democracia pasa por fortalecer todos los medios de rendición de cuentas. El futuro de la democracia está en resolver los problemas que realmente nos afectan como ciudadanía. El futuro de la democracia está en fortalecer el Estado de derecho. El futuro de la democracia está en tener elecciones íntegras y mejores gobiernos.

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Notas: 

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[1] Shugerman, Jed Handelsman, 1974– The people’s courts: pursuing judicial independence in America / Jed Handelsman Shugerman.