4. Balance de la estrategia federal de seguridad pública
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Foto de José Luis Gonzalez/Reuters

Guardia Nacional Militar: modelo fracasado

 
Emilio Álvarez Icaza Longoria[1]

Senador de la República por la Ciudad de México 

 

 

 

México vive una gran cantidad de desafíos; uno de los que más amenaza a su incipiente democracia es probablemente el proceso de militarización de la vida pública. Si bien este no empezó en la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con él se ha presentado una militarización inesperada, acelerada, diversa y sin precedentes desde la época de la Revolución Mexicana.

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) documentó que de 2006 a la fecha han sido transferidas casi 250 actividades o funciones de las autoridades civiles a las autoridades militares. Más de la mitad de ellas en la presente administración. Muchas de estas actividades van más allá de la militarización de las instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia. 

Ahora lo que vemos es un debilitamiento de la capacidad civil del Estado. Se debilita la institucionalidad civil y las Fuerzas Armadas (FFAA) asumen cada vez más funciones, presupuesto, espacio y, al final, poder; además de un notorio y excepcional incremento presupuestal, que hace contraste con la austeridad que se ha impuesto en muchas otras áreas de la función pública, algunas tan vitales como educación, salud, agricultura o cultura, por mencionar algunas.

El frenesí militarista en el sexenio actual

Lo más increíble, lo más inverosímil es que este frenesí militarista viene de quien durante años dijo justamente lo contrario, de quien ofreció y prometió hacer lo opuesto a lo que ahora hace. Es abrumadora la cantidad de videos en los que López Obrador y cercanos colaboradores expusieron una y otra vez su oposición; en ellos argumentan los peligros, los errores, los excesos de la militarización. Hoy se exhiben semana a semana interminablemente, en una manera de intentar apelar a la historia, a la conciencia, a la congruencia. Hasta ahora, esos llamados han caído en el vacío.

En este tiempo hemos visto cómo se le asignan a las FFAA obras públicas de gran y mediano calado, tales como la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y tramos del Tren Maya. Adicionalmente se les han asignado las ganancias del manejo de estas obras, lo que ha llevado a que las FFAA hayan tenido que construir empresas para administrarlas. También controlan aduanas y puertos, distribuyen fertilizantes, libros de texto y medicamentos. Ahora estarán a cargo del internet en el país, solo por mencionar algunas.

Este es el contexto general de la militarización. En ese marco deben leerse dos nuevas decisiones que no sólo apuntan en esa dirección, sino que remachan un modelo de gobierno cuyo mensaje es el cogobierno con las FFAA. Es la redefinición de un nuevo pacto cívico-militar.

La primera de ellas es la decisión de pasar la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). La segunda es la extensión del plazo para que las FFAA puedan realizar labores en materia de seguridad pública. Ambas tienen especial significado. Abordaremos cada una.

El traslado de la Guardia Nacional a la SEDENA

La decisión de trasladar la GN a la SEDENA es una decisión extraordinariamente polémica por diversas razones. Bien por lo que textualmente dice la Constitución Política, bien por el proceso de su creación en 2019 y el desarrollo posterior y por lo que implica esta propuesta.

En los inicios de esta administración, se propuso la creación de una corporación, la GN de carácter militar. Así fue aprobado en la Cámara de Diputados a fines de 2018. Cuando la minuta llegó al Senado de la República cambió por completo el sentido. La sentencia era muy clara: o se cambiaba por completo la naturaleza militar de la propuesta y se diseñaba una entidad civil o la minuta no pasaría en el Senado. Durante semanas de discusión con representaciones gubernamentales, de parlamento abierto, de presentaciones de expertos y víctimas, se llegó a un gran acuerdo de Estado, no sólo para crear la referida guardia, sino también para permitir legal y constitucionalmente el apoyo del Ejército y la Marina en labores de seguridad.

Ahí empezó el engaño y la traición. La Constitución mandató una institución civil y en todo momento la actual administración se abocó a construir una militar, con mandos, personal, capacitación, selección, instalaciones y procesos militares. La Guardia Nacional empezó con una mentira y así ha seguido.

En junio de 2021, la coalición gubernamental perdió en la Cámara de Diputados la mayoría calificada y sorprendentemente López Obrador anunció reformas constitucionales en materia de electricidad, GN y electoral. Justo cuando no tiene los votos para eso en el Congreso, cuando los pierde en una de las Cámaras que le constituyen, decide ir adelante. Se podría ver como un absurdo o un sinsentido, pero cuando se entiende que la intención es obtener un lucro político-electoral, las cosas toman sentido. Este es el caso de la GN.

No es el tema de inseguridad lo que mueve a López Obrador, es el control de la discusión pública, es el mensaje de sensibilidad sobre un tema de preocupación para la gran proporción de la gente dados los desastrosos números en esta materia a más de la mitad de su gobierno. No es transformar la realidad, es buscar atender la percepción.

Lo relevante de este ejercicio es cómo ha quedado de manifiesto la más absoluta desatención y desaseo legal por parte del presidente, sus secretarios y la gran mayoría de las personas legisladoras que le apoyan. No les importa que la Constitución establezca a la letra que la GN será una entidad de carácter civil y que estará adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es sorprendente la cantidad de maromas que se han pretendido dar, cuando textualmente la Constitución establece el carácter civil de la GN. Sin importarles, el partido de gobierno -MORENA- y sus aliados decidieron modificar cuatro leyes a fin de trasladar la GN al Ejército. 

Hemos llamado a esto el Golpe Militarista a la Constitución, la traición a la Constitución y a las luchas de un movimiento social que fuera del poder clamaba en las calles y en las Cámaras lo contrario de lo que ahora hace.

Adicionalmente hay que hacer un énfasis en este tema. La reforma Constitucional del 2019 que da origen a la Guardia estableció también una ruta para el fortalecimiento de las policías civiles. Sin embargo, hoy estamos mucho peor que hace casi cuatro años en esa materia. No sólo se ha hecho poco o muy poco, sino que se redujeron presupuestos y capacidades institucionales de los órdenes de gobierno estatal y municipal. La ruta que se diseñó para enfrentar de raíz el problema quedó prácticamente abandonada.

La creación de la GN fue acompañada de un diseño civil y de fortalecimiento civil de la seguridad, justo por el entendimiento de que el modelo de militarización de ésta era un modelo fracasado. Ese ánimo privó en el diseño de la Reforma Constitucional del 2019. Hoy se desatiende, niega y desconoce el acuerdo de Estado que se construyó en esa dirección. Definitivamente la confianza también se traicionó.

Al tratarse de votaciones de cambios de leyes, se requiere sólo mayoría simple, misma que la coalición de gobierno alcanza. De nada valieron los múltiples llamados para apegarse al orden constitucional y las advertencias de los peligros de legislar contra la Constitución. De nada valió, la coalición gobernante siguió adelante. ¿Qué implica esto? Pues que otra vez se opta por el conflicto, por escalar el desencuentro y por romper la certeza jurídica. El Bloque de Contención en el Senado, que reúne a todas las fuerzas de oposición, ha anunciado que acudirá a la Suprema Corte de Justicia para combatir esas decisiones.

La extensión del plazo para que las FFAA realicen labores de seguridad pública

Ahora bien, por lo que respecta a la ampliación del plazo para que las FFAA pueda realizar labores de seguridad pública, es preciso indicar que esta propuesta es todavía más inesperada y sorprendente que la anterior.  Empezó con una extorsión y demuestra el uso faccioso de las instituciones de justicia y del aparato político en estos tiempos. Después de semanas de ataques al dirigente del PRI, Alejandro Moreno (Alito), de filtraciones de audios, de amagos de hacerlo a un lado de la Presidencia de la Comisión de Gobernación, de incluso amenazar con quitarle el fuero para iniciar un proceso penal en su contra, milagrosamente todo se paró, todo cambió de tono y el PRI presentó una propuesta en la Cámara de Diputados para ampliar el plazo de las FFAA en la GN referido de un total de 5 años a 10 años.

Esta propuesta nada tiene que ver con la seguridad, es la intentona del presidente por reventar la alianza opositora de cara a la anunciada discusión de la reforma electoral y de la autoridad electoral, a la elección en el Estado de México y Coahuila y a la elección del 2024. Es una estrategia para dividir a la oposición a partir de fisurar por uno de los lados más débiles de la coalición opositora.

Entrando al sentido de la propuesta, con independencia de su origen y significado, bien vale centrarnos en el fondo del asunto. La crisis de inseguridad y de violaciones a los derechos humanos por supuesto que obliga a una discusión de fondo sobre la materia. Se hace necesario revisar, evaluar y analizar qué ha pasado en este sexenio en materia de lucha contra la delincuencia. Poder revisar a detalle los resultados de la estrategia gubernamental, así como lo que han hecho los gobiernos estatales y municipales.

Por ejemplo, es muy importante que se explique por qué la GN, con más de 115 mil elementos, tan sólo detuvo a 14 personas el año pasado por acciones de investigación; por qué sólo presentaron a 50 personas a las Agencias del Ministerio Público Federal por delitos relacionados con delincuencia organizada; por qué, si la GN representa casi el 20% del estado de fuerza de las policías en el país, reporta menos del 2 % de las detenciones del año pasado; por qué no hay relación entre el número de efectivos de la GN y la prevalencia delictiva en las entidades federativas del país.

También es importante preguntarse sobre la presencia de las FFAA en las labores de seguridad

pública específicamente; qué se ha hecho, cómo y dónde para atender los preceptos establecidos en la Constitución que derivan de la sentencia Alvarado y otros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a México, es decir, qué se ha hecho para atender los términos de intervención: extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada a la autoridad civil y complementaria. ¿Qué se ha hecho ante las denuncias y quejas de violaciones a los derechos humanos? ¿Cómo se ha avanzado en materia de capacitación y controles? Entre muchas otras preguntas.

Es falso que a mayor número de soldados en las calles haya más seguridad

Todas estas y otras interrogantes resultan claramente pertinentes, pues es falso que a mayor número de soldados en las calles haya más seguridad. La evidencia muestra que de 2006 a 2021 se ha multiplicado el número de soldados en las calles, pasando de poco más de 37 mil a más de 90 mil y en el mismo período los homicidios han pasado de poco más de 10,500 a más de 36,600. Es decir, la presencia de soldados creció 141 % y los homicidios crecieron 241 % en el mismo tiempo. Eso sin considerar la presencia de la GN en el mismo periodo. Como se ha dicho en múltiples ocasiones, no es la vía militar de la seguridad pública la que resuelve. Puede ayudar, si se atiende en la justa dimensión y acompañada de muchas otras medidas y de una estrategia integral a corto, mediano y largo plazo.

Infelizmente hoy estamos en una muy mala situación. No hay intención de atender la constitución. Pero más grave aún es la posición de no atender la voluntad de la gente que no dio el permiso para que el presidente y su bancada pudieran cambiar la Constitución por ellos mismos. La urna les mandató a construir un acuerdo. En 2019 se logró, pero nunca hubo voluntad de cumplir. Hoy los desafíos y los problemas son mayores y deberían ser lo suficientemente poderosos para obligar a una acuerdo, pero cuando la gerencia pública es la de la polarización difícilmente la seguridad se escapará de esa lógica, lo que es un tragedia: los problemas crecerán, la violencia y sus incalculables costos, sobre todo humanos, también.

La situación obliga a construir una respuesta. En el Senado el Grupo Plural ya entregó una propuesta que busque retomar el sentido de lo construido en 2019, los mejores aportes de personas expertas y de sociedad civil para ese fin. Esperamos que se pueda construir una nueva ruta que no sea la fracasada militarización de la seguridad. Se requiere visión acorde con las esperanzas y derechos de la gente de este maravilloso país

Notas: 

[1] Independiente. Coordinador del Grupo Parlamentario Plural.