En primer lugar, debemos recordar que ellos y ellas han enfatizado que, si bien en las últimas semanas ha habido avances en los procesos, la realidad es que aún resta un largo camino para afirmar que la verdad y la justicia han prevalecido sobre la mentira y la impunidad. 

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Esto lo han señalado las familias desde la presentación del Informe del presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (COVAJ) -que no el informe de la Comisión en su conjunto-. Los padres y las madres hicieron un pronunciamiento en donde destacaron el reconocimiento por las autoridades de que la desaparición de los normalistas  fue un “crimen de Estado” y  la aceptación de que existen  responsabilidades de los tres niveles de gobierno (incluyendo a elementos del 27 Batallón de Infantería, en el ámbito federal), por su colusión con organizaciones delictivas presentes en la zona. Esto fue significativo para ellos y ellas porque hoy es el Estado  -y ya no sólo ellas y ellos, las organizaciones acompañantes u organismos internacionales- el que acepta lo que señalaron desde el inicio de su lucha. 

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A las familias también se les dio a conocer que no existen líneas de investigación que indiquen que los normalistas estén con vida en el presente, pues se afirmó “que por el contrario todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”. Por un lado, esta aseveración fue responsable, si se toma en cuenta el contexto de violencia que por años ha azotado al estado de Guerrero y, a 8 años, la expectativa también de vida deja a las familias en situación de vulnerabilidad por extorsiones y engaños que las ponen en riesgo. Por otro lado, la afirmación fue sumamente dolorosa y, ante ello, los padres y madres reiteraron que esto debe acreditarse de la manera más técnica y científica posible y que no debe detener ni mermar los procesos de búsqueda de fosas y restos, por penosa que esta labor sea.

 

Las familias también enfatizaron que las pruebas en que se sustenta el Informe deben ser revisadas técnicamente e hicieron el llamado al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que brinde asistencia en este caso, como lo ha hecho en otras ocasiones. En este sentido, será clave que el GIEI pueda realizar una evaluación propia de los avances y alcances de los hallazgos, ya que en este momento crítico, es necesaria la mirada de las voces expertas internacionales.

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Por otro lado, el Informe ha evidenciado los obstáculos institucionales para llegar a la verdad, especialmente respecto de la Fiscalía General de la República (FGR). También señaló las obstrucciones de la Secretaría de la Defensa Nacional para brindar información que pudiera contribuir en el proceso de justicia, pese a que desde 2018 hubo un decreto presidencial que indicaba a todas las dependencias entregar todo lo que sea necesario para llegar al esclarecimiento de los hechos.

 

Recientemente, tras ser informados de la detención del entonces Procurador General de la República, los padres y las madres expresaron que era importante que quienes fraguaron la llamada “verdad histórica” -una versión sobre lo ocurrido confeccionada con el objetivo de dar un cierre apresurado a la investigación, que permitió encubrir a posibles responsables y obstruyó procesos de búsqueda de los estudiantes- sean llamados a rendir de cuentas. Esta versión, hoy sabemos, fue construida a base de torturas y múltiples irregularidades, causó un daño irreparable a las familias.

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“Lo que queremos nosotros es llegar a la verdad, que se aplique la ley y queremos justicia (...)  para que otras personas se puedan animar a hablar y sepamos dónde están nuestros hijos. Eso es lo que más queremos y eso es lo que más exigimos. Ahí vamos dando paso lento”, dijo Cristina Bautista, mamá de Benjamín Asencio Bautista, tras la audiencia de vinculación a proceso  del exprocurador el 22 de agosto, en donde se indicó que la Fiscalía tenía 90 días para aportar pruebas para fortalecer las indagatorias en su contra. 

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En este contexto, se ha informado también que otras causas penales iniciadas desde 2014 y 2015, precisamente con la versión que sustenta la llamada “verdad histórica”, han concluido con la absolución de los acusados. De inmediato, el Gobierno Federal condenó la decisión judicial e informó que incluso se presentaría una denuncia contra el juez. Si bien nos mantenemos a la expectativa de las acciones que tome la Fiscalía General de la República para apelar la decisión, desde el Centro Prodh no compartimos la visión propagada desde el Ejecutivo, en el sentido de que ha sido un problema únicamente del Poder Judicial; por el contrario, está claro que las investigaciones integradas por el ministerio público han tenido carencias relevantes y consideramos preocupante que se amague a la judicatura con denuncias penales. Es fundamental que sea la Fiscalía quien garantice indagatorias sólidas, con base en pruebas lícitas y debidamente fundamentadas, corrigiendo las deficiencias de las acusaciones mal planteadas. 

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No ha sido así. Por ejemplo, los padres y madres fueron notificados sobre otra resolución dictada a favor de José Luis Abarca y 19 personas más, entre las que se encuentran al menos 11 ex policías municipales de Iguala que habían sido señalados como parte del Grupo de “Los Bélicos”, controlado por la delincuencia organizada. Cabe destacar que esta causa presentada en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), desde un inicio presentó numerosas irregularidades, incluyendo la práctica extensiva de la tortura, lo que derivó incluso en la exclusión de múltiples pruebas de cargo debido a su ilicitud, así como la acusación era incorrecta pues encuadraba los hechos como “secuestro” y no desaparición forzada. Que en estos juicios las sentencias sean absolutorias no es sorpresivo ni culpa sólo de los jueces; es más bien la constatación del daño irreversible que causó la pésima investigación de la PGR.

  

Por estos antecedentes, tras la detención del General Brigadier José Rodríguez Pérez, quien en su momento era Coronel del 27 Batallón de Infantería, y del cumplimiento de otras dos órdenes de aprehensión contra elementos de cuerpos castrenses, las familias han esperado a verificar si los cargos son sólidos antes de ponderar estas acciones. Mientras tanto,  no ha quedado claro qué ha sido de las más de 80 órdenes de aprehensión que se habían  anunciado.

 

Además, las familias han cuestionado el tardío proceso de extradición de actores relevantes como Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), para presentarlo ante autoridades mexicanas por el caso. Si bien se ha señalado que la autoridad diplomática se ha mostrado abierta en cooperar, el proceso ha sido  extremadamente lento. 

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Hay todavía muchos pendientes por delante. Hay también expectativa sobre las comunicaciones que se generen en los próximos días. Como han dicho las madres y los padres, ni el esclarecimiento de la verdad ni el acceso a la justicia pueden darse por satisfechos o concluidos. Quedan aún incontables preguntas para responder, y numerosos responsables por sancionar.

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En cada uno de estos momentos, las organizaciones de derechos humanos que les hemos acompañado estos 8 años, como el Centro Prodh, Tlachinollan, Serapaz A.C. y Fundar, les respaldamos y mantenemos el llamado a la sociedad y a los medios de comunicación para que, ante el mar de datos que se actualizan día a día, no se puede extraviar lo realmente relevante: la necesidad de destacar la voz de las familias, ya que son las protagonistas centrales de este largo caminar. 

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Frente al octavo aniversario, atendamos el llamado a unirnos y difundir sus exigencias, reconociendo el profundo testimonio de dignidad que han dado a lo largo de este tiempo, por amor a sus hijos. Este llamado es urgente si se considera que la crisis de desapariciones no se ha revertido por la inefectiva política de seguridad: hemos llegado a más de 100 mil personas desaparecidas -30 mil de ellas sólo en este sexenio- sin que se haya adoptado una “Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones” como lo recomendó recientemente el Comité de la ONU para las Desapariciones Forzadas.   

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En el octavo aniversario, las familias de Ayotzinapa hacen también un digno reclamo de que las investigaciones sean diligentes, apegadas al debido proceso, a que las afirmaciones estén sustentadas en pruebas, que se les informe apropiadamente de los extremos de las acusaciones contra cada una de las personas detenidas, que cada uno de los procesos se lleve a cabo con el único objetivo de que se llegue a la verdad de los hechos y la justicia, y no con fines políticos. Mientras cada uno de estos puntos que obstaculizan el camino no sean resueltos, la digna lucha de las madres y padres de Ayotzinapa, seguirá.