La crisis del agua en Nuevo León: un factor condicionante en todas las esferas

“La libertad de unos cuantos, la esclavitud de todos”

​

Nicolas Pierre Foucras PhD

Mónica Escalante Guerrero

Dulce Kristell Godinez Morales

Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno

TEC de Monterrey, campus Monterrey

 

 

​

“Tomar agua nos da vida, tomar conciencia nos dará agua” 

(Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente, 2017)

 

 

Introducción: Monterrey 

 

“Nuevo León ha proyectado una imagen competitiva basada en su papel como economía regional dentro de México” (Gómez, 2021). Desde su fundación, y posterior expansión, se ha identificado por su relevancia dentro del rubro industrial, empresarial y progresista proyectando una imagen de gran poderío a nivel nacional e internacional.

​

En un sin fin de ocasiones ha atraído la atención de diversos clusters empresariales por su gran desarrollo e iniciativas que no sólo impulsan el bienestar económico del estado sino de todo el país.

 

Hay que reconocer que si bien, muchos critican dicha acepción, esto “no ha sido obra del azar sino de un proceso de construcción y desarrollo de capacidades productivas e institucionales” (Gómez, 2021). 

​

Debido a estas condiciones, y muchas otras que escapan del enfoque de este corto artículo, es que a Monterrey, la capital de Nuevo León, se le ha llegado a conocer como “la ciudad más moderna del país”, “la mejor ciudad para vivir”, “la ciudad más agradable de México”, entre otros. 

​

Desgraciadamente, al vivir en un mundo con actores, necesidades y preferencias cambiantes, el crecimiento que durante un largo periodo de tiempo se mantuvo en auge, actualmente resulta no ser del todo primordial. Dicha reacción ha surgido, sobre todo, del alto costo que el desarrollo industrial ha comenzado a generar para el bienestar de sus habitantes que, de manera concreta, se han visto afectados por la “inadecuada distribución de recursos que ha derivado en un problema de gobernabilidad del agua” (Tello, s.a.). 

​

 

La crisis y su actualidad 

 

De manera histórica, el estado de Nuevo León se ha caracterizado por presentar un crecimiento exponencial a nivel económico, industrial y poblacional. Dicho desarrollo ha generado oportunidades para múltiples sectores de la población, no obstante, es necesario reconocer que este mismo (háblese del crecimiento) también ha llevado a la generación (y posible propagación) de factores negativos como: el crecimiento desmedido, la inseguridad, la corrupción y la falta de planeación urbana, entre otros aspectos importantes, llegando no solo a trastocar los tejidos sociales de la población del estado, sino también la estructura social y su desarrollo a niveles personales que escapan de la esfera local, municipal o nacional. 

​

Uno de los aspectos más afectados por dicho crecimiento es sin lugar a dudas, el abastecimiento de agua potable, un bien tan elemental para la vida humana que por su primordialidad también es considerado una necesidad básica que debe ser cubierta para vivir dignamente y que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un recurso que debe de ser provisto y garantizado de manera equitativa para todos los individuos por parte del Estado. 

​

“[A]unque el abastecimiento de agua potable representa un servicio público de carácter obligatorio este no ha podido ser enteramente satisfecho por muchos gobiernos dentro de diversos países y ciudades” (Tello, s.a.). Uno de ellos, es Nuevo León, el cual de manera crónica ha venido presentando una crisis de agua a lo largo de cerca de ocho décadas. Misma, que el mes de febrero alcanzó consecuencias extremas orillando al gobierno del Estado a emitir “la Declaratoria de Emergencia por Sequía en la entidad” (Milenio digital, 2022), y generando la suspensión del servicio de agua y la reducción al máximo del servicio mediante una sectorización (mal realizada) del estado en base a variables como el tamaño de la población y la localización de las llamadas zonas de presión.

​

Derivado de la situación anteriormente expuesta, la población ha realizado compras de pánico dentro de supermercados y tiendas de conveniencia que ha dejado los anaqueles anteriormente repletos sin rastro del líquido vital. De tal manera, el recurso que anteriormente tenía la finalidad particular de favorecer a la realización de los procesos fisiológicos del cuerpo, ahora también funge como un medio para cubrir las necesidades básicas de saneamiento, hecho que se ha visto reflejado en la subcrisis de agua purificada. 

​

Cuando una sociedad está acostumbrada a vivir bajo la sombra del privilegio resulta complejo ejecutar una modificación dentro de su rutina de manera repentina. Desgraciadamente, ante la magnitud de la crisis, la población regiomontana no ha tenido otra opción, pues en medio de la extrema sequía, la reducción del consumo pasó de ser una opción a una obligación. 

​

Con el fin de posponer el día cero, y ante una temporada marcada por la ausencia de lluvias, el Gobierno del Estado se vio obligado a incursionar dentro de la búsqueda de alternativas y soluciones que fueran sostenibles para poner fin a la escasez del recurso hídrico.  

​

Una de las iniciativas más controversiales es la reducción de la presión en el suministro de agua dentro de un horario de seis de la tarde a seis de la mañana. La medida fue acompañada por el corte de agua imprevisto dentro de ciertas zonas de la ciudad, ocasionando la molestia de grandes sectores de la población. 

​

El Plan Maestro para garantizar el agua de Nuevo León hasta 2050, también conocido como “Plan Maestro” de manera informal, contempla la primera acción (la reducción de la presión), no obstante, deja de lado la suspensión total del servicio. 

​

El plan Maestro ha sido implementado desde el año pasado y contempla una duración de 29 años, los cuales se dividen en tres etapas; corto plazo (2021 a 2022), mediano plazo (2022 a 2027) y largo plazo (2027 a 2050). Dentro de cada una de estas etapas se engloban acciones diseñadas por “especialistas del Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León y centros de investigación internacionales como Rand Corporation” (Consejo Nuevo León, 2018). Sin embargo, estas buscan abordar la crisis con un enfoque que puede ser considerado como “cortoplacista” al otorgar una seguridad momentánea e impredecible que se basa en el mantenimiento de un estilo de vida no sostenible, el cual no busca adaptarse ni mejorar, sino generar y obtener agua a como dé lugar, lo que constituye un patrón de abuso replicado de manera medioambiental, local, estatal y nacional que sitúa a Monterrey como usurpador de un bien común. 

​

Todo parece repetirse cíclicamente. Alfonso Martínez Domínguez, gobernador del estado de Nuevo León en los años de 1979 a 1985 advirtió la ineludible escasez de agua que se alcanzaría en el periodo de 2010 a 2020. En su mandato presentó una pequeña muestra de lo que podría llegar a suceder posteriormente (la irremediable situación actual). Este hecho polémico logró atraer la atención de actores pertenecientes al gobierno federal como lo fue Miguel de la Madrid (expresidente de la República Mexicana), el cual participó de forma activa en la inauguración de la presa de Cerro prieto, iniciativa que fue desarrollada por el gabinete de la época para solucionar de manera momentánea la escasez de agua. De acuerdo con Martínez Domínguez, este proyecto garantizaría el recurso hídrico hasta el año 2020, siempre que fuera utilizado y administrado de manera razonable, de lo contrario, añadía el exgobernador, “[v]olvería a haber una crisis de agua y surgiría la necesidad de traerla de lugares muy lejanos y a precios muy altos” (Félix, 2018).

​

Aunado a esto, Domínguez expuso la correlación existente entre el crecimiento de la población y la disponibilidad del agua mediante la afirmación de que “[M]onterrey no debía crecer más allá de 3 o 4 millones de habitantes” (Félix, 2018). Esto, basado en la imposibilidad de garantizar el abastecimiento a un número mayor de personas. 

​

No obstante, es importante considerar que la predicción realizada condiciona la esencia ideológica sobre la que Nuevo León sustenta su crecimiento y desarrollo industrial, empresarial y progresista. Resulta necesario ir más allá de la profecía realizada por el exgobernador y abordar un escenario más completo que contemple los distintos detonantes como lo son las dimensiones y actores involucrados en el núcleo de la escasez. 

​

Dentro de las dimensiones identificadas se destaca la complacencia institucional a los grandes emporios materializada en la sobreconcesión. Al respecto, en la investigación realizada por el activista Antonio Hernández en el año 2018, con base en cifras oficiales de la CONAGUA, el total de aprovechamientos subterráneos por parte de grandes y conocidas empresas como lo son Coca Cola, Topo Chico y Cuauhtémoc superaba los 30 simplemente durante este periodo. Bajo esta misma línea es importante mencionar que también existe una sobreexplotación de la Cuenca del Río Bravo, pues durante el mismo año se tiene registro de la concesión de “80 mil títulos de explotación”  (Félix, 2018), a empresas embotelladoras. 

​

A pesar de que la complacencia institucional es una variable importante, resulta imprescindible aclarar que esta no debe ser considerada como el núcleo de la problemática, puesto que esta debe ser analizada mediante una visión integral que contemple la relación que esta (y otros factores) guardan con la mala gestión del recurso y la corrupción. 

​

Al ojo público, la relación existente entre el gobierno y las empresas es casi incomprobable e invisible, pues no existen datos claros a los que la población tenga acceso. No obstante, mediante un análisis de carácter más profundo que involucre una comparación de datos es posible identificar la presencia de inconsistencias dentro de la información presentada por los medios oficiales de gobierno. 

​

Un ejemplo sumamente palpable es el caso de la empresa Ternium, que recientemente fue reconocida por el Gobernador del Estado debido a su donación de agua, en sus palabras “[n]o fue suficiente, no obstante, fue destacada debido a la falta de iniciativa por parte de otras empresas” (Flores, 2022). Dicha acción sitúa a Ternium como una empresa social y ambientalmente responsable, acto que se ve cuestionado al presentar los datos proporcionados por Frente Nuevo León, el cual expone la lista de compañías que lideran el consumo anual de agua en el Estado, dentro de la que Ternium México ocupa la posición número uno con un consumo de “14 millones 654 mil 772 metros cúbicos” (Robledo, 2022).

​

Continuando con este análisis, y haciendo uso de datos oficiales presentados por la CONAGUA en la Cumbre de Innovación Climática llevada a cabo en Monterrey en el año de 2022, la industria hace uso de un cuatro por ciento en términos de consumo de agua. Situación que aparentemente podría ser interpretada como un consumo insignificante en comparación con el 96 por ciento restante, sin embargo, al comparar ese dato con los obtenidos por parte de Elizabeth Barrón Cano (socióloga, investigadora y defensora del recurso) el porcentaje presentado se ve cuestionado ya que afirma que sólo “15 empresas acaparan un total de 44 millones 490 mil 222 metros cúbicos anuales del agua” (Robledo, 2022), dentro de la entidad. 

​

Formando parte de las irregularidades presentadas en los datos, se encuentra el porcentaje de agua destinadas al sector agrícola, el cual de acuerdo con información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), conforma el 71% dentro del estado de Nuevo León. 

No obstante, es importante tener en cuenta que con el término “agrícola” no se hace referencia a la producción local o de pequeña escala, sino también a aquella efectuada por las grandes compañías. Aunado a esto es relevante aclarar que el establecimiento de datos exactos que cuantifiquen el tipo de actor y sector que consume una mayor cantidad resulta complejo debido a múltiples factores como la informalidad y la corrupción. 

​

Las últimas variables que comprenden este análisis, y que escapan (medianamente) de nuestras manos son el cambio climático y la posición geográfica de Nuevo León, último que se ve caracterizado por “un clima seco y semiseco” (INEGI, s.a.), incluyendo “precipitaciones anuales, muy escasas o inexistentes” (ACNUR, 2019). Aunado a esto, el cambio climático ha provocado que la falta de lluvia se agrave y que el aumento de la temperatura incremente hasta “2.5 grados centígrados” (Rodríguez, 2022), generando así un mayor estrés hídrico e incendios recurrentes dentro de zonas forestales y el área urbana. 

​

La falta de agua, el cambio climático y los incendios recurrentes han extendido sus ámbitos de afectación, incluyendo ahora a la salud que compete al área del bienestar social y las dinámicas de los neoleoneses. En palabras de Samuel García, actual Gobernador de Nuevo León, “[un ciudadano dentro del estado gasta en promedio, 70 litros de agua al asearse” dejando, disponibles para el resto de su día, dependiendo de la zona, un total de 90 litros, en lugares pertenecientes a la Zona Metropolitana, y 110 litros en el caso de San Pedro y Santiago (2022). Es relevante mencionar que el consumo de agua dentro del estado es alarmante, no solamente por la situación actual, sino también por la falta de conciencia que se ve reflejada con los datos anteriormente mencionados, los cuales exceden el promedio del consumo de agua de un ser humano, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, debe de ser de “100 litros al día para satisfacer sus necesidades tanto de consumo como de higiene.” (OMS en Gobierno de México 2019).  

​

Actualmente, el llamado de atención respecto a la gestión del recurso no solo proviene de la comparación que nos permiten realizar los datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, sino, también, de la irresponsabilidad inherente que demuestran los porcentajes bajo los que se identifica el consumo de los neoloneses, los cuales resultan ser insostenibles hoy en día debido a los bajos niveles que presentan las presas. Las cuales, de acuerdo con el Monitoreo de las Principales Presas de México que forma parte del Sistema Nacional de Información del Agua y es administrado por CONAGUA, muestran que a fecha de 27 de Agosto de 2022 las cuatro presas (háblese de “El Cuchillo”, “Cerro Prieto”, “La Boca” y “Salinillas”) presentes dentro del estado cuentan con un porcentaje total de llenado respecto al NAMO de 106%, el cual en comparación con datos correspondientes al mes de junio del mismo año muestran una diferencia de 20%, pues dentro de ese mes se contaba con un porcentaje total de llenado respecto al NAMO de 126% (revisar el porcentaje individual de cada presa a distintas fechas en la Table 1)

​

​

Tabla 1 : comparación de porcentaje total de llenado respecto al NAMO.