2.  Manisfestaciones de la crisis hídrica en el territorio mexicano
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Foto de Charles Elizondo/Unsplash

Crisis climática y luchas por el agua en Chihuahua

Víctor M. Quintana S.

 

1. Contexto necesario
 

Chihuahua se ubica en la latitud de los grandes desiertos del planeta. De hecho, el desierto chihuahuense es el segundo más extenso de Norteamérica: desde el centro-norte de México hasta el suroeste de los Estados Unidos. Esta condición geográfica lo hace especialmente vulnerable a las manifestaciones del cambio climático, sobre todo a las sequías. Sólo así podemos entender , tanto la evolución del sector agropecuario chihuahuense; como la disputa por el acceso a los recursos naturales y a los bienes de capital que amortigüen dicha vulnerabilidad, y, al mismo tiempo, profundiza las brechas entre quienes cuentan más recursos con los que contener o resistir los efectos del cambio climático y quienes no cuentan con ellos.

La precipitación pluvial es el primer factor determinante: en los 35 años que van de 1985 a 2020, en 25 de ellos la precipitación anual ha sido inferior a 500 mm.3 y en 11 de éstos, incluso inferior a 400 milímetros. Ahora bien, no todo éste ya de por si exiguo volumen de precipitación no cae en su totalidad durante el ciclo productivo, lo que torna menos aprovechable el agua de lluvia para los cultivos.  Sólo llueve consistentemente un máximo de 17 días de junio a septiembre.

Con todo y eso, el “balance hídrico”, entendiendo por esto la diferencia entre las aguas superficiales que ingresan a Chihuahua de otras entidades y de los Estados Unidos, y las que salen del estado por los caudales de los diferentes ríos, es desfavorable a Chihuahua: mientras que por los ríos provenientes de la Unión Americana y el estado de Durango ingresan 120 y 270 millones de metros cúbicos, respectivamente, salen del estado 7,477 millones de metros cúbicos hacia Sonora y Sinaloa y hacia el río Bravo.  Parte de este caudal es el comprometido por el Tratado Internacional de Límites y Aguas, de 1944 entre los gobiernos de México y los Estados Unidos, mediante el cual, México se compromete a entregar al caudal del río Bravo una tercera parte del caudal de los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido,  Salado y Arroyo de las Vacas,  en un total de 2158, 6 millones de metros cúbicos durante un ciclo consecutivo de cada cinco años, a cambio de que los Estados Unidos a su vez dejen pasar agua del río Bravo a Ciudad Juárez, y del río Colorado al Valle de Mexicali en Baja California. [1] El saldo desfavorable para Chihuahua es de 6 mil 458 millones de metros cúbicos. A cambio de esta entrega no recibe compensación de ningún tipo, ningún pago por servicios ambientales, lo que torna muy precaria la disponibilidad de agua para el estado y lo hace depender en gran manera de las aguas subterráneas.
 

Este hecho, precisamente es lo que explica la contracción de la supeficie de agricultura de temporal en el estado y la expansión de la superficie de riego por bombeo de aguas del subsuelo, porque la superficie de riego con aguas superficiales, es decir, de presas y ríos, se mantiene estable. Sólo unos datos:
 

Chihuahua  es un gigante agropecuario a nivel nacional supera el millón de hectáreas sembradas, tanto en el régimen de riego como en el de temporal. Por el valor de su producción agrícola se ubica en el quinto lugar nacional y por el valor de su producción pecuaria, en el décimo tercero. 

El subsector agrícola, del estado de Chihuahua muestra un crecimiento mucho más significativo que el promedio nacional: mientras el promedio nacional crece en un 217% de 2009 a 2018, el crecimiento del subsector en Chihuahua es de 306%. En el pecuario, el promedio nacional crece en 190%; en la entidad crece un 192%.[2]
 

Sin embargo, este crecimiento es desigual:  la agricultura de temporal muestra una tendencia a la baja, tanto en hectáreas sembradas como en el valor de la producción. En 2010 la superficie total sembrada fue de 618 mil 829 hectáreas y en 2020, año de terrible sequía, descendió a 461 mil 827 hectáreas de las que sólo se pudieron cosechar 216 mil 528 hectáreas por la severa sequía de ese año. En cuanto al valor producido a pesos corrientes, en 2010 fue de 2 mil 425 millones de pesos; para el 2019, de dos mil 795 millones de pesos y para 2020, de sólo mil 232 millones de pesos. [3]
 

En tanto, la que ha expandido constantemente es la agricultura de riego: en el año 2010, la agricultura de riego en Chihuahua, tanto en cultivos cíclicos como perennes cubrió una superficie sembrada de 491 mil 069 hectáreas y produjo un valor total de 16 mil 796 millones de pesos: para 2020, la superficie sembrada fue de 544 mil 875 hectáreas, con un valor total de 39 mil 836 millones 600 mil pesos. Hay que destacar que en el año 2017 se alcanzó el máximo de superficie sembrada, con 599 mil 030 hectáreas. 
 

Esa expansión ha sido por la perforación masiva de pozos para extraer agua del subsuelo, pero a un alto costo ambiental: según datos de CONAGUA en el año 2020, de los 61 acuíferos que han en el estado, 40 de ellos presentaban un saldo negativo entre el volumen extraído: 6 mil 556.90 hectómetros cúbicos, contra la capacidad de recarga media anual: 3 mil 899.70 hectómetros cúbicos. Un déficit de 3 mil 312.30 hectómetros cúbicos. La vía más rápida al agotamiento de las reservas subterráneas de agua. 

 

2. Los Defensores del Agua del Desierto
 

Luego de la terrible sequía del año 2011, se genera un fuerte y amplio movimiento en defensa del agua a partir del verano de 2012. Comienza con una enérgica movilización de productores agropecuarios de varios municipios del norte del estado en contra de las perforaciones y los aprovechamientos ilegales de aguas en la cuenca del río del Carmen. Los productores que participan en este movimiento son ejidatarios, colonos, pequeños propietarios, agrupados en sus organizaciones locales y en la organización de agricultores y deudores de la banca denominada El Barzón. Provienen de los municipios de Riva Palacio, Namiquipa, Buenaventura y Ahumada, en la cuenca del río Santa Clara-Del Carmen.
 

Dicha cuenca fue decretada en veda desde 1955 por parte del Gobierno Federal, cuando se formó el distrito de riego del Carmen. Pero, posteriormente un pequeño grupo de colonos menonitas comenzó a perforar pozos en las cercanías y construyeron más de 150 represas en el río y sus afluentes.  Esto provocó   que, de las 20 mil hectáreas que se regaban en el distrito de riego, luego no se pudieran irrigar más que 7 mil 500 y en 2012, apenas tres mil hectáreas y se abatieran o se secaran los pozos de ejidatarios y colonos. 
 

El movimiento se autodenomina “Defensores del agua del desierto chihuahuense”  y su demanda fundamental es que se ponga fin a los aprovechamientos y perforaciones ilegales, que se derriben las obras de retención y que CONAGUA haga respetar la ley en este aspecto, así como que la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (PROFEPA) no conceda permisos de cambio de uso de suelo para la apertura de nuevas tierras al cultivo, que la SAGARPA no otorgue a los productores que perforan o se aprovechan ilegalmente del agua, ningún tipo de apoyo o subsidio y que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no les conecte la energía eléctrica. Y que el gobierno del estado vigile para que todas estas demandas se lleven a cabo, prestando, incluso el auxilio de la Policía Estatal o de maquinaria pesada.
 

De junio a agosto de 2012 el contingente del movimiento que representa mil 315 productores de seis comunidades del municipio de Buenaventura y a mil 854 productores de 22 comunidades del municipio de Ahumada, lleva a cabo muy diversas acciones: tomas de oficinas públicas, de carreteras, de las vías del ferrocarril, acompañamiento de autoridades gubernamentales en el derribo de bordos y presiones, y en la clausura de pozos. En algunos momentos se estuvo al borde de la violencia física, pues la tradicionalmente pacífica comunidad menonita dijo no a que terminen con sus aprovechamientos. La confrontación tuvo una enorme resonancia en los medios locales, nacionales e incluso internacionales. Desbordó los aspectos meramente productivos y económicos y en ocasiones los medios le dieron de un enfrentamiento étnico entre mestizos y menonitas

La presión rindió sus primeros frutos y en el mes de julio de 2012, la CONAGUA  y el Gobierno del Estado se comprometieron a clausurar los aprovechamientos irregulares de agua y a abrir una mesa de trabajo para atender la problemática. Sin embargo, al no ver que las autoridades realizaran acciones eficaces de verdad, los productores presentaron  una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el  20 de septiembre de 2012  contra las dependencias federales Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y contra la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, todas del gobierno federal,   porque debido a su negligencia y omisiones, el derecho al agua se  les estaba haciendo  nugatorio, es decir, simplemente se les anulaba.. Esto constituyó la primera denuncia en el norte del país, por la violación del derecho al agua, recientemente consagrado en la Constitución Federal. 
 

Sin embargo, los campesinos del municipio de Buenaventura continuaron sus acciones: en la comunidad de Constitución derribaron varios postes de conducción de energía eléctrica  para un nuevo pozo, perforado de manera irregular, junto al ejido Constitución,  En la comunidad de Benito Juárez, municipio de Buenaventura, os agricultores intensificaron su lucha para impedir que la minera canadiense “Mag Silver” y su filial mexicana “El Cascabel” empezaran a explotar una mina en los terrenos de dicha comunidad, por los efectos negativos que la explotación tendría sobre los acuíferos y el medio ambiente.
 

De esta última comunidad surgieron las dos primeras víctimas de este movimiento en defensa del agua y de los recursos naturales. El lunes 22 de octubre fueron asesinados mientras se trasladaban en carretera en su vehículo, el dirigente de El Barzón en la comunidad de Benito Juárez, Ismael Solorio y su esposa Manuela Solís. El sacrificio de estos dos jóvenes activistas, lejos de amedrentar a los integrantes del movimiento, los indignó más. Las semanas subsecuentes realizaron varias manifestaciones de protesta y a mediados de noviembre, la comunidad de Benito Juárez, reunida en asamblea decidió por unanimidad negar su consentimiento para que la minera Mag Silver siguiera operando en la comunidad y le exigieron que retirara de inmediato su maquinaria y equipo.
 

Para intensificar la presión, los agricultores de los municipios de la cuenca del río Santa Clara-Del Carmen, junto con otras organizaciones sociales del estado de Chihuahua realizaron del 1 al 5 de febrero de 2013, las “Jornadas por la Justicia”, con marchas y cabalgatas convergentes de diversos puntos geográficos a la capital del estado. Ahí volvieron a expresar sus demandas para detener los aprovechamientos y perforaciones ilegales en la cuenca del río y el castigo para los transgresores de la ley y las dependencias del gobierno encubridoras.
 

La lucha obtuvo un significativo triunfo poco más de un mes después: en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, firmó el acuerdo que, a través de una veda provisional suspende y prohíbe la perforación de pozos en las zonas denominadas como “de libre alumbramiento”, es decir, aquellas en que los usuarios no tenían que pedir permiso para perforar, sino sólo informar a las autoridades. De ahora en adelante, se requiere la autorización, expresa, legal, sustentada y documental por parte de la Comisión Nacional del Agua. El decreto tiene carácter nacional, pero es evidente que reviste una importancia primordial para el estado de Chihuahua y es también un beneficio para los agricultores campesinos de todo el país, logrado por la lucha de los agricultores de El Barzón y otras organizaciones de la cuenca del río Santa Clara-Del Carmen.
 

Sin embargo, la lucha cobró otro saldo fatal al ser asesinado en Ciudad Juárez, en febrero de 2015, otro de los dirigentes del movimiento, Alberto Almeida, ex alcalde del municipio de Villa Ahumada.


 

3. El movimiento en defensa del agua de la Presa La Boquilla y el río Conchos
 

En febrero de 2020 surge el movimiento más amplio en defensa del agua en toda la región del Conchos, en el centro sur y el noreste del estado. Lo que detonó la inconformidad fue la decisión del gobierno federal de extraer agua de las presas de la cuenca para pagar el caudal comprometido con los Estados Unidos de acuerdo con el Tratado Internacional de Límites y Aguas suscrito por ambos países en 1944. 
 

Cinco factores principales condujeron a esta situación: la desesperación ante la sequía más fuerte en años recientes, que infundió en la población al extraerse el agua de las presas, por justificada que ésta fuera. La enorme presión del gobierno de EU para el pago del agua, contemplado en el Tratado de 1944. La falta de información suficiente, confiable, sobre el avance en dicho pago y el destino del líquido que se ha ido por el río Conchos. La llegada de la Guardia Nacional a resguardar las presas, que exacerbó los ánimos, aun si aquella actúe dentro del marco de sus funciones.
 

El 25 por la noche de 2020, Conagua decidió incrementar el gasto de extracción de la presa La Boquilla, la principal del sistema de riego 05 y la más importante de Chihuahua, de 42 a 110 metros cúbicos por segundo, a pesar de que, desde finales de 2019, había acordado con los productores y con el gobierno del estado dialogar antes de aumentar el volumen extraído.  Los productores, agrupados en la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de reaccionaron con furia, hicieron caso omiso de todas las recomendaciones ante la pandemia del coronavirus y bloquearon varios puntos de la autopista Chihuahua-Jiménez, tomaron casetas de cobro. Y grupos enardecidos quemaron más de una decena de vehículos gubernamentales y privados, sumergieron en un canal dos camionetas de CONAGUA, incendiaron dos casetas de la misma dependencia y se enfrentaron a pedradas con la Policía Militar. La resistencia surtió efecto y CONAGUA redujo el volumen de extracción a 42 metros cúbicos por segundo. La dependencia justificó el aumento en la extracción alegando que, de no cumplir el Tratado de Límites y Aguas, el presidente Donald Trump podría tomar represalias contra México. Por su parte, los productores organizados argumentaban que ya se había entregado toda el agua que Chihuahua debía aportar en un quinquenio y que, en todo caso, habría que esperar a que llegara el temporal de lluvias para hacer el pago.
 

La cercanía de la coyuntura electoral de 2021 en que se votaría para gobernador, diputaciones locales y federales, presidencias municipales y sindicaturas propició que el conflicto se partidizara pronto y que buena parte de la opinión pública lo redujera a otra faceta de la contradicción Gobierno de Andrés Manuel López Obrador-Gobierno de Javier Corral y alcaldes panistas de la cuenca del Conchos. En este contexto había argumentos sólidos de ambas partes: los productores aducían que ya se había pagado el agua y que no había transparencia en los volúmenes entregados a los Estados Unidos. El gobierno federal, por su parte, insistía en la obligación de pagar y aportaba datos para documentar la enorme cantidad de agua extraída ilegalmente, tanto de los sistemas de riego del Conchos, como del subsuelo y la concentración en unos cuantos productores ricos.
 

La confrontación prosiguió, varios meses más. Los productores, apoyados por varios alcaldes de la región tomaron la Presa de la Boquilla y continuaron con tomas de carreteras y vías de ferrocarril. En el mes de junio, durante un diálogo sostenido en Ojinaga, secuestraron por unas horas al Delegado de la Secretaría del Bienestar en Chihuahua y quemaron varias camionetas de la institución. En los meses de julio y agosto productores, productoras, alcaldes y ciudadanos de la región Centro-Sur efectuaron un nutrido plantón frente al Palacio de Gobierno en la Ciudad de Chihuahua para demandar solución pronta a sus demandas. Poco antes en un motín multitudinario en Ciudad Delicias habían incendiado vehículos y el edificio administrativo del gobierno del estado en esa localidad. 
 

En el mes de septiembre hubo un intento por parte de la Guardia Nacional de desalojar la presa de La Boquilla que no se consumó para no provocar un enfrentamiento violento. Al regresar de la presa fue tiroteada en Ciudad Delicias, presuntamente por elementos de la Guardia Nacional, una camioneta en que viajaban el agricultor Jaime Torres y su esposa, Jessica Silva. Ella falleció y él resultó gravemente herido. Hubo protestas de toda la región de inmediato y el gobierno federal se comprometió a investigar los hechos y castigar a los presuntos responsables. 
 

En la medida en que la sequía fue amainando y se precipitó la coyuntura electoral de 2021, la confrontación fue bajando de intensidad. Indudablemente esta confrontación pesó fuerte en el resultado electoral: en toda la cuenca del Conchos el Partido Acción Nacional ganó alcaldías y diputaciones, lo mismo que en la capital del estado y en la región de Cuauhtémoc, lo que lo llevó a obtener el triunfo en la contienda para gobernador. Después de un año de tener tomada la presa La Boquilla, los productores la entregaron en octubre de 2021.
 

Sin embargo, las causas de fondo del problema no se han solucionado: sólo se diluyen cuando hay buen temporal de lluvias y el agua de las presas alcanza para los riegos y para pagar la deuda a los Estados Unidos. 

4. Dos ejidos contra el extractivismo hídrico de una familia

Los ejidos de Benito Juárez y Constitución, ambos en el municipio de Buenaventura han mantenido la vigilancia sobre la sobreexplotación de la cuenca del río del Carmen y esto les ha traído amenazas por parte del crimen organizado.

Desde 2017 denunciaron y se hicieron presentes en el rancho La Mojina, vecino del segundo ejido, propiedad de la familia Le Barón, para impedir la conexión eléctrica de 13 pozos no autorizados por CONAGUA e impedir que sigan abatiendo los pozos de la comunidad y el riego de las parcelas.

En 2020 hubo enfrentamientos y disparos con arma de fuego contra las personas de los ejidos. A raíz de ello, la familia Le Barón presentó denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado. Lo mismo hizo la minera Mag Silver al denunciar “por despojo” a varias personas del ejido Benito Juárez, por haber sacado de los terrenos ejidales varias toneladas de muestras de metal inservibles.

A resultas de todo ello en la primavera de 2022 se libraron órdenes de aprehensión contra 18 personas de ambos ejidos aún no ejecutadas. 

Los ejidatarios demandan a PROFEPA que el cambio de uso de suelo de ganadero a agrícola no se debería haber hecho, a CONAGUA que no autorice la perforación de ningún pozo, pues sólo hay documentación de uno de los 13 que existen y es totalmente irregular. Además, demandan a CFE que no haga la conexión eléctrica a los pozos irregulares.

Al tiempo de cerrar este artículo, las dependencias no han actuado eficazmente y 21 ejidatarias y ejidatarios del norte de Chihuahua, defensoras y defensores del agua andan a salto de mata. 

Notas:

[1] Así lo estipula el Tratado Internacional de límites y Aguas entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos, firmado en 1944, aun en vigor.

[2] Fuente: SIAP/SAGARPA 2019: Infografía Alimentaria 2019, CHIHUAHUA

 

[3] Datos de SIAP-SAGARP