1.  Relaciones bilaterales México-EUA e inseguridad
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Los (des)encuentros Biden-AMLO y un balance de la relación bilateral

 
Carlos Heredia Zubieta

Profesor asociado en el CIDE 

@Carlos_Tampico

 

 

La apuesta por la química personal como elemento articulador de las relaciones entre dos gobiernos siempre es riesgosa.

En 1981 se estableció la Comisión Binacional entre Estados Unidos y México por los presidentes Ronald Reagan y José López Portillo. Se le veía entonces como un foro útil para abordar los temas prioritarios de interés común que requerían atención conjunta a nivel de gabinete. Esta Comisión daría un cauce institucional a una relación bilateral que podría desviarse o desvirtuarse cuando se otorgara mayor peso a las agendas personales de los mandatarios, que a las agendas acordadas por los canales oficiales.

En la historia de la relación bilateral es normal que existan momentos de acercamiento y distanciamiento; de cooperación o desconfianza.  Lo que difícilmente ha ocurrido en el pasado, es que de manera simultánea, se produzcan un deterioro de las condiciones objetivas (la capacidad de trabajar juntos -aunque no necesariamente de estar de acuerdo- en temas torales como migración, seguridad, comercio, energía y medio ambiente) y de las condiciones subjetivas (la química personal entre los mandatarios).

Lo valioso de los mecanismos institucionales es que permiten transitar los desacuerdos. Tal como se dice en el argot diplomático: ‘estamos de acuerdo en tener desacuerdos’ y procesar la relación a partir de puntos de vista diferentes o incluso contrapuestos.

 

Hoy asistimos a un momento particularmente delicado de la relación bilateral, porque desde la presidencia de México se han desdeñado los mecanismos institucionales, en un momento donde la relación personal entre los mandatarios sufre un agudo deterioro.  Se juntaron los diferendos objetivos con la disonancia subjetiva. 

 

En noviembre de 1988, los entonces presidentes electos George H. W. Bush y Carlos Salinas de Gortari se reunieron bajo el llamado ‘espíritu de Houston’ como garantía de entendimiento. El mandatario mexicano quería dejar atrás el espíritu del ‘6 de julio no se olvida’, fecha en que Manuel Bartlett Díaz, hoy integrante del gabinete ampliado de López Obrador, ejecutó la caída del sistema, el fraude electoral escandaloso en contra de Cuauhtémoc Cárdenas para imponer a Carlos Salinas de Gortari.  Salinas necesitaba oxígeno del exterior y fue a Houston a buscarlo. 

Muchos años después, en 2015, Donald Trump inició su campaña de proselitismo para llegar a la Casa Blanca.  Desde el primer día insultó a los mexicanos, llamándonos criminales, violadores, y narcotraficantes.

El 8 de julio de 2020, en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington DC, el presidente López Obrador se dirigió al presidente Trump en estos términos: “Durante mi mandato como presidente de México, en vez de agravios hacia mi persona, y lo que estimo más importante, hacia mi país, hemos recibido comprensión y respeto… lo que más aprecio es que usted nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía".  

En claro contraste con estas palabras, la diplomacia de la subordinación se agudizó a partir de entonces y México se convirtió hasta hoy en el muro que ansiaba construir Trump para la contención migratoria. 

 
Los asuntos inconclusos del pasado siempre regresan a acecharnos

El 9 de febrero de 1985 fue asesinado en México Enrique ‘Kiki’ Camarena Salazar, un agente encubierto de la Agencia para el Control de Drogas (DEA), mexicano de nacimiento y estadounidense por naturalización.  El mismo año el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, cabeza de un creciente negocio criminal, fue capturado y acusado del asesinato de Camarena y pasó en prisión en México los siguientes 28 años, hasta que en 2013 fue liberado porque un juez encontró vicios en el procedimiento.  

Los fantasmas del pasado habrían de reaparecer como resultado de la visita de AMLO a Washington, el 12 de julio de 2022.  Si en la parte mexicana leyeron que el señor Biden -que es educado y cortés- no le cobraría ninguna de las afrentas previas, se equivocaron.

El presidente mexicano le apostó una vez más a su respaldo interno como sustento de su acción externa.  No previó, sin embargo, que en la relación bilateral México-Estados Unidos, los asuntos inconclusos del pasado siempre regresan para hacer sombra a los asuntos del presente.  

El gobierno de Biden tenía registrado el tardío reconocimiento de su victoria por parte de su homólogo mexicano, que hizo campaña por Trump. Y también tenía anotadas las múltiples advertencias sobre la política energética mexicana basada en combustibles fósiles y presuntamente violatoria del TMEC que le plantearon a AMLO tanto el enviado para el clima, John Kerry, como su Secretaria de Energía, la señora Jennifer Granholm.  

Y luego vino la cereza del pastel: la ausencia de AMLO en la Cumbre de las Américas, del 8 al 10 de junio de 2022.  El mandatario mexicano decidió no ir a Los Ángeles, donde lo esperaban, además del anfitrión, tres millones y medio de mexicanos. 

De hecho, en ninguna de sus cuatro visitas a Estados Unidos López Obrador se ha reunido con las comunidades mexicanas y mexicanoamericanas, ni con legisladores estadounidenses clave para temas como migración o asuntos del TMEC.     

El 12 de julio en Washington el tema migratorio fue mencionado, pero sin que hubiese acuerdo alguno respecto de la solicitud para que Washington otorgara un mayor número de visas H2 para mexicanos.  Para la dupla Biden-Harris, lo que había que decir al respecto se había dicho ya en la Cumbre en Los Ángeles.   

La visita de trabajo (que no oficial, y menos de Estado) de AMLO a Washington terminó sin acuerdos. Sin embargo, no tuvimos que esperar mucho tiempo para conocer el balance del lado estadounidense: 

 

i) Tres días después, el 15 de julio, La recaptura de Caro Quintero en Choix, Sinaloa, presumiblemente como resultado de la información que la vicepresidenta Harris trasladó al presidente mexicano con fines de extradición. Ello ocurrió 37 años después del asesinato de Camarena.

 

ii) Ocho días después, el 20 de julio, la presentación oficial por parte del gobierno del presidente Biden, de una queja contra el Gobierno de México por presuntas violaciones del Tratado México – Estados Unidos – Canadá (TMEC) en materia de energía y política energética. Al día siguiente Ottawa se sumó al reclamo, al señalar que las políticas energéticas de México son inconsistentes con el acuerdo trilateral.  El mecanismo para abordar esta queja establece dos etapas.  La primera es de consultas, que puede durar hasta 75 días, y que prevé que en los primeros 30 días las partes se sienten a la mesa para entender con precisión por qué EEUU y Canadá consideran que México no está en línea con los compromisos que ha firmado.  De no llegar a un acuerdo en las consultas, en la segunda etapa se establece un panel de expertos para que resuelva.

Si el veredicto del panel es adverso, México podría enfrentar sanciones arancelarias superiores a los 22 mil millones de dólares, señala la agencia de noticias Bloomberg. No hay registro de que el presidente Biden le hubiese trasladado la cortesía, usual entre amigos, socios y vecinos, de avisarle al presidente de México que venía una andanada de esta dimensión.  

 

Estas son las coordenadas de la relación bilateral realmente existente, no la de las declaraciones edulcoradas que tratan de suavizar u ocultar los duros desencuentros, como ocurren en los días que corren. 

En el gobierno actual domina el panorama político interno, sin adversarios que ejerzan contrapesos.  Con escaso crecimiento económico, elevada inflación, exceso de mortalidad por el mal manejo de la pandemia y un sistema de salud sumamente deteriorado, el presidente mantiene su popularidad y aceptación.  Ha logrado crear un valladar entre los pobres resultados de su gobierno y su persona.  Millones de mexicanos se le entregan con devoción, como el presidente que sí se preocupa por ellos.  

 

Un punto de inflexión que debe ser atendido con la mayor seriedad 

Sin embargo, el 20 de junio se produjo un punto de inflexión en la realidad mexicana.  Ese día fueron asesinados dos sacerdotes jesuitas dentro de la iglesia parroquial de Cerocahui, municipio de Urique, estado de Chihuahua, por parte de un sicario del crimen organizado, cuando estaban tratando de proteger a una persona que huía de los delincuentes.  En 42 meses el país ya había rebasado la barrera de los 120,000 homicidios dolosos, de manera que la violencia cobra una cuota diaria de 95 vidas y 2 mil 800 cada mes. 

La Iglesia Católica reaccionó de manera cohesionada entre la Conferencia Episcopal Mexicana, las órdenes religiosas y los Jesuitas mismos, y denunciaron el avance del control territorial por parte de las economías criminales. El balance es brutal en el caso de feminicidios, periodistas y migrantes víctimas de una violencia imparable, sin que el gobierno sea capaz o emprenda las acciones necesarias para detenerlo.  

Los contrapesos externos trascienden la popularidad personal del presidente. No hay que olvidar que el Papa Francisco es jesuita, que el presidente Biden es católico y asiste a la misa dominical en la parroquia jesuita de Georgetown en la capital estadounidense.  De manera que los homicidios de periodistas y ahora de sacerdotes en México, rebasan las fronteras nacionales y se han convertido en un tema internacional, con referencias reiteradas desde el Vaticano y desde el Senado de los Estados Unidos de América.   

Aunque altos dirigentes empresariales mexicanos han sugerido al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, influir en López Obrador para acercar posiciones, el presidente mexicano logró granjearse la simpatía del diplomático estadounidense.  Sin embargo, los mensajes complicados desde Washington se han acumulado de manera previsible, y ahora podrían traducirse en sanciones arancelarias contantes y sonantes para los exportadores mexicanos y para una economía que da tumbos entre la inflación y el estancamiento.

Una vez más, existe una contradicción dentro del gobierno de México en la manera de abordar los diferendos con Washington. 

La Secretaría de Economía ha emitido un comunicado profesional, mesurado y atinado. Señaló que las consultas que preceden a los paneles de controversias, como la que solicitó Estados Unidos para discutir la política energética mexicana, son mecanismos ‘sanos’ para resolver interpretaciones del TMEC y abordar los desacuerdos en su justa dimensión, para determinar cómo fueron negociadas las reglas, cómo son interpretadas y cómo son implementadas.  Las consultas y los paneles pueden ayudar a resolver diferencias sin llegar a afectar las relaciones comerciales. De hecho, México sostiene que la interpretación de EEUU en las reglas de origen del sector automotor no está en línea con lo negociado, y ha solicitado consultas al respecto. Esta es una respuesta profesional, deseable en todos los diferendos diplomáticos. 

Sin embargo, el presidente considera que retar al gigante del norte le seguirá dando dividendos políticos personales.  Ha anunciado que fijará posición frente a Estados Unidos durante el desfile militar del Día de la Independencia de México, el 16 de septiembre.  El presidente apostará por los símbolos del patriotismo y la arenga chauvinista, predicando desde el púlpito para sus feligreses.  

 

Como ocurre cada 12 años, en 2024 ambos países tienen elecciones presidenciales: México, el 2 de junio y Estados Unidos, el 5 de noviembre. Faltan dos años y el panorama luce muy complicado.  No se trata para nada de ceder ante Washington, sino de retomar un camino institucional como ancla, en vez de conducir la relación con base en impulsos personales marcados por el descuido y la improvisación.  Nada más, pero nada menos.