Son quienes tienen que visibilizar, registrar y documentar sus procesos y toman acciones que las autoridades omiten, pese a sus obligaciones. 

 

Han alzado la voz en distintos espacios, como en la XI Marcha por la Dignidad realizada el 10 de mayo, para señalar la deficiente capacidad institucional de buscarles y encontrarles con enfoques diferenciados y de construir una Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones, como lo recomendó el Comité contra la Desaparición Forzada, (CED por sus siglas en inglés), en su último informe publicado en abril de este año. 

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Se les han sumado decenas de colectivos como la Red de Enlaces Nacionales, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Fundec, Fundem, Grupo Amores, que siguen sumando carteles de búsqueda, nombres y rostros cada año con la esperanza de involucrar a la sociedad y a las autoridades, para recordarles que las y los desaparecidos nos faltan a todas y a todos.

 

También han exhibido la falta de voluntad política para revertir la crisis de identificación forense, en un país donde hay más de 52 mil cuerpos por identificar. Esto se ha observado en el inculpamiento de la creación del Banco Nacional de Datos Forenses: la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas ordena a la Fiscalía General de la República crear este instrumento. Pese a que el banco debía operar desde enero de 2019, hoy no existe. Las familias se encuentran en la exigencia al Poder Judicial para que resuelva próximamente a favor un amparo y se ordene a la FGR la implementación inmediata del BNDF. 

 

Este tema también ha sido señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe anual, publicado en junio de este año, y que incluye, en su capítulo cinco, el sexto informe de seguimiento a las recomendaciones formuladas en México desde 2015. Si bien reconoce avances en el país como la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y las Comisiones de Búsqueda Nacional y Estatales, señala con claridad que hay pendientes preocupantes para el desarrollo de una estrategia clara de prevención y erradicación de esta problemática.

 

En junio, durante la audiencia pública ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para abordar los Desafíos de Derechos Humanos en México, integrantes del Centro Prodh, Artículo 19, Human Rights Watch y WOLA plantearon consideraciones sobre la violencia criminal actual y la desprotección del Estado. Ahí, se presentó, como una de las propuestas de los congresistas y las organizaciones, la necesidad de apoyar los esfuerzos de identificación forense y otras capacidades técnicas, hacia la implementación de las leyes de México contra violaciones a graves de derechos humanos como las desapariciones y la tortura.

 

Pero además de estas acciones, ya señaladas por el Sistema Interamericano, organismos nacionales e internacionales, sociedad civil y por las familias, es indispensable llevar a cabo una transformación más profunda. Se debe replantear la política de seguridad, a partir de tres puntos principales: 1.- cambiar hacia un modelo de seguridad ciudadana, en vez de un modelo centralista y de militarización, como es el actual, que no contribuye a revertir la impunidad ni a proteger la integridad de las personas como lo hemos relevado desde el Centro Prodh en nuestro informe “Poder militar”; 2.- el fortalecimiento de las policías locales y estatales, como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe anual, en donde incluye un capítulo para revisar la situación de derechos humanos en México, y 3.- el fortalecimiento y depuración de las fiscalías —locales y la General de la República— para que realicen investigaciones diligentes que rompan la cadena de impunidad.

 

A la par de este cambio de paradigma se debe garantizar la seguridad personal y colectiva de las personas buscadoras, que día a día están en riesgo por realizar las labores que le corresponden al Estado. Tal es el caso de los profesores Javier Barajas y Ma. del Tránsito Piña, quienes se vieron obligados de salir de su  hogar, en Salvatierra, Guanajuato, tras recibir amenazas, tras exigir justicia por la desaparición y el asesinato de sus hijos Javier y Guadalupe. Su trabajo tan digno de promoción de los derechos humanos y búsqueda ha sido reconocido incluso por la organización internacional Front Line Defenders (FLD), que tiene su sede en Dublín, Irlanda. Este premio contribuye también a atraer la atención internacional para proteger su integridad.

 

“En la entidad donde residíamos hay violencia extrema como en todo nuestro país, los grupos criminales en conjunto con algunas autoridades, se han adueñado de nuestra tranquilidad, se necesita la colaboración de los tres niveles de gobierno, la sociedad civil, así como el apoyo de la comunidad internacional, pues solamente así se podrá frenar tanto dolor e injusticia”, refirió Javier Barajas durante su discurso al recibir el reconocimiento. 

 

Como una obligación, a la par de las ya mencionadas, las autoridades y la sociedad deben respaldar el derecho a la verdad y la memoria de las y los desaparecidos. Deben garantizar también investigaciones exhaustivas para todas y todos los expedientes, los actuales y los del pasado reciente. Así lo han exigido también las y los familiares de personas desaparecidas por parte de elementos del Estado en el periodo de la mal llamada “Guerra Sucia”. Una de ellas es Alicía de los Ríos Merino, quien busca a su madre desaparecida en 1978, tras ser trasladada al Campo Militar 1, el cual operó como una prisión clandestina. En estos casos, las familias solicitan que se abran los archivos militares, que el personal castrense colabore, y que se construya, junto con la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de los hechos ocurridos entre 1965 y 1990, un plan de trabajo para que se sepa qué sucedió, para que su memoria permanezca y los crímenes perpetrados por agentes del Estado no queden en la impunidad.

 

Las acciones de memoria también son representadas por instalaciones como los anti monumentos, que recuerdan que en el país existe impunidad y que mantienen encendida la alerta memoriosa y el reclamo social. Así lo han manifestado las familias que colocaron las fotografías de quienes no han vuelto a casa, bajo la sombra del ahuehuete en Paseo de la Reforma con Río Rhin y Río Niza en la Ciudad de México. Hoy ellas y ellos luchan porque el espacio sea resignificado, reconocido y renombrado como la Glorieta de las personas desaparecidas y que el árbol se convierta en el guardián de la memoria. 

La ruta para cerrar y revertir la terrible crisis forense, de desaparición y de violencia en el país necesita  que se reconozca la problemática y se tomen acciones concretas, escuchando las voces de familiares de víctimas, sin desdenes y sin la retórica que sostiene la narrativa de quienes están en el poder. Las madres, los colectivos de búsqueda y las distintas organizaciones que les acompañamos insistimos en que esta realidad no es sólo una herencia del pasado, sino una herida del presente. No son hechos aislados sino situaciones generalizadas en las que no sólo participan particulares o el crimen organizado, sino también agentes estatales. Seguiremos caminando a lado de quienes buscan a los suyos, con persistencia, esperanza, resiliencia y exigencias, y no pararemos hasta encontrarles a todas y a todos.