El contexto en que nos encontramos es radicalmente distinto al de 2018. En ese momento parecía que nos encontrábamos en un sistema de pluralidad partidista y que podía constituir un adecuado sistema de pesos y contrapesos del poder público. Sin embargo, la capacidad del partido oficial de consolidarse como una fuerza dominante, así como la incapacidad de la oposición de presentar propuestas claras a la ciudadanía han llevado a que hoy contemos con un partido o movimiento que concentra diversas expresiones políticas a la usanza de los años setenta, al ser la única manera de acceder al poder, un cuasi sistema de partido hegemónico. Esto, ha contribuido a los cuestionamientos que se hacen de la necesidad de contar con autoridades electorales autónomas, al señalar incluso que deben desaparecer y su función debe ser absorbida por el Poder Judicial. (Conferencia de prensa del presidente, 29 de abril de 2021)

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Los cuestionamientos verbales se han centrado en falacias como el hecho de que la autoridad electoral busca que no haya democracia y que se usaba para hacer fraudes, haciendo alusión también a que “siguiera el saqueo”, sin mostrar pruebas de tales dichos o la existencia de una base seria de ello. Lo anterior se ha sumado al ataque personal a la integridad profesional de las personas que integran las autoridades electorales. Ejemplo de ello ha sido el asedio que en las últimas semanas han vivido personas funcionarias del Instituto Electoral de la Ciudad de México sin tomar en consideración la realidad del entorno. ¿Hasta qué grado una autoridad legítimamente electa necesita descalificar personas para obtener lo que quieren?

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El ataque austericida

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El segundo eje de ataques se escuda en la bandera de la austeridad y tiene una naturaleza institucional, es decir, son acciones que se impulsan para mermar las capacidades del Instituto Electoral. En la Ciudad de México, esta situación comenzó en 2020 con el pretexto de la atención a la pandemia, al no sólo aceptar el recurso que el Instituto decidió ajustar para el combate a la pandemia, sino al reducir el Presupuesto del Instituto Electoral de la Ciudad de México, lo que sumado representó más de 83 millones de pesos, alrededor del 10% de su presupuesto sin contar las prerrogativas de los partidos. En 2021, esta tendencia continuó al rechazar dotar de recursos suficientes durante el proceso electoral. Esta situación provocó dificultades para atender las obligaciones legales y constitucionales. Lo anterior se ha mantenido para este ejercicio fiscal, en que la Jefatura de Gobierno, sin considerar las observaciones del IECM, propuso, de manera discrecional, al Congreso la reducción del presupuesto para 2022.

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No obstante, estas medidas fueron materia del juicio electoral JEL-387/2021, en el que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México resolvió que se había violentado el principio constitucional de legalidad, así como la autonomía presupuestal, al no fundamentar ni motivar la reducción “considerable” del presupuesto solicitado por el Instituto. Más aún, en la exposición de motivos del Proyecto de Presupuesto que presentó la Jefatura de Gobierno, “no se incluyeron las razones y fundamentos que se tuvieron en consideración para llevar a cabo la reducción en el Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral, lo que demuestra que, de manera unilateral e indebida, sin existir sustento legal alguno, la Jefatura de Gobierno y la Secretaría de Finanzas hicieron dicha reducción, soslayando las actividades que el Instituto Electoral tiene que ejecutar en el año fiscal 2022” (JEL-387/2021).

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Como efectos de la sentencia se ordenó al Congreso de la Ciudad, entre otros aspectos, discutir y emitir una determinación, con una fundamentación y motivación reforzada, en la que se incrementen los recursos asignados al Instituto Electoral en el Presupuesto de Egresos, tomando como parámetros algunas actividades legales como las Consultas de Presupuesto Participativo y que la base sea el monto asignado en 2019, sumándole el índice inflacionario aplicable al presente año fiscal. La base del cálculo debe ser el presupuesto originalmente planteado por el IECM. No obstante, en recientes días el Gobierno de la Ciudad manifestó su intención de impugnar la resolución del Tribunal local. 

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Vulnerar la autonomía

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En tercer lugar, se encuentra la recién aprobada reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad con el propósito de “optimizar las estructuras electorales existentes y reducir los costos de organización y funcionamiento del órgano electoral”. Una vez más, el supuesto alto costo de la democracia capitalina está en el centro. No obstante, se omite una revisión profunda de los gastos realizados, o del financiamiento público de los partidos políticos. Entre los cambios principales están:

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• Incluir en el texto de la ley sustantiva electoral local, la obligación de cumplir con la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México para el manejo y ejercicio del presupuesto que le es asignado al Instituto; atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad, transparencia, eficacia y rendición de cuentas.
   

• Eliminar 5 áreas técnicas y especializadas y, con ello redistribuir las facultades y atribuciones que tienen actualmente encomendadas a otras áreas del Instituto, a saber:
   

El apoyo a órganos desconcentrados, documentación y archivo pasa de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD) a la Secretaría Ejecutiva, mientras que las tareas de logística las pasa a la Secretaría Administrativa.

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Las funciones que desarrolla la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos (UTVOE) pasan a la Secretaría Ejecutiva.

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Las tareas que actualmente realiza la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD) pasarán a la Secretaría Administrativa.

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Las atribuciones de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF) las conoerá la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, y con ello se modifica la denominación de la citada Dirección, para quedar como Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización.

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Las tareas que realiza la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos (UTGyDH) serán ejercidas por la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, modificando la denominación de la citada Dirección para quedar como Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Construcción Ciudadana y Género.

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• Eliminar la facultad del Consejo General del Instituto para crear Unidades Técnicas adicionales.
   

Las razones que presentó el diputado Carlos Hernández Mirón son en su mayoría falaces y giran en torno a la idea de que “no se puede concebir la democracia si los problemas de desigualdad no son atendidos de manera eficiente. En ese contexto, el gasto que se realiza para la celebración de elecciones y los ejercicios de participación ciudadana debe ajustarse a la realidad nacional en su conjunto.” Por ello afirma que el diseño electoral debía significar una reducción del gasto, sin mencionar que el INE exige el pago de ciertos montos al IECM por la realización de dichas funciones. Asimismo, critica los recursos asignados a servicios profesionales, con la falsa aseveración de que aumentó la estructura aun cuando se redujeron las atribuciones y mandato legal y habla de “rendimientos decrecientes” con respecto al trabajo que desarrollan las y los servidores públicos. Asimismo, menciona que es una “carga adicional” al Instituto, el respeto a derechos laborales. Bajo estas razones llega a la conclusión de que se debe llevar a cabo una redistribución de funciones y competencias, ajustando la estructura a la indispensable. 

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Con base en estas ideas, la Comisión de Asuntos Político-Electorales afirmó, en su Considerando Séptimo, que lo que se busca es un uso más racional de los recursos financieros como humanos para crear mejores niveles de confianza entre la ciudadana. Esta fue la base para proponer las modificaciones a la estructura orgánica para reorganizar y fortalecer su funcionalidad principal y así hacer menos oneroso y más eficiente el funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Más preocupante es que el estudio de la Comisión no consideró el impacto en aspectos operativos y se limitó a hacer un ejercicio simplista de cuántas personas servidoras públicas integran cada unidad que desapareció con la reforma. Algo similar ocurrió con la propuesta de reducción presupuestal que revirtió el Tribunal de la Ciudad, sin sustento.

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Un segundo aspecto del dictamen es que no es omisa en reconocer que en buena medida la reforma se alinea a la propuesta presidencial de “nacionalizar” los procesos electorales y de participación ciudadana. Esto al señalar que “reducir la estructura orgánica es un buen principio para bajar los costos de la democracia en nuestra Capital, el Instituto Electoral de la Ciudad de México se verá obligado a solicitar que el Instituto Nacional Electoral cumpla a cabalidad las funciones y facultades que le fueron conferidas en la reforma del 2014.” Esto es, se busca reducir al mínimo la capacidad del Instituto, señalando que aquellas funciones que aún conserva la Ciudad pero que se comparten con el INE, sean atendidas por esta de manera exclusiva.

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De esta manera, queda claro que la reforma va en contra de los principios constitucionales de autonomía e independencia del IECM y la democracia en la CDMX. Mas allá de haberse aprobado sin soporte alguno ni un análisis sólido de la estructura y funciones, se hizo desde una posición austericida y reduccionista. Se optó por desaparecer cinco áreas técnicas que coadyuvan con la vigilancia, así como garantizar procesos electorales legitimados y transparentes que permiten la participación de todas las fuerzas políticas bajo las mismas reglas del juego. Esto pone en peligro el óptimo desempeño del Instituto, pues compromete el cumplimiento de atribuciones que se tiene encomendadas a nivel constitucional y legal. A manera de ejemplo, me gustaría resaltar el impacto que tiene la desaparición de dos Unidades.

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La Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD) tiene encomendada coordinar algunos aspectos de organización, operación en campo y logística de los procesos electorales, así como de los mecanismos de participación ciudadana entre los 33 órganos desconcentrados y las direcciones ejecutivas.

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Es la Unidad que nos permite revisar, blindar y dar seguimiento a todas las actividades que se llevan a cabo durante la realización de los cómputos de las elecciones, los lugares donde se instalan las mesas directivas de casilla (actividad que se lleva a cabo de manera conjunta con el INE), la entrega de la documentación electoral, verificando en todo momento la integridad de la misma, la cadena de custodia del paquete electoral durante su trayecto a las diferentes direcciones distritales, la implementación del PREP, conteos rápidos, recuentos, presión a la autoridad electoral, entre otras. Con la ayuda de esta Unidad es posible contar un puntual seguimiento de todas las actividades que llevan a cabo las diferentes direcciones distritales en relación con estas actividades trascendentes en el desarrollo de la jornada electoral.

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La segunda Unidad que me gustaría mencionar, es la de Género y Derechos Humanos. Su desaparición legal reduce la capacidad del Instituto para contribuir a la prevención, erradicación y en su caso, sanción de la violencia política en razón de género, pues no se contará con un área especializada que dé un cabal y puntual seguimiento a estas irregularidades, además de coadyuvar a identificar, visibilizar y capacitar a las futuras candidatas a los diferentes cargos de representación que se eligen en la CDMX. No pasa por alto la contradicción que esto significa a nivel sistema, pues en 2018 se establecieron las Unidades de Género en la Ley orgánica de la Administración Pública Federal y en los últimos años se publicaron reformas  en materia de paridad e igualdad.

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Asimismo, al reducir la capacidad institucional y humana para atender a los grupos de atención prioritaria se pueden ver afectados sus derechos político-electorales, sobre todo de aquellos que en la actualidad no tienen la garantía de una acción afirmativa. Desaparecer esta Unidad afecta la capacidad de implementar programas, planes y líneas de acción para empoderar y visibilizar estos grupos. De cierta manera, se puede ver que este mecanismo para garantizar y promover los derechos con que contaba el Instituto desaparece por un criterio presupuestal, violatorio del principio de progresividad de los derechos humanos.

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¿Qué sigue después de la reforma?

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A partir de la entrada en vigor, se impuso al Consejo General un plazo de 90 días para adecuar la estructura orgánica y funcional del Instituto, “previendo un modelo de organización compacto que garantice el debido ejercicio y la probidad en la función pública.” De esta manera, se creó un Comité Técnico Especial para cumplir con la reestructura y que presente una estructura moderna, eficiente y austera en atención a la reforma.

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Sin embargo, aun cuando nuestra responsabilidad es cumplir la Ley, nuestra principal responsabilidad es cumplir con la Constitución. Por ser una norma que afecta profundamente el orden democrático y constitucional, se han explorado distintas acciones para impugnarla, siendo ya implementadas, la promoción del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía por cuatro integrantes del Consejo General, así como un juicio electoral por parte del Instituto Electoral.

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Las impugnaciones no buscan mantener el status quo, tener privilegios o gastar de manera descontrolada. Estamos conscientes de la situación que vive el país y las demandas sociales, por lo que, apoyamos una revisión de procesos y funciones, que permitan una reingeniería institucional con enfoque de derechos y de protección a la democracia, pero desde el diálogo, la información completa y técnica. Estamos a favor de un gasto eficiente de los recursos, de la realización de acciones y atribuciones eficaces, con reducción de posibles obstáculos burocráticos a fin de garantizar que todas y todos participen en la vida política de la Ciudad.

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Desde hace tiempo, se tenía planteado, en nuestra normatividad, llevar a cabo una reingeniería estructural e institucional en septiembre. Sin embargo, hoy, este proceso tendrá que realizarse en un menor tiempo, en el marco de los 91 días que marcó el decreto de reforma. Buscamos enfocarnos en implementar las reformas a los instrumentos organizacionales y administrativos con los que cuenta el Instituto, así como a los cuerpos normativos que rigen a esta autoridad. Pero aún más importante, buscando respetar los derechos laborales de todas y todos los trabajadores.

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Llamado

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Por lo que he expuesto, es importante hacer un llamado a la ciudadanía, expertos en temas político-electorales, sociedad civil y toda persona interesada en defender nuestra democracia.

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Les reitero que, aún ante el franco retroceso que significa esta reforma para la organización de procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana que incluso pone en riesgo la certeza de los resultados, el Instituto Electoral de la Ciudad de México se compromete a respetar los derechos y cumplir con sus tareas constitucionales con pleno respeto a los principios constitucionales.

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Les llamo a confiar en que seguiremos haciendo un trabajo de calidad, al nivel de lo que nos ha demandado por años la Ciudad.

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Les llamo a participar aún más de la vida pública de la Ciudad, a informarse a través de fuentes serias de cuanto ocurre en el Instituto y la vida democrática de la Ciudad de México, poniendo fin a la manipulación de información por parte de algunos actores políticos.

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Les invito a participar aún más activamente en la vida política de la Ciudad, a reapropiarse del ejercicio democrático. Una elección no agota el ejercicio de nuestros derechos político-electorales. Exijan resultados, participen, exijan explicaciones.

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Esta reforma ha sido dura, pero de ninguna manera cumplirá el propósito de reducir el alcance de nuestro trabajo. La experiencia y especialidad que por más de dos décadas ha demostrado IECM es nuestra principal carta de presentación. Seguiremos en la defensa de nuestra democracia a través de la escucha, diálogo y acuerdos, con base en leyes, respeto a derechos e instituciones. Nadie tiene soluciones mágicas, dejemos de una vez por todas esas tendencias autoritarias y populistas y sigamos apostando por la democracia que construimos todas y todos.