Los resultados del análisis para el caso mexicano son desalentadores, y apuntan a un retroceso acumulado de un 13% con relación a la puntuación obtenida en 2019, con un marcado deterioro en lo referente a la calidad de la democracia y las instituciones políticas, especialmente con respecto a la variable que mide los procesos legislativos y de gobernanza. Esto, nos dicen los autores, refleja los esfuerzos continuados del Poder Ejecutivo por intervenir en los asuntos judiciales y legislativos del país. Los ataques persistentes a los organismos autónomos como el INE, la COFECE y el INAI son motivo de especial preocupación, así como la intención declarada del presidente López Obrador de reformar el Congreso y restar autonomía a la autoridad electoral[3].

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En relación con el resto de la región, México se encuentra por encima de los tres países en la cola del índice: Guatemala, Bolivia y Venezuela. Esto debido también a factores como son la erosión de la eficacia e independencia de las entidades encargadas de combatir la corrupción; a la práctica del gobierno actual de otorgar contratos de obra pública sin licitación; y a la creciente militarización de algunas funciones de gobierno que debieran estar en manos de autoridades civiles. Preocupan también los reiterados ataques a la prensa y la sociedad civil, los cuales han mermado su capacidad de movilización en contra de prácticas corruptas[4].

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Otras mediciones, como es el caso del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (IPC) para el año 2021, colocan a México en la misma posición de Gabón, Niger y Papua Nueva Guinea. Agrega que los grandes casos de corrupción siguen sin ser sancionados y que la recuperación de activos es muy débil. Recomienda fortalecer a las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción.

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Según este IPC[5] , México está en la posición 18, una por encima de Rusia de los países que componen el G20, y reitera que, a pesar de que el control de la corrupción es prioritario para la administración actual, y que goza de amplio apoyo social, persiste la impunidad[6] .

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El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que vio la luz a principios de 2017, a partir de un cambio constitucional acompañado de un conjunto robusto de reformas legislativas promovidas fundamentalmente por académicos, funcionarios y miembros de la sociedad civil, logró en poco tiempo instalarse en todo el país, y comenzó a funcionar con brío y apoyo social a pesar de los intentos por neutralizarlo en la administración de Peña Nieto.

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El gobierno de la llamada Cuarta Transformación ha visto al Sistema Nacional Anticorrupción con recelo y ha mermado sus capacidades. Sin embargo, pese a ello, el SNA sobrevive con esfuerzo y hasta logró promover la aprobación de una sólida propuesta de política nacional anticorrupción que fue finalmente presentada por su Comité de Participación Ciudadana en febrero de 2019.  Lamentablemente, la propuesta languidece por falta de apoyo y estímulo, y fuera de algunos enterados, casi nadie la conoce.

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En su primera versión, producto de una amplia y sólida consulta nacional, realizada a fines de 2018, la propuesta definió el problema de la corrupción en México como el resultado de la impunidad generalizada; la persistencia de poderes discrecionales de los servidores públicos que conducen a comportamientos y decisiones arbitrarias; la falta de  una adecuada participación ciudadana en los procesos de gobierno, y sobre todo en la vigilancia de éstos; y finalmente, en la ausencia de intervención del Estado en los espacios de interacción entre gobierno y ciudadanos[7]

. Es de notar la sintonía de esta propuesta con los diagnósticos internacionales recientes.

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La propuesta diseña un plan estratégico para fortalecer la capacidad del Estado y de la sociedad para controlar la corrupción, pero nada de esto ha sucedido. Todo lo contrario: se han disminuido sistemáticamente las capacidades del Estado y de la sociedad para combatir la corrupción. Se ha erosionado el espacio cívico y centralizado el poder político. Se atenta contra la independencia del Poder Judicial y se ha sometido al Legislativo. Se descalifica a los organismos autónomos y se ataca su capacidad de control, se vulnera la libertad académica, y casi todos los días se atenta contra la libertad de expresión y de prensa aún desde el más alto nivel del Estado.

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Las decisiones gubernamentales son más discrecionales que nunca y reina la opacidad. Los índices globales e informes internacionales lo expresan en forma consistente. El control y combate a la corrupción necesitan un entorno democrático y un estado de derecho. Es nuestra principal carencia y nuestro gran reto.

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Notas:

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 [1] Anti Corruption Working Group AS/COA. Americas Quarterly, Control Risks,Capacity to Combat Corruption (CCC) Index, Assessing Latin America’s ability to detect,, punish and prevent corruption, 2022, 43 p.

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[2] Op.cit., p 38.

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[3] Op. cit., p. 30.

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[4] Idem.

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[5] Transparency International, El índice de percepción de la corrupción 2021 revela que los niveles de corrupción se han estancado en los últimos diez años, en medio de un entorno de abusos a los derechos humanos y deterioro de la democracia, Berlín, 25de enero de 2022.

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[6] Tema delicado en el caso mexicano es la falta de sanciones a los casos y redes de corrupción que son del conocimiento de la opinión pública tras ser revelados por periodistas de investigación, Infobae, México, último lugar de la OCDE en percepción de la corrupción, 25 de enero de 2022.

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[7] Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Política Nacional Anticorrupción,

Propuesta de política nacional anticorrupción, México, Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, Diciembre 2018, pp. 19- 117, 195 p