Fuente: SESNSP (2022).

 

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Como se puede ver, tanto en homicidios dolosos, como en feminicidio y secuestro, las tasas han venido disminuyendo. En cuanto a homicidios, Veracruz ocupa el doceavo lugar en el ranking de los estados, es decir, sólo hay 11 entidades federativas donde la tasa de homicidios es menor. En contraparte, por cuanto hace a feminicidios y secuestros, Veracruz ocupa el onceavo lugar con la mayor tasa de feminicidios, y el séptimo en materia de secuestros. En números absolutos, Veracruz ha venido ocupando el primero y el segundo lugar en cuanto a número de feminicidios y secuestros, respecto a los demás estados de la república.

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La variable geográfica

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Uno de los factores que históricamente ha dado lugar a la existencia de índices elevados de violencia en Veracruz tiene que ver con la configuración geográfica y territorial del estado. Veracruz tiene una forma oblonga y alargada, que se extiende a lo largo de una franja costera que mide 720 kilómetros, cubriendo gran parte del Golfo de México. Paralela a esa franja costera, se despliega la Sierra Madre Oriental, con su intrincada red de zonas serranas donde se asientan innumerables comunidades enclavadas en sitios bastante inaccesibles, donde el brazo del Estado difícilmente alcanza a llegar. Mientras a nivel nacional la población rural abarca el 21 por ciento, en Veracruz comprende al 38 por ciento, con un elevado número de localidades que tienen menos de dos mil habitantes. Ello dificulta tanto la prestación de servicios educativos y de salud, como la gobernabilidad, ya que la policía y las autoridades judiciales tienen severos obstáculos para hacer sentir su presencia. Por otra parte, el alargamiento territorial convierte a Veracruz en un conector entre la frontera con Guatemala y la frontera con los Estados Unidos de América. Al llegar al sur, en los límites con Tabasco, hacia el rumbo de Tenosique, se encuentra ya la frontera con Guatemala. Hacia el norte, en los límites con Tamaulipas, se encuentra Matamoros, ciudad cuna del Cartel del Golfo, cuyo intercambio con la ciudad norteamericana de Brownsville es bastante intenso. Por Veracruz fluye una gran cantidad de migrantes centroamericanos cuyo objetivo es cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, además de muchas mercancías legales e ilegales: drogas provenientes de Sudamérica, precursores para drogas sintéticas a través del puerto, armas provenientes de los Estados Unidos, contrabando, combustible robado, y la propia población migrante que es víctima en gran medida, de las bandas de tratantes de personas.

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La estructura alargada del estado ha propiciado también que no exista una ciudad o región metropolitana que concentre a la mayoría de habitantes, como ocurre con Jalisco o Nuevo León, cuyas capitales absorben al grueso de su población. Veracruz, por el contrario, distribuye su población en un conjunto de ciudades medias a lo largo del estado, teniendo como nodos centrales al puerto de Veracruz, la ciudad más grande, junto con el municipio colindante de Boca del Río; Xalapa, la capital, que articula a los municipios de Coatepec, Banderilla, Tlalnehuayocan y Emiliano Zapata. Las ciudades de Córdoba y Orizaba constituyen otro nodo importante en el centro de Veracruz, mientras que, en el sur, la dinámica económica gira en torno a los municipios de Coatzacoalcos y Minatitlán, los principales enclaves petroleros del estado. En el norte existe también otra franja petrolera en torno a la ciudad de Poza Rica, que funge como lugar central tanto de la región del totonacapan que gira en torno a Papantla, y la huasteca veracruzana, que mira hacia el puerto de Tuxpan. En un rango menor, ciudades medias como San Andrés Tuxtla y Catemaco (sur), Martínez de la Torre (centro), Álamo, Tantoyuca o Pánuco (norte) también ejercen un papel relevante en la dinámica económica. Históricamente, esta dispersión geográfica y la distribución en una gran variedad de centros urbanos dificultó el ejercicio concentrado del poder y el monopolio de la violencia legítima por el Estado, dando lugar a fuertes cacicazgos regionales, particularmente en los municipios con vocación ganadera. La dispersión geográfica ha contribuido también a que la población no perciba la verdadera intensidad de la violencia, pues la gente del sur difícilmente se entera de lo que ocurre en el norte y viceversa.

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Decrecimiento económico y pobreza

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Desde hace varias décadas Veracruz se ha visto envuelto en una dinámica de bajo crecimiento económico que ha repercutido en un empobrecimiento de su población. De 2013 a 2020, la economía de Veracruz decreció en 4.6 por ciento su Producto Interno Bruto (Gobierno de Veracruz, 2019: 85; México Cómo Vamos). Más del 60 por ciento de su población económicamente activa percibe el equivalente a dos salarios mínimos o menos como ingreso (Gobierno de Veracruz, 2019: 85). De acuerdo con CONEVAL (2021), el 58.6 de la población veracruzana vive en condiciones de pobreza y un 13.9 por ciento en condiciones de pobreza extrema. La producción petrolera y la industria petroquímica son los principales pilares de la economía veracruzana, además de la industria de alimentos y bebidas, la derrama generada por los servicios aeroportuarios, el turismo, la ganadería (Veracruz ocupa el primer lugar en cuanto a producción ganadera en relación con el resto de los estados), así como las agroindustrias tradicionales del café y la caña de azúcar. En los últimos años, la exportación de cítricos, particularmente limón persa, ha apuntalado el sostenimiento de la economía en municipios como Martínez de la Torre y Álamo. El entorno macroeconómico negativo se ve compensado parcialmente por un incremento de las remesas de los trabajadores veracruzanos que viven en los Estados Unidos. En 2021 ingresaron por este concepto 2034.3 millones de dólares, ocupando el noveno lugar respecto al resto de las entidades federativas, con una tendencia al alza en los últimos años. (Banco de México, 2022).

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Un reto permanente: vieja y nueva violencia

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Explicar la permanencia de la violencia en Veracruz no resulta tan sencillo. Si bien la presencia de la delincuencia organizada es un factor determinante sin duda, existen otros elementos que es necesario considerar. En el atlas realizado por el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), a partir de la construcción de una base de datos sobre notas periodísticas, se identifican 13 grupos de la delincuencia organizada que operan en Veracruz (Programa de Política de Drogas, 2022). Los grupos identificados son los siguientes: Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cartel del Golfo, Los Zetas, Cartel del Noreste, Sangre Nueva Zeta, Zetas Vieja Escuela, Grupo Sombra, Mando Sur Gente Nueva, Banda del Bucanas, Los Piña, Los Antrax, Cartel del Siglo y Cárteles Unidos. Si bien este dato es correcto, por cuanto se refiere a los grupos del crimen organizado, es necesario señalar que existen otros grupos criminales regionales que combinan rasgos de los cacicazgos que históricamente han existido en el estado desde los tiempos en que había un sistema de partido hegemónico en torno al PRI, con actividades delictivas muy específicas. Entre ellos podemos considerar el grupo llamado “Los Pelones,” que opera en la región de Papantla, y que tuvo mucho que ver con el asesinato de la periodista María Elena Ferral, ocurrido el 30 de marzo de 2020 (León Carmona, Muedano y Alzaga, 2022).

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En la zona sur, particularmente en los municipios de Acayucan y Cosoleacaque, los cacicazgos de Cirilo Vázquez y Heliodoro Merlín Alor fueron heredados a sus respectivas familias, quienes han ocupado y ocupan los principales cargos en esos municipios y otros aledaños hasta la fecha. Esa región se ha visto envuelta en una gran ola de violencia que parece no terminar nunca. Desde el asesinato de Cirilo Vázquez ocurrido en 2006, pasando por la ejecución de la exdiputada Gladys Merlín y su hija en febrero del año pasado, hasta terminar con el asesinato de Clemente Nagasaki Condado Escamilla el 26 de mayo de este año, quien fuera presidente del DIF y miembro de una familia que se ha apropiado del control político del municipio de Acayucan en los últimos años. A esta familia se le ha asociado en medios con el tráfico de indocumentados. Entre 2009 y 2012, cuando la presencia del Cartel de los Zetas aún era muy fuerte, este grupo entró en colisión con las viejas familias caciquiles, disputándose el control con métodos altamente violentos. Buena parte de la violencia que se ha generado en esa zona se explica también por la presencia de ductos que transportan combustible y gas. De acuerdo con el informe del Instituto de Gestión, Administración y Vinculación Municipal, Veracruz es el sexto estado en cuanto a número de tomas clandestinas donde se extrae gas L.P. con 1608, siendo los municipios de José Azueta, Tres Valles, Cuichapa, Chacaltianguis, Omealca, Acayucan, Amatlán de los Reyes, Tierra Blanca, Fortín y Juan Rodríguez Clara los más involucrados, todos ellos ubicados en el sur del estado, tanto en la parte baja como la parte alta de la cuenca del río Papaloapan, siendo Acayucan precisamente, el lugar que conecta estos municipios con la carretera a la ciudad de Veracruz, hacia México y el puerto de Coatzacoalcos (Caiceros, 2021).  

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Otros cacicazgos identificados son los de Renato Tronco en el municipio de Las Choapas, quien ha sido candidato en distintos momentos por cinco partidos, el de la familia García Guzmán en el municipio de Pánuco, ubicado en los límites con Tamaulipas, y el de Manuel Francisco Martínez en la región de La Huasteca. Todos ellos tienen una serie de rasgos comunes: combinan su participación política en la disputa por cargos públicos con el control a través de métodos violentos; en lugar de permanecer en un solo partido, tratan de acomodarse con el que se vuelve predominante en el estado según la coyuntura; suelen en ocasiones postular a distintos miembros de la familia por distintos partidos y mantienen una presencia permanente en su territorio. La dinámica de los grupos de la delincuencia organizada es mucho más aleatoria, dependen de la evolución del mercado de productos ilegales, de los cambios en las rutas, de sus disputas internas o de las asociaciones con los distintos grupos de la clase política. Así, por ejemplo, en la década de los noventa del siglo pasado, fue predominante el Cartel del Golfo. A partir del 2005, cuando ocurrió uno de los asesinatos de periodistas más impactante, el de Raúl Gibb, dueño del periódico La Opinión de Poza Rica, se enseñoreó el Cartel de Los Zetas, sobre todo a partir de su escisión del Cartel del Golfo. Después de 2010, ha sido el CJNG el de mayor presencia. Pero en todo este tiempo, no han dejado de existir grupos delincuenciales locales que pueden dedicarse al tráfico de drogas o al secuestro en pequeña escala, a veces asociándose, a veces diferenciándose de los grandes carteles, un poco a la manera en que lo entiende John Bailley (2014), cuando habla de carteles Alfa, Beta y Gamma, siendo los primeros aquellos que tienen una presencia nacional e internacional, los segundos una presencia subnacional y los terceros sólo un espacio de operación local.

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Es necesario tener en cuenta que, en otros momentos de la historia de Veracruz, el clima de violencia ha sido igual o más intenso, lo que se demuestra a través de la evolución de la tasa de homicidios. De 1980 hacia 1990, la tasa de homicidios por 100 mil habitantes pasó de 24 a 13, con un descenso considerable, tendencia que se acentuó en los noventa, hasta descender a 6 en el año 2000, y estabilizarse en 5 de 2005 a 2008, reiniciando un ascenso en 2010 cuando llegó a 13 nuevamente, con un nuevo descenso en 2014, hasta llegar nuevamente a 13 en 2021.  Es necesario señalar que las elevadas tasas de homicidios en los años ochenta no estaban asociadas al narcotráfico, sino a las disputas por la tierra y las rentas generadas por la agroindustria cañera, o la existencia de bandas dedicadas al abigeato, así como las disputas intrasindicales, particularmente por los recursos generados en torno a PEMEX (Andrade Guevara, 2018). Eso cambió con el recrudecimiento de la violencia en la última década, ya que ahora está fundamentalmente asociada a la política y al crimen organizado, sin descartar otros tipos de violencia vinculadas a los conflictos cotidianos, como indica el seguimiento de los feminicidios, muchos de los cuales son perpetrados por las propias parejas o familiares de las víctimas.

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Autoritarismo subnacional e intensificación de la violencia política

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La ola de violencia que azota a Veracruz puede entenderse mejor a la luz de las modificaciones en el régimen político y la prolongada permanencia de un autoritarismo subnacional (Olvera, 2018). Como se sabe, Veracruz padeció la hegemonía de un solo partido desde 1936 hasta 2016, cuando por fin se dio una alternancia política, con la llegada de Miguel Ángel Yunes al poder, apoyado por la coalición formada por el PAN y el PRD. Mientras duró el edificio del antiguo régimen, se sostuvo teniendo como base el control ejercido por los cacicazgos políticos, fueran territoriales o sindicales, a través de líneas corporativas que tenían como clave de bóveda la autoridad del gobernador, y en última instancia del presidente de la república. Cuando en el año 2000 se dio la alternancia en el plano nacional, en Veracruz, como en otros estados, se consolidó la hegemonía del gobernador debido a la necesidad que tenía el presidente de la república de negociar con las bancadas de diputados federales -sobre las cuales ejercían gran peso los gobernadores- ya que el titular del ejecutivo no contaba con la mayoría en el Congreso de la Unión. Esta correlación de fuerzas dio a los gobernadores una total autonomía, configurándose una serie de autoritarismos subnacionales en los cuales, el ejecutivo tenía un control cuasi-absoluto sobre los poderes legislativo y judicial, la prensa y los factores reales de poder, a pesar de mantenerse la competencia electoral. Ello dio pie a la profundización de la corrupción en todas las áreas de gobierno, particularmente en la procuración e impartición de justicia, así como en las instituciones de seguridad. Esta situación coincidió a su vez con una modificación en las rutas del narcotráfico proveniente de Sudamérica, que privilegiaron ahora el traslado por tierra, en lugar del transporte aéreo y marino que surcaba el Caribe, y con una modificación en los modos de operar de los carteles, que requerían armar un ejército para proteger y disputar sus plazas, en virtud de que ya no había un gobierno unificado que fungiera como árbitro entre ellos. Particularmente el Cartel de los Zetas desarrolló una forma de operar extremadamente sanguinaria y cruel, que incluía la mutilación de cuerpos, la desaparición de personas o su ocultamiento en fosas clandestinas. A partir de 2008, cuando aún gobernaba Fidel Herrera, la violencia se incrementó y se intensificó, extendiendo el Cartel de los Zetas su radio de acción hacia otras actividades ilegales además del tráfico de drogas: el robo de combustible, el secuestro, la extorsión, la trata de personas, cobro de rentas a los vendedores de mercancía pirata y demás. Con la llegada de Javier Duarte al poder, el Cartel de los Zetas fue fuertemente combatido por el CJNG que se apropió de las plazas más importantes, quedando del primero sólo algunos bastiones dispersos en los que estas dos fuerzas se han enfrentado, principalmente en el sur del estado. Esto no varió con la alternancia política que tuvo lugar en 2016, ni con el ascenso del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en 2018. Lo único que ha cambiado son los avances y retrocesos en el posicionamiento de cada uno de ellos. Desde la llegada de MORENA al poder, voceros del CJNG han señalado que algunos mandos policiacos favorecían a los grupos provenientes de Los Zetas, argumentando que sólo les combatían a ellos y dejaban operar a estos últimos.

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Guillermo Trejo y Sandra Ley (2022) han señalado que las relaciones entre Estado y crimen organizado deben analizarse desde una perspectiva diferente, considerando que, lejos de existir una separación entre ambos, existe una “zona gris” en la que actores de ambas partes interactúan. Considero que esta perspectiva de análisis es acertada, si bien, es necesario señalar que los actores estatales no necesariamente se reducen a las fuerzas policiacas y las instituciones de justicia, sino que involucra también a la clase política. Ello explicaría porqué, si bien las tasas de homicidios en general han tenido una tendencia a la baja en los últimos 3 años en Veracruz, -haciendo a un lado el hecho de que ocupa el primer lugar en el número de desaparecidos y de fosas clandestinas que se han localizado hasta la fecha- tenga también el tercer lugar en cuanto a violencia asociada a la política en ese mismo periodo. En efecto, de 2018 a la fecha han asesinado a 25 políticos en Veracruz, entre ellos: un diputado local, dos presidentas municipales, una exdiputada y su hija, 7 exalcaldes, 5 candidatos o precandidatos a alcaldes, dos regidores y algunos funcionarios municipales, sumando en total 25 hasta la fecha (León Carmona, 2021). Dado este escenario, partimos de la hipótesis de que los asesinatos políticos no se deben solamente a la intrusión del crimen organizado en la política, sobre todo en el nivel municipal, sino también al hecho de que los grupos políticos locales están recurriendo a la violencia como método para dirimir sus diferencias, más allá de que estén, o no, vinculados al crimen organizado, revitalizando una tradición proveniente de la etapa del partido hegemónico, que aparentemente se había reducido. De los 25 políticos asesinados, 9 pertenecían al PRI, 5 a MORENA, 4 al PRD, 3 al PAN, 2 al PVEM, y uno a Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.

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Bajas capacidades institucionales, corrupción e impunidad: crisis de las instituciones de seguridad y justicia

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El cuadro que hemos mostrado hasta ahora se complementa con las bajas capacidades institucionales, la corrupción y la crisis que viven las instituciones de seguridad y justicia en Veracruz. Desde los tiempos en que predominaba el PRI como partido hegemónico, tanto la procuración como la impartición de justicia, fueron consideradas espacios para la colocación de cómplices que pudieran obtener una renta, dando lugar a una corrupción sistémica y a un abandono en sus instalaciones y la asignación de presupuesto. Esto no cambió con la llegada de la coalición PAN-PRD en 2016, ni con el ascenso de MORENA en 2018. Los magistrados y jueces se siguen nombrando a partir de cuotas entre los partidos y criterios de lealtad política, antes que con base en la carrera judicial y la honorabilidad. El número de agencias del ministerio público por 100 mil habitantes es de apenas 2.6, cuando el promedio nacional es de 3.9. Entretanto, el número de policías ministeriales es de 0.6, mientras que el promedio nacional es de 14.8. El número de peritos es de 4.1 por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio nacional es de 9.7. El número de jueces por cada 100 mil habitantes es de 4.2, mientras que el promedio nacional es de 4.5 (México Evalúa, 2021: 47-49).  Con presupuestos raquíticos, sin equipamiento para investigación, por ejemplo, en pruebas de ADN para identificar los cientos de cadáveres localizados en las fosas clandestinas, además de la corrupción, la preservación de prácticas como la tortura, y la captura por el crimen organizado, la Fiscalía de Veracruz y el poder judicial han caído en un estado de descomposición que será muy difícil de revertir en el mediano plazo. La actual titular de la Fiscalía General del Estado fue impuesta de manera ilegal por el gobierno de MORENA, destituyendo al anterior fiscal un órgano del congreso que no tenía facultades para ello. En el poder judicial, los diputados de la mayoría morenista en el congreso acordaron destituir mediante juicio político a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia que meses antes habían impuesto ellos mismos, acusada de corrupción y tráfico de influencias, señalando ella a su vez al gobernador y al secretario de gobierno de que le querían imponer una conducta omisa ante malos manejos que había hecho el anterior presidente del Tribunal Superior de Justicia. En el índice de Estado de derecho realizado por World Justice Project, Veracruz aparece en el lugar número 29 en lo que corresponde a justicia civil y a justicia penal (World Justice Project, 2022). El índice de impunidad, de acuerdo con la evaluación hecha al nuevo sistema de justicia penal es de 99.8 (México Evalúa, 2020: 114), es decir, nos encontramos ante una autoridad estatal totalmente incapaz de garantizar el derecho de acceso a la justicia.

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Por otra parte, los abusos policiales, lejos de reducirse, se han incrementado durante el gobierno de MORENA, incluyendo prácticas como el asesinato de detenidos, ejecuciones, participación en desapariciones, la tortura y la falsificación de pruebas (Andrade Guevara, 2021). La inclusión del delito “Ultrajes a la autoridad” en el Código Penal del Estado, ha servido para que los policías detengan indiscriminadamente a cuanto ciudadano quieran extorsionar, o para perseguir a adversarios políticos del partido en el poder. A pesar de que hay una resolución de la corte respecto a la inconstitucionalidad de ese delito, el Congreso del Estado no ha derogado la disposición correspondiente, ni ha liberado a muchos detenidos acusados por esa causa. Respecto al caso de una mujer detenida por la fiscalía de Veracruz, a quien acusan de haber perpetrado el homicidio de la rectora de una universidad privada, y sostiene que fue violada, vejada y le violaron todos los derechos relacionados con el debido proceso, además de mostrar evidencia de que al momento del delito se encontraba a más de 350 kilómetros de distancia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo una investigación y emitió la recomendación 51 VG/2022 en la que sostiene que se le deben reparar sus derechos a la quejosa, además de castigar a los responsables; sin embargo, la fiscalía se negó a acatar la recomendación, y fue apoyada firmemente por el gobernador. Por otra parte, frente a los reclamos realizados por los colectivos de madres de desaparecidos, el gobierno de MORENA ha sido indiferente, negándose incluso a recibirlos.

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En suma, la expansión de los grupos de la delincuencia organizada de mayor o menor tamaño, el resurgimiento de métodos violentos entre los cacicazgos políticos para dirimir sus disputas políticas, el vínculo de miembros de la clase política con estos grupos, en un entorno de crisis económica, de falta de capacidades institucionales y de corrupción de las instituciones judiciales, así como de una proclividad por actuar al margen del Estado de derecho que ha caracterizado a los últimos gobiernos, son factores que han contribuido al incremento de la violencia en Veracruz, particularmente de la violencia política. Lamentablemente, no se vislumbra que en el futuro este escenario vaya a cambiar, ya que no se observa ninguna intención por parte del gobierno actual para aceptar la gravedad del problema de la violencia, ni la necesidad de contar con un diagnóstico y una estrategia para pacificar a Veracruz. Su preocupación está centrada en ganar las próximas elecciones, y consideran que para eso basta con mantener e incrementar el número de beneficiarios de sus programas de apoyos en efectivo. El incremento de la violencia, el feminicidio, las desapariciones, el asesinato de periodistas, el acceso a la salud y los problemas estructurales como la falta de crecimiento económico, el empobrecimiento y la falta de acceso a la justicia, pueden esperar.

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Referencias:

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