En este contexto, es necesario impulsar el desarrollo económica en los estados del país que implique generar, a partir del crecimiento económico, las condiciones necesarias para avanzar de manera certera en el progreso que por definición está vinculado a la infraestructura social como capital físico, al bienestar individual y colectivo, bajo la mediación de todos los actores sociales, políticos y económicos, regionales yfederales, en donde la participación del Estado es fundamental y necesaria para hacer viable y alcanzable el desarrollo social. 

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El desempeño del Estado, más allá de las ideologías, debe estar condicionado a conducirse como el gran equilibrador y rector de una política económica que permita alcanzar el desarrollo económico y social que son determinantes del comportamiento de toda la economía, expuesto en el Producto Interno Bruto (PIB). 

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Sin embargo, a la luz de la realidad actual, es evidente que el desempeño de la economía no ha sido suficiente para alcanzar el desarrollo y el crecimiento económicos necesarios, pues al igual que en el pasado reciente, desde el inicio de la actual Administración no hay una directriz que indique el rumbo, a pesar de que un intento de ello se depositó en el Plan Nacional de Desarrollo, el cual terminó siendo más un documento de propaganda política, que una propuesta de planeación del desarrollo del país. 

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Una secuela de ello es el hecho de que México sea un país altamente desigual, no sólo en cuanto a la distribución del ingreso y la riqueza en general, sino a las marcadas y notables diferencias regionales que existen, pues hay algunas zonas del país que han logrado un extraordinario crecimiento en los planos económico, político, social, ambiental y tecnológico, mientras que en otras son una dinámica moderada y en unas más en las que, por décadas, se mantienen estancadas. 

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Lo anterior se explica porque el actual desarrollo regional es resultado del impulso económico desigual de la actividad productiva en los estados del país, quizá como resultado de la centralización, la distorsión territorial de los procesos económicos, el gran rezago regional y un grave desequilibrio social que por hoy limita la aplicación de políticas de desarrollo más armónicas y acordes con el potencial de las distintas escalas productivas existentes en el territorio nacional. 

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Esos desequilibrios del desarrollo presentan una marcada expresión territorial entre regiones ganadoras y perdedoras, debido a las ventajas y desventajas acumuladas a lo largo del tiempo y a la indolencia histórica de los diferentes gobiernos en turno, incluidos los de las últimas dos décadas, en las que es factible percibir que dichos desequilibrios se han acentuado, además, porque el gobierno federal ha invertido menos de 2% del PIB en el desarrollo de infraestructura física por casi 30 años. Esto ha provocado que las brechas se hayan agrandado, entre otras cosas, porque en otras regiones del país, más prósperas, ha habido inversión privada que ha compensado los bajos niveles de inversión pública y ha potencializado el desarrollo. 

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Por ejemplo, con base en los datos del Indicador de Actividad Económica Estatal, al cierre de 2021, la zona norte de la República registra una fuerte presencia de la industria manufacturera, que ha significado un singular crecimiento económico de esa región. Es también el caso de la zona del Bajío, que se distingue por un dinamismo manufacturero y por su moderno sector agropecuario. 

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En contraste, el sur y algunos estados del oriente del país se distinguen por su atraso. Es el caso de entidades como Chiapas, Oaxaca y Guerrero que tradicionalmente han estado a la zaga en cuanto a crecimiento, en nivel de ingreso y, lamentablemente, mantienen una baja participación económica reflejo de una exclusión histórica de los procesos de desarrollo, de la política económica interna y a una franca desarticulación de los mercados regionales, lo que dificulta la integración y el fortalecimiento de las regiones más atrasadas más allá de las subvenciones gubernamentales que el Estado mexicano aplica tradicionalmente desde el centro para fomentar el desarrollo. Pasa lo mismo con Veracruz, Tabasco y Campeche, que no han logrado recuperarse del declive petrolero que viene de hace ya casi dos décadas. También es preciso mencionar que el centro de la República, a pesar de ser considerado un motor de la actividad económica dinámica, también resiente atrasos. 

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Al respecto, la estadística es más precisa. El INEGI en su Informe sobre los  Resultados del Producto Interno Bruto por entidad federativa (PIBE) 2020, detalla  que 12 entidades federativas aportaron de manera conjunta el 69.8% del PIB nominal nacional, estas fueron Ciudad de México (15.8%), Estado de México(9.1%), Nuevo León (8.0%), Jalisco (7.3%), Veracruz (4.5%), Guanajuato (4.3%), Baja California (3.7%), Coahuila (3.6%), Chihuahua (3.6%), Sonora (3.6), Puebla (3.2%) y Tamaulipas (3.1%). Cabe señalar que los primeros 4 estados aportan el 40.2% del PIB nominal total que sumó 21,884.0 mil millones de pesos. 

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De entre los estados que reportaron decrementos en su PIB, sobresalieron por una  mayor disminución real Quintana Roo (-24.1%), Baja California Sur (-23.5%),  Tlaxcala (-12.1%), Nayarit (-11.45), Coahuila (-11.4%), Yucatán (-7.9), Campeche  (-6.6) y Chiapas (-4.2). 

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Esos desequilibrios económicos regionales en inversión, productividad y  crecimiento económico, junto con la expresión de éstos en rezago social, no pueden ser corregidos sólo por el mercado, puesto que exigen la presencia del Estado mediante políticas de desarrollo regional acordes con la dinámica del conjunto de laeconomía nacional, incorporando otras variables fundamentales como la competitividad y el desarrollo tecnológico con un enfoque territorial integral e incluyente, que contemple factores como la política económica, la inversión, el medio ambiente, las demandas sociales y la recuperación del ingreso, entre otros. 

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No obstante, si lo anteriormente enunciado sería un estímulo para aprovechar las ventajas potenciales con que cuentan las regiones, lo cierto es que los programas de gobierno se guían no por el imperativo económico, sino por el de la reivindicación político-social de grupos y áreas geográficas del país, sobre todo las que destacan por su condición de pobreza extrema, lo cual es legítimo, pero mantiene las actualescondiciones de rezago. 

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Frente a ese panorama, varias son las voces y los diagnósticos que desde los ámbitos privado, académico y de la sociedad civil han sugerido que para lograr un desarrollo dinámico, incluyente y sostenido, solo será posible con un gobierno en el que exista un equilibrio real entre poderes federales y estatales; de un pacto fiscal renovado que anule la poca autonomía fiscal y alta dependencia que los estados tienen de las transferencias federales [pues el 82% de los ingresos estatales provienen de dichas transferencias que, en total ascienden a $2,108,869.1 millones de pesos para ejercer en este año, incluso con cierta discrecionalidad, lo que provoca que los estados sean omisos para responder a problemas locales demanera focalizada y ágil]; que se revierta el actual centralismo, que en la práctica es disfuncional y costoso; y de un plan articulador que incluya las ventajas regionales reales como factor de equilibrio entre recursos, población y territorio. 

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Si bien lo anterior es un escenario deseable y alejado de las buenas intenciones políticas para romper con las asimetrías territoriales, con las simulaciones y con la  falta de reciprocidades entre el gobierno federal y los de estados y municipios, un  factor que inhibe la actividad social y económica regional es la violencia, que ha  escalado a niveles inusitados, puesto que no hay lugar en el país en donde no  operen la delincuencia y el crimen organizado, incluido el narcotráfico, a tal grado  que la violencia y la inseguridad relacionadas con las actividades criminales se  traduce en delitos de alto impacto contra los habitantes y las comunidades del país. 

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Lo notable es que, en los últimos años, el crimen organizado se ha extendido y, al  mismo tiempo, diversificado la comisión de delitos, lo que hace que sus acciones y  penetración en varios estados del país escalen en la métrica y ponderación de su  actuar por parte de las autoridades encargadas de combatir esa problemática. Baste  citar que en el Programa de Política de Drogas (PPD), el Centro de Investigación y  Docencia Económicas (CIDE) documentó al menos 150 cárteles y células  delincuenciales, entre los que destacan los cárteles Jalisco Nueva Generación,  Sinaloa, Golfo, Noreste y la Nueva Familia Michoacana, que operan en el país, y  que se destacan por sus alianzas, rivalidades y el tipo de actividades ilícitas que  realizan. 

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Es tal la presencia de los grupos criminales, que las dinámicas económicas y  sociales han sido trastocadas por éstos, lo que ha configurado una realidad cruda  que presenta diferentes matices, colores y rasgos que no se agotan sólo en la presentación de datos, sino que es preciso recodificar para entender cómo su  operación a lo largo y ancho de la República incide en los procesos ascendentes de la pobreza, la desigualdad del ingreso, en las actividades productivas y, en  consecuencia, en el mínimo crecimiento económico de los estados.

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Al respecto, el INEGI señala que la inseguridad y la violencia en México en el 2020  costó a la población 277 mil 600 millones de pesos, en daños materiales, pérdidas  económicas y gastos en salud, cifra que es el equivalente al 1.85% del PIB de ese  mismo año. También es pertinente citar que de acuerdo con el Índice de Paz México  2022, que elabora el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), el impacto de la  violencia en la economía mexicana en 2021 ascendió a 4.92 billones de pesos o  243 mil millones de dólares, equivalente al 20.8% del PIB, lo que implica una  afectación grave a la economía y un impacto per cápita de aproximadamente  $38,000 (1,875 dólares) por cada mexicana y mexicano.  

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No obstante, los agravios a una sociedad herida parecen no inmutar a las  autoridades que han sido rebasadas por el crimen y buscan justificaciones para  eludir su responsabilidad, por lo que la impunidad junto a la inseguridad y la  violencia son un trinomio que marcó ya el cuerpo social del país colocando a los  ciudadanos ante un panorama desolador en donde hay una ausencia latente: la  justicia. 

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Ello revela que el problema de la violencia en el país parece no importarle a quienes  deben tomar decisiones trascendentes, y en su lugar privilegian la politiquería  rupestre que toma distancia de las auténticas causas sociales, pues para muchos  representantes de la clase política su obsesión se encuentra en las próximas  elecciones. 

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También, denota una falta de empatía de parte de la clase política hacia sus  gobernados, para quienes el peso de una realidad en la que prima la violencia y la  inseguridad no existe voluntad política ni propuestas de índole legislativo para  prevenir y combatirlas; los políticos van por lo suyo, es decir por una porción de  poder. 

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Ante este ambiente es necesario cambiar la estrategia por una en dónde  predominen los temas urgentes con propuestas de solución concretas y viables en  el corto plazo; crear un ambiente de diálogo para sumar las mejores propuestas y  principalmente no fomentar el odio ni la polarización, sino la empatía y la solidaridad  entre los mexicanos. Ello precisa de un proceso de reconciliación nacional, cuyo  tránsito pasa por la recomposición del tejido social, elemento indispensable para  lograr la gobernabilidad y el bienestar. 

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En ese contexto es importante que la sociedad mexicana se organice y retome el  control y su capacidad de incidencia en la agenda del futuro inmediato del país para  coadyuvar en la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y crecimiento  económico. Ello exige un amplio consenso en torno a los objetivos que se desea  para poder enfrentar los retos del desarrollo del presente, como el cambio climático,  las migraciones, el crimen organizado, las adicciones, la pobreza, las desigualdades  y las asimetrías persistentes entre los estados de la Nación, que son de tal magnitud que para superarlos se requiere la participación de todos los sectores sociales y de  quienes detentan el poder público y económico en el país.