2.  Perspectivas de la reforma electoral
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Reforma Electoral: una propuesta polémica y peligrosa

 
Arturo Sánchez Gutiérrez

Profesor Investigador de la Escuela de Gobierno. Tecnológico de Monterrey

 

 

 

Entre 1977 y 2014 México experimentó un largo proceso de transición de a la democracia, acompañado por un conjunto de reformas electorales que paulatinamente permitieron, no solo la alternancia en todos los niveles de gobierno en el país, sino convertirnos en un ejemplo mundial de acceso gradual a la implementación de prácticas democráticas. A diferencia de otras naciones, la apertura a la democracia fue producto de la construcción de consensos, sin requerir de cambios violentos o grandes situaciones conflictivas que interrumpieran la estabilidad política del país. El secreto del éxito fue la permanente búsqueda del consenso entre las fuerzas políticas para realizar los cambios. La oposición siempre fue el actor principal en los procesos de reforma, pues elección tras elección se buscó mejores condiciones para la competencia partidista, mayor autonomía e independencia de las autoridades electorales y el fortalecimiento de un sistema de partidos sólido, con acceso a instancias jurisdiccionales para hacer valer sus derechos ante posibles equívocos de la autoridad electoral.

Por primera vez, es el propio gobierno el que impulsa una reforma electoral, a pesar de haber ganado con las reglas existentes la Presidencia de la República y la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión en 2018. También, por primera vez, el Presidente de la República envía una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que evidentemente no cuenta con el consenso de las fuerzas políticas del país, ni los votos suficientes para hacer realidad su propuesta. El tema no es menor: avanzamos deliberadamente a una confrontación más en el Congreso, a un debate para resolver sobre propuestas fuera de una verdadera lógica transformadora y a la necesidad de un análisis que elimine los verdaderos peligros para nuestra democracia, que se esconden entre las líneas de la propuesta.

Al enviar al Congreso una reforma de esta naturaleza, se hace evidente que el gobierno optó por establecer las propuestas y su visión de las cosas, antes que negociar. Además, los tiempos son muy breves para la construcción de consensos sobre una reforma de gran calado como la que se propone. Se trata de la refundación del sistema electoral mexicano en su conjunto. La propuesta incluye temas que en un mismo proyecto transforma: (1) Todas las autoridades electorales, su conformación, atribuciones y funcionamiento, administrativas y jurisdiccionales; (2) El sistema de representación política en el país, tanto en el Congreso de la Unión, como en las legislaturas locales y la integración de los municipios; (3) Las condiciones de competencia de los partidos políticos al modificar su modelo de financiamiento y los términos de su acceso a los medios de comunicación; (4) Los procedimientos electorales, al proponer la votación electrónica como una nueva opción; y (5) una miscelánea de temas como establecer que la consulta popular será válida si participa el 33% de las personas inscritas en el listado nominal, y no el 40% como se establece hoy.

 

Las motivaciones de la iniciativa

La motivación para proponer hoy una reforma de tal magnitud tiene que ver con la concepción del Presidente sobre la situación actual de la democracia mexicana. Basta leer la exposición de motivos de la iniciativa para entender que parte de premisas muy parciales en la visión del México de hoy. Al referirse a los objetivos de la reforma, el presidente considera que es necesario construir un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad, con autoridades honestas e imparciales. En realidad, dados los resultados en las elecciones recientes, locales y federales, la alternancia se ha convertido en la tónica tanto en las entidades de la República como en las elecciones federales. Difícilmente escenarios de ese tipo serían posibles si las autoridades estuvieran cargadas en uno u otro sentido, o que no se respetara el voto de la ciudadanía. La aseveración presidencial pone en duda los triunfos de su propio partido en las diferentes arenas. Al mismo tiempo, cuando se motiva la unificación de las autoridades electorales en un solo organismo para desaparecer a los institutos estatales electorales, se afirma que “En los últimos años, los actos de estas autoridades se han caracterizado por su falta de apego a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad que son propios de la función electoral” y ejemplifica tales despropósitos con el comportamiento del INE y del TEPJF durante el proceso de revocación de mandato. Una vez más la percepción presidencial carece de objetividad y la autoridad electoral goza de un buen prestigio ante la ciudadanía.

En otra parte de su argumentación, el Presidente describe la estructura del INE, de sus órganos centrales y los desconcentrados, de las comisiones y órganos de vigilancia que establece la ley. El Presidente concluye que “Además de esta compleja estructura, existen comisiones permanentes y temporales, comités y grupos de trabajo del Consejo General, que hacen del INE un organismo autónomo grande, burocrático y marcadamente ineficiente para cumplir su principal labor: garantizar elecciones libres, auténticas y democráticas”. Por eso se propone: “…eliminar los distritos electorales y con éstos la estructura electoral distrital. El nuevo INEC se conformará con órganos temporales y auxiliares…” Lo que se no se menciona es que esa propuesta mina el centro neurálgico de la capacidad y experiencia del INE para organizar las elecciones en cada rincón del país, al igual que su capacidad de entregar la credencial para votar con fotografía en cada distrito a los ciudadanos que lo soliciten. Son justamente los órganos distritales del INE los que permanentemente actúan para garantizar el buen cumplimiento de los fines institucionales. Tal como se lee de la propuesta, acabar con los órganos distritales del INE implicaría acabar también con una parte fundamental del Servicio Profesional Electoral, que son los funcionarios que conforman la estructura electoral distrital del INE.

Destaca entre los objetivos de la iniciativa de reforma constitucional el relativo a la nueva conformación del INE: “Conformar un solo mecanismo electoral nacional con instituciones administrativas y judicial única, bajo el principio de la austeridad republicana”. Sin duda, establecer los criterios de austeridad es una necesidad para todo ejercicio del gasto público, en especial ante situaciones de inflación y dificultades económicas. Sin embargo, la austeridad en la democracia no puede sustituir la necesidad de conocimiento, experiencia, técnica y organización. Cualquier propuesta de austeridad sería bienvenida, en especial si se suma a una cabal rendición de cuentas. El problema es que se propone la austeridad como la desaparición de órganos electorales y reducción del número de los consejeros electorales, sin que se garantice contar con los recursos para organizar elecciones con la calidad a la que nos tiene acostumbrados el INE. Sería desastroso que ocurrieran, en una elección federal como la presidencial, situaciones similares a la Revocación de Mandato, cuando se le otorgaron al INE nuevas obligaciones y atribuciones, y no se aportó un solo peso para que realizara su trabajo. A pesar de que las cosas salieron bien, las condiciones no fueron las mejores: menos casillas de las que establece la ley, boletas impresas sin las medidas de seguridad acostumbradas, etcétera.

 

El debate que viene

Desde el día que se presentó la propuesta de reforma constitucional, la oposición manifestó su desacuerdo con sus contenidos. Con todo, PRI, PAN y PRD anunciaron que presentarían sus propias iniciativas de cambio. Sin duda, es necesario establecer nuevas reformas, después de las tres elecciones federales ocurridas entre 2014 (año de la última reforma electoral) y el día de hoy. El problema es que se parte de premisas diferentes y contrapuestas. Desaparecer al INE no parece ser una opción válida ni técnica ni popularmente; por más que se insista en el presunto carácter corrupto y parcial de los actuales consejeros(as) y su Presidente. Sustituir al INE con el pretendido Instituto Nacional de Elecciones y Consultas no parece justificarse tampoco. Pareciera que, en efecto, solo se busca sustituir a los consejeros actuales y tratar de ahorrar $20,000 millones de pesos. Un problema adicional es que se parte de la desconfianza (una vez más) entre los partidos de oposición y el gobierno. La propuesta presidencial llega en un momento de fuerte tensión entre Morena, el Presidente López Obrador y la oposición, debido al desencuentro ocurrido por el rechazo a la iniciativa para reformar la industria eléctrica. Hoy se buscan los votos de la oposición al mismo tiempo que se les acusa de traidores a la Patria y “vendepatrias”.

 

En ese contexto las posibilidades de diálogo parecen restringidas. El Presidente de la República puso sobre la mesa una propuesta de gran calado que incluye temas fundacionales de un sistema electoral integral para el país. En el fondo del debate subyace una distinción entre la democracia representativa y la necesidad de incluir nuevos elementos de democracia participativa en nuestro sistema. Pero si ese es el caso, llama la atención que no se propongan mecanismos, por ejemplo, para facilitar la participación de candidatos independientes, o agilizar la realización de consultas populares. Solo se propone nombrar, mediante elección abierta a consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral. Por otra parte, en lugar de fortalecer el sistema federal, con mayor autonomía para la toma de decisiones en los estados, se propone eliminar a los OPLEs y a los tribunales electorales locales, y se incide en la soberanía de los estados al imponerles criterios para determinar el tamaño de sus congresos locales y la integración de sus cabildos.

 

Por todas estas razones, el debate que se aproxima entre los legisladores será muy complejo y en un ambiente difícil. Una vez más se anunció que se buscará ampliar el diálogo y promover experiencias de parlamento abierto para escuchar los puntos de vista y opiniones de diferentes actores. Con todo, la experiencia del debate sobre la reforma constitucional para la industria eléctrica no aportó verdaderos cambios y los resultados están a la vista. Nuestra democracia y la democracia en el mundo atraviesa por tiempos difíciles y se requiere de una reflexión profunda para consolidar sus valores. Lo mismo ocurre con la capacidad de representación de los partidos políticos. De ahí la necesidad de elevar el debate para realizar propuestas que defiendan los avances logrados, fortalezcan las instituciones existentes y abran nuevos espacios de participación y construcción de consensos. La reforma propuesta, como se ha visto hasta ahora, generó encono, debate y rechazo. Aún es tiempo de rectificar y de construir las bases de la reforma que, en efecto, necesita el país, sin que la motivación sea el descrédito a la institucionalidad, el ataque a las personas y la austeridad irracional, sin proyección a futuro. Hoy es urgente eliminar los riesgos contra la democracia que se esconden en las propuestas presentadas. Si la 4T busca permanecer en el poder, deberá de hacerlo por la vía de elecciones limpias, creíbles y organizadas por un órgano en el que confiemos. Nuestro Congreso de la Unión, las legislaturas locales y los ayuntamientos deberán incorporar a todas las fuerzas que, por pequeñas que sean, tengan los votos para merecerlo, en un estricto respeto al pacto federal. Romper estos principios atentaría contra la historia de muchos años en los que se construyeron las prácticas democráticas (perfectibles) que hoy son ejemplo mundial. No hay proyecto de gobierno que justifique poner en peligro los avances democráticos para trasladarnos a sistemas de hegemonías partidistas y autoridades electorales manipulables.