4.  Las crisis en América Central
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La persecución de los constructores del Estado de Derecho en Guatemala

Édgar Gutiérrez

Excanciller de Guatemala

 

 

En un artículo publicado por Brújula Ciudadana 134 (Guatemala: graves retrocesos en la lucha contra la corrupción) propuse un itinerario que describe las etapas por las que atravesó el sistema de justicia entre 2015 hasta 2021. Desde los sorprendentes logros obtenidos entre 2015 y 2018 en la identificación y desmantelamiento de poderosas redes de corrupción y crimen, que incluyeron el procesamiento de altos funcionarios de los tres poderes del Estado y poderosos dueños de corporaciones, hasta el desmantelamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y de su legado institucional, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

Mi conclusión fue: Los retrocesos en la lucha contra la corrupción en Guatemala han ido de la mano de regresiones democráticas: los periodistas están bajo ataque del régimen, igual que los jueces y defensores de los derechos humanos. Son hostigados desde las redes sociales por estructuras anónimas financiadas por el gobierno y también empleando ilegalmente recursos penales, pero también agresivos. Hay casi 25 magistrados, jueces y fiscales procurando asilo, otros diez encarcelados en Guatemala injustamente, y varios periodistas y defensores de derechos humanos exiliándose. Claramente el país va en una deriva autoritaria, igual que otros en Centroamérica, como Nicaragua y El Salvador.

Este nuevo texto actualiza el serio proceso de deterioro del orden jurídico de la República, el derrumbe deliberado de sus instituciones y las amenazas crecientes contra las libertades civiles y políticas en lo que va de 2022, aunque aún no aborda la polémica disignación de Fiscal General que está en curso y que en los próximos días decantará muchas posiciones en la sociedad y en la comunidad internacional respecto del régimen del presidente Alejandro Giammattei.

 
El sistema jurídico ahora persigue a sus mejores hijos

Durante el convulso siglo XX, desde Guatemala llegó a México una serie de oleadas de exiliados políticos. Los perseguidos por el dictador Estrada Cabrera (1899-1920), los expulsados directamente o indirectamente por el general Jorge Ubico (1930-1944), los que saltaron la frontera y decenas que se refugiaron en la sede diplomática de México en la ciudad de Guatemala, hasta obtener salvoconducto, tras el golpe de Estado contra Jacobo Árbenz en 1954. Y otras tres olas de exiliados durante la larga guerra interna: los de la década de 1960, los de la década de 1970 y los de la década de 1980.

Eran políticos, intelectuales y artistas destacados, algunos militares, disidentes de las dictaduras. En las últimas décadas del siglo XX eran también políticos, intelectuales y artistas, además de estudiantes, sindicalistas y líderes campesinos, pero también insurgentes. En la década de 1980 hubo por primera vez el fenómeno del refugio: cerca de 200 mil indígenas campesinos que literalmente lograban escapar de las bayonetas del Ejército guatemalteco se refugiaron en varios estados de la Península de Yucatán, principalmente en Chiapas.

Tras la apertura democrática que inició en 1985 y la firma de los Acuerdos de Paz de 1996, vivir forzosamente fuera de Guatemala parecía una condición ya superada por la evolución del régimen político. Hasta que los operadores de justicia comenzaron a hacer su trabajo independiente de los grupos de poder -institucionales y fácticos, legales e ilegales, tradicionales y emergentes. Hacer funcionar el Estado de Derecho como lo establece la Constitución resultó insoportable para el estatus quo.

La persecución penal contra operadores de justicia y abogados independientes empezó tras el término del periodo de la fiscal general Thelma Aldana (2014-2018). Ella misma abandonó el país y buscó asilo en Estados Unidos. Bajo su mandato ocurrió la “revolución de la justicia” en Guatemala, con la cooperación de la CICIG. El reconocimiento del pueblo despertó el interés de varios grupos reformistas, recién formados, de proponerle una carrera política. Su alta aceptación en las encuestas de opinión pública la convirtió en una amenaza mucho más grave para el estatus quo.

A principios de 2021 la magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras también emigró a Estados Unidos, pues a pesar de haber sido designada como magistrada titular de la CC para el periodo 2021-2026 por parte del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos (USAC, pública), la Junta Directiva del Congreso de la República, dominada por la alianza oficialista que encabeza el presidente Alejandro Giammattei (2019-2024), se negó a juramentarla y perdió derecho de antejuicio. El 29 marzo pasado la CC ordenó a la repetir la designación de la magistrada titular de esa Corte, Gloria Porras. Los juristas más respetados del país opinan que la CC de Giammattei ha cometido un grave rompimiento del principio de “jerarquía constitucional”, que quiere decir que el desconocimiento de la magistrada Gloria Porras viola la Constitución que la Corte debe proteger.

A mediados del mismo año el fiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval, siguió el mismo camino tras su irregular destitución como jefe de la FECI, y al menos 13 fiscales más de esa fiscalía se han exiliado. En febrero de 2022 fueron capturadas Leily Santizo (ex mandataria de la CICIG), Siomara Sosa (ex fiscal de la FECI) y Virginia Laparra (ex responsable de FECI Quetzaltenango, la segunda ciudad del país); además, se emitió órdenes de captura contra otros 4 fiscales de la FECI: Willy Racanac López, Paola Mishelle Escobar, Rudy Herrera y Aliss Noemí Morán. También en febrero de 2022 la Corte Suprema de Justicia retiró el derecho de antejuicio del juez Pablo Xitimul y los separó del cargo. El juez Xitimul había dictado sentencias condenatorias contra altos mandos militares por casos de graves violaciones de los derechos humanos ocurridos durante el enfrentamiento armado interno. A inicios de marzo la emblemática jueza anticorrupción, Erika Aifán, también quedó a un paso de perder su inmunidad.

 

Aislamiento internacional

La sistemática persecución de operadores de justicia, que hicieron parte de los constructores del Estado de Derecho a partir de 2015 (23 ex jueces y ex fiscales en el exilio y diez perseguidos en Guatemala), provocó que el 8 de marzo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Prince emitiera un pronunciamiento en el que subrayaba que el gobierno de Estados Unidos “está profundamente preocupado por los continuos y descarados ataques de la Fiscal General Consuelo Porras contra el sistema de justicia mediante arrestos y detenciones por motivos políticos de servidores públicos actuales y anteriores que luchan contra la corrupción”.

Ese mismo día la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destacó en su informe de 2021, en el capítulo sobre Guatemala, que 103 defensores de los derechos humanos han sufrido ataques y que diez de ellos fueron asesinados y registró 33 incidentes (hostigamientos legales, amenazas, obstrucción a las fuentes de información y otros) contra periodistas. Bachelet concluyó que en Guatemala “los espacios cívicos continúan reduciéndose (mediante) acciones que socavan el Estado de Derecho y la independencia judicial”. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, también expresó su preocupación por la persecución de fiscales y jueces.

Estas declaraciones y actos simbólicos, como el acompañamiento del embajador de Estados Unidos, William Popp a la jueza Erika Aifán en su segunda audiencia a puerta cerrada con el juez pesquisidor, el miércoles 9 de marzo, habrían seguido acumulando tensiones entre el régimen guatemalteco y la comunidad internacional. Pero esa misma tarde hubo un catalizador, un evento que comenzará a modificar las relaciones bilaterales. La patronal tradicional, Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) emitió un comunicado en el que, en resumen, condena la acción del embajador Popp: “La presencia de diplomáticos en la sala del tribunal (esa mañana, y el único fue el embajador de Estados Unidos), durante el curso de una audiencia, es un acto que puede interpretarse como una coacción al juez”.

Dos días después, el influyente Consejo y Sociedad de las Américas, un conglomerado de transnacionales interesadas en invertir en Centroamérica, anunció que suspendía su reunión programada en Guatemala el 30 de marzo. El comunicado del Consejo no explicita el motivo, pero enfatiza que trabaja en sociedades y mercados abiertos donde se respetan las reglas del Estado de Derecho y la democracia. Hasta el 8 de marzo el Consejo y las cámaras empresariales guatemaltecas estuvieron trabajando activamente en los preparativos del encuentro.

El 15 de marzo el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, ofreció una entrevista al director del Diálogo Interamericano, que fue sintonizada a través de las redes sociales en Guatemala. Nichols expresó que “el embajador Popp tiene el apoyo total del presidente (Biden) y del secretario (Blinken)”. Y agregó: “En cuanto a CACIF, seguimos revisando… sanciones que… estamos dispuestos a utilizar cuando estén justificadas y sea oportuno… Hay algunas fuerzas en el sector privado de la región que no están trabajando para eliminar la corrupción…”

El presidente Giammattei volvió a participar en la relación tensa que, hasta ahora, solo él y algunos oficiales del gobierno sostenían con la administración del presidente Biden. En un acto celebrado en el Palacio de la Cultura con grupos conservadores y días después en declaraciones al Americano Media criticó: “Vienen embajadores y se presentan en las Cortes a intimidar a los jueces para que no le abran procesos a determinadas personas. Es una clara violación de las Convenciones (sic) de Viena.” Horas antes, en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia denunció que “me han amenazado (una nación poderosa) por todas las formas habidas y por haber, pero no van a poder doblegarnos”.

Con la Semana Santa y Semana de Pascua, vino la contra ola internacional. El 7 de abril el Parlamento Europeo expresó su preocupación por el “deterioro” del Estado de Derecho y el acoso contra líderes civiles y periodistas; además, criticó a los magistrados de la Corte Suprema y a la fiscal Consuelo Porras por las acciones judiciales contra jueces, abogados y fiscales que “persiguen estructuras delictivas vinculadas a altos cargos del Estado y a propietarios de empresas”.

El lunes 11 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluyó a Guatemala en el Capítulo IV (donde están Venezuela, Nicaragua, Cuba y El Salvador). Esto significa que constató graves violaciones de los derechos civiles y políticos en este país. El martes 12 se conoció el lapidario informe del Departamento de Estado sobre la situación de derechos humanos en 2021. Su conclusión es que la impunidad siguió siendo generalizada, que los esfuerzos concertados entre actores del crimen organizado y políticos corruptos para socavar instituciones anticorrupción y el poder judicial, dificultaron la investigación y enjuiciamiento de graves delitos, incluida la corrupción.

Hacía unos 40 años que Washington no empleaba un lenguaje tan directo. Y, como en aquel entonces, los márgenes de maniobra internacional del régimen siguen siendo pobres. Con dos diferencias que empeoran el escenario:  El embargo de armas que ordenó en noviembre de 1977 el expresidente Jimmy Carter pudo haber estado alimentado por la inquietud de sus socios ingleses de que, para distraer la atención interna, el gobierno de Kjell Laugerud García decidiera una invasión de Belice. No obstante, el régimen guatemalteco era aliado de Estados Unidos en la Guerra Fría, por eso Washington alentó maneras para que otros socios -también parias, como la Argentina del golpista Rafael Videla, la Sudáfrica del apartheid, la Taiwán bloqueada por China y el Israel asediado por el mundo árabe, siempre, por la cuestión Palestina- suplieran la asistencia al Ejército en inteligencia, tecnología y armas para derrotar la guerrilla.

Hoy el régimen de Giammattei no tiene un solo hilo de alianza estratégica con la administración Biden. El recurso de lanzarse a los brazos de China y Rusia le saldría como tiro por la culata. Giammattei no tiene la popularidad de Bukele (ésta es inversamente proporcional) ni los amigos de los Ortega-Murillo y de Maduro labrados durante décadas. Al combinar la declaración del Parlamento con el informe del DOS, aparece la película completa de cómo nos están viendo: El problema de Guatemala es la coalición de crimen organizado, gobernantes corruptos y empresarios con cola machucada que perdieron el horizonte.

 

Asedio contra jueces independientes

La persecución penal contra los constructores del Estado de derecho se concentró en la ex fiscal, Virginia Laparra, encargada de la FECI en Quetzaltenango. Ha permanecido más de dos mes en prisión preventiva a pesar de los reiterados informes médicos sobre la fragilidad de su salud física y mental. El juez a cargo del caso, Sergio Mena retrasa sistemáticamente las audiencias mientras se mantiene reserva sobre el caso (la misma que el 28 de marzo el encargado de la FECI, Rafael Curruchiche ha pedido extensión para los casos de las ex fiscales Siomara Sosa y Leily Santizo).

La razón que trasciende tras la persecución de Laparra es que ella pidió investigación administrativa contra el ex juez de Quetzaltenango, Lesther Castellanos (elegido por el Congreso el 21 de marzo como relator titular de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura) por haber solicitado expedientes de un caso -sin ser parte- y filtrarlas a Omar Barrios, asesor legal del Presidente y frustrado magistrado titular para la CC por la USAC, donde fue designada Gloria Porras, cuya designación, como se dijo, fue anulada el 29 de marzo por la CC. Fue Castellanos quien denunció penalmente a la exfiscal Laparra y se opone a que le dicten medidas sustitutivas.

La jueza Erika Aifán ha buscado asilo en Estados Unidos, tras la segunda audiencia ante el juez pesquisidor Roaldo Isaías Chávez, quien le negó audiencia pública en la presentación de pruebas de descargo. Aifán denunció infructuosamente conflictos de intereses en el proceso en su contra: el juez pesquisidor es Secretario del Instituto de Magistrados que interpuso la demanda en su contra y siete de los doce magistrados de la Corte Suprema que debían resolver sobre su derecho de antejuicio -incluyendo la presidenta Silvia Valdez- están implicados en casos que estaban bajo su jurisdicción.

Dos semanas después de que la jueza Aifán salió del país con permiso de trabajo anunció su renuncia por amenazas y hostigamiento. Ella enfrenta más de cien procesos penales, cerca de 75 denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial y 30 antejuicios. Bajo su jurisdicción estaban al menos diez expedientes de alto impacto: Construcción y Corrupción I y II, Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero, Odebrecht, Operación Lavado de Activos, Financiamiento FCN (que implica a seis de los más poderosos empresarios), Comisiones Paralelas 2014 y 2020 (en lo que están sindicadas altas autoridades de los tres poderes del Estado), Los Huistas (cartel del narcotráfico con operadores políticos en el Congreso), Asalto al Ministerio de Salud, Financiamiento Unionista, Sobornos al Presidente Alejandro Giammattei y Filtración del Despacho de la Fiscal General Consuelo Porras. Suman más de 90 personas sindicadas.

El 16 de marzo el pleno de magistrados de la Corte Suprema suspendió al juez Pablo Xitumul debido a que la misma Corte le había retirado la inmunidad el 9 de febrero. Xitimul dictó sentencias en varios casos de justicia transicional, y fue quien condenó en 2018 a 15 años de prisión a la exvicepresidenta Roxana Baldetti por el caso conocido como Agua Mágica, y a Marvin Montiel, “El Taquero”, un narcotraficante que en 2008 ordenó asesinar a 15 nicaragüenses y un neerlandés que viajaban en un autobús de ruta centroamericana. El caso contra el juez Xitumul se sustenta en una acusación de un Inspector de la PNC quien lo acusó de haber impedido inspeccionar su automóvil en febrero de 2019, cuando el operador de justicia gozaba de inmunidad.

En menos de un año, 19 fiscales que conocían casos de alto impacto desde hace cinco años y más han renunciado de la FECI o han sido removidos. Los ocurridos durante el periodo de monitoreo son tres:

a) Ha sido trasladada la fiscal auxiliar Katherine Amanda Barrios Cardona de la FECI, quien llevaba el expediente de investigación que vincula al presidente Giammattei en el caso de construcción de una carretera que conduce a una finca de propiedad de su familia en Sacatepéquez. Ella también conoce el caso del Insivumeh, que vincula al diputado Jorge García, su primer círculo familiar y a exfuncionarios en la adjudicación irregular de nueve contratos que suman Q 28 millones (USD 3.6 millones). La explicación oficial del traslado fue “por razones de servicio”.

b) El 14 de marzo fue trasladado de agencia el fiscal auxiliar Luis Pablo Sajcabún. Él llevaba el caso de presunto soborno ruso para el arrendamiento de un terreno en Santo Tomás de Castilla a una empresa de capital ruso (segundo cambio de fiscal auxiliar). Sajcabún también llevaba el caso de supuesto arrendamiento irregular del edificio del Instituto de la Víctima que dirige la exdiputada Alejandra Carrillo, aliado del oficialismo, muy cercana al diputado Felipe Alejos.

c) El 24 de marzo fue nombrada como encargada de la estratégica Unidad de Métodos Especiales (UME) en el MP la fiscal María José Reynoso, exencargada del caso Filtración de Información del Despacho de la Fiscal General. Semanas antes la exjueza Erika Aifán había ordenado la investigación de Reynoso por obstrucción de justicia (nunca envió la información del caso a su juzgado), desobediencia y asociación ilícita. La UME fue creada en 2008 para realizar intercepciones telefónicas, como parte de un acuerdo entre el MP, Mingob y CICIG, en consonancia con la Ley contra la Delincuencia Organizada.