1. Las batallas del Ejecutivo federal más recientes
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PRESENTACIÓN

 

Elio Villaseñor Gómez

Director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C.

El éxito de un país está determinado por lo que su  sociedad y su gobierno son capaces de planear, prever y decidir .

El México que queremos, visión 2030.

México se encuentra a la mitad de un sexenio en el que tienen lugar acontecimientos  políticos que obligan a una profunda reflexión, dado que la principal acción gubernamental  desplegada en el ámbito de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ha derivado en  los grandes cambios administrativos, jurídicos y constitucionales que han tomado la forma  que el Jefe del Ejecutivo en turno proyectó desde el inicio de su mandato.

Además, existe el objetivo irrenunciable del Jefe del Ejecutivo de concluir sus grandes  obras emblemáticas -el aeropuerto internacional Felipe Ángeles en la base aérea militar  de Santa Lucía, la refinería en Dos Bocas, en Tabasco, y el Tren Maya, todas envueltas  en una intensa polémica-, con el agregado de que el Legislativo -en concreto los  legisladores de su partido el MORENA- avale sus importantes reformas constitucionales:  la eléctrica, la electoral y la de la Guardia Nacional para que ese cuerpo pase a formar  parte del Ejército. La primera de éstas fue frenada en el Congreso y las otras dos podrían  correr la misma suerte.

También existen otras vías de legitimación que el mismo Presidente de la República  impulsa, como lo fue la reciente consulta de revocación de mandato que perseguía justo lo contrario de lo que sugiere el nombre: una confirmación de López Obrador en la  primera magistratura, así como reivindicar su proyecto de transformación ante sus seguidores y militantes, propósito que logró con la reserva que revelaría un análisis más  escrupuloso de los resultados arrojados por ese ejercicio.

Sin embargo, lo que habría que subrayar es que la tarea del gobierno no ha logrado  hacer converger su proyecto político con el de un cambio cualitativo para la sociedad a la  que durante su campaña y en lo que va de su gestión ha prometido dar solución a los problemas estructurales existentes en el país, que siguen siendo los mismos de hace  décadas, que ahora parecen más agravados si se revisa, aunque sea someramente, la  información y los datos duros en torno de problemáticas como la impunidad, la inseguridad, el desempleo, los rezagos educativos, la pobreza extrema y la desigualdad y,  por supuesto, la corrupción.

Por ejemplo, la inseguridad golpea un día sí y otro también a la sociedad, con una realidad que nos muestra diversas expresiones de actos criminales consumados a lo largo  y lo ancho del país, como las matanzas, la incertidumbre que desata el pánico, regiones  copadas por el crimen organizado que le roba la tranquilidad a las personas y amenaza la  convivencia social.

Es un signo que altera la normalidad social que no se debe soslayar dada la alta  incidencia delictiva, pues la realidad sin maquillaje ofrece escenarios de una sociedad  lacerada, tal como lo publicó el INEGI en su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), la cual reveló que, tan solo en marzo de este año, un 66.2% de la población de 18 años y más (6 de cada 10 personas, en promedio) consideró que es inseguro vivir en su ciudad, con el agravante de que la percepción de inseguridad es mayor entre las mujeres (71.1% a nivel nacional) que entre los hombres (60.4%).

En cuanto a homicidios dolosos, las cifras apuntan a más de 110 mil en lo que va de la  actual Administración, de acuerdo con el informe “Crimen organizado y violencia en México”, de la organización Justice in Mexico, divulgado en enero de este año. No sin  dejar de citar los más de 30 periodistas asesinados entre el 2003 y el 2021.

Es un panorama desalentador que no se logra matizar bajo la mirada que arroja el “Índice  Global de Crimen Organizado 2021”, de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado  Transnacional, que sitúa a México como el país con el mercado criminal más grande del  mundo y la cuarta nación más afectada por la criminalidad que atenta directamente contra  las personas en diversas formas como los asesinatos, el secuestro, la trata de personas y  las desapariciones.

Y es precisamente el de las desapariciones el que más lastima a la sociedad por la  tragedia que significa el que un ser querido “desaparezca”. Al respecto, tras su visita a  México en noviembre de 2021, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU  publicó en un informe (el pasado 12 de abril) que los responsables del crecimiento de las  desapariciones forzadas en México son los servidores públicos, tanto del ámbito federal,  estatal y municipal, como el crimen organizado, al que considera perpetrador central de  esas desapariciones.

Los datos del texto son contundentes, pues el Comité concluye que las desapariciones  forzadas son “una situación o cuestión generalizada” e indica que del 2006 al 26 de  noviembre de 2021 el número de personas registradas que fueron víctimas de ese delito  ascendía a 95 mil 121 personas. La mayoría de éstas son hombres de 15 a 40 años,  aunque advierte una creciente tendencia a la desaparición de niñas y niños a partir de los  12 años, incluidos los defensores de derechos humanos, los y las adolescentes y las mujeres. De estas últimas se trataría de “desapariciones” que tendrían como objeto  ocultar la violencia sexual, el feminicidio, la trata y la explotación sexual. Datos del  Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional  de Búsqueda, dependiente de la Secretaría de Gobernación, revelan que del año 2000 a  marzo de 2022 hay más de 22 mil mujeres y niñas desaparecidas y no localizadas en el  país.

Como se ve, el de la inseguridad expone un panorama más que preocupante, en el que la  justicia se observa como utopía porque el desencanto cunde y la percepción de la  realidad es deprimente, debido a que la impotencia social hace tiempo se instaló como  “normal” ante el peso de la impunidad que, como subraya ese organismo, favorece la  reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas.

Otra asignatura en la que el rezago es palpable es el empleo que, de acuerdo con  reportes del IMSS, al cierre de marzo existen 21 millones 5 mil 852 puestos de trabajo (86.6% permanentes y 13.4% eventuales), registrándose en los últimos 12 meses una  variación de 980 mil 143 nuevos empleos. Sin embargo, a pesar de que son datos  positivos, éstos no logran cubrir la demanda de plazas de trabajo, pues de acuerdo con  datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOE), el número  de mexicanos con alguna ocupación llegó a 56 millones 59 mil en febrero de 2022. Pero el  dato que llama la atención es que un total de 30.6 millones de mexicanos trabajan en la  economía informal, representando el 54.6% de la población total ocupada en el país. Ello,  sin contar a los 2 millones 178 mil que se encuentra sin trabajar y que estuvo buscando  una oportunidad laboral, así como al millón 295 mil 157 de hombres y las 883 mil 667  mujeres desocupadas.

Por otra parte, si bien el gobierno federal destina cuantiosos recursos para mantener  vigentes los diferentes programas sociales que ha implementado, resulta contradictoria la  decisión de suprimir (el pasado 1° de marzo) el Programa de Escuelas de Tiempo  Completo que, de acuerdo con datos de la SEP, estaba comprobado que beneficiaba a

casi 4 millones de alumnos en todo el país, en especial entre los de zonas indígenas y  poblaciones vulnerables. 

En lo inmediato la secuela es de incertidumbre sobre la permanencia de las escuelas bajo  esta modalidad de jornada ampliada, pues será evidente un rezago escolar entre los  estudiantes afectados, además de problemas económicos de las familias de éstos, sobre  todo de las madres trabajadoras, por la falta de apoyo educativo e institucional, puesto  que -como la misma dependencia comprobó- los planteles bajo esa categoría brindaban  alimentos y mejoras en el aprendizaje, lo que era un estímulo para frenar la desigualdad y  la deserción escolar de un sector de la población más desfavorecido.

 

Ello ha causado disgusto social, magisterial y académico, similar al que emergió al inicio  del actual gobierno que desapareció las instancias infantiles y los programas de  protección a las mujeres. Además, no se debe omitir que la embestida del gobierno federal contra la educación es de mayor magnitud contra el saber y el conocimiento, pues también apunta contra las universidades, desprecia a los especialistas y persigue a  investigadores de primer nivel.

No menos desastroso es el panorama que se observa en el sector salud, en donde es  persistente la falta de medicamentos y la debida atención con profesionalismo hacia quienes acuden a solicitar una consulta en instituciones de salud públicas.

Es un estado de cosas grave en ese sector desde que inició el actual gobierno, pues con  la desaparición del Seguro Popular y la puesta en operación del Instituto de Salud para el  Bienestar (Insabi), aproximadamente 37.5 millones de mexicanos quedaron sin seguridad  social. Además, a 25 meses de que comenzó a operar el Insabi, ahora con el IMSS Bienestar se pretende garantizar la prestación gratuita de servicios de salud y  medicamentos a las personas sin seguridad social en el país, con la apuesta tardía de  hacer realidad el derecho constitucional a la salud de los mexicanos, bajo un esquema  con el que se busca resolver cuestiones esenciales y restaurar las determinaciones  básicas de la prevención en materia de salud.

Son algunos ejemplos que explican la actual realidad de millones de mexicanos que  atestiguan como cada vez es más notoria la distancia abismal entre su exigencia para que  se atiendan sus prioridades de sobrevivencia, de tener un entorno más seguro y de la  búsqueda de alternativas para lograr una vida digna, y la narrativa de algunos políticos  para quienes solo existe una prioridad: la siguiente elección y sus posibilidades de triunfo  electoral para hacerse de una porción de un poder cada vez sea más mermado.

Ese virtual choque de visiones en el espacio público, con seguridad hará más complicado colocar en la agenda pública el interés de la gran mayoría de los habitantes del país, algo  que podrá ser aún más complejo y difícil de concretar porque muy probablemente viene la parte más ingrata del sexenio, y porque hasta ahora las argucias políticas que con  frecuencia ha utilizado el gobierno de culpar a las Administraciones anteriores y simultáneamente prometer un mejor futuro, ya no alcanzan para justificar la falta de  gobernabilidad y el desgaste que ya acusa.

En ese plano, nos encontramos ante el dilema de que persista un ambiente de  confrontación por demás estéril, de un lenguaje cargado de calificativos y adjetivos que  refuerzan el código maniqueo de “estás conmigo o contra mí”, como si los intereses y  preocupaciones de la sociedad debieran alinearse en dos bandos; o de que, en otro  flanco, como ciudadanos comprometidos trabajemos desde ahora en la búsqueda de  soluciones en un entorno que sume esfuerzos y solidaridad para enfrentar los desafíos de  nuestro país desde lo local, lo regional y lo nacional, con el fin de recuperar gran parte de  la vida social y política, que vaya más allá de la voluntad y de los intereses personales a los que las leyes les son estorbos innecesarios, a pesar de que en este sexenio se reitera  la máxima de que “Al margen de la ley nada, por encima de la ley, nadie”.

Desgraciadamente, la realidad es muy terca y para la sociedad no hay margen suficiente  para buscar soluciones en los estados de ánimo, puesto que lo que se necesita es tener  una actitud inteligente y con altas de miras para leer y recodificar nuestra realidad y dar pasos ciertos de solución, en el conocimiento de que la muletilla de los “otros datos” no  alcanza ni es útil para enfrentar dicha realidad, puesto que los rezagos y los problemas  estructurales en México no se resolverán por decreto. Como sociedad debemos vigorizar  la política auténtica que articule grandes acuerdos que tengan como base la civilidad y la  legalidad, así como el respaldo, la confianza y el aval de la ciudadanía.

Con esa premisa es preciso atisbar que los tiempos en el corto y el largo plazos no son  alentadores, sobre todo por un entorno internacional de reacomodo geopolítico, por la  guerra que tiene lugar en Oriente medio y por la incertidumbre económica, política, social  y de salud que no acaba por la pandemia. De ahí la urgencia de que en México aflore la  visión de Estado con objetivos nacionales para un país diverso y complejo, que se anclen en el acuerdo social amplio y los cauces de la ley.

En ese marco, es preciso seguir trabajando para que nuestro papel como ciudadanos no  nos defina el hecho de tener una credencial electoral, sino que el ser actores de la vida  pública nos impele a influir e incidir en el rumbo de las políticas públicas, con el propósito  de refrendar en los hechos que no somos súbditos de los gobernantes ni sometidos por  aquellos que no aceptan la pluralidad y que son magnánimos con quienes comparten el  código del poder.

Son momentos de definiciones y como ciudadanos debemos imponernos y exigir a  nuestros gobernantes que cumplan su papel de servidores públicos. Por ello, el poder  ciudadano tiene la gran tarea de colocar en la agenda nacional la narrativa de las  necesidades ciudadanas más inmediatas como una prioridad a discutir y encontrar  soluciones consensadas en el espacio público. El gran objetivo es anular la narrativa  actual y los grandes vacíos que se llenan de artificios argumentativos atestados de  demagogia.

Es el momento de demandar que el Estado haga su parte en su responsabilidad de  generar las condiciones para recuperar los espacios públicos en los que el diálogo sea la  llave que permita avanzar por los rieles del consenso para restaurar el tejido social y el  quehacer en la vida pública; para construir políticas públicas que se constituyan como  auténticas fortalezas para alcanzar una realidad diferente a la actual.

Como ciudadanía, estamos en condición de exigir también a los actores políticos que  dejen de lado la diatriba y la mezquindad para optar por la construcción de acuerdos que  abonen a la gobernabilidad y al bien común, con el objetivo de evitar un daño mayor a la  población y al país. Es cuestión de ordenar las prioridades. Y ello, por definición, requiere  acuerdos amplios.