2.  Perspectivas de la reforma electoral
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Discusiones coyunturales sobre la estructura electoral en tiempos de incertidumbre

 
Daniel Tacher

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo

 

 

 

Cuando se habla de sistemas electorales, desde la Ciencia Política, nos referimos a los procedimientos técnicos para asignar espacios de representación con la votación emitida. Esto puede parecer una obviedad: quien obtenga más votos en una elección gana la elección. Sin embargo, es un tanto más complejo cuando se trata de observar los efectos que la asignación de estos espacios tiene y lo que sucede con los votos de las opciones políticas no ganadoras.

Transformar los votos en representación implica considerar qué tipo de representación se busca, cómo se piensa la relación de los poderes que se conforman a partir de su elección. Así, en términos generales, se suele hablar de que existen dos tipos de sistemas básicos: los sistemas de mayoría y los sistemas de representación proporcional. Dos tipos de sistemas básicos que aceptan adecuaciones intermedias que denominamos sistemas mixtos o sistemas segmentados.

En general, señalamos que los sistemas de mayoría tienden a sobrerepresentar a las opciones ganadoras, es decir, el que gana aún con un voto más que el segundo lugar se lleva la representación completa. En cambio, los sistemas de representación proporcional buscan distribuir el poder en forma equitativa de acuerdo con la votación que obtienen los partidos, por ejemplo, si un partido obtiene el 15% de la votación le debería corresponder el 15% de los espacios de representación

 

Antecedentes sobre el sistema electoral y sus reformas

En México el sistema que se utilizó durante el Siglo XIX y hasta las últimas décadas del Siglo XX fue de mayoría. Esto significaba que el ganador de la elección (aunque fuera por un voto) ganaba la representación. Esta fórmula servía tanto para el ejecutivo como para el legislativo.

Con esta fórmula, durante el Siglo XX, se consolidó una estructura política de partido hegemónico. Este partido sirvió para que la clase gobernante tuviera una maquinaria política que legitimaba al poder por haber emanado de procesos electorales, aunque los procesos electorales no fueran transparentes, limpios o competitivos. En México las elecciones no cumplían su función democrática. Las elecciones eran rituales de legitimación del régimen, para ello se aseguraba el control de la organización del proceso, el control de los medios de comunicación, control del registro de electores y hasta del registro de partidos.

El poder hegemónico y no democrático se enfrentó a manifestaciones de diversa índole. La oposición al régimen no contaba con posibilidad de competir en los procesos electorales, por lo que solo quedaban las opciones fuera del sistema como la movilización social, incluso, la vía armada.

En 1976 el ritual de las elecciones mostró su desgaste absoluto. Sin oposición, el partido hegemónico, se presentó solo en la jornada electoral. La oposición simplemente dejó de ser comparsa del ritual. Era necesario adecuar las reglas, pues el escenario para quienes se oponían al régimen y deseaban su transformación era clara: las vías no institucionales.

Por ello, la reforma política de 1978 se ha considerado la reforma fundacional del proceso de transición democrática. En esta reforma se sentaron las bases de una nueva forma de representación política. Se incorporaron dos métodos para la elección de la Cámara de Diputados (mayoría relativa y representación proporcional) además de establecer un número fijo en la representación política, en ese momento 400 diputados. Con las reformas subsecuentes el número de diputaciones aumentó a 500 y de senadurías a 128.

En términos técnicos eso implicó establecer reglas para distribuir los distritos electorales. También implicó establecer fórmulas matemáticas para distribuir las diputaciones de representación proporcional entre los partidos que tuvieran derecho a ellas, lo que sumó un mínimo de votación requerida. Finalmente, como aspecto técnico, se estableció la forma en que se presentan las candidaturas: para los distritos de mayoría los candidatos se presentan en forma personal; para las candidaturas de representación proporcional los partidos elaboran listas que el elector no puede modificar.

En el transcurso de los siguientes 18 años se fueron realizando ajustes técnicos a estas reglas. Pero los más importantes fueron los políticos. Es decir, la transformación de las reglas para conformar el padrón electoral, la creación de una institución independiente del gobierno que organizara las elecciones, así como crear un sistema de resolución de impugnaciones por la vía jurisdiccional.

En 1996 la reforma política de la democratización del país fundó las bases para contar con elecciones competitivas. Estas bases permitieron, con ciertos ajustes, realizar elecciones en los siguientes 10 años.

El conflicto postelectoral de 2006 llevó a una nueva discusión sobre los procesos electorales. Su consecuencia fue la reforma de 2008. Esta reforma no tocó ningún elemento esencial del sistema electoral: se mantuvo un sistema mixto (representación proporcional y mayoría), sin cambios en la forma de distribuir los distritos electorales o la forma en que se presentan los candidatos.

La reforma de 2008 fue una reforma sobre aspectos que se encuentran alrededor de los procesos electorales. Fue una reforma que se centró en el modelo de comunicación política. Se prohibió toda forma de compra de espacios en radio o televisión, ni partidos, ni candidatos, ni ciudadanía en general pueden comprar espacios para hacer campaña. Se introdujeron mecanismos de fiscalización de recursos que dotaron de mayor fuerza a la autoridad electoral.

Finalmente, en 2014 una nueva reforma política se enfocó a materias que no fueron técnicas de sistema electoral, salvo que se elevó el porcentaje de votación requerida para acceder a la representación proporcional al 3%. El conjunto de los asuntos de esta reforma fue sobre las autoridades electorales. Se impulsó un régimen nacional de elecciones manteniendo autoridades locales como reconocimiento de las particularidades locales. Puede decirse que fue un reforzamiento de las reformas previas.

En conclusión, desde 1978 se sentaron las bases del sistema electoral mexicano. La reforma de 1996 consolidó ese sistema. Las reformas subsecuentes se enfocaron a aspectos relacionados con las autoridades electorales y sus funciones. Se puede observar que 44 años después nos encontramos con un sistema más o menos arraigado. Entonces, ¿qué hay que cambiar? Y ¿por qué?

 

La incertidumbre de la coyuntura actual ante una posible reforma

Nos encontramos en un momento de incertidumbre sobre una posible reforma político-electoral. Es incierta pues mucho se ha hablado de ella, pero nada se conoce realmente de sus objetivos, salvo aquellos que se enfocan a reducir la pluralidad política. El oficialismo mexicano ha presentado más de un centenar de iniciativas legislativas en los últimos 4 años. Iniciativas dispersas, diversas, del coro legislativo. En general, al estilo de la vieja cultura política mexicana, el oficialismo espera la iniciativa presidencial. Así la incertidumbre en la que debatimos sobre ideas expuestas en conferencias de prensa, pero nada reflexivas.

Sin duda el régimen de elecciones en México es mejorable. La experiencia nos ha mostrado diversos temas que se deben atender, principalmente señalaremos dos: la representación política y la integridad electoral.

Primero, en materia de representación política. La reforma política de 2014 abrió el camino para consolidar una democracia paritaria. Se estableció el principio constitucional de paridad. Ello ha implicado que se establezcan normas cada vez más específicas para lograr esta paridad. Hace falta legislar sobre ella. Es necesario establecer con claridad las reglas para que los partidos alternen el género sus candidaturas en cargos unipersonales. Se debe establecer que un partido que postuló a un hombre para una gubernatura en la elección anterior en la siguiente postule una mujer, y así consecuentemente.

En este mismo ámbito podemos observar las virtudes de la representación proporcional. Gracias a este sistema de asignación de representantes las minorías políticas partidarias han logrado tener voz en los Congresos (federal y de las entidades). Este medio es el idóneo para fortalecer la voz de grupos en desventaja y subrepresentados.

Se debe tomar como punto de partida la elección de 2021. Gracias a sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación[1] se estableció la obligación de emitir acciones afirmativas para cinco grupos de población en desventaja, discriminados y subrepresentados: comunidades y personas indígenas, personas con discapacidad, personas pertenecientes a la comunidad de la diversidad sexual, personas afrodescendientes y a la ciudadanía mexicana residente en el extranjero. En total los partidos políticos debieron postular y reservar 50 lugares en sus listas de candidaturas.

Como resultado de estos avances la Cámara de Diputaciones es, por primera vez, paritaria: 250 mujeres y 250 hombres. También 13% de la Cámara cuenta con representantes de los cinco grupos beneficiados por las acciones afirmativas.

En conclusión, si se reforman los aspectos relacionados con la representación proporcional estos no deben ser ni en el número, ni en lo técnico. Su reforma en todo caso es sociopolítica. Se debe establecer con claridad espacios reservados para los grupos en desventaja que se han identificado y, en su caso, analizar la incorporación de otros. La representación proporcional es el medio para lograr representación paritaria y representación consociativa.

En segundo lugar, las reformas que deberían estar en el debate son aquellas que garanticen la integridad de las elecciones. Tener elecciones frecuentes, competitivas, transparentes, es un piso. Se requieren procesos electorales íntegros. Procesos que erradiquen las malas prácticas y se sostengan en altos estándares internacionales.

Para ejemplo de malas prácticas simplemente hay que voltear a ver lo que sucedió en el proceso de revocación de mandato. En este proceso el oficialismo y el gobierno dieron muestras de todo lo que no debe hacerse.

En primer lugar, garantizar que la normatividad electoral no pueda modificarse. Si bien esa regla existe actualmente en la Constitución, en el proceso de revocación de mandato la mayoría en el congreso pretendió alterar la normativa estableciendo reglas para interpretar el significado de propaganda electoral. Esta modificación constituye una mala práctica que debe evitarse.

Es indispensable fortalecer los mecanismos de financiamiento indebido. Nuevamente, en el proceso revocatorio, la aparición “espontanea” de publicidad electoral que no es informada a la autoridad y que no es fiscalizada abre la puerta al uso indebido de dinero.

Se debe combatir toda forma de compra y coacción del voto. Otra vez, en el revocatorio, las denuncias constantes y los levantamientos demoscópicos demostraron el uso de programas sociales para presionar a la ciudadanía a votar en el proceso.

Finalmente, una mala práctica que lástima todo el proceso y en forma profunda a la sociedad son todos los tipos de violencia. En el caso de la Violencia Política en Razón de Género 34.29% de las mujeres señalaron temor a realizar una carrera política ante el riesgo de ser asesinadas[2].

Por otro lado, la participación del crimen organizado. La coacción al electorado, presiones y amenazas a candidatas y candidatos no es normal. No es democrático. En el proceso electoral anterior, entre el 7 de septiembre de 2020, hasta el 6 de junio, se registraron un total de 1,066 agresiones en contra de políticos y candidatos, que van desde amenazas e intimidaciones, hasta ataques, golpes, secuestros y homicidios. Al día de la jornada electoral 102 homicidios contra candidatos, sin contar familiares de las víctimas. Una tragedia.

 

En la discusión de una reforma político-electoral se deben cuidar todos aquellos aspectos que funcionan de nuestra democracia. Las autoridades electorales son un pilar central. Estas instituciones deben mantener su plena autonomía, debe garantizarse su actuar imparcial. Se debe fortalecer su profesionalización. Son temas que deben mejorar nunca ir en retroceso.

Pero los temas más importantes trascienden por mucho lo electoral. Son asuntos, por un lado, sociopolíticos. Asuntos que garanticen la representación de la diversidad social, que garanticen mayor y mejor rendición de cuentas de quienes se encuentran en los puestos de representación política. Son asuntos de inseguridad y violencia que por mucho están más allá de lo electoral.

Notas:

 

[1] Véase los juicios resueltos por la Sala Superior con las claves SUP-RAP-121/2020 y SUP-RAP-2021

[2] Véase página 51 de Serrano Oswaldo, S.E. (2022). “4. Análisis cuantitativo de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” en Instituto Nacional Electoral, Diseño de una metodología triangulada de indicadores cualitativos y cuantitativos, que evalúe la prevalencia de la VPCMRG en México y su impacto en el ejercicio de los derechos políticos de las candidatas a puestos de elección popular en el proceso electoral federal 2020-2021. Accesible en: https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/12/Resumen_ejecutivo_INE_revisiones_FINAL-8112021.pdf