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Las consecuencias de las derrotas de abril
Alberto J. Olvera
Universidad Veracruzana
El mes de abril trajo dos derrotas políticas consecutivas para el presidente López Obrador. En el referendo revocatorio -reconvertido en ratificatorio como herramienta de legitimación de una fase de radicalización del gobierno(1), AMLO no obtuvo la respuesta que esperaba y quedaron en evidencia los límites político-electorales de su aparato político. Una semana después, a pesar de las absurdas maniobras de Morena para forzar la votación sobre la reforma constitucional en materia de electricidad en plena semana santa, una oposición unida y sorprendentemente disciplinada impidió que la coalición gobernante lograra la mayoría calificada, bloqueando así una iniciativa legal en la que el presidente había puesto mucha energía política. La reacción de AMLO a la derrota ha sido furiosa, escalando la polarización a niveles no vistos en años pasados. El riesgo de radicalización autoritaria asoma claramente, como lo demuestran los discursos que la dirección formal de Morena ha emitido en el mitin del 23 de abril en CDMX, donde propusieron someter a juicio político por traición a la patria a todos los diputados que votaron contra la reforma eléctrica.
Los resultados del referendo revocatorio
Vayamos por partes. A pesar de poner a todo el aparato de Estado a movilizar votantes - usando el expertise priísta que sustenta las prácticas de Morena-, en el referendo no se obtuvieron los votos que AMLO consideraba necesarios como piso mínimo para obligar al congreso y a la Suprema Corte a aprobar sus propuestas más drásticas. Al parecer esa cifra andaba cerca de los 20 millones de votos, que sólo eran obtenibles si las clases medias urbanas del occidente y norte del país hubieran puesto aun alguna esperanza en AMLO, tal como lo hicieron en las elecciones presidenciales de 2018. 16.5 millones de personas votaron esta vez (17.7% del padrón), de las cuales poco más de 15 millones votaron por la ratificación. Pero la geografía y composición del voto demuestra que Morena es ya, como lo fue el PRD, un partido asentado en el sur profundo, y cuyas bases son las clientelas de la política de reparto de subsidios y sectores de clases medias bajas que encuentran en AMLO una vía de manifestación de su descontento con su condición de precariedad y exclusión. Según la encuesta de salida de El Financiero, casi la mitad de los votantes fueron mayores de 50 años, y dos tercios de ellos se identificaron como simpatizantes de Morena. En otras palabras, en el referéndum se expresó el voto duro del grupo gobernante.
Por regiones destacan Tabasco y Chiapas, estados favorecidos por el gobierno, que tuvieron una participación electoral increíblemente alta (36% y 27.8%), y muy cerca estuvieron otros estados con fuerte tradición rural, importante descentralización y altas proporciones de su población recibiendo subsidios (Veracruz, 26.88%, Tlaxcala, 24.9%, Guerrero, 24.4%, Oaxaca, 23.6%). En cambio, los estados del norte tuvieron una participación promedio de entre 10 y 15%. La CDMX, a pesar de la movilización total del gobierno de la ciudad, no llegó al 20%, lo cual ratifica que la capital ha dejado de ser la principal base electoral de Morena.
Que la apuesta de AMLO era grande lo demuestra el hecho de que todo su gobierno y Morena como partido decidieron violar la ley electoral impunemente, promoviendo en forma abierta el voto en su peculiar interpretación del referendo y usando con descaro las estructuras de gobierno para movilizar votantes. Contra esa apuesta hay que evaluar los resultados. Si Morena como partido obtuvo alrededor del 34% del voto en 2018 y en 2021, en 2022 su votación quedó por debajo de esos estándares, aun con la ayuda que le hayan podido prestar los partidos Verde y del Trabajo.
La oposición olió sangre rápidamente, por lo cual, envalentonada, plantó cara a AMLO en la votación de la Reforma Eléctrica. La apuesta de AMLO era cooptar al PRI, de hecho absorberlo por completo mediante una táctica combinada de zanahoria y garrote. Embajadas para exgobernadores y perdón para los ladrones y corruptos si cooperaban con la causa, por un lado, y procesos penales, cárcel y abusos para los indisciplinados y/o inservibles. La extrema falta de valoración de la ley que el presidente ha exhibido desde siempre le permitía decidir en solitario la suerte de cada político (a) que se interponía en el camino. Es por ello que personajes siniestros, provenientes de los bajos fondos del mundo legal, como Julio Scherer Jr. y el Fiscal Gertz Manero han sido los compañeros de viaje principalísimos de un presidente que se dice transformador y protagonista de una gesta histórica. Ciertamente, el pleito entre los dos jefes de bandos mafiosos del mundillo legal ayudó a desarmar el tinglado que chantajeaba a los políticos priístas y a darles un margen de libertad del cual no habían gozado en los tres años previos. El PRI decidió que las amenazas de AMLO ya no eran creíbles y que oponerse era mejor camino para su supervivencia que su subordinación.
Así, aun sin tener programa, ni liderazgos, ni plan de acción, la oposición partidaria en su totalidad optó por primera vez por unirse contra AMLO en la votación de la reforma eléctrica. La derrota parlamentaria fue matizada por la no derrota (que no victoria) en la Suprema Corte de Justicia en días previos, que al no declarar inconstitucional lo esencial de las leyes en materia eléctrica que AMLO hizo aprobar en el congreso hace casi dos años abrió un espacio de maniobra que le permitirá al gobierno imponer una parte de su agenda en el sector. Pero el futuro de las otras reformas centrales para AMLO (la electoral y la de la Guardia Nacional) no es muy promisorio. La reforma electoral no le conviene, en primer lugar, a los aliados de AMLO en el congreso: los partidos Verde y del Trabajo, que viven de las bancas de representación proporcional, las que el presidente plantea reducir a la mitad. La elección popular de los consejeros electorales es inaceptable para todos, pues equivaldría, en las actuales circunstancias, a darle al gobierno el control directo del órgano electoral. La reducción de presupuesto a los partidos no será aceptable ni siquiera para Morena. Sobre la Guardia Nacional la cosa está más complicada, pues sumarla
legalmente al ejército, de la cual en verdad nunca se ha separado, equivaldría a constitucionalizar el desmedido poder que las Fuerzas Armadas han adquirido en el actual gobierno.
Las reacciones dentro del gobierno y su partido
De ahí que la reacción del presidente y de Morena a su derrota parlamentaria haya sido tan vitriólica. Denunciar como “traidores a la patria” a los diputados que votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica es llevar las cosas demasiado lejos. La amenaza de hacerles juicio político a esos diputados es absurda y viola la ley, pues los diputados están en ese cargo justamente para debatir y decidir libremente sobre el orden legal. Y por supuesto esta amenaza no tiene futuro, pues se requiere mayoría calificada para destituir a un representante popular.
La invocación del nacionalismo al estilo priísta del siglo pasado en este momento de la historia es además contradictoria con la aceptación explícita por parte del gobierno actual de la inevitabilidad de la integración de México al mercado norteamericano, e impracticable dado el orden legal que el propio AMLO aceptó en la renegociación del Tratado de Libre Comercio en 2019. Además, el gobierno se ha encargado de demostrar que su margen de autonomía frente a los Estados Unidos es mínimo, como Donald Trump acaba de recordar hace unos días al señalar la penosa subordinación de AMLO en el caso del control de la migración centroamericana en 2019, cuando México se convirtió en el “muro del sur” que tanto requería el presidente norteamericano.
Lo mismo puede decirse si observamos el cortejo del gobierno a la inversión extranjera en casi todos los mercados, con la excepción de las industrias petrolera y eléctrica. La ley que nacionaliza la explotación del litio es por ahora meramente simbólica, pues no sabemos aun cuanto de ese recurso mineral tenemos ni si hay capital público para explotarlo. Finalmente, ha sido la presión y los recursos de Estados Unidos lo que ha obligado a México a poner en práctica la reforma laboral que tal vez algún día democratice la vida sindical y haga públicos los contratos colectivos.
Tenemos por delante un periodo postelectoral muy conflictivo, pues el IFE y el Tribunal Electoral deberán procesar las múltiples y descaradas violaciones a la ley electoral cometidas por altos funcionarios de todos los niveles de gobierno y legisladores morenistas durante la fase previa a la votación del referendo. Este tema coincidirá en el tiempo con las campañas para elecciones de gobernador en varios estados, y con la probable presentación en el congreso de las otras iniciativas de reforma constitucional anunciadas por AMLO. El chantaje político a los legisladores de oposición mediante la acusación de traidores a la patria y la extensión de este calificativo a todo movimiento o persona que ose criticar al presidente es el clima en el que se producirán estos procesos.
La siguiente fase del Ejecutivo federal
Todo indica que el “referéndum ratificatorio” impulsado por AMLO era sólo el prólogo preparatorio de una fase de radicalización del gobierno en la que AMLO pretende pasar por encima de la resistencia de la oposición en el congreso y de la autonomía de la Suprema Corte para imponer su agenda y no rendir cuentas de sus actos.
Esa radicalización parece ser resultado de la desesperación que invade al presidente ante el fracaso relativo de sus megaproyectos y la imposibilidad de echar abajo las reformas neoliberales en materia energética por la vía legal. Es también una consecuencia de su desatención e incomprensión de las demandas del movimiento feminista, hoy atizado por la escalada de violencia contra las mujeres; del movimiento ambientalista, que señala el desastre que está causando la precipitada construcción del tren Maya; del movimiento de colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada, que atestigua la dramática continuidad de la impunidad y de la desaparición de personas. No está claro a donde conducirá esta radicalización, pues todo dependerá del grado y forma de la misma. Lo cierto es que el presidente se ha encerrado a sí mismo en una trampa de la que será difícil salir. Un salto hacia adelante, como los que suele hacer AMLO, abrirá una peligrosa vía al autoritarismo.
Referencias:
(1) Ver Olvera, A., “El referendo y la deriva autoritaria del régimen”, publicado en el Blog de Nexos el 09/04/2022, consultable en: https://redaccion.nexos.com.mx/el-referendo-y-la-deriva-autoritaria-del-regimen/
