El primer saldo que arroja la confrontación armada entre Rusia y Ucrania es que el  mundo no regresará a la época de la Guerra Fría, pero sin duda significará un mayor presupuesto para el armamentismo y menor inversión para el desarrollo. De  facto, la crisis de Ucrania y el involucramiento de otras naciones implicará un costo  humano, económico y político imponderable para todas las partes.

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Además, la guerra entre Rusia y Ucrania sin duda no sólo dará paso a una  reconfiguración geopolítica en Europa, también es previsible que refuerce la ya  existente alianza de Rusia y China, sobre todo porque la crisis ucrania emerge  como símbolo del nuevo orden mundial que buscan abanderar Xi Jinping y  Vladimir Putin. Ante ello, es de esperar que las naciones que integran la Unión  Europea sondeen nuevos caminos de seguridad de la zona euro, que sin “brújula  estratégica” y con su arquitectura de seguridad en manos de Estados Unidos y la  Organización del Atlántico Norte (OTAN), está mostrando que el escenario  internacional ha mutado profundamente. A la par, se habrá de atestiguar la  reformulación de una nueva agenda de la diplomacia y de las tendencias de  nuevos bloques ideológicos, que habrán de esbozar en el corto plazo la  orientación futura de la gobernanza global.

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En ese tenor, podrán confirmarse los escenarios que, desde el inicio de la guerra,  apuntan a que ésta infligió un golpe contundente a la confianza global y a la frágil  recuperación económica, que avanza hacia un período de incertidumbre y de crecientes presiones inflacionarias, cuyas repercusiones podrán ser cualquier cosa  menos transitorias.

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En términos económicos, la guerra de Rusia y Ucrania la resiente el mundo y,  evidentemente, México, al menos en una escalada de precios que, por el  momento, se refleja principalmente en los combustibles y algunos productos y  alimentos de primera necesidad. Por ejemplo, en el país, ante el encarecimiento  de los hidrocarburos, la Secretaría de Hacienda absorberá la totalidad del  Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (IEPS) que se aplica a los  combustibles, estímulo fiscal de carácter regresivo que podría producir en las  finanzas públicas un boquete estimado en 330 mil millones de pesos en 2022, si el  conflicto se prolonga en los próximos meses.

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¿Cuál es el problema inmediato de esto? Que se puede generar un déficit fiscal mayor, debido a que los recursos que no recaudará la hacienda pública por concepto de IEPS menguarán los ingresos del sector público. Tan sólo en enero  de 2022 se registró un déficit fiscal de 64 mil 533 millones de pesos, consecuencia de  ingresos totales por 701 mil 301 millones de pesos y de gastos que sumaron 765 mil 834 millones de pesos, que autoridades hacendarias citan como un monto 10.4  veces mayor al déficit que se registró en igual mes de 2021 y el más alto que se  ha reportado para un primer mes de año desde 2016, cuando ascendió a 51 mil  749 millones de pesos.

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Además, si bien México se encuentra todavía lejos de una inflación de doble  dígito, para uno de cada tres habitantes, el nivel de 7.3% de ese indicador a tasa anual  en febrero pasado ya puede ser considerado como ‘el impuesto de los pobres’ porque ya está dañando los bolsillos de quienes menos tienen, que cada vez más  ven reducir su poder de compra y la adquisición de los productos de la Canasta  Básica de Alimentaria.

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En esa línea, resulta falaz pensar que la guerra en Ucrania tendrá solo un impacto  económico y financiero menor a nivel mundial. Los tiempos que nos están tocando vivir en un eventual rebrote de la pandemia y una guerra que redefinirá la  geopolítica exigen ver nuestro presente y nuestro futuro con una mirada innovadora que trace nuevos caminos para solucionar los desafíos de la economía  nacional y la gobernanza en el país y en el plano global.

 

Sobre todo, cuando algunos sondeos, como el de la empresa Consulta Mitofsky  (17 de marzo de 2022) realizado en el país revela que un 75.9% de los mexicanos  percibe que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania afectará “mucho/algo” a  México. Y un 66% está muy preocupado por la afectación que este conflicto traerá  a sus vidas.

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De ahí que, para la clase política, la gobernante y la sociedad en su conjunto debe  quedar claro y desechar la especie de que la Nación es una isla y todo lo que se  registra en el exterior no nos afecta. Deben considerarse, desde ahora, las posibles  consecuencias económicas, políticas y sociales de lo que será un desenlace  histórico en la Europa Oriental, puesto que el conflicto bélico no será otro trance menor sin consecuencias globales y regionales, que muy probablemente se  traduzca en un nuevo orden económico y político internacional que ya está en  curso.

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Ante un escenario como el anterior, en nuestro país lo deseable es comenzar a  estructurar las medidas preventivas necesarias y no asumir la misma actitud con la  que la población y el gobierno encararon la pandemia por el SAR-CoV-2 que  rebasó y evidenció la fragilidad de nuestro sistema de salud, y relegó a un  segundo término la promoción de medidas de apoyo económico para inhibir las  consecuencias negativas sobre la capacidad del aparato productivo, las fuentes de  empleo, el ingreso de las familias y las condiciones de gobernabilidad del país.

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La lección y sus impactos ya los conocemos y los padecimos en carne propia.

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En ese marco, lo que se precisa como urgente en estos momentos es revisar no  solo los problemas, consecuencias y la factura que acarreará la guerra para todo el mundo, sino atisbar cuáles son las ventanas de oportunidades que se  pueden abrir para el país, con la finalidad de aprovecharlas para reconstruir sobre  bases sólidas nuestra economía y la presencia y la diplomacia del país en el  nuevo entorno internacional, pues de no hacerlo, México habrá de enfrentar los  costos, no solo políticos, sino también económicos y sociales que afectarán el crecimiento, la inversión y la participación de México en la toma de decisiones que  habrán de redefinir la futura interrelación entre las naciones del mundo.

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Debe reconocerse que la actual coyuntura perfila un escenario que obligará a volver  a las cuestiones esenciales y a las determinaciones básicas que marcarán el hoy y  el mañana del rumbo de nuestro país, a la vez que pondrá a prueba la capacidad  política y social para propiciar la convergencia de propuestas y políticas públicas  ante lo que debe ser ponderado ya como una emergencia, que exige de gobierno y sociedad en general, generar las condiciones propicias al desarrollo económico nacional y el bienestar común.

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La preocupación debe ser real y la realidad redimensionada, pues la superación  de los asuntos más atingentes en política y economía demanda la concertación de voluntades y la construcción de acuerdos en esos ámbitos, pero no sólo en el  ámbito cupular, sino también con la activa participación propositiva de la sociedad  organizada y la ciudadanía en general.

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En ese contexto, no se debe distraer a la sociedad y la atención de quienes la  conformamos con cuestiones distintas a la comprensión y evaluación de la  capacidad de las instituciones públicas para enfrentar la actual coyuntura y sus  consecuencias. El cambio de condiciones reclama no la revisión de los tiempos,

presencia o popularidad de los actores políticos, sino la articulación estructurada  de acuerdos que permitan revisar las condiciones internas del país para construir una agenda con metas comunes, que permita enfrentar los temas estructurales  más urgentes -impunidad, inseguridad, desempleo, rezagos educativos, pobreza  extrema y corrupción, entre los más persistentes en las últimas décadas- y que  sirva como ingrediente de un diálogo enfocado a definir y trazar las vías sobre las  cuales deberá transitar el futuro del país.

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La construcción de un nuevo paradigma nacional también exige de los actores  políticos dejar de lado la diatriba y la mezquindad y, en su lugar, optar por los acuerdos que abonen a la gobernabilidad, reconociendo que es legítima la  discrepancia, la disidencia y la pluralidad que caracterizan a un sistema

democrático que, por definición, debe privilegiar lo que actualmente se le  denomina como el bien común.

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Los actuales son tiempos de definiciones que no requieren de decretos con claros  propósitos políticos encaminados a disimular el tamaño de los desafíos y dilemas  actuales, puesto que lo que se requiere en la óptica de la sociedad organizada es  voluntad en principio, aplicación de la norma, desechar el desprecio por el Estado  de Derecho y vigorizar la política auténtica para modular los grandes acuerdos  nacionales para que éstos tengan como base la civilidad y la legalidad.