No había iniciado la administración y ya en el periodo de transición se dejaron ver algunas señales de lo que, probablemente, se convertiría en una de las más grandes decepciones o engaños (según se quiera ver). Dos hechos son una muestra de lo anterior. El primero fue el anuncio de la Guardia Nacional militarizada -justo el día que se declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Nacional- y la continuación de la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública; el segundo fue la negación de la reforma constitucional para la autonomía plena de la Fiscalía General de la República (FGR), bajo el argumento de que no habría reformas constitucionales. Irónicamente la nueva ley de la FGR se votó el mismo día que se votó en el Senado de la República la modificación al artículo 19 constitucional que amplió desmedida y peligrosamente la prisión preventiva oficiosa en nuestra Carta Magna, en contraposición a todo ordenamiento, estándar en materia de DDHH y contraviniendo todas las recomendaciones al Estado mexicano. Si hubo reforma constitucional, pero para violar DDHH, no para la autonomía de la FGR.

 

Las decisiones subsecuentes en materia de DDHH del gobierno de López Obrador llevaron a diferentes sectores del movimiento de DDHH a pasar, en un breve lapso de tiempo, de la sorpresa a la indignación, a la preocupación y, posteriormente, a expresar de diferentes maneras el rechazo a lo que sucedía y sucede.

 

Tal es el caso ante los constantes ataques y descalificaciones al movimiento feminista. El presidente, no conforme con calificar a este movimiento como conservador y con descalificarlo y señalarlo constantemente, en un lance extremo afirmó que el feminismo es una creación del neoliberalismo -así como la defensa del medio ambiente- inventado para distraer mientras se llevaba a cabo un saqueo. Esta agresiva narrativa ha sido acompañada del debilitamiento de la política pública y de la disminución de recursos en diversos programas cuyas destinatarias específicas eran mujeres en diferentes situaciones de riesgo, vulnerabilidad o precariedad. Lo anterior sin dejar de mencionar la preocupante situación en materia de violencia contra las mujeres. El caso extremo de ésta, los feminicidios, ha reportado un alarmante incremento y se mantiene en muy dramático número de casi 11 feminicidios al día.

 

En materia de medio ambiente la situación no es mejor. México encabeza, junto con Brasil y Colombia, la lista de los países con mayor número de personas defensoras de medio ambiente asesinadas en el Continente Americano. Las instituciones públicas encargadas de la protección del medio ambiente viven un proceso de debilitamiento y deterioro considerable. Tal es el caso de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) o la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), por mencionar algunas. Incluso se ha llegado al extremo de desaparecer entidades como el Instituto de Ecología. Adicionalmente, México ha cambiado radicalmente su posición con respecto al combate al cambio climático y se le ha ubicado ya internacionalmente en el bloque de países negacionistas. Hay que agregar la política energética de este gobierno, que insiste y promueve la generación de energía con base en combustibles fósiles, que fue duramente señalada y criticada en la última reunión de COP26 en Glasgow, Escocia. Hoy la política ambiental sufre graves retrocesos y lo avanzado en la defensa por el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra gravemente afectado y en retroceso.

 

La libertad de expresión vive uno de sus perores momentos, no sólo como consecuencia de la ya de por si dramática situación de violencia, que tiene a México como el peor país para el ejercicio del periodismo a nivel mundial tratándose de un país sin conflicto declarado. Este sexenio pasará a la historia como el de mayor número de periodistas asesinados. Tan sólo en los 2 primeros meses de 2022 han sido asesinados siete periodistas. Si bien es cierto que ésta es una dinámica que venía de administraciones anteriores, también es cierto que la impunidad estructural no sólo se ha continuado en la actual administración, sino que se ha incrementado. Adicionalmente a lo anterior hay que agregar los ataques que vienen desde las más altas estructuras del poder público. Las conferencias de prensa “mañaneras” del presidente son ahora uno de los espacios de ataque, estigmatización y señalamiento en contra de los periodistas que opinan distinto de él, que ejercen alguna crítica o que de plano cuestionan lo que sucede en la actual administración.

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El presidente contribuye al riesgo del ejercicio del periodismo y lo incrementa preocupantemente. A los insultos, descalificaciones, calumnias y excesos del presidente en contra de periodistas, comunicadores, analistas y/o medios de comunicación, le siguen andanadas de ataques (digitales e incluso físicos) de sus seguidores. El ataque en contra del Periodista Carlos Loret de Mola es un ejemplo del exceso. Prácticamente todas las organizaciones y organismos internacionales especializados en la materia y en DDHH han externado su consternación sobre lo que sucede en México en libertad de expresión. La Unión Europea, así como los gobiernos de Noruega, Suiza y Estados Unidos, entre otros, han hecho pública su consternación.

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Hoy los periodistas en México no sólo son víctimas de la violencia del crimen organizado, del narco o de funcionarios coludidos con ellos, sino que sufren los ataques que vienen del propio presidente, de altos funcionarios de su gobierno o de gobernadores de su partido que reproducen el modelo.

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La situación de las personas defensoras se encuentra también en una crítica situación, tanto por el número de homicidios cometidos en su contra, como por los ataques y amenazas que sufren, la gran mayoría impunemente. Al igual que en los casos anteriores el presidente ha encabezado ataques, señalamientos y calumnias en contra de personas defensoras y organizaciones de derechos humanos.

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En estos dos últimos casos referidos (periodistas y personas defensoras), hay que agregar el rebase y debilitamiento del mecanismo que por ley se instaló para su protección. Las respuestas de protección son, en no pocas ocasiones, tardías y claramente insuficientes. De manera grave se asesina a periodistas y personas defensoras bajo la protección del mecanismo. Y, por otro lado, la desaparición del fideicomiso público que daba sustento financiero al mismo ha venido a complicar aún más su operación. En contextos de riesgo y amenaza así como la situación de periodistas y sus familias desplazados, en muchos casos es dramática y con mínimos apoyos.

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Por otro lado, la problemática de las personas desaparecidas en México es de una extraordinaria gravedad. Como en otros temas, se trata de una dinámica heredada de sexenios anteriores, pero que en la actual administración está muy lejos de detenerse o solucionarse. Por el contrario, el fenómeno ha tomado ritmos de continuidad y crecimiento muy preocupantes en el actual gobierno. De seguir la tendencia, ésta será la administración con mayor número de personas desaparecidas.

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La crisis forense es aún mayor. Los esfuerzos realizados para la identificación de los cuerpos localizados, mayormente por colectivos de víctimas, son absolutamente insuficientes. Al paso que vamos tardaremos décadas tan sólo para reconocer los cuerpos de las personas hoy localizadas. Los recursos de la Comisión Nacional de Búsqueda son mínimos y su estructura y personal rayan en lo simbólico. Menos de 100 personas para atender una crisis de cerca de 100 mil personas desaparecidas reconocidas oficialmente. Los colectivos de víctimas han señalado de manera reiterada su sentimiento de abandono y soledad por este gobierno. La desaparición del fideicomiso creado para la atención de las víctimas, considerado por ellas como un logro importante, fue literalmente vivido como una traición.

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La problemática en materia migratoria enfrenta una de las peores crisis. México se ha constituido de facto en el muro que tanto promovió el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. El uso de las fuerzas armadas, la Guardia Nacional, cuerpos policiacos y el Instituto Nacional de Migración para la contención, detención y deportación de personas migrantes no tiene precedente. En México se están cometiendo graves y serias violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes. Graves abusos por acción u omisión se cometen en contra de mujeres, niños, niñas y hombres en situación de movilidad. La falta de atención, el abandono y el cambio de la política migratoria que lleva a trámites interminables y prolongados, da lugar a peligrosos sentimientos xenófobos que hacen de las fronteras sur y norte unos polvorines a punto de estallar ante la indiferencia e indolencia de los gobiernos federal y locales. Lo que sucede en Chiapas y en Baja California son ejemplos paradigmáticos de lo anterior. Esta situación se hace mucho peor cuando se insiste en una narrativa de defensa a las y los migrantes.  Lo que sucede es todo lo contrario.

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Problemáticas similares pasan con otros temas y sectores: pueblos indígenas a los que se les viola el derecho a la consulta ante megaobras; la severísima afectación al derecho a la salud, que durante la pandemia del COVID ha tenido saldos trágicos; el ejercicio de los derechos económicos y sociales, que igualmente se vieron tremendamente afectados por la pandemia. Hoy hay más pobres y más desigualdad. Y así otros temas y sectores, como lo que sucede con el fenómeno del desplazamiento interno forzado que, si bien se ha hecho un tímido esfuerzo por reconocer la problemática, la respuesta y política pública, como en otros casos, resulta por demás insuficiente.

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Por último, la niñez y las y los adolescentes enfrentan en peores condiciones las consecuencias de todo lo que aquí hemos planteado, ya que son más pobres y enfrentan todo tipo de violencia desde una condición de desigualdad: física, psicológica, sexual, al grado que también en esta población aumentan los homicidios, desapariciones, explotación, etcétera y desgraciadamente prevalece la impunidad. A pesar de ello, tanto los recursos como las instituciones responsables de garantizar sus derechos se han visto reducidos.

 

Estas graves crisis en ascenso se hacen peores cuando la institucionalidad, que durante años se construyó para atenderlas, enfrentarlas y en su caso, ayudar a resolver, o por lo menos para atender a las víctimas de manera digna, atraviesa una de sus mayores crisis también. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es un botón de muestra.  Este organismo público ahora es más conocido por su silencio, sumisión y omisión que por su labor de defensa. Ante realidades como las descritas, la CNDH ha guardado dolorosos silencios, responde tardíamente y mal, y si se pronuncia, deja la impresión de que más bien defiende los intereses del gobierno federal o de servidores públicos federales en lugar de los derechos de las víctimas, y con ello que aumenta aún más su descrédito. La CNDH es más conocida por sus abusos laborales, maltrato a su personal, violación a sus derechos o casos de corrupción que por el cumplimiento de su mandato.

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La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se encuentra rebasada por una realidad que se impone e infelizmente empeora. Estuvo acéfala más de año y medio, con presupuesto y recursos disminuidos, abandonando a las víctimas que tanto lucharon por su creación. Los temores de las víctimas ante la desaparición del fidecomiso creado para su atención, se confirmaron de la peor manera. Hoy hay menos recursos, más trámites y más dificultades para que el Estado les atienda.

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Como se mencionó antes, en la Comisión Nacional de Búsqueda pasa algo similar. Con independencia de gestos de servidores públicos al cargo, los recursos destinados y la prioridad pública son tan reducidos que no hay manera de responder al tamaño de la crisis en materia de personas desaparecidas y a las víctimas que reclaman justicia. Para empeorar el escenario, las decisiones que se han tomado en la FGR en esta materia no han hecho sino abandonar a las víctimas, reducir sus derechos e incrementar la impunidad.

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Llevo más de 30 años trabajando en DDHH. Lo he hecho desde muy diferentes espacios y posiciones, como integrante de organizaciones de la sociedad civil, servidor público local, funcionario internacional, consultor, profesor, activista, legislador y más y con tristeza puedo afirmar que lo que hoy se vive en México es uno de los peores momentos en la lucha por la vigencia y promoción de los DDHH.

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Esta difícil realidad obliga a redoblar esfuerzos, a pesar de expectativas, engaños y traiciones. Tendremos que hacer lo que en el pasado, luchar contra feroces autoritarismos y abusos, así como contra graves violaciones de los derechos humanos. Es momento de alzar la voz, señalar las inconsistencias e incongruencias, documentar abusos, denunciar violaciones, promover y defender los DDHH, sobre todo de las personas en mayor situación de vulnerabilidad y riesgo. Lo hemos hecho antes y lo seguiremos haciendo ahora. Hoy hay viejos y nuevos desafíos, pero apostaremos con todo a que la defensa de la dignidad humana y el ejercicio de los derechos para todas, todos, todes esté en el centro de nuestras democracias.