Desdichadamente, la lógica dominante desde cuando menos finales de la década de los 70 en los EUA ha sido una en la cual la migración y las personas migrantes de México y el resto de América Latina se presentan consistentemente como una amenaza para el bienestar del país. Los principales impulsores de tal postulado ideológico son personas que han definido a las personas mexicanas, centroamericanas, caribeñas, y de otros países del sur global; como una amenaza a la identidad blanca, europea, angloparlante, y protestante de la nación. Para ideólogos tales como John Tanton o académicos tales como Samuel Huntington, y sus muchos seguidores que, como ellos, proponen y defienden la supremacía de la raza blanca; el giro que dio la inmigración en los EUA a partir de la década de los 70 representa una clara amenaza.

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La década de los 90 fue un periodo clave en los EUA para la consolidación de un abordaje xenofóbico, racista, y aporofóbico en el plano de la opinión pública y las posturas políticas ante la migración y las personas migrantes. La campaña electoral de 1994, especialmente en el marco de la elección por la gubernatura de California, marcó un escalamiento trascendental en las posturas nativistas y anti la inmigración. La aprobación del plebiscito esencialmente antimexicano, conocido como Proposición 187, marco un parteaguas que conllevo a la generación de las condiciones políticas que conllevaron a la aprobación en septiembre de 1996 de la ley de inmigración titulada como Ley para el Control de la Inmigración Ilegal y la Responsabilidad de los Inmigrantes, o IIRIRA por sus siglas en ingles. A pesar de los enormes beneficios que la inmigración y las personas migrantes le han rendido a los EUA, la ley IIRIRA, inspirada por argumentos falsos y llenos de odio, ha seguido siendo la ley de la nación.

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Los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 fueron hábilmente utilizados para afianzar aún más el enfoque de contención, castigo, restricción, y exclusión ante la inmigración y las personas migrantes. Dichos sucesos fueron utilizados para reforzar la narrativa de los extranjeros como una amenaza para la seguridad de los EUA. La prevalencia de la visión ya descrita explica la conducta de administraciones Republicanas y Demócratas en los EUA. Esto explica por qué una campaña electoral como la de Barack Obama, construida desde un cimiento de esperanza que promovió la idea de que sí se podía aspirar algo mejor, termino siendo sumamente tímida en el plano del trato a las personas migrantes, y sin ningún avance positivo en el plano de reformas a la política de inmigración. Por el contrario, los ocho años de Obama en la presidencia, vistos desde una óptica migratoria, serán recordados como el periodo de más deportaciones en la historia, especialmente de personas mexicanas.

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Mientras tanto, al sur de la frontera de los EUA, la migración no autorizada siguió siendo tratada esencialmente como un negocio. Ante la determinación de los EUA de seguir apegada a un abordaje centrado en la idea de contener y castigar los flujos migratorios no autorizados, los traficantes de personas, llámeseles polleros o coyotes, han seguido siendo parte de la realidad migratoria. Un cambio, mayormente producto de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en los EUA, ha sido el alineamiento de las redes de tráfico de personas a las redes de crimen organizado internacional. A diferencia de la manera descentralizada como operaban los traficantes de personas migrantes a lo largo del corredor Centroamérica y México hasta el 2001, el negocio de la migración irregular se ha convertido en una subsidiaria más de las grandes redes del crimen organizado internacional.

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Además de los cada vez más elevados costos financieros de los traficantes que ofrecen servicios de ingreso no autorizado al territorio estadounidense para personas que aspiran insertarse en el mercado laboral de los EUA, la migración de personas que inevitablemente transitan por México ha sido siempre objeto de las penurias perpetradas por criminales que han victimizado a las personas migrantes, a sabiendas que sus crímenes serían mayormente impunes, pues a nadie le importan las personas migrantes. Tanto los estados centroamericanos, como también el mexicano han sido negligentes en cuanto a garantizar el respeto a los derechos y la seguridad personal de las personas migrantes.

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En el caso particular de las personas que huyen de condiciones graves de violencia en sus países, ya sea a manos de organizaciones criminales o de agentes de la seguridad pública, la suerte ha sido esencialmente la misma que la del resto de personas migrantes. La aspiración de poder encontrar apoyo y protección para personas que se han visto forzadas a huir de sus países por razones de violencia e inseguridad, han sido mayormente frustradas por oficiales indiferentes a su dolor, tanto en los EUA, como también en México.

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Persistencia de los errores

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En el 2014, la administración Obama enfrentó un momento pico de una tendencia que había empezado a manifestarse de una manera persistente desde el 2010: La presencia de menores de edad viajando solos en el corredor migratorio que ha enlazado a America Central, México, y los EUA. La respuesta de la Administración Obama ante esta nueva característica de los flujos migratorios se comunicó de manera oficial en una reunión realizada en junio de ese año en Guatemala: Los flujos tienen que ser detenidos. Dicha reunión fue presidida por el en aquel entonces vicepresidente Joe Biden; con los jefes de estado y otros altos oficiales de los gobiernos de Honduras, Guatemala, El Salvador y México.

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La respuesta de México fue clara e inmediata con la adopción a principios de julio del mismo año del Plan Frontera Sur. Con esta medida el gobierno de México, presidido en aquel entonces por Enrique Peña Nieto, busco congraciarse con la Administración Obama. La política extraoficial de negligencia ante la sistemática victimización de las personas migrantes que transitaban en territorio mexicano a manos de criminales comunes, como también de oficiales policiales a diferentes niveles del orden público en México, dio pie a una política oficial de contención, detención y deportación de migrantes centroamericanos. Jurídicamente, esta práctica fue legitimada por medio de acuerdos bilaterales, seguramente redactados en Washington, DC.

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Por su parte, la Administración Obama sentó las bases para una política de mayor imposición de su política migratoria a los gobiernos de México, como también a los países centroamericanos. Particularmente en todo lo relacionado a su enfoque sin precedente reciente en las deportaciones. Tal enfoque se aplicó también a padres de familia cuyos hijos menores de edad fueron separados de ellos, dando inicio al doloroso caso de separaciones familiares que sigue reverberando hasta este día. El enfoque en la contención de los flujos migratorios se convirtió rápidamente en la piedra angular de un proceso de externalización de las fronteras de los EUA. Para efectos prácticos, la frontera estadounidense se extendió hasta la frontera sur de Mexico con Guatemala. La obsesión con parar los flujos migratorios que se inició bajo la Administración Obama sirvió como punto de partida para los cambios aún más extremos que implementaría la Administración Trump.

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Con la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump como presidente de los EUA a partir del 2017, la orientación política antiinmigrantes y antiinmigración, se profundizó de manera exponencial. Como muchos recuerdan, Donald Trump anunció su campaña presidencial en junio del 2015 con un ataque frontal a los inmigrantes mexicanos. La profundización del sentimiento antimexicano, y antiinmigrante en general, fue utilizado por Donald Trump de una manera similar a lo que hizo Pete Wilson en California en 1994. La promoción del odio hacia los extranjeros ha jugado un papel distractor central de los problemas de inseguridad económica engendrados por la versión de capitalismo salvaje que ha sido dominante en los EUA a lo largo de varias décadas.

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En el plano de la contención de los flujos migratorios, la Administración Trump profundizó las tendencias abrigadas por su predecesor. Una de las metas más importantes de la Administración Trump fue desmantelar los programas de protección humanitaria, especialmente la ley de asilo. Desde la perspectiva xenofóbica, anti pobres, y racista abrigada por Donald Trump, era muy importante frustrar de todas las maneras posibles el acceso a las solicitudes de protección humanitaria en territorio estadounidense.

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El ataque ante los flujos migratorios de personas mexicanas y centroamericanas fue incesante. La política de cero tolerancia, la implementación de acuerdos bilaterales para el manejo de peticiones de asilo con países centroamericanos, la creación de la iniciativa conocida como Quédate en México, la separación de menores de edad de sus padres como manera de desanimar la migración de grupos familiares, el uso de formas de tortura en centros de detención en los EUA, la construcción de millas de muro fronterizo; eran todas medidas dirigidas a usar la violencia y el abuso como factores claves para desanimar los flujos migratorios.

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En el caso de Mexico, donde hubo una elección presidencial en julio del 2018, y de la cual salió electo Andres Manuel Lopez Obrador, los cambios en el plano migratorio a consecuencia del cambio de gobierno a partir del 1ro de diciembre de ese año no fueron para bien. A pesar de promesas de campaña que enfatizaban un discurso más solidario hacia las personas centroamericanas, combinado con un llamado a la urgencia de articular respuestas internacionales en el ámbito económico y social que ayudarán a atenuar los factores causantes del pronunciado patrón migratorio hacia los EUA desde Honduras, Guatemala, y El Salvador; dicho discurso se desvaneció rápidamente, dando paso a una mayor colaboración de Mexico en la implementación de la estrategia de contención migratoria de los EUA.

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Desde mediados del 2019, México comenzó a implementar una estrategia migratoria en plena consonancia con lo demandado por la Administración de Donald Trump. Un ejemplo emblemático del giro dado por el gobierno mexicano presidido por Andres Manuel Lopez Obrador fue la designación de una nueva entidad policiaca, la Guardia Nacional, originalmente concebida para liderar la batalla en contra del crimen organizado en México, para convertirla en una policía fronteriza desplegada en la frontera de México con Guatemala.

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Sin embargo, todas las medidas dirigidas a contener los flujos migratorios no autorizados que buscan ingresar a territorio estadounidense han demostrado ser ineficaces y despilfarradoras de recursos públicos. Los números de personas activamente migrando seguían creciendo hasta principios del 2020. Sin embargo, algo inesperado irrumpió la realidad del planeta: Covid 19. Las medidas de control de la pandemia, que incluyeron el cierre de muchas fronteras, conllevo a una reducción significativa de los flujos migratorios en el corredor América Central-México-EUA.

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Pero la pandemia no hizo que los factores causantes de la migración forzada desaparecieran. Por el contrario, la pandemia agravó muchos de esos factores. Para finales del 2020, el patrón de reducción en los flujos que se observó desde principios de ese año, fueron dando paso a un incremento aún mayor en tales flujos. La realidad es que todos los factores causantes se agravaron: La falta de empleo, los salarios de hambre, la inseguridad ciudadana producto de acciones violentas a manos de pandillas, crimen organizado, y abuso del poder por parte de fuerzas policiales y militares; combinadas con un agravamiento en los desplazamientos producidos por eventos climatológicos diversos en la región. Además, la crisis de gobernabilidad en la región se ha venido agravando. El narco-gobierno que tuvo Honduras hasta finales de enero del 2022, el gobierno corrupto e impune en la Guatemala de hoy; y la profundización de la tendencia claramente autoritaria en El Salvador; son también factores que siguen empujando a mucha gente a huir de sus países.

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Una de las características del flujo migratorio no autorizado en el corredor migratorio en el cual se enfoca este artículo, especialmente a partir del último trimestre del 2020, ha sido el resurgimiento de la migración desde México. Al igual que en países centroamericanos, la realidad económica, social y política se ha venido empeorando en muchos lugares de los Estados Unidos Mexicanos. Esta situación ha conllevado a que una vez más sean las personas mexicanas, especialmente adultas, quienes una vez más representan el mayor grupo  intentando ingresar de forma no autorizada a los EUA.

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Mientras tanto, en los EUA, la Administración Biden ha demostrado que carece de una estrategia genuinamente diferente a la de su predecesor. A pesar de las severas críticas que como candidato presidencial hiciera Joe Biden de las deshumanizantes medidas de contención de los flujos migratorios implementadas por la Administración Trump, la triste realidad es que muchas de esas medidas siguen vigentes. Un ejemplo irónico de esta realidad es el haber mantenido vigente el uso de una vieja medida de salud pública conocida como Título 42, que les permite a las autoridades fronterizas poder expulsar de manera inmediata a extranjeros que llegan a las fronteras de los EUA. Esta medida se ha mantenido vigente, aun cuando no hay ninguna evidencia que las personas migrantes representen una amenaza para los EUA en el marco de la Pandemia generada por Covid 19.

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Precisamente el 30 de marzo, se dio a conocer que la Administración Biden planea revocar el uso del Título 42 como justificación legal para detener e inmediatamente expulsar a personas extranjeras que son aprehendidas por la Patrulla Fronteriza. Aunque tal anuncio representa una victoria parcial, lo más probable es que no signifique un cambio en el trato último que recibirán las personas que buscan ingresar sin autorización a territorio estadounidense. Desdichadamente, asesores muy influyentes en la Casa Blanca de Joe Biden están convencidos que las personas centroamericanas y mexicanas que desean solicitar asilo no merecen tal forma de protección humanitaria. Tales asesores son de la opinión que lo que se debe hacer es acelerar el procesamiento de solicitantes de asilo, negarles dicha protección y expulsarles de manera inmediata. Desde su perspectiva, esta es una de las mejores maneras de neutralizar los flujos migratorios actuales. 

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Al igual que los gobiernos de Bill Clinton y de Barack Obama, el gobierno de Joe Biden abriga la narrativa tóxica antimexicana, antilatinoamericana, y antinmigrante que ha dominado el debate público y político cuando de inmigrantes e inmigración se trata a lo largo de las últimas décadas. La promesa de gobernar a partir de la ciencia y la evidencia definitivamente no se ha aplicado cuando de inmigrante e inmigración se trata. Ante la incapacidad de introducir y promover una narrativa basada en los irrefutables beneficios que las personas migrantes y la inmigración le han dado a los EUA, la Administración Biden se ha vuelto una dócil prisionera de la idea de que toda medida sensata en cuanto a la inmigración y personas migrantes les implica un costo electoral adverso al Partido Demócrata.

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El sometimiento a la narrativa antiinmigrante y antiinmigración, sumado a la pírrica y descohesionada mayoría legislativa con la que los Demócratas han contado en la Casa de Representantes y especialmente en el Senado desde el 2021, ha conllevado a varios fracasos en la gestión política de la Administración Biden, incluyendo su incapacidad de producir cambios legislativos positivos en el plano migratorio. Además, es obvio que el Partido Republicano se ha venido desplazando cada vez más hacia una condición de sometimiento a la facción política representada por Donald Trump. Un elemento central de esa línea política es la profundización del discurso antiinmigrante, lo cual hace prácticamente imposible hablar de cambios positivos y sensatos en política de inmigración a partir de acuerdos bipartidistas, que en realidad nunca ha sido una premisa para la adopción de políticas públicas de verdadero beneficio público a lo largo de la historia.

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Visualizando el futuro

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Una cosa innegable es que los factores causantes de la movilidad humana en el corredor migratorio en el que este articulo esta enfocado no van a reducirse en el corto, y quizás tampoco en el mediano plazo. Tanto las condiciones de inestabilidad política, incluyendo la grave situación de la seguridad pública, como las tendencias autoritarias; sumadas a la incapacidad de generar empleos bien remunerados para todas las personas que necesitan ganarse la vida; apuntan todas hacia un agravamiento de los factores de expulsión. Dichos factores se combinan con los factores de atracción, reales o percibidos, que los EUA han ejercido con relación a México y países centroamericanos. Por lo tanto, lo más probable es que los flujos migratorios seguirán vigentes, quizás aún de manera más pronunciada.

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Desdichadamente, y a pesar de que los flujos migratorios siguen rindiendo una ganancia neta para los países receptores y emisores de personas migrantes, es muy improbable imaginar un giro dramático del enfoque centrado en la contención, el castigo, la exclusión y la restricción de los flujos migratorios, como también de las personas que viven en los EUA sin autorización migratoria. El proceso electoral programado para noviembre de este año apunta en este momento a un desenlace en el cual el Partido Demócrata pudiera perder su condición de mayoría en el Congreso. Bastaría con perder la mayoría en una de las dos cámaras legislativas en el Congreso, para ver truncadas sus aspiraciones de cambios legislativos, presumiblemente positivos. Pero aun si lograran la hazaña de mantener su condición de partido mayoritario en ambas cámaras del Congreso, es difícil imaginar soluciones legislativas apropiadas en el ámbito migratorio, a menos que se divorcien de una vez por todas de la tóxica narrativa racista, xenofóbica y aporofóbica que ha predominado por tantos años.

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En el evento de un resultado adverso para el Partido Demócrata de las elecciones del próximo noviembre, el único camino para alcanzar alivios migratorios serán las medidas de carácter administrativo que no dependen de acción alguna por parte del Congreso. En tal escenario, será crucial identificar medidas específicas que se puedan implementar por la vía de medidas ejecutivas incluyendo cambios dramáticos en la manera en la que se aplica la ley de inmigración, la agilidad con la que se dispensan los servicios migratorios (desde solicitudes de naturalización, hasta permisos de trabajo), la designación de medidas de protección migratoria temporal, etc.

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En los países que siguen siendo mayormente emisores de migrantes, incluyendo a México, el panorama tampoco es alentador. Hoy por hoy, no se perfila la posibilidad de una agenda regional desde México y los países centroamericanos con potencial de presentar propuestas claras en función de un manejo genuinamente diferente tanto de los flujos migratorios en la región, como también de iniciativas regionales en función de un desarrollo integral y sostenible dirigido a atacar las causas económicas, sociales, políticas y culturales que conllevan a la expulsión de tantos de sus ciudadanos.

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Una luz de esperanza es el recién instalado gobierno hondureño. La presidenta Xiomara Castro tiene una enorme legitimidad por haber sido electa en condiciones sin precedente reciente: La candidata más votada en la historia de Honduras, elegida en una elección con altos niveles de participación electoral, y ser también la primera mujer en alcanzar la presidencia de esa nación. Sin embargo, tampoco se pueden esperar milagros, y mucho dependerá del rol de los EUA en un país donde los graves vicios en el sistema económico y político de esa nación son la consecuencia directa de graves y consistentes errores en la política de los EUA hacia Honduras desde el verano del 2009.

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Lo anterior conlleva a que actores diversos de la región, incluyendo la sociedad civil, juguemos un papel clave en seguir empujando la urgencia de un abordaje genuinamente nuevo de los flujos migratorios en esta región. Uno basado en la amplia evidencia que documenta la naturaleza ultimadamente positiva que han tenido los flujos migratorios para las partes involucradas. En paralelo, debemos también aunar esfuerzos en torno a exigir soluciones estructurales de mediano y largo plazo, centradas en el bienestar de la mayoría de las personas, que permitan a las naciones de esta región íntimamente vinculada e interdependiente llegar a ser países donde cada vez menos personas quieran emigrar. Aunque esto suene como una utopía, es indispensable equiparnos con espíritu propositivo que nos permita avanzar hacia soluciones para nuestros más grandes desafíos, incluyendo el crucial tema de la justicia climática. Únicamente a partir de propuestas valientes, bien plantadas, vamos a poder superar lo que de otra manera parecería como un panorama inevitablemente adverso para todas las personas que habitamos esta región del planeta.