Los procesos de participación ciudadana en la Ciudad de México: contextos y retos

Lorena Umaña Reyes

UNAM

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Desde los últimos años del siglo XX, la incorporación de mecanismos de participación ciudadana en los países latinoamericanos ha implicado un esfuerzo significativo en los procesos de democratización. La democracia es un sistema político y una forma de organización social que instala como actores clave a los ciudadanos. Pero, para ello es fundamental que los y las ciudadanas se involucren. La tendencia global ha transitado hacia los instrumentos de democracia directa y democracia participativa como parte esencial de la democracia representativa moderna.

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En México, para el  año  2000,  la  participación  ciudadana ya se perfilaba en el horizonte simbólico y político y se presentaba como un instrumento conveniente para la  gobernabilidad, la construcción democrática y la eficacia de la gestión  pública.  Ante un panorama de desconfianza, la participación ciudadana abrió un escenario para involucrar a la ciudadanía en algunos espacios de decisión. A  finales  de  2003,  se  aprobó la  Ley  de  Desarrollo  Social  que  permitió a algunas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) vigilar la aplicación de la política social. Los esfuerzos continuaron a principios de 2004 con la aprobación de la Ley Federal de Apoyo a las actividades realizadas por las OSC, que funcionó como una herramienta de transparencia y participación en las políticas públicas de dichas organizaciones. Para  2008,  17  estados de la República Mexicana contaban  ya con  una  ley  de participación ciudadana: “De  estos  17  estados,  todos  contaban  con  la figura del plebiscito y del referéndum; 16 con la iniciativa popular; siete con la consulta ciudadana; cinco con la colaboración ciudadana; cuatro con  la  difusión  pública;  cinco  con  la  audiencia  pública;  tres  con  recorridos del presidente municipal o jefe delegacional; uno con la asamblea ciudadana; dos con la revocación de mandato, y uno con la rendición de cuentas” (Serrano, 2015:109).

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En México, 27 de las 32 entidades federativas cuentan actualmente con alguna norma que considera instrumentos y conceptos de participación ciudadana. Esto refleja un interés sustantivo en fomentar y crear mecanismos institucionales y jurídicos para la participación ciudadana.

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La antigua y la nueva Ley en la Ciudad de México

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En la Ciudad de México, la primera Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal se aprobó en 1995, “en un contexto en el que los derechos políticos locales de la ciudadanía únicamente estaban “habilitados” para las elecciones federales y la elección de representantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.”(Larrosa y Bermudez 2020: 224). Esta ley ya contemplaba las figuras de los Representantes Vecinales por Manzana, Asociaciones de Residentes y los Consejos Ciudadanos y fue derogada en 1996. En el marco de la reforma político-electoral de 1998, la  promulgación de una nueva Ley de Participación Ciudadana fue uno de los proyectos más importantes. Esta ley logró un amplio consenso y fue aprobada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 26 de noviembre de 1998. El cambio más significativo con respecto a la de 1995 fue la sustitución  de la figura de los consejos ciudadanos por la de comités vecinales electos por el voto universal de los ciudadanos.

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Esta Ley, aprobada en 1998, fue  sustituida por la que se aprobó el 17 de mayo de 2004  y, a partir de ese año, sufrió 11 modificaciones más. Sin embargo, la reforma más notable fue la de 2010, pues modificó cuestiones sustanciales como la representación ciudadana y los instrumentos en la materia. La última reforma de esta ley se publicó el 18 de diciembre de 2014.

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Con el antecedente de la reforma constitucional del 29 de enero de 2016, al transformar al Distrito Federal en Ciudad de México, esta Ley de participación ciudadana del Distrito Federal fue abrogada en 2019 y se expidió la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México en la que se instituye e incentiva la participación ciudadana además de garantizar y regular los instrumentos de y para lograrla. Actualmente, este es el marco normativo y legal vigente en la Ciudad de México. 

En el artículo 3 de dicha Ley se reconoce a la participación ciudadana como: 

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(…) el conjunto de actividades mediante las cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible; y en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos.

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Tabla 1. Diferencias entre la antigua y la nueva Ley de Participación Ciudadana.