También informó que había un rezago de más de 300 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación sin resolver, había descontrol en las denuncias presentadas, el promedio general de eficacia en sentencias definitivas judicializadas no alcanzaba más del 5% del total de asuntos tramitados y, además, “no existía un control de integral de calidad en la judicialización de las carpetas de investigación” ni “algún programa de verificación sobre el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación a cargo de cada Agente del Ministerio Público” ni “control alguno sobre los tiempos máximos para integrar las investigaciones ni para identificar atrasos”. El Fiscal identificó además algunas negligencias en el uso de los elementos policiacos adscritos y en la estructura administrativa al señalar, por ejemplo, que “no había ningún control del gasto corriente autorizado” [1].

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De entrada reportó algunas de las acciones emprendidas en los primeros 100 días para abatir el rezago y los casos recientemente ingresados, tales como la creación de un modelo de Oficialía de Partes Única, un análisis de las cargas de trabajo y resultados en áreas sustantivas del Ministerio Público, un programa de operación y seguimiento de la acción penal que detecta atrasos o desviación de las acciones del Ministerio Público, la recuperación de fuerza policial que estaba asignada a labores de seguridad personal de funcionarios, ex funcionarios, políticos y otras personas, entre otras[2].

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Independientemente de que el Fiscal no haya cumplido con los informes y diagnósticos que pedía la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República vigente en ese entonces, se tomó como un signo importante que al menos haya salido a decir cómo había encontrado la institución.

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Sin embargo, al pasar esos 100 primeros días y a 3 años de haber asumido su cargo, pareciera que el diagnóstico realizado sobre la antigua PGR sigue siendo tan actual como en ese entonces. Había una promesa de cambio, una esperanza de renovación que se quedó en el aire sin materializarse en la tan esperada transformación.

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Algunas interrogantes sobre tres años de labor de la FGR

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Como balance general podemos apreciar que no conocemos y no sabemos si existe una estrategia definida en la FGR. ¿Cuáles son los delitos o fenómenos criminales que están interesados en investigar? ¿Por qué? ¿Qué redes del crimen organizado están siendo perseguidas y por qué motivos? ¿Se ha decidido priorizar unos delitos sobre otros? ¿Por qué y cuáles son las consecuencias? El famoso plan de persecución penal o el actual plan estratégico de procuración de justicia o no existen o no hay ningún interés en que sean públicos cuando, por su naturaleza, debían ser los documentos más conocidos por la ciudadanía para entender qué está haciendo la institución y para ser utilizado como un mecanismo de seguimiento y control.

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No hay resultados en términos de la reducción de la impunidad respecto a los delitos que más nos duelen a la sociedad, como las desapariciones, homicidios, secuestros, la gran corrupción, entre otros. La FGR se ha centrado en perseguir lo que se conoce como delitos de “bagatela” o menores en comparación con lo que implica, por ejemplo, la pérdida de la vida o de la libertad de las personas. Esto significa que continúa habiendo una gran deuda con familias de personas desaparecidas y no localizadas, que ya superan los 95 mil en nuestro país[3].

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Las prioridades de la Fiscalía se reflejan en sus estadísticas. Como lo hemos señalado desde varias organizaciones no gubernamentales y colectivos de víctimas, la FGR continúa procesando judicialmente, en su mayoría, casos de criminalidad común y no de criminalidad compleja, que corresponden a los fenómenos que nos duelen más a la sociedad. Por ejemplo en 2020, 58.37% de los delitos que fueron judicializados están relacionados con portación de armas de fuego, 2.25% con delitos fiscales, 1.97% con delitos contra el patrimonio y 1.25% con delitos relativos al robo de hidrocarburos. El restante corresponde a la categoría de no determinados[4]. Sobre la efectividad de la institución, de acuerdo con México Evalúa, en 2020 se inició un número menor de investigaciones, lo que representa una reducción del 30%, mientras que el rezago institucional está por encima del 52% en el mismo año[5].

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Una institución no se puede transformar si no existe depuración de su personal. Hasta el momento siguen existiendo contrataciones discrecionales y tampoco se ha instaurado el servicio de carrera como piedra angular de la transformación. Hay una falta de transparencia en los procesos de contratación y destitución de personal sin criterios objetivos que sean públicos, lo cual ha mermado el servicio profesional de carrera, así como la autonomía de las y los fiscales.

Del cierre de 2018 al cierre de 2020, el personal de la institución disminuyó en 10%, al pasar de 22,825 a 20,720, sin que estos cambios estén relacionados con alguna reestructuración que se haya dado a conocer públicamente. Estos ajustes incluyen una reducción del 37% del personal destinado al desarrollo de mecanismos alternativos para la solución de conflictos (MASCP)[6].

Por cuanto hace a temas internos de corrupción, recientes denuncias de dos defensoras de derechos humanos y una periodista realizadas en noviembre del año pasado, dan cuenta que existe una maquinaria de corrupción e impunidad al interior de la FGR, en concreto en una de las principales áreas para investigar la gran criminalidad, la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada[7].

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Por otra parte, no se han creado mecanismos apropiados para investigar sobre todo en relación con delitos que implican graves violaciones a derechos humanos o gran corrupción. Se sigue investigando el caso a caso como si eso fuera la respuesta para resolver crímenes complejos. Basta ver cómo han procedido con el caso Odebrecht. Una persona no es la red.

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En casos como la tortura, de acuerdo con lo reportado por la Auditoría Superior de la Federación, en el año 2020 la FGR sólo consignó 5 averiguaciones previas y judicializó una carpeta de investigación por tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes dentro de un universo de más de 5 mil investigaciones en trámite, por lo que  el nivel de impunidad federal de este delito se ubica en el 95.1%, mientras que la desaparición de personas casi alcanza el 100% de impunidad[8].

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Si no hay una transformación de las metodologías de investigación y se sigue con la estrategia de investigar “caso a caso” y no por fenómeno; si no se articulan equipos multidisciplinarios, que involucren incluso actores locales y de otras instituciones y que integren la realidad del contexto y las condiciones sociales y políticas que están permitiendo la existencia de graves fenómenos delictivos en el país, será muy complicado atacar la impunidad. Hay una realidad: en la gran mayoría de los casos, la FGR sigue sin saber investigar, a pesar de ser uno de sus principales encargos constitucionales. No hemos visto tampoco que los beneficios económicos de las redes del crimen organizado hayan sido afectados o que se hayan destapado las redes de corrupción e involucramiento de agentes del estado con el crimen organizado.

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La deficiencia en las metodologías de investigación se muestra también con el uso excesivo de la prisión preventiva que pasó del 77.1% en 2018 al 83.8%en 2019. No se sabe investigar, pues se continúa pensando que el imputado es la única fuente para comprobar un delito[9].

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Por cuanto hace al tema de la participación ciudadana, seguimos sin contar con mecanismos que lo permitan, ya que a la fecha, por ejemplo, no han sido nombrados los integrantes del Consejo Ciudadano de la FGR como lo mandata la ley. Eso hace que tengamos una fiscalía que no rinde cuentas, lejana de la ciudadanía.

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¿Quiénes son responsables de la impunidad además de la FGR?

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Por último, es importante resaltar que si existe una gran impunidad en nuestro país, obviamente, parte importante es responsabilidad de las fiscalías (la federal y las locales), pero hay otros actores y poderes que están involucrados: el Senado y los congresos locales, porque debieran cumplir con su labor de monitoreo y exigencia de rendición de cuentas[10].

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También el Presidente de la República y los gobernadores, porque ellos son quienes participan en la propuesta de quiénes deben ser los fiscales, aunque son los poderes legislativos (federal y locales) quienes toman la decisión final. Igualmente, el Poder Judicial, porque se ha puesto a su consideración varias demandas de amparo para que se revisen designaciones de fiscales, para que se pronuncie sobre la ausencia del Consejo Ciudadano y otros relacionados con el mal funcionamiento de las fiscalías, mismos que siempre se terminan sobreseyendo o negándose, señalando, por ejemplo que en los casos de las designaciones, es una facultad “soberana” y “discrecional” de los poderes que intervienen, y sobre los otros temas resolviendo que las organizaciones no gubernamentales o víctimas que hemos acudido al juicio de amparo no tenemos interés legitimo para promover este tipo de procedimientos. Es ahí cuando se entiende que la impunidad del más de 95% en el país es responsabilidad de varias complicidades involucradas.

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Desde el Colectivo contra la Impunidemia hemos reiterado que es importante que el Fiscal General rinda un informe público de los resultados de su gestión y de los principales retos. Necesitamos saber cuál es el estado de la institución. Es importante también que el Senado le llame a rendir cuentas en una comparecencia pública y que agote el procedimiento para selección y nombramiento del Consejo Ciudadano de la FGR. Y por último, si bien es tarea del Senado velar porque contemos con una fiscalía autónoma que garantice el acceso a la justicia y el combate a la impunidad mediante un adecuado proceso de designación y seguimiento constante, estamos convencidas y convencidos que esa es también tarea de todas y todos los ciudadanos.

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La violencia nos duele, nos cuesta. Nos cuesta vidas y golpea nuestra seguridad personal y la de nuestros bienes. Es terrible escuchar que sigue habiendo en México comunidades completas que tienen que salir huyendo de sus hogares por el desplazamiento forzado ocasionado por el crimen organizado, muchas veces coludido con agentes del Estado. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ha documentado 40 eventos de desplazamiento interno masivo como consecuencia de la violencia en 2011. Estos hechosafectaron por lo menos a 44,905 personas que habitaban en diez estados: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Durango, Sonora y Zacatecas[11]. Este no será un país pacificado, si no se combate la impunidad y la impunidad no se va a combatir, si las fiscalías siguen sin funcionar.

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* Algunos fragmentos y reflexiones fueron tomados del comunicado: Colectivo contra la Impunidemia, Seguridad sin Guerra et al., “Tres años de retrocesos y falta de rendición de cuentas en la gestión de Gertz Manero al frente de la FGR”, 14 de febrero de 2021, en: https://www.mexicoevalua.org/3-anos-de-retrocesos-y-falta-de-rendicion-de-cuentas-en-la-gestion-de-gertz-manero-al-frente-de-la-fgr/ y https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2022/02/Comunicado-3-an%CC%83os-gestio%CC%81n-FGR-V5.pdf

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Notas

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[1] Cfr. Comunicado FGR 216/19. Conferencia de prensa del Fiscal General de la República, sobre los primeros 100 días de la institución, en: https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-216-19-conferencia-de-prensa-del-fiscal-general-de-la-republica-sobre-los-primeros-100-dias-de-la-institucion

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[2] Cfr. Idem.

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[3] En el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas se reportan, hasta el 25 de febrero de 2022, 98326 personas desparecidas o no localizadas.

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[4] México Evalúa 2022, Análisis construido a partir de la información publicada en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 2021, publicado por el INEGI en diciembre de 2021, en Colectivo contra la Impunidemia, Seguridad sin Guerra et al., “Tres años de retrocesos …”, cit.

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[5] Idem.

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[6] Idem.

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[7] Cfr. Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho et al., Comunicado: “En lugar de investigar la masacre de las ‘Fosas Clandestinas de San Fernando’ de 2011, la PGR persiguió a quienes buscaban se esclarecieran los hechos”, 24 de noviembre de 2021, en: Fundación Justicia en Twitter: "En la investigación de la Masacre de San Fernando 2011, ¿qué consideró la PGR “extraurgente”? ¿La identificación de las víctimas? ¿La detención de responsables? ¿Hacer justicia? NO, lo “extraurgente” fue espiar a defensoras de DDHH y periodistas https://t.co/qkVsoFY6TC" / Twitter. Véase también: Castañeda, María Julia, “Tres investigadoras de la masacre de San Fernando denuncian que fueron espiadas por el Gobierno de Peña Nieto”, El País, 24 de noviembre de 2021, en: https://elpais.com/mexico/2021-11-25/tres-investigadoras-de-la-masacre-de-san-fernando-denuncian-que-fueron-espiadas-por-el-gobierno-de-pena-nieto.html

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[8] Auditoría Superior de la Federación, Auditoría de Desempeño: 2020-0-35100-07-0107-2021, pp. 37-38, en: https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2020_0107_a.pdf. y Auditoría Superior de la Federación, Auditoría de Desempeño: 2020-5-04000-07-0006-2021, pp. 51-52, en: https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2020_0006_a.pdf cit. en Colectivo contra la Impunidemia, Seguridad sin Guerra et al., “Tres años de retrocesos …”, cit.

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[9] México Evalúa, De procuradurías a fiscalías. Observatorio de la transición 2020, p. 40, en:  https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2021/04/observatorio-2020-final.pdf

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[10] Cfr. Delgadillo Pérez, Ana Lorena y Rojas Valdez, Eduardo, “El Senado: su responsabilidad en la impunidad”, Proceso, México, 9 de marzo de 2021, en: https://www.proceso.com.mx/opinion/2021/3/9/el-senado-su-responsabilidad-en-la-impunidad-259719.html

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[11] “Desplaza crimen a más de 44,000 personas: CMDPDH”, El Economista, México, 20 de febrero de 2022, en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Desplaza-crimen-a-mas-de-44000-personas-CMDPDH-20220220-0085.html