3. La figura presidencial y las organizaciones de la sociedad civil 
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La relación de las Organizaciones de la Sociedad Civil y el gobierno federal: ¿continuidad o ruptura?

 
Pablo Armando González Ulloa Aguirre

UNAM

 

 

 

 

La relación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con el gobierno suele ser conflictiva, por lo menos en América Latina, en donde la idea de lo público continúa entendiéndose como un patrimonio que sólo pertenece a las y los funcionarios en turno. Se parte del principio de que al ser electos o designados en un cargo pueden tomar las decisiones sin tener que rendir cuentas.

En un país como México, la idea de lo público era entendida como el monopolio del grupo gobernante, a través de un sistema presidencialista que era replicado en cada uno de los niveles y espacios de gobierno, es decir, una toma de decisiones de manera vertical. El corporativismo era la forma más “horizontal” para tomar decisiones, aunque cada sector (obrero, campesino, profesionistas) se hacía representar con un líder fuerte.

Esta forma de representación encontró su caducidad con la emergencia de las luchas por el cambio democrático; la pluralidad se comienza a hacer más visible y varios sectores que no estaban representados comienzan a exigir espacios. Las OSC fueron vitales en el acompañamiento en este cambio democrático. Como parte de la apertura de los espacios de representación, las OSC se constituyeron como un elemento clave de nuestro ecosistema democrático; se comenzó a luchar por cambios a nivel legal para construir una nueva relación con el gobierno que diera mayor certidumbre a la sociedad civil organizada. Por ello, después de varios años de lucha por parte de las organizaciones, en 2004, se crea la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC), la cual dio la pauta para que esta nueva relación se reflejara en leyes, instituciones y programas.

Las OSC comenzarían a generar una nueva relación de confianza con el gobierno federal, con derechos y obligaciones específicos que estaban establecidos en la ley mencionada. Esta historia pareciera ser lineal, sin embargo, el camino estuvo plagado de avances y retrocesos. El presupuesto destinado a las OSC y a las instituciones era limitado o disminuía, había amagos o cambios a las exenciones fiscales, mientras que el entramado institucional no dejaba de complejizarse.

En el actual gobierno (2018-2024), se podría pensar que se da continuidad a la historia de la tensa relación entre las OSC y el gobierno (continuistas), por lo que se podría normalizar este “clima” adverso para las organizaciones y percibirse como algo cotidiano para las organizaciones; sin embargo, en este texto se reflexionará y explicará por qué este momento es un punto de inflexión a pesar de la nada tersa relación histórica (rupturistas).

Los gobiernos populistas ostentan la supuesta representación del pueblo, por lo que los cuerpos intermedios no son necesarios, la pluralidad desaparece ya que el pueblo es uno solo y los grupos diversos sólo fragmentan la posibilidad de representación del conjunto. El pueblo es una unidad en la que la comunicación se da de forma directa con el líder, todo lo que está en medio opaca esta relación directa.

El objeto de este texto no es una conceptualización sobre el populismo, no obstante, en este gobierno se identifican algunas de sus características como el liderazgo único, la polarización, la descalificación del adversario, la creación del conflicto, la simplificación de los problemas.

En una dinámica populista las OSC no tienen cabida, ya que siempre han sido entes que se enfrentan al poder, crean contrapesos, son cuerpos intermedios y representan a la pluralidad y complejidad de la sociedad.

Acciones presidenciales contra las OSC y la oportunidad de cambio perdida

Para la mayoría de la población, el sexenio actual era la oportunidad de un gran cambio en el país, si bien algunas de las cosas que están sucediendo eran complicadas de prever, no producen sorpresa al analizar el estilo personalista en el ejercicio del poder del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). 

Desde el posicionamiento en 2018 de los cuatro candidatos a la presidencia de la república ante la Tercera Cumbre Ciudadana, se podía ver la poca empatía que AMLO tenía ante las “llamadas organizaciones de la sociedad civil”, como se les suele referir en las conferencias de prensa matutinas. De hecho, no asistió al evento de posicionamiento, señalando que a él le interesaba estar más con el pueblo y desde su campaña mostraba cierta animadversión con las OSC.

El 14 de febrero de 2019, ya en el poder, el ejecutivo federal dio el primer golpe de realidad a las OSC al emitir la Circular Uno que señalaba:

Como es del conocimiento público, hemos tomado la decisión de no transferir recursos del Presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano, con el propósito de terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción.

Todos los apoyos para el bienestar del pueblo se entregarán de manera directa a los beneficiarios. Asimismo, se deberá de cumplir con las disposiciones legales para que obras, adquisiciones y servicios se contraten mediante licitaciones y con absoluta transparencia.

Lo anterior cortó de tajo cualquier tipo de recurso que las OSC recibían mediante programas como el de Coinversión Social, que existía desde 1993 (llamado Fondo de Coinversión Social hasta el 2001), varios años antes de la aprobación de la LFFAROSC; asimismo, detuvo la interlocución con las organizaciones debió a que se les catalogaba como meras “intermediarias”.

En este rubro los continuistas argumentan que, para el final del sexenio 2012-2018, el Programa de Coinversión Social sufrió un recorte de casi la mitad de los recursos, pero más allá de los rumores, nunca estuvo en la agenda desaparecer aunque la relación con las organizaciones era complicada. Mientras que, en el actual sexenio, la desaparición del programa es un punto de ruptura importante en la historia de la sociedad civil en nuestro país, así como su desconocimiento como interlocutores con el gobierno federal, ya que desde el ejecutivo se impacta a toda la Administración Pública Federal.

Otra de las afectaciones al sector organizado de este país durante este gobierno es la desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) creado en 2001 –que tuvo como antecedente el Instituto Nacional de Solidaridad (Insol), creado a mediados de los noventa–, este Instituto se dedicaba no sólo a llevar el ya citado y desparecido Programa de Coinversión Social, sino que también tenía otras tareas como las siguientes:

fomento; capacitación y formación; investigación; documentación, divulgación y comunicación; vinculación; asesoría y orientación; información y rendición de cuentas; promoción de la cultura de género, así como las representaciones institucionales […].

Asimismo, esta[ba] a cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, quien se auxilia por un Consejo Técnico Consultivo, encontrándose dentro de su ámbito de responsabilidad la operación del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (RFOSC). (Indesol, ¿Qué hacemos?)

Del lado continuista igual se habla de su posible desaparición en el sexenio anterior, pero esto no estuvo ni cerca de concretarse; sin embargo, asistimos a otra ruptura, la desaparición del Indesol vía un decreto publicado el 31 de diciembre de 2021, en el que se establece que “los recursos humanos, financieros, materiales, así como los archivos, documentación y acervos bibliográficos del Indesol serán transferidos a la Dirección General para el Bienestar y Cohesión Social, en un plazo no mayor a 90 días hábiles”. Es muy simbólico y rupturista que la llamada “casa de las organizaciones” fuera borrada del mapa, debido a que fue una institución crucial en el reconocimiento de las OSC.

De la misma forma, se ha hablado de la posible abrogación de la LFFAROSC como parte de la agenda de la Secretaría de Gobernación en el congreso, a partir de una supuesta presentación que fue filtrada en los nstitucional seas más efectivos. El ambiente es cada vez más complicado para las OSC en el continente americano. La constante condena y acoso institucionalizado a las organizaciones se está volviendo la tónica en diferentes países según evidencian informes como el de Civicus.

En México esta estrategia no ha sido la excepción, más allá de la desaparición de los programas e instituciones gubernamentales, una de las afectaciones a las organizaciones es limitar los beneficios fiscales y los donativos. En este rubro el gobierno federal ha estado muy proactivo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR).

En este rubro ha habido cambios considerables, en 2020 se estableció la pérdida de la autorización de la donataria cuando se supere el 50% de los ingresos por actividades no relacionadas con su objetivo social, cuando muchas organizaciones realizan múltiples actividades para su financiamiento; todos los gastos deben estar respaldados por un comprobante fiscal, en un país con múltiples zonas rurales y lugares donde, incluso, conseguir un comprobante fiscal es imposible, sobre todo en el contexto de que 50% de la economía está en la informalidad; la pérdida de la autorización de donataria y la obligación de trasladar su patrimonio a otra organización, cuando el perder la autorización se puede dar por múltiples asuntos burocráticos. Como se puede apreciar, este primer paquete de reformas generó un ambiente institucional inadecuado para las OSC, dificultando cada vez más su accionar.

Con el argumento de aumentar la recaudación fiscal, en 2021 se hizo otra reforma a la misma LISR que limitó las deducciones de personas físicas en materia de donativos, anteriormente se podía deducir hasta el 7% por conceptos de donativos, más allá del monto límite de 163 mil pesos, ahora se pretende que se done en el límite marco del monto topado.

En los dos casos hubo fuertes protestas y críticas por parte de las OSC y personas aliadas. En el primer caso se logró eliminar como causal de revocación el que la organización tuviera alguna persona integrante (Consejo Directivo, representante legal, socio, asociado) de otra donataria a la que se le hubiera revocado la autorización en los últimos cinco años. En el segundo caso, a pesar de las exposiciones sobre las afectaciones directas a la población beneficiaria y el efecto multiplicador que realizan las organizaciones sobre estos recursos, la decisión fue más ideológica que técnica.

Si bien los continuistas pueden recordar la miscelánea fiscal de 1989 que clasificó a las OSC como asociaciones mercantiles o la propuesta a principios del sexenio (2006-2012) de Felipe Calderón para darles un trato como empresas lucrativas. No obstante, en la ruptura actual se da la eliminación del 7% para personas físicas, bajo el argumento de que la recaudación y la filantropía no se pueden hacer “con sombrero ajeno”. Mientras tanto, veremos qué nuevas reformas en la materia aguardan para 2022 ¿será el primer paso para eliminar también las deducciones para las personas morales? ¿se seguirá enrareciendo el ambiente institucional para las donatarias?

Acciones intangibles contra las OSC: los discursos presidenciales

En este texto se han mencionado principalmente las acciones tangibles por parte del gobierno en contra de las OSC (legales, institucionales y programáticas), sin embargo, también hay que tomar en cuenta el discurso cotidiano en contra de éstas durante las conferencias matutinas del presidente de la república, las llamadas “mañaneras”. En estas transmisiones matutinas, las organizaciones son tildadas de corruptas, neoliberales, intermediarias, conservadoras, instrumentos de potencias extranjeras, entre otros calificativos. Todas caben en el mismo saco, como ya se explicó, la pluralidad no es una de las características de los gobiernos populistas. Respecto a la desaparición del Indesol el primer mandatario declaró el 5 de enero de este año: “Pues era para entregarle dinero a las llamadas organizaciones no gubernamentales y por lo general las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil —y ese es un buen debate que se tiene que llevar a cabo a nivel mundial— no entregan cuentas”.

En este aspecto también se puede ver una ruptura, ya que a las OSC se les deja de reconocer como interlocutoras válidas con el gobierno federal, tal como se señaló al inicio de este texto, en la medida en que lo que se busca es la relación directa con el pueblo y estas figuras no permiten una interlocución directa ya que representan y aglutinan intereses específicos de grupos, mientras que en la retórica populista la interpretación de los verdaderos intereses sólo la puede dar el líder.

¿Qué esperar?

En este sexenio, la relación entre gobierno federal y las OSC seguirá teniendo todos los retrocesos posibles, por ello es importante buscar alianzas al interior del mismo gobierno, así como en nuevos actores sociales que den voz a las organizaciones; la oportunidad está en crear una nueva narrativa en torno a las OSC, a pesar de la asimetría comunicativa que se tiene con relación a las mañaneras. Será complicado ganar nuevos espacios, pero es importante defender los que se tienen y evitar mayores regresiones.

Sin dejar de ver el ámbito federal, es fundamental poner atención a las organizaciones y gobiernos en las diferentes entidades, hay muchas ideas, propuestas y redes que se pueden aprovechar o se puede comenzar a construir alianzas para crear frentes locales, regionales o nacionales, así cuando termine este sexenio se puede tener una organización robusta.

Se deben seguir aprovechando los mecanismos de participación de la sociedad civil, aunque no se vea reflejado en acciones concretas, ante el posible desconocimiento de los interlocutores, no se deben abandonar; por el contrario, se debe seguir haciendo presión por estos medios. 

Hay una clara ruptura en la relación entre el gobierno federal y la sociedad civil, el ejecutivo no cambiará de actitud, a pesar de que muchas y muchos integrantes de las organizaciones votaron, apoyaron y depositaron sus esperanzas en el cambio en este gobierno; el golpe de realidad es duro, pero se debe aceptar y trabajar por la sobrevivencia y el crecimiento del sector, que tampoco está en peligro de desaparecer, ya que su propia dinámica es sobrevivir en condiciones bastante adversas.

Se debe convencer a las y los aliados del sector que, si bien el asistencialismo es importante, también lo es generar estrategias de comunicación y de investigación en el ámbito de las organizaciones si lo que queremos es robustecer, legitimar y profesionalizar nuestras OSC. Si las mismas organizaciones no entienden cuál es su papel y al propio sector, entonces será más difícil explicar cuál es su importancia.