3. La figura presidencial y las organizaciones de la sociedad civil 
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Ratificación de mandato, populismo autoritario y fragmentación del poder

Alberto J. Olvera

Universidad Veracruzana

 

 

 

Al cumplirse tres años de su gobierno, el presidente López Obrador parece haber decidido dar un peligroso salto adelante en su proyecto de consolidación de su poder personal, que él interpreta como un “cambio de régimen”. En los últimos meses, ha despedido a varios funcionarios que estaban en su círculo íntimo, pero que le trataban de poner límites o tamizar sus decisiones, sustituyéndolos por fieles absolutos, y ha tomado decisiones que son claramente violatorias de la ley, apostando a que ni el congreso ni el poder judicial federal podrán detenerlo.

Al mismo tiempo, ha radicalizado su clásica intolerancia hacia sus críticos, extendiendo su desdén incluso a los neutrales. La gran concentración que tuvo lugar en México el 1 de diciembre para celebrar los tres años de gobierno constituyó un acto de culto al líder, organizada y puesta en escena en una forma reminiscente de las épocas doradas del priísmo, incluido el “acarreo” masivo de empleados públicos y un discurso que refirió un “mundo feliz” que sólo existe en la mente del mandatario.

Por otra parte, el presidente insiste en promover una absurda consulta de “ratificación de mandato” para legitimar su deriva autoritaria. Hay un alto riesgo de que el gobierno de López Obrador, que hasta ahora se ha mantenido dentro de los límites constitucionales establecidos, decida pasar a una estrategia rupturista cuyas consecuencias serían impredecibles. Lo peor es que esta estrategia se produce en el contexto de crecientes fisuras dentro del partido oficial, Morena, y de enfrentamientos dentro del gobierno debido a la falta de institucionalidad y a la impredicibilidad del humor del líder. Ello, sumado a la ausencia de una política contra el crimen organizado, que ha permitido el empoderamiento y  expansión territorial del mismo, conduce a una fragmentación del poder que disminuye la de suyo precaria gobernabilidad del país. 

 

Primera ruptura (y la más grave) del orden legal: La revocación de mandato

El acto más grave de ruptura del orden constitucional es la implementación misma de la ley de revocación de mandato, promovida por el propio López Obrador un año atrás. La ley abre la posibilidad de revocar el mandato de un ejecutivo indeseable. De suyo, la revocación en un régimen presidencialista es peligrosa y ambigua, pues puede dar como resultado la ingobernabilidad y convertirse, como la experiencia peruana demuestra, en un instrumento de lucha fratricida dentro de la clase política, o bien, ser un mecanismo de consolidación autoritaria, como el caso venezolano ilustra. Pero en este caso el problema es otro, pues AMLO y Morena pretenden tornar ese ejercicio de democracia directa en un acto de ratificación de mandato, o sea lo inverso de lo que la ley quiere permitir.

Como no hubo ninguna fuerza social o política que promoviera la revocación, en el mundo al revés construido por AMLO el propio gobierno reunió las firmas necesarias (sin que nadie sepa cómo se financió tan complejo ejercicio) para convertir el plebiscito en un acto magnífico de ratificación de su mandato, con el argumento de que el presidente necesita movilizar al pueblo en su favor para legitimar las decisiones de dudosa legalidad que está tomando. Para colmo, López Obrador ha dejado sin presupuesto específico al Instituto Nacional Electoral, haciendo materialmente imposible la realización del ejercicio dentro del marco de la ley vigente, pues no podrán instalarse las casillas acostumbradas ni capacitar al personal necesario. Este hecho asegurará que no se logre que el 40% de los votantes acudan a votar para ratificar un mandato que el presidente ya tiene y nadie cuestiona.

Por tanto, el gambito parece ser culpar al INE de que no se pueda realizar el plebiscito en debida forma, y proceder a considerar la consulta como una “consulta popular” (no constitucional) cuyo resultado será, en términos de votos, abrumadoramente favorable a la ratificación. Así se confirmaría la popularidad del presidente, se movilizaría a su base y se justificaría una reforma radical del INE para cercenar su autonomía política. Dado que el INE ha sido la columna vertebral de la transición electoral a la democracia, debilitarlo y colonizarlo políticamente sería un retroceso monumental en la democratización mexicana. El INE es sin duda perfectible, pero el escenario que se está construyendo no apunta a una reforma administrativa, sino a un ataque a su autonomía.

Segunda ruptura: el acuerdo presidencial de noviembre pasado

La segunda ruptura grave del orden legal es el ya famoso acuerdo presidencial de noviembre pasado que declara “asuntos de seguridad nacional” la realización de las obras prioritarias del gobierno, con lo cual éstas quedarán exentas de cumplir en tiempo y forma los permisos y regulaciones establecidas, mientras que los gastos que conlleve su ejecución podrán permanecer en la más completa opacidad al asimilarlas a las labores de protección de la seguridad nacional que están en manos del ejército. Este decreto, obviamente inconstitucional, tendrá efecto inmediato y en lo que el asunto llega a la Suprema Corte el gobierno podrá ignorar los amparos que están en proceso, vencer las resistencias populares a las megaobras y perdonarse a sí mismo por no cumplir las reglas creadas para evitar riesgos ecológicos, físicos, técnicos y financieros en los procesos de construcción. En este caso, todo indica que el presidente teme que sus obras emblema no sean terminadas antes del fin de su mandato, lo cual dañaría su credibilidad y prestigio. Dada la centralidad simbólica que el presidente ha dado a sus megaproyectos desarrollistas, como si éstos fueran el corazón de un “proyecto político”, se entiende que quiera terminarlas contra viento y marea, así sea violando flagrantemente la ley.

Tercera ruptura del orden legal: debilitamiento de la institucionalidad

La tercera ruptura es la profundización de la militarización de la administración pública. El actual gobierno ha debilitado profundamente las agencias e instituciones estatales, de suyo frágiles, al disminuir su presupuesto, despedir sus cuadros técnicos y nombrar responsables carentes de calificación adecuada. Es verdad que muchas de las agencias estaban cooptadas por intereses privados y redes políticas corruptas. Pero en vez de propiciar una reforma que diera paso a una profesionalización del servicio civil de carrera, se optó por el desmantelamiento institucional. Para cubrir los huecos así dejados, AMLO ha recurrido al ejército, otorgándole hasta 262 funciones que no se corresponden con su misión constitucional, y que van desde administrar aduanas y puertos hasta construir al menos un tercio de las grandes obras públicas del sexenio, pasando por la distribución de medicinas y el control creciente de la seguridad pública a nivel nacional. El actual empoderamiento del ejército no tiene parangón en la historia mexicana desde la institucionalización del régimen priísta en los años 50, cuando se culminó la despolitización de la milicia y la consolidación del gobierno civil.

Cuarta y quinta rupturas del orden legal al nivel de los estados

La cuarta ruptura es el rompimiento del pacto federal. López Obrador ha sometido a los gobiernos estatales a un doble control: del presupuesto vía la mayoría de Morena en el congreso federal, que maneja las asignaciones anuales a estados y municipios, y de la política social vía la centralización de la misma en el gobierno federal y de su ejecución a través de un cuerpo burocrático oscuro y paralelo a la administración pública, conformado por los “servidores de la nación”. Súmese a estas políticas la imposición a gobiernos estatales y municipales de jefes de policía y secretarios de seguridad pública de origen militar, que tendrán como jefes reales a las autoridades militares regionales y no a las autoridades electas.

La quinta ruptura es el apoyo directo del presidente a gobernadores de Morena que han desarrollado gobiernos francamente autoritarios, que violan abiertamente los derechos humanos y que están bajo sospecha de pactar con grupos criminales y/o de ser incapaces de combatir la creciente presencia territorial de los mismos. Es el caso destacado de Veracruz, donde el gobierno estatal, usando su control absoluto sobre los poderes legislativo y judicial, creó una nueva figura delictiva, los “ultrajes a la autoridad”, por medio de la cual ha detenido, de manera “preventiva”, tanto a delincuentes a los que no les puede probar sus delitos, como a enemigos políticos y/o personales de la elite gobernante. La operación de toda esta política diazordacista ha corrido a cargo del Secretario de Gobierno Erick Cisneros, verdadero poder tras el trono en Veracruz. Se dice que bajo el cargo de “ultrajes a la autoridad” se ha detenido a más de 2000 personas en Veracruz, todas ellas condenadas a pasar largo tiempo tras las rejas sin proceso, pues los jueces de control otorgan hasta un año y medio de presión preventiva oficiosa en un acto de supina subordinación de la justicia al gobierno estatal.

En Veracruz hay, como en Morelos, Guerrero y Chiapas, un gobernador que no gobierna, que no entiende las consecuencias de las decisiones que asume como propias, que no tiene control sobre sus subordinados y que es más bien una figura decorativa por su incapacidad política y administrativa. El desastre que se vive en esos estados por la incontrolable violencia criminal y la ausencia de inversión pública y privada es, en buena medida, el resultado de que AMLO promoviera como gobernadores a figuras patentemente incapaces, aunque eso sí, fieles al líder hasta la ignominia.

Reforma eléctrica, fuente adicional de conflicto legal

Fuentes adicionales de conflicto legal están en la agenda de la llamada reforma eléctrica, que busca desandar las reformas privatizadoras del gobierno de Peña Nieto. En este campo, y en el de la industria petrolera, el presidente pone todo su empeño nacionalista-estatista, preso como está del concepto de principios del siglo XX de que la propiedad estatal de la industria energética es la clave de la soberanía nacional. Bajo este concepto, ha decidido trasladar los escasos recursos del sector público a empresas fallidas, sin plantear una reestructura administrativa, laboral y financiera de las mismas, con lo cual se desperdician los fondos públicos que deberían haberse invertido en la salud, la educación, la seguridad y la justicia para los mexicanos. La fuerza del Estado se manifiesta en su capacidad de hacer efectivos los derechos de ciudadanía, no en la propiedad sobre medios de producción. Lo peor es que en su obsesión estatista, el presidente no mide las consecuencias legales y económicas de sus decisiones, que le pueden costar al país miles de millones de dólares y la paralización de la inversión extranjera, y que ya le cuestan a los ciudadanos en términos de cientos de miles de vidas perdidas por la ausencia de servicios de salud dignos y de años de educación perdida por la falta de respuestas estatales a los efectos de la pandemia. La verdadera magnitud de la tragedia social causada por la irresponsabilidad gubernamental en el manejo de la pandemia está aún por entenderse. 

La situación interna de Morena

AMLO ha sido reacio a la institucionalización de su propio partido, Morena, temeroso de que un partido fuerte tendiera a la creación de facciones y al empoderamiento de una burocracia con alguna autonomía. Sin embargo, todo grupo en el poder, y sobre todo el actual, sabe que hay reglas y tiempos de sucesión, por lo que sus líderes y facciones se van acomodando en la lucha por el poder futuro. AMLO, contra la tradición autoritaria priísta que tanto se ha esforzado en emular, ha adelantado los tiempos de la sucesión debido a la debilidad política de su favorita, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaum, a quien desde mediados de 2021 promueve abiertamente. Esto ha generado tensiones con otros potenciales candidatos, ante todo el líder del senado, Ricardo Monreal, quien ha abierto varios frentes de conflicto con AMLO en los estados, y que tiene el poder de facilitar o bloquear la agenda legislativa del presidente.

 

   

Reflexiones finales

En suma, la coyuntura actual se caracteriza por la simultaneidad de la ofensiva política y legislativa del presidente, tendiente a consolidar su poder personal y su proyecto estatista, con un proceso de degradación del poder del Estado en el territorio y una fragmentación del poder dentro del propio bloque gobernante. La combinación es muy peligrosa, pues sólo puede resolverse la contradicción que se vive con una salida autoritaria, que implique la eliminación de la oposición interna y la imposición de los cambios legislativos a los otros poderes del Estado. La pregunta es si el presidente tiene tanto la voluntad como la capacidad de llevar a cabo este golpe autoritario. Mi impresión es que no hay las condiciones para ello, pues el presidente no tiene pleno control del congreso ni del poder judicial federal, y ni siquiera de su partido, dividido frente a la inminencia de elecciones en seis estados en julio y frente a la sucesión adelantada. Lo cierto es que nuestra precaria democracia está en riesgo y que la abrumadora debilidad de la oposición partidaria,  sumada a la fragmentación y precariedad de la sociedad civil, sacan de la ecuación a estos actores políticos, al menos en el corto plazo. Así que la batalla se libra al interior del régimen, de una parte, y entre éste y los poderes legislativo y judicial, de otra.

Sin embargo, sin una activación de la sociedad civil, la resistencia institucional será vencida. La urgencia de la acción colectiva en defensa de los derechos humanos, de la exigencia de atención a las desesperadas necesidades de salud y educación de la mayoría de la población, y de defensa del Estado de Derecho es patente. Sin embargo, la falta de liderazgo, de confianza mutua y de horizonte programático común hace sumamente compleja la constitución de un frente civil frente a la deriva autoritaria del régimen, especialmente en estos tiempos paralizantes de pandemia. No obstante, algunas movilizaciones estudiantiles, el movimiento feminista, la resistencia de pueblos indígenas frente a megaproyectos y la  indomable persistencia de los colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada construyen desde abajo una capacidad de acción colectiva que trata de marcar límites al poder autoritario. Esa fuerza social debe ser acompañada por los actores de la sociedad civil prodemocrática urbana si ha de emerger un contrapeso social al gobierno unipersonal del líder.