Política emigratoria: “la política de la no política”

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La política emigratoria de México se rige por la constitución y el derecho al libre tránsito y por un reglamento que indica que se debe salir del país por determinados lugares establecidos. En la historia de México y desde hace más de un siglo, la frontera de más de tres mil kilómetros de largo ha sido una frontera abierta, sin vigilancia y sin control de ningún tipo. Hasta la actualidad, los mexicanos que salen del país no registran su salida, sólo su entrada. Aunque en muchos países es obligatorio registrar la entrada y la salida.

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Sólo tenemos una excepción, en una ocasión en la década de 1950, durante la revisión y disputa anual del contrato bracero, Estados Unidos decidió unilateralmente dejar paso libre a los braceros sin previo convenio y autorización del gobierno mexicano y estableció la medida de capturar a trabajadores indocumentados, llevarlos a la frontera y luego dejarlos ingresar legalmente. Esta era una argucia legal a la que se le llamó drying wetback, “secar” a los llamados espaldas mojadas. El gobierno mexicano reaccionó a esta medida y envió a destacamentos del ejército para evitar la salida de braceros. Obviamente, la medida no dio ningún resultado, fue todo lo contrario, un error garrafal y tuvo que cancelarse para volver a la mesa de negociaciones.

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El experimento fue interesante para ambos países, México se dio cuenta de que no podía -ni debía- controlar la salida de nacionales y Estados Unidos empezó a reflexionar sobre la posibilidad de abrir simplemente la frontera y dejarse de tantos convenios, medida que aplicaría en 1964.

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A partir de esa fecha, México insiste, hasta la actualidad, en un nuevo programa bracero y, por su parte, Estados Unidos resuelve su problema de escasez de mano de obra, de manera unilateral, modulando el flujo de acuerdo a su conveniencia. Esta medida de realpolitik por ambas partes condujo a lo que se ha llamado “la política de la no política”; según esto, la pelota está en la otra cancha. Si Estados Unidos quiere hablar sobre el asunto, México estaría dispuesto.

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Política hacia la población mexicana en el exterior

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Si bien, al interior del país, se aplica una política emigratoria de laissez faire laissez passer, no pasa lo mismo con los migrantes en el extranjero. México ha implementado una importante política migratoria con respecto a la comunidad mexicana radicada en Estados Unidos, con una destacada actividad consular. A lo largo de décadas los gobiernos mexicanos han sido conscientes de que el 10% de su población, nacida en México, radica y trabaja en Estados Unidos, muchas veces en condiciones precarias y difíciles y ha diseñado una importante política de apoyo y protección consular a la comunidad mexicana.

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Con 50 consulados, a lo largo y ancho de la Unión Americana y varias unidades móviles, estos brindan múltiples servicios a la comunidad. Muchas de las actividades han sido negociadas en niveles superiores por la embajada, pero también a nivel local con los consulados y los gobiernos de los estados, alcaldías, policías, sistema de justicia y diversas instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. En este caso, sí se puede hablar de una política de Estado, que se adecua a las circunstancias cambiantes y las necesidades de la población radicada en el extranjero.

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Una medida que, con el tiempo, implicó un cambio sustancial en la concepción de la nacionalidad, al reorientar la política diseñada en cuanto a la doble nacionalidad. Hoy en día se considera que la mejor manera de proteger a los mexicanos en Estados Unidos es que se naturalicen, ya no se considera esta decisión como si fuera traición a la patria; es la mejor manera de protegerlos y de que sigan vinculados a su país de origen y participen con plenos derechos en el país de destino. Una medida complementaria ha sido la del derecho al voto y la credencialización en el exterior, una demanda muy añeja de la comunidad mexicana radicada en Estados Unidos y el exterior.

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La ausencia de política de Estado respecto al retorno

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En cuanto a la migración de retorno, se podría decir que en la primera parte del siglo XX hubo varios proyectos de repatriación de familias migrantes, para lo que se organizaba un retorno seguro y se les proveía de tierras en diferentes partes de la república, entre ellos en Pinotepa Nacional, El Coloso y otros centros de colonización.

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Pero desde mediados del siglo pasado, los migrantes resuelven el retorno con sus propios recursos, en algunos casos se les ayuda con el pasaje para regresar a su pueblos o ciudades de origen y, en otros, se les apoya con algunos recursos o acceso al crédito. En algunos estados, los retornados pueden acceder a ciertos programas que los benefician, pero, en la práctica, los migrantes son propiamente deportados o retornados, no repatriados, lo que pudiera indicar cierto interés por parte de los gobiernos en turno.

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Por ejemplo, fueron mejor recibidos los jóvenes Dreamers que venían en visitas organizadas por el gobierno mexicano, que los Dreamers que habían sido deportados. Finalmente, hay que reconocer que, en el caso de los migrantes fallecidos en Estados Unidos, existen programas en los consulados que ayudan a la repatriación de los cuerpos.

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Se podría concluir que no hay una política de Estado con respecto al retorno, pero en algunas entidades, como Michoacán y Guanajuato, entre otros, hay secretarías del migrante o dependencias que se encargan de apoyar a los migrantes que retornan y establecer lazos con la comunidad en la diáspora.  Se han hecho esfuerzos por vincular a posibles inversionistas mexicanos, radicados en Estados Unidos, para invertir en diferentes proyectos, pero nada se compara con la afluencia diaria de cientos de miles de dólares que llegan por concepto de remesas.

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Política reactiva respecto a la migración de tránsito

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La migración de tránsito es un fenómeno añejo en el caso de México, al ser vecinos de Estados Unidos, siempre ha sido un lugar por donde han fluido migrantes extranjeros. A comienzos del siglo XX existían coyotes de distintas nacionalidades en Ciudad Juárez, a donde llegaban las conexiones ferroviarias. Chinos, japoneses y de otros rumbos se dirigían a esa ciudad fronteriza para intentar el cruce subrepticio con modalidades muy parecidas a las de hoy en día.

Las ciudades fronterizas se convirtieron en centros de recepción de migrantes extranjeros, muy especialmente Ciudad Juárez para el rumbo de Texas y Tijuana para California. La gran oleada de la migración en tránsito se dio en las décadas del ochenta y noventa del siglo pasado, particularmente por la emigración de salvadoreños y guatemaltecos. Pero el flujo se hizo visible y mediático a comienzos del presente siglo cuando muchos migrantes, sin recursos, optaron por viajar en el lomo de los trenes de carga, llamado La Bestia. Poco a poco, se fue transformando el patrón migratorio que pasó de ser una migración laboral, masculina y clandestina a una migración abierta, familiar, infantil y juvenil que solicitaban refugio. El último patrón migratorio fue de carácter disruptivo, con caravanas masivas de migrantes que exigían el ingreso y el libre tránsito.

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La política migratoria en cuanto al tránsito depende de la intensidad de los flujos y de las presiones por parte de Estados Unidos. Es una política reactiva que simplemente se puede calificar de contención, deportación y tránsito autorizado para salir del país por alguna de sus fronteras, léase la del norte. Por lo general, el tránsito suele ser fluido, dado que los detenidos no llegan al 10% del flujo estimado. No obstante, la ruta es peligrosa por el control que ejercen las mafias, delincuentes, policías y funcionarios de inmigración que extorsionan a los migrantes, entre otras fechorías.

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Propiamente, México es el último país de tránsito, porque la inmensa mayoría de los migrantes quieren llegar a Estados Unidos. A nivel geopolítico, esta localización resulta ser complicada y comprometida, sobre todo en comparación con otros países del continente que simplemente dejan pasar a los emigrantes. México, paradójicamente, es un embudo a la inversa de tres mil kilómetros de frontera de largo y la migración en tránsito, más que una política interna, se ha convertido en un asunto bilateral. Estados Unidos espera que México opere como un filtro a los flujos migratorios de otros países, en especial para los que ingresan al territorio de manera irregular.

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Pero también recibe presiones importantes para que dificulte el ingreso y pida el requisito de visa a ciertos países que se caracterizan por tener flujos migratorios importantes. En 2021 México impuso el requisito de vida a Ecuador, Brasil y Venezuela, debido a una llamada de atención por parte de Estados Unidos que había detectado un incremento en el ingreso de nacionales de estos países, que trataba de ingresar de manera subrepticia o que eran posibles solicitantes de refugio. México se ve afectado en su imagen y en sus intereses con estas medidas, pero las presiones y amenazas del imperio suelen imponerse.

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Política de inmigración

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Finalmente, habría que considerar la política inmigratoria de México. Si bien, en tiempos ya remotos, México trató de incentivar la llegada de inmigrantes europeos, dígase blancos, hace tiempo que tiene una política que podríamos considerar como restrictiva. México propicia la llegada de turistas, pero entorpece los trámites a los posibles migrantes que optan por la residencia y la naturalización. Y en la práctica esta política se refleja en los números. De acuerdo con el último censo de 2020, el registro de extranjeros llegó a 1.2 millones, de los cuales se ha estimado que unos 400 mil, son hijos de mexicanos nacidos en el extranjero y que regresaron con sus padres deportados. En síntesis, quedan 800 mil inmigrantes, para una población de 126 millones, lo que representa un 0.6% de la población total. Estadísticamente, significa nada: somos un país cerrado a la inmigración, pero paradójicamente somos el país más importante del mundo, en cuanto a exportación de mano de obra.

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En la actualidad, México debería tener una política migratoria favorable a la inmigración, sobre todo porque ya se terminó el proceso de transición demográfica y ha empezado el de envejecimiento. Más pronto que tarde, México tendrá urgencia para acceder a mano de obra, en determinados sectores de la economía, dado que todavía pierde población por la emigración y ha decrecido notablemente la tasa de natalidad.

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Finalmente, una última paradoja, el ingreso de extranjeros al país de manera irregular no sólo se da en la frontera sur, también recibimos extranjeros en la frontera norte. Hace menos de una década, una importante labor del Instituto Nacional de Migración en la frontera norte era identificar, entre los deportados, a los que no eran nacionales y devolverlos a Estados Unidos. Ahora ya no realizan esa labor. Simplemente Estados Unidos deporta a cientos de centroamericanos todos los días al territorio nacional de manera irregular para las leyes mexicanas, pero legal para las leyes de salud norteamericanas que aplican el título 42, de deportación en caliente, en tiempos de pandemia como los que vivimos.

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En síntesis, hay que entender las políticas migratorias mexicanas en un contexto de asimetría de poder, dado que somos vecinos de Estados Unidos. La emigración de trabajadores mexicanos está condicionada por los intereses y los vaivenes de su economía; la inmigración y las visas a extranjeros dependen, muchas veces, de lo que apruebe o condiciones el país vecino; el retorno o aceptación de migrantes irregulares es una decisión totalmente unilateral y la política con respecto al tránsito, también. Para muestra un botón: El programa Quédate en México, de recepción de solicitantes de asilo en Estados Unidos, que deben esperar en nuestro país, fue una decisión unilateral de Estados Unidos, así lo dijo públicamente la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero se aceptó por razones “humanitarias”.