2. La creciente omnipresencia militar en México
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Ocupación militar. Un (breve) recuento de la presencia del Ejército en espacios civiles desde el inicio de la guerra contra las drogas

 
Sara Elena Velázquez Moreno y José Enrique Coutiño Trejo

Colaboradores del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

 

 

 

La aceleración dramática de un proceso antiguo. Así define Thomas Rath (2016) al despliegue masivo de integrantes de las Fuerzas Armadas (en adelante FF. AA.) que el expresidente Felipe Calderón ordenó con el objetivo de declararle la guerra a las drogas y al crimen organizado a finales del 2006.

En México, históricamente las FF. AA. han tenido presencia en actividades que no necesariamente se relacionan con la disciplina militar. Un ejemplo de ello es la presencia del Ejército en estados como Guerrero, en donde desde hace casi medio siglo hay presencia militar para la erradicación de cultivos ilícitos, e incluso con posterioridad a la llamada transición a la democracia, el Ejército continuaba teniendo presencia en el combate a grupos insurgentes (CoIDH, 2010). No obstante, la estrategia de seguridad de corte militarizada de Calderón supuso un punto de inflexión en cuanto a la presencia militar y, derivado de ello, marcó un nuevo capítulo de la presencia militar en la vida civil de México.

Según datos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena, 2021), entre 2006 y 2007, la cantidad de militares desplegados se incrementó a nivel nacional en casi un 20%. Sin embargo, este incremento no fue simultáneo. Mientras que en algunas regiones fue mínimo ( por ejemplo, en Ciudad de México de 2006 a 2007 sólo se desplegaron 43 militares más), en otras, el aumento fue significativo. Un ejemplo de ello es el caso de la región correspondiente a Puebla, Veracruz y Tlaxcala, en donde de un año para otro, la presencia militar creció más del doble.

Esta presencia militar, inicialmente enfocada al desempeño de actividades de seguridad pública y posteriormente a la ejecución de tareas diversas, ha implicado múltiples consecuencias que han terminado por difuminar la frontera entre la disciplina militar y la vida civil. Ante esta situación, es menester hacer un recuento de los costos que implica el recurrir a las FF. AA. como una institución multiusos. Para realizar dicho análisis, dividimos este texto en cuatro partes. En la primera analizamos qué se puede entender por costo y cuáles son los dos tipos de costos que nosotros identificamos. A decir, costos latentes y patentes, l os cuales exponemos en la segunda y tercera sección, respectivamente. Por último, con base en la evidencia aportada, reflexionamos sobre los riesgos que supone la avanzada militarización en espacios de la vida civil.

Costos

El despliegue militar como “combate” al crimen organizado, implicó, entre otras cosas, dos tipos de consecuencias. Siguiendo lo propuesto por el Watson Institute of Public Affairs de la Universidad de Brown, así como por Alejandro Madrazo (2017),  a estas consecuencias les denominaremos costos. Dividimos estos costos en dos tipos: patentes y latentes. Los costos patentes son las consecuencias negativas perceptibles del despliegue militar; es decir, aquellas que se manifiestan de forma material. Los costos latentes, por su parte, son productos de los patentes y su manifestación es a través de mecanismos simbólicos y narrativos. A continuación, el detalle de cada costo.

Costos patentes

Identificamos cuatro de estos “costos” relacionados con la militarización: el incremento de homicidios, de letalidad, de violaciones a derechos humanos y de ocupación militar de espacios civiles además del de seguridad pública.

Como primer costo señalamos la relación causal que existe entre operativos militares y homicidios. Como lo expone Atuesta (2018), cuando el Ejército desarrolla funciones de seguridad pública y en el desempeño de esta tarea sucede un enfrentamiento armado entre fuerzas de seguridad y “presuntos delincuentes”, el número de homicidios a nivel municipal aumenta en el lugar en donde ocurrió dicho enfrentamiento hasta en un 9% por ciento. 

Es importante resaltar que aunque a nivel nacional la mayoría de las víctimas de homicidio son hombres, hay evidencia de que el despliegue militar también supone un incremento en los homicidios de mujeres, tanto en espacios públicos como dentro de casa (Atuesta y Vela, 2020). Lo anterior implica que de manera indirecta, la militarización es un factor que puede ser asociado con la alta tasa nacional de homicidios violentos de mujeres.

El segundo costo patente es que las fuerzas castrenses tienen un mayor índice de abuso de la fuerza letal. Esto, en comparación con autoridades civiles, en el desempeño de actividades de seguridad pública (Forné et al, 2019). Lo anterior implica que las FF. AA. tienden a recurrir de manera más común al uso ilegítimo de la violencia letal. Este costo, sin embargo, no solo se debe al despliegue de personal militar en labores de seguridad pública, sino también a la manera en que la lógica militar ha permeado las estrategias de seguridad pública y a la falta de profesionalización de las policías civiles como consecuencia de apostarle mayormente al Ejército para el desempeño de actividades de seguridad. El resultado de esto es una creciente improvisación e intensificación de la letalidad en el uso de la fuerza de todas las instituciones de seguridad pública (Madrazo et al, 2018).

La relación de letalidad y presencia militar está directamente ligada al tercer costo patente: el despliegue militar como un factor que ha favorecido la comisión de violaciones a derechos humanos. Por un lado, como señalan Magaloni y Rodríguez (2020), las fuerzas públicas han reportado un mayor aumento en la brutalidad al realizar labores de seguridad pública a partir de la militarización de esta materia, particularmente en lo relacionado con tortura. Esta situación podría deberse a que el proceso de militarización ha implicado la introducción de estrategias, equipo y disciplina castrenses en espacios civiles. Un ejemplo de esto son las agencias de policías estatales, ya que de 2004 a 2019, al menos en una ocasión, cuatro de cada cinco agencias estatales fueron dirigidas por un exmilitar (Padilla, 2020).

Si la introducción de lógicas militares a instituciones civiles implica un incremento de la brutalidad es porque la tortura podría ser una práctica común entre los integrantes de las FF. AA. Según el Sistema Nacional de Alerta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde 2014 el Ejército se encuentra entre las 10 autoridades con mayor cantidad de quejas por violaciones a derechos humanos. Además, durante  2021, el Ejército y la Marina se situaron en el primer y segundo lugar de las autoridades de seguridad con más quejas por privación de la vida, desaparición forzada, tratos crueles e inhumanos y detención arbitraria.

Aunque una queja ante la CNDH es eso, una denuncia que no implica necesariamente una resolución conclusiva, las cifras de quejas funcionan como indicadores que se pueden complementar con otras herramientas, por ejemplo la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) elaborada por el INEGI en 2016 y 2021. Al igual que las quejas de la CNDH, los datos de la ENPOL sugieren que el Ejército viola los derechos humanos. Y no es que otras instituciones de seguridad no lo hagan: el 79% de las personas encuestadas en la ENPOL 2016 y el 72% de quienes fueron encuestados en la ENPOL 2021 reportaron que, durante su detención, fueron víctimas de tortura o malos tratos. Sin embargo, este porcentaje incrementa tratándose de detenciones realizadas por las FF. AA.

De acuerdo con la ENPOL 2016, la cantidad de personas que reportaron haber sido torturadas por el Ejército o la Marina durante su detención fueron el 85% y 88% respectivamente, lo que implica un 6% y 9% arriba del promedio. Lo anterior situó a las FF. AA. como las autoridades que más recurrian a la práctica de tortura y malos tratos. Para 2021, según la ENPOL de ese año, el 79% de las personas detenidas por el Ejército y el 85% de quienes por la Marina reportaron haber sido víctimas de tortura o malos tratos; es decir un 7% y 13%  arriba del promedio, respectivamente. Esto implica que la recurrencia en estas agencias de la práctica de tortura y malos tratos al momento de la detención aumentó sobre el promedio en 1% y 4% respectivamente en comparación a 2016.

 

Por último, el cuarto costo patente está asociado a la presencia militar en la vida pública civil, más allá de las labores de seguridad pública. Puertos, aduanas, construcción de infraestructura pública y participación en actividades de política social son solo algunas de las actividades que actualmente están a cargo de las FF. AA.

Entre 2006 y 2021, el Ejército acumuló tantas tareas y responsabilidades que poco o nada tienen que ver con disciplina militar que desde el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas comenzamos a llevar un registro de éstas en un proyecto denominado Inventario Nacional de lo Militarizado (en adelante el Inventario).

El Inventario es una lista descriptiva y detallada de algunas de las funciones, tareas y presupuesto originalmente civiles que, a partir  del despliegue masivo de militares, a finales de 2006, han sido transferidas a las FF. AA (Velázquez et al, 2021). Según el Inventario, entre 2007 y 2021 el gobierno federal le asignó 127 tareas o presupuestos originalmente civiles al Ejército. A nivel federal, la presencia militar se encuentra preponderantemente en la construcción de obras públicas, ejecución de política social y acciones de protección ambiental.

Por su parte, los gobiernos estatales destinaron a las FF. AA. en al menos 100 ocasiones tareas y presupuesto correspondientes a las entidades federativas. En los estados, el despliegue militar se ha extendido principalmente a actividades de construcción, protección civil y protección ambiental. Además, las entidades federativas han sido un ente clave para la canalización de presupuesto civil al Ejército. Entre 2010 y 2020, diversas entidades federativas canalizaron más de tres mil millones de pesos a la Sedena para el desarrollo de actividades para las que las FF. AA. están facultadas, pero que desarrollaron con presupuesto originalmente destinado a instituciones civiles.

      

Funciones, facultades y presupuesto son conceptos abstractos. Sin embargo estos se pueden traducir de manera tangible en acciones. Algunas de estas pudieran parecer triviales como la presencia militar en el traslado de libros de texto gratuitos y la operación de viveros. En contraste, otras acciones suponen riesgos inmediatos y están ligadas con algunos de los costos patentes que hemos expuesto. Un ejemplo de ello es el entrenamiento de policías locales a cargo de militares, la transformación de la Guardia Nacional en un cuerpo de seguridad militarizado y la presencia de las personas a cargo del Ejército y la Marina en espacios de toma de decisiones como el Consejo de Ciencia y Tecnología.

Si en 2006 comenzaron a difuminarse los límites que separaban a una política de seguridad de una de guerra con el despliegue masivo de integrantes de las FF. AA., para 2021 distinguir entre lo civil y lo militar se había transformado en un ejercicio complejo.

Costos latentes

Los problemas latentes son aquellos que, a diferencia de los costos patentes, se manifiestan de forma simbólica y discursiva. Aquellos surgen cuando la lógica militar se exacerba e impulsa en mayor escala y en áreas distintas a las estrictamente relacionadas con las FF. AA.; es decir, estos costos son las implicaciones de que la militarización sea convertida en una estrategia permanente y no en una respuesta transitoria. Así, la militarización ha sido la plataforma por la que se han creado nuevos costos, los latentes.

El primer costo de este tipo es la reconfiguración de la comunidad política mexicana, creando una división entre quienes “merecen” formar parte de esta y quienes no. Como señalan Madrazo y Barreto (2017), en seguridad pública, la militarización ha difuminado los límites que separaban a una política de seguridad pública con los de una política de guerra. El enfoque de seguridad ciudadana —de convivencia y de ciudadanos con derechos plenos— es el difuminado, y el privilegiado es el enfoque de seguridad nacional, en el que se permite la división entre ciudadanos y enemigos (Madrazo, 2012).

La difuminación de estas fronteras hace que distinguir entre lo civil y lo militar se haya transformado en un ejercicio complejo. Además esto impone, de hecho, una lógica de guerra generalizada que desplaza a cualquier lógica de Estado de derecho y afrenta las bases de la democracia constitucional mexicana (Pérez Correa, 2021).

En este sentido, cada vez que se militariza un nuevo aspecto de la vida pública, se funden más y más las fronteras que distinguen lo civil de lo militar. Esto termina desdibujando la comunidad política, habilitando a las FF. AA. como un actor político de facto, puesto que queda la definición de los problemas y de las posibles soluciones, sujetas al criterio de las FF. AA.

El segundo costo latente es el militarismo. Este es un fenómeno en el que el modelo militar y sus valores penetran a la estructura social (Shaw, 1991 en Eastwood, 2018). El militarismo implica la influencia militar en la toma de decisiones diarias, políticas y de política de cualquier actor civil. Esto quiere decir que en el militarismo son la FF. AA. las que propician y buscan activamente promover sus intereses, aún si estos son políticos.

Conclusión

La discusión acerca de la descuartelización de los militares y las consecuencias de su presencia latente y patente definitivamente no es nueva. La presión ejercida desde espacios diversos que van desde sociedad civil organizada hasta tribunales internacionales (CoIDH, 2018) generó que en 2018 se estableciera una fecha de término para que las FF. AA. retornen exclusivamente a los espacios militares. El 26 de marzo de 2024 es el día límite para que los militares dejen de realizar actividades de seguridad pública y con ello, paren de ocupar el espacio por el que entraron a las instituciones civiles. Han pasado casi cuatro años del establecimiento de esa fecha y pareciera que durante ese tiempo la puerta de entrada a las FF. AA. no sólo ha continuado abierta, sino que se ha hecho un boquete en la pared.

¿Cuándo se supone que vamos a tomarnos en serio el cómo vamos a transitar el apabullante camino de regresar al Ejército a sus cuarteles? ¿Cómo vamos a revertir la respuesta de pánico que supuso el despliegue militar en 2006? Podemos contar otro relato, uno en el que las FF.AA. regresan a sus cuarteles y la verdad, justicia,  reparación y no repetición son respuestas a los costos de la militarización. Para ello es urgente una propuesta de seguridad ciudadana basada en la construcción comunitaria y no en el despliegue masivo para pacificar abatiendo. Lo importante es construir.

Referencias:

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