
No se trata
solo de migrantes: se trata de nuestra humanidad
Mensaje de los obispos mexicanos con motivo del acuerdo entre México y los Estados Unidos en materia arancelaria y política migratoria
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1. MUJERES EN MÉXICO: SUS LUCHAS CONTRA TODAS LAS VIOLENCIAS Y DESIGUALDADES
Las bajas expectativas económicas y la creciente lucha política
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PRESENTACIÓN
Elio Villaseñor Gómez
Director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C.
“Callando es como se aprende a oír; oyendo es como se aprende a hablar; y luego, hablando se aprende a callar”
Diógenes Laercio el Cínico, sabio filósofo griego (412-323 A.C.)
Sin duda alguna, el 2022 será un año en el que subsistan los problemas que los ciudadanos atestiguamos y padecimos durante el año pasado, que se caracterizó por los estragos causados por la pandemia de Covid-19, la rampante inseguridad, los menoscabos económicos en el plano nacional y en los bolsillos de las personas, las perenes pugnas entre los miembros de la clase política, así como la ausencia de propuestas para buscar solución a los temas urgentes en nuestra vida cotidiana.
Y este estado de las cosas se verá aún más acentuado en este año por efecto de la efervescencia y la confrontación que suscitarán los debates de las tres grandes reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo objetivo es consolidar su aspirada “Cuarta Transformación”. Estas acicatearán la lucha política por la sucesión presidencial anticipada y las elecciones estatales del presente año, mismas que habrán de ser las determinantes del contexto nacional, del crecimiento económico y de la postura que asuma la sociedad en general en los próximos años.
En ese tenor, es pertinente citar las implicaciones legislativas, legales, políticas y sociales que eventualmente conllevará el debate y, de ser el caso, aprobación de las citadas reformas, pues estas serán una especie de piedra de toque que marcarán no sólo este año, sino el sexenio.
La Reforma Eléctrica habrá de definir si sale avante el nacionalismo estatista que impulsa la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es muy probable que con ello se instituya constitucionalmente al Estado como agente preponderante del desarrollo en sustitución del mercado. De aprobarse, el gobierno estará en condiciones de controlar el proceso de generación y distribución de energía eléctrica para el movimiento de toda la economía nacional, con las consecuencias previsibles del deterioro tecnológico, la incertidumbre energética para empresas y consumidores, así como los muy severos límites a la transición hacia las energías limpias. Ello podrá ser la puerta de un seguro conflicto con las inversiones externas e internas en el sector energético, principalmente uno que surja con los socios de México en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La otra gran reforma es la electoral que habrá de definir el rumbo de la democracia mexicana, pues, de estar en sintonía con la “marca” que el gobierno le estaría imprimiendo, su evolución perfilaría una democracia popular participativa, en la que el gran riesgo estribaría en que toda clase de elecciones podrían ser controladas por el gobierno. Sería un cambio de gran calado que, con seguridad, acarrearía un grave conflicto del gobierno con los partidos políticos y la sociedad civil.
En ese marco, no debe olvidarse que, por mandato constitucional, tendrá lugar la consulta sobre “Revo cación de Mandato”, que aún sin verificarse ha estado teñida por la descalificación al Instituto Nacional Electoral (INE). Este ejercicio podría decantar, como en su momento sucedió con el fracasado intento de “referéndum” para “juzgar a los expresidentes”, en una suerte de parodia burda de “democracia participativa”.
El otro gran cambio que, desde su planteamiento, ha causado una gran polémica, es la Reforma de la Guardia Nacional que se anticipa definirá si la militarización termina por consolidarse, anulando el carácter civil de la República y otorgando a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) todo el control de la Seguridad Pública, la Seguridad Interior y la Seguridad Nacional. Para mencionarlo con claridad, constitucionalmente, los militares estarían facultados para controlar todo el orden público de la Nación y no la autoridad civil, anulando de facto el concepto republicano del mando civil en una república democrática.
Es muy probable que, de ser avalada por el Congreso, el conflicto jurídico, social y político esté asegurado, puesto que los ejes de dicha reforma van en contra de lo
establecido en la Constitución en cuanto al uso legítimo de la fuerza y el respeto a los derechos humanos, que están en sintonía con la lucha política de la sociedad civil, que ha sido la de una lucha civilista por una democracia con base en instituciones y derechos de naturaleza civil y no supeditados a ninguna autoridad militar.
Otra vertiente de igual o mayor magnitud, que se va a entrelazar con los resultados de las reformas constitucionales ya descritas, es el calendario electoral, pues en junio próximo habrán de disputarse seis gubernaturas (en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas), cuyo triunfo tanto el presidente de la República como MORENA buscarán asegurar, puesto que,
posterior a esos comicios, el país se adentrará en el proceso electoral de 2024. Este iniciará en el mes de septiembre de 2023 de acuerdo con la ley, por lo que el calendario político electoral comenzará a imponer urgencias a todos los actores, en particular al presidente Andrés Manuel López Obrador cuyo gobierno ha desplegado todo un entramado para someter al INE y sustituirlo por un organismo apropiado al interés presidencial.
En este sentido, la gran confrontación política y electoral empatará con el muy sensible deterioro económico nacional que, de acuerdo con proyecciones de analistas económicos estará caracterizado por un crecimiento económico muy limitado y por debajo de las expectativas oficiales, por efecto de la importante disminución de la inversión y el desempleo. Se ha estimado también que la inflación estará muy por encima de lo esperado por las autoridades (7.36% al cierre de 2021, reporte del INEGI), particularmente reflejada en el costo de la Canasta Básica de Alimentos ($1,844.32, datos del Coneval al cierre de diciembre de 2021) y el consumo de los energéticos, cuyos costos fijados por el mercado internacional no son controlables por el gobierno. En sencillas palabras, se prevé un contexto económico de estancamiento con inflación, con repercusiones negativas para el bolsillo de los trabajadores y sus familias.
Ante ese panorama, desde el inicio del año, con base en lo que perfilan estos grandes apartados, se realizan algunos pronósticos sobre las tendencias
económicas y sociales por venir, con el ánimo de otear el corto plazo para realizar algunas ponderaciones ante la posibilidad de que prevalezcan y/o se agudicen varias problemáticas que ya están en marcha.
Al respecto, es oportuno mencionar que, de acuerdo con datos del INEGI, México decreció -0.2% en 2019, una caída de -8.3% en 2020 por efecto de la pandemia y la carencia de apoyos oficiales al aparato productivo; en 2021 la recuperación no alcanzó el 6.5%, sino que se ubicó en 5.4%, un nivel sumamente bajo para el potencial de México, que no aprovechó el periodo de la recuperación de Estados Unidos.
Por lo anterior, la expectativa oficial de crecimiento del PIB de México para 2022 se ubica en un rango de entre 3.6-4.6% en los Criterios Generales de Política Económica 2022, aunque analistas y organismos multilaterales la ubican en un promedio de 2.5%, resultado de que los motores de la economía como la inversión privada o pública, el consumo, el turismo, o la exportación no están en condiciones de apoyar un potencial arranque que reanime la economía, al menos en el primer semestre del año.
No obstante, es preciso destacar que en ese escenario de baja expectativa, las remesas y sus efectos multiplicadores, por fortuna, fueron un apoyo para las familias de los millones de migrantes radicados principalmente en Estados Unidos, quienes enviaron 40,607 millones de dólares en remesas durante 2020 y que apuntan a superar los más de 50,000 millones de dólares (cifra cercana al 4.1% del PIB de México) para 2021, mucho más del doble que la inversión extranjera directa del mismo año (de 24,831 millones de dólares, según datos del Banco de México a noviembre de 2021), y 350% más que todos los programas sociales del gobierno en el mismo periodo($276,833’000,000, alrededor de 14,000 millones de dólares). Sin duda, los migrantes y sus remesas fueron la salvación de México, y del gobierno, como ya lo ha reconocido el presidente López Obrador.
A las cuestiones internas, también se suman las de carácter foráneo, principalmente las de índole económico dado que se prevé que el crecimiento mundial se desacelere notablemente, del 5.5% en 2021 al 4.1% en 2022 y al 3.2% en 2023 (datos del Banco Mundial), a medida que la demanda reprimida se disipe y vaya disminuyendo el nivel de apoyo fiscal y monetario en todo el mundo. Esa situación habrá de impactar a la economía nacional, no cómo una consecuencia colateral, sino por el bajo crecimiento que registrarán las economías del mundo, como la de Estados Unidos, principal socio comercial del país.
En ese plano, es preciso recordar que 2021 terminó con múltiples restricciones y tragedias en el tema de la migración, que acusó niveles de crisis humanitaria. Al iniciar este año el gobierno de Estados Unidos retomó el programa “Quédate en México”, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras las cortes de migración estadounidenses resuelven sus peticiones.
Todo apunta a que el gobierno mexicano mantendrá la dinámica de la gestión migratoria con el control militar o policial y, con ello, la persistente violación de los derechos humanos de las personas en movilidad, para quienes México se ha convertido en un muro de contención física y a sus aspiraciones de llegar a Estados Unidos en búsqueda de refugio. No se perfilan cambios políticos reales de la política migratoria, ni políticas de aceptación e integración humanitaria de los migrantes.
Frente a este escenario, se puede vaticinar que 2022 será un año de conflicto y poco diálogo para proponer soluciones urgentes de tópicos de la agenda pública. A la sociedad nos toca seguir disputando una parcela del espacio público para motivar un ambiente que desde lo local, lo regional y lo nacional construyamos vínculos con diversos actores para seguir promoviendo y planteando propuestas sobre los temas más imperiosos de la agenda nacional.
Lo anterior será una condición de atención cardinal, pues no se puede descartar que en el terreno social se gesten condiciones que favorezcan el hartazgo y la incertidumbre entre la población, dado que eventualmente se podrá observar la combinación de tres factores, a saber: un hartazgo por el confinamiento por el Covid-19 y sus variantes; de la irritación que cause la inflación y el consecuente repunte de precios en energía y alimentos; y la polarización política cultivada durante la primera mitad del actual sexenio.
Además, existen elevados niveles de inseguridad que no ceden en varias regiones del país, sobre todo cuando, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el año que comienza se mantendrá una tendencia de la incidencia delictiva al alza en rubros como homicidio doloso, feminicidio, narcomenudeo, violación, violencia familiar, robos a personas y casa habitación.
Esa perspectiva la refuerza el hecho de que las estrategias, como la política de “abrazos no balazos” para enfrentar la violencia, han demostrado su fracaso al evadir el fondo del problema generador de delincuencia y la inseguridad –como resultado de las interacciones entre desigualdad e impunidad con la corrupción y la ausencia de oportunidades para quienes se suman al crimen organizado-, y que, además, no considera a los principales afectados: la economía y a las ciudadanas y ciudadanos.
En suma, no podemos dejar que el país se nos vaya de las manos, sobre todo porque el 2022 será un año extremadamente complejo y difícil, y la lucha política estará por todo lo alto y las élites políticas de la nación estarán haciendo gala de su principal déficit y miopía política. Para la sociedad deberá quedar en blanco y negro que no será viable creer en las buenas intenciones o el más puro voluntarismo político, sino que deberemos construir nuestra esperanza a partir de tomar medidas concretas para sacar avante al país en corto y mediano plazo.
Por todo lo anterior, ante la ruta que el actual gobierno ha impuesto al país, es la hora de la sociedad civil pues importa retomar el crecimiento nacional con políticas que sustenten el desarrollo democrático institucional, las libertades ciudadanas y el combate efectivo a la pobreza y la desigualdad, sin la militarización del orden público.