En ese tenor, es pertinente citar las implicaciones legislativas, legales, políticas y  sociales que eventualmente conllevará el debate y, de ser el caso, aprobación de  las citadas reformas, pues estas serán una especie de piedra de toque que  marcarán no sólo este año, sino el sexenio.

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La Reforma Eléctrica habrá de definir si sale avante el nacionalismo estatista que  impulsa la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es  muy probable que con ello se instituya constitucionalmente al Estado como  agente preponderante del desarrollo en sustitución del mercado. De aprobarse, el  gobierno estará en condiciones de controlar el proceso de generación y distribución de energía eléctrica para el movimiento de toda la economía nacional,  con las consecuencias previsibles del deterioro tecnológico, la incertidumbre  energética para empresas y consumidores, así como los muy severos límites a la  transición hacia las energías limpias. Ello podrá ser la puerta de un seguro  conflicto con las inversiones externas e internas en el sector energético,  principalmente uno que surja con los socios de México en el Tratado entre México,  Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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La otra gran reforma es la electoral que habrá de definir el rumbo de la  democracia mexicana, pues, de estar en sintonía con la “marca” que el gobierno le  estaría imprimiendo, su evolución perfilaría una democracia popular participativa,  en la que el gran riesgo estribaría en que toda clase de elecciones podrían ser  controladas por el gobierno. Sería un cambio de gran calado que, con seguridad,  acarrearía un grave conflicto del gobierno con los partidos políticos y la sociedad  civil. 

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En ese marco, no debe olvidarse que, por mandato constitucional, tendrá lugar la  consulta sobre “Revo cación de Mandato”, que aún sin verificarse ha estado teñida  por la descalificación al Instituto Nacional Electoral (INE). Este ejercicio podría  decantar, como en su momento sucedió con el fracasado intento de “referéndum”  para “juzgar a los expresidentes”, en una suerte de parodia burda de “democracia  participativa”.

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El otro gran cambio que, desde su planteamiento, ha causado una gran polémica,  es la Reforma de la Guardia Nacional que se anticipa definirá si la militarización  termina por consolidarse, anulando el carácter civil de la República y otorgando a la  Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) todo el control de la Seguridad  Pública, la Seguridad Interior y la Seguridad Nacional. Para mencionarlo con  claridad, constitucionalmente, los militares estarían facultados para controlar todo  el orden público de la Nación y no la autoridad civil, anulando de facto el concepto  republicano del mando civil en una república democrática. 

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Es muy probable que, de ser avalada por el Congreso, el conflicto jurídico, social y  político esté asegurado, puesto que los ejes de dicha reforma van en contra de lo

establecido en la Constitución en cuanto al uso legítimo de la fuerza y el respeto a  los derechos humanos, que están en sintonía con la lucha política de la sociedad  civil, que ha sido la de una lucha civilista por una democracia con base en  instituciones y derechos de naturaleza civil y no supeditados a ninguna autoridad  militar.

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Otra vertiente de igual o mayor magnitud, que se va a entrelazar con los resultados  de las reformas constitucionales ya descritas, es el calendario electoral, pues en  junio próximo habrán de disputarse seis gubernaturas (en Aguascalientes,  Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas), cuyo triunfo tanto el  presidente de la República como MORENA buscarán asegurar, puesto que,

posterior a esos comicios, el país se adentrará en el proceso electoral de 2024. Este iniciará en el mes de septiembre de 2023 de acuerdo con la ley, por lo que el  calendario político electoral comenzará a imponer urgencias a todos los actores,  en particular al presidente Andrés Manuel López Obrador cuyo gobierno ha  desplegado todo un entramado para someter al INE y  sustituirlo por un organismo apropiado al interés presidencial.

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En este sentido, la gran confrontación política y electoral empatará con el muy  sensible deterioro económico nacional que, de acuerdo con proyecciones de  analistas económicos estará caracterizado por un crecimiento económico muy  limitado y por debajo de las expectativas oficiales, por efecto de la importante  disminución de la inversión y el desempleo. Se ha estimado también que la inflación estará muy por encima de lo esperado por las autoridades (7.36% al cierre de 2021, reporte del  INEGI), particularmente reflejada en el costo de la Canasta Básica de Alimentos  ($1,844.32, datos del Coneval al cierre de diciembre de 2021) y el consumo de los  energéticos, cuyos costos fijados por el mercado internacional no son controlables  por el gobierno. En sencillas palabras, se prevé un contexto económico de estancamiento con inflación, con repercusiones negativas para el bolsillo de los trabajadores y  sus familias.

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Ante ese panorama, desde el inicio del año, con base en lo que perfilan estos  grandes apartados, se realizan algunos pronósticos sobre las tendencias

económicas y sociales por venir, con el ánimo de otear el corto plazo para realizar  algunas ponderaciones ante la posibilidad de que prevalezcan y/o se agudicen  varias problemáticas que ya están en marcha.

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Al respecto, es oportuno mencionar que, de acuerdo con datos del INEGI,  México decreció -0.2% en 2019, una caída de -8.3% en 2020 por efecto de la  pandemia y la carencia de apoyos oficiales al aparato productivo; en 2021 la  recuperación no alcanzó el 6.5%, sino que se ubicó en 5.4%, un nivel sumamente  bajo para el potencial de México, que no aprovechó el periodo de la recuperación  de Estados Unidos. 

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Por lo anterior, la expectativa oficial de crecimiento del PIB de México para 2022  se ubica en un rango de entre 3.6-4.6% en los Criterios Generales de Política  Económica 2022, aunque analistas y organismos multilaterales la ubican en un  promedio de 2.5%, resultado de que los motores de la economía como la inversión  privada o pública, el consumo, el turismo, o la exportación no están en condiciones  de apoyar un potencial arranque que reanime la economía, al menos en el primer  semestre del año.

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No obstante, es preciso destacar que en ese escenario de baja expectativa, las  remesas y sus efectos multiplicadores, por fortuna, fueron un apoyo para las familias de los  millones de migrantes radicados principalmente en Estados Unidos, quienes enviaron 40,607 millones de  dólares en remesas durante 2020 y que apuntan a superar los más de 50,000 millones de dólares  (cifra cercana al 4.1% del PIB de México) para 2021,  mucho más del doble que la inversión extranjera directa del mismo año (de 24,831 millones de dólares, según datos del Banco de México a noviembre de 2021), y  350% más que todos los programas sociales del gobierno en el mismo periodo($276,833’000,000, alrededor de 14,000 millones de dólares). Sin duda, los  migrantes y sus remesas fueron la salvación de México, y del gobierno, como ya lo  ha reconocido el presidente López Obrador.

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A las cuestiones internas, también se suman las de carácter foráneo,  principalmente las de índole económico dado que se prevé que el crecimiento mundial se desacelere notablemente, del 5.5% en 2021 al 4.1% en 2022 y al 3.2%  en 2023 (datos del Banco Mundial), a medida que la demanda reprimida se disipe  y vaya disminuyendo el nivel de apoyo fiscal y monetario en todo el mundo. Esa  situación habrá de impactar a la economía nacional, no cómo una consecuencia  colateral, sino por el bajo crecimiento que registrarán las economías del mundo,  como la de Estados Unidos, principal socio comercial del país.

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En ese plano, es preciso recordar que 2021 terminó con múltiples restricciones y  tragedias en el tema de la migración, que acusó niveles de crisis humanitaria. Al iniciar este año el gobierno de Estados Unidos retomó el programa “Quédate en  México”, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano  mientras las cortes de migración estadounidenses resuelven sus peticiones.

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Todo apunta a que el gobierno mexicano mantendrá la dinámica de  la gestión migratoria con el control militar o policial y, con ello, la persistente violación de los derechos humanos de las personas en movilidad, para quienes  México se ha convertido en un muro de contención física y a sus aspiraciones de  llegar a Estados Unidos en búsqueda de refugio. No se perfilan cambios políticos reales de la política migratoria, ni políticas de  aceptación e integración humanitaria de los migrantes.

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Frente a este escenario, se puede vaticinar que 2022 será un año de conflicto y poco diálogo  para proponer soluciones urgentes de tópicos de la agenda pública. A la sociedad  nos toca seguir disputando una parcela del espacio público para motivar un ambiente que desde lo local, lo regional y lo nacional construyamos vínculos con diversos actores para seguir promoviendo y planteando propuestas sobre los  temas más imperiosos de la agenda nacional.

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Lo anterior será una condición de atención cardinal, pues no se puede descartar  que en el terreno social se gesten condiciones que favorezcan el hartazgo y la  incertidumbre entre la población, dado que eventualmente se podrá  observar la combinación de tres factores, a saber: un hartazgo por el  confinamiento por el Covid-19 y sus variantes; de la irritación que cause la inflación y el consecuente repunte de precios en energía y alimentos; y la  polarización política cultivada durante la primera mitad del actual sexenio. 

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Además, existen elevados niveles de inseguridad que no ceden en varias  regiones del país, sobre todo cuando, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad  y Protección Ciudadana, en el año que comienza se mantendrá una tendencia de  la incidencia delictiva al alza en rubros como homicidio doloso, feminicidio,  narcomenudeo, violación, violencia familiar, robos a personas y casa habitación. 

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Esa perspectiva la refuerza el hecho de que las estrategias, como la política de  “abrazos no balazos” para enfrentar la violencia, han demostrado su fracaso al  evadir el fondo del problema generador de delincuencia y la inseguridad –como  resultado de las interacciones entre desigualdad e impunidad con la corrupción y  la ausencia de oportunidades para quienes se suman al crimen organizado-, y  que, además, no considera a los principales afectados: la economía y a las  ciudadanas y ciudadanos.