Bradford, un economista prestigiado de la Universidad de California en Berekley, afirmaba en un artículo (Bradford Delong, 2021) que “Es sumamente probable que el repunte actual de la inflación de Estados Unidos simplemente sea un bache en el camino, resultado de la recuperación postpandemia. No hay ninguna señal de que las expectativas de inflación se hayan desatado…”.

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Lo cierto es que este fenómeno se ha convertido en un asunto que preocupa al mundo entero y pone en peligro el crecimiento económico. En Estados Unidos el índice de precios al consumidor alcanzó 7% (anual) en diciembre, la más alta desde 1982. En nuestro país, la inflación fue de 7.36 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a principios de enero de este año, lejos del objetivo del Banco de México (INEGI-La Jornada, 2022).

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Por otra parte, en el mundo en desarrollo, enfrentan también la posibilidad de una crisis financiera desatada por la acumulación de deudas soberanas.

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“Hoy en día, 120 países de ingresos bajos y medios deben en conjunto 3.1 billones de dólares de deuda externa; pagar el servicio de ésta va a constituir un impedimento mayor para la recuperación de los países endeudados y la economía mundial… (Por ello) una forma de ampliar el espacio fiscal de los países en desarrollo y los mercados emergentes es una suspensión total del servicio de deuda. No obstante, puesto que la pandemia se ha prolongado, algunos países van a requerir más que eso: se necesita una reestructuración integral de la deuda, una que no cometa el mismo error de hacer demasiado poco, demasiado tarde y que sólo conduzca a otra crisis dentro de unos años” (NET, 2021).

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Los indicadores del crecimiento económico se han vuelto más pesimistas: según el reporte citado del BM, a nivel mundial, “después de un rebote de un estimado 5.5% del PIB en 2021, habrá una desaceleración al 4.1 por ciento en 2022.” (World Bank, 2022). En América Latina la expectativa es caer del 5.5 al 4.1 por ciento. En México pasaremos, según este reporte, del -8.2 en 2020, al 5.7 en 2021 al 3.0 por ciento en 2022.

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El caso de México

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Los efectos de la crisis afectaron a los trabajadores y sus familias en todos lados. En el caso de México, además, la pandemia mostró crudamente las debilidades del mercado laboral y la insuficiencia de las políticas públicas. De acuerdo con los resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo del tercer trimestre de 2021 (INEGI, 2021), la tasa de desempleo abierto permanecía más alta que a principios de 2020: 4.2%. La tasa de subocupación fue de 12.9%. La incorporación al mercado laboral ha sido más lenta para las mujeres que para los hombres, lo que ha acentuado la desigualdad entre los géneros.

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Además, casi 8 millones de personas, declararon que necesitaban trabajar, pero, al mismo tiempo, no estaban buscando un empleo ni se encontraban ocupadas, debido a que no veían ninguna oportunidad para ello o a que su situación familiar (cuidado de otras personas en el hogar) o personal (enfermedades o percepción de un alto riesgo de contagio) se los impedía. Técnicamente formaban parte de la población económica no activa disponible.

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Este indicador es uno de los más importantes para definir lo que algunos especialistas llaman la “brecha laboral”, la cual mide -de mejor manera que la tasa de desocupación abierta- la presión de la oferta sobre la demanda de empleos o, dicho de otra manera, la insuficiencia del mercado para incorporar a las personas que necesitan un trabajo para subsistir. Según la CONASAMI (Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, 2021) “… la brecha laboral contempla a las personas con empleo, pero con necesidad de trabajar más (subocupados); personas desocupadas; y personas sin empleo, que no buscan activamente uno, aunque  lo aceptarían si se les ofreciera ... En el primer trimestre de 2020 este indicador se encontraba en 19.7%, en el tercer trimestre de 2021… en 26.4%... (llegó a subir, en mayo de 2020 a más del 50%)”.

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Muchos de los que lograron volver a trabajar no regresaron a sus ocupaciones anteriores. Algunos pasaron de un empleo asalariado a convertirse en trabajadores por cuenta propia.  Otros se refugiaron, principalmente, en micronegocios (6.4 millones) y los menos, en grandes establecimientos en el sector industrial o de servicios (1.1 millones).

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Las modalidades del empleo informal (por cuenta propia, empleo en empresas familiares o en puestos laborales sin seguridad social) se expandieron y en el segundo trimestre de este año representaron el 56.2% de la población ocupada (frente a un 51% que se registró en ese mismo periodo del año pasado).

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En estas condiciones, las políticas del gobierno mexicano tienen que fortalecerse, lo que significa en algunos casos aumentar las partidas (en salud); replantear las prioridades (la inversión pública en infraestructura más que los apoyos al consumo final); y proponer nuevos programas en: ciencia y tecnología; empleo; apoyos a los trabajadores (desempleados o subocupados) y a las personas encargadas del cuidado de los hogares; y a la protección del medio ambiente.

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La necesidad de una reforma fiscal progresiva

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Todo lo anterior requeriría mayores recursos y nuevas leyes e instituciones. Lo que conduce al tema de la necesidad de una reforma fiscal progresiva que grave menos a los ingresos más reducidos y aumente la carga a las personas ubicadas en los percentiles más prósperos.

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En un ambiente inflacionario, bajo presiones financieras que pueden agravarse, y con tantas incertidumbres, aumentar impuestos, así sea a un porcentaje muy reducido de la población, puede parecer muy arriesgado. Algunos dirán que haría aumentar aún más los precios, la fuga de capitales y reduciría las expectativas de crecimiento. Sin embargo, dejar de hacerlo implica peligros mayores: una recuperación muy lenta y un crecimiento mayor de la pobreza y la desigualdad. A corto plazo, una actitud conservadora suena razonable; no obstante, pensar en el futuro mediato exige medidas mucho más ambiciosas que las planteadas por el gobierno actual.

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El asunto es principalmente de carácter político: el gobierno tendría que proponer un plan de corto y mediano plazo a la sociedad que, razonablemente, permita fijar objetivos, instrumentos y plazos para combatir la crisis y lograr una mejoría de la calidad de vida de la mayoría de la población. Y requeriría enfrentar la muy probable oposición, sobre todo, de las oligarquías. ¿Es posible?

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En un editorial del NYT (04/11/2021), Paul Krugman afirmaba que “el dinero de los multimillonarios les da mucha influencia política, la suficiente para que, en este país (EU), logre bloquear los planes…(para) financiar un muy necesario gasto social con un gravamen que sólo afectaría a unos cuantos cientos de personas…”. Por su lado,  Miguel Ángel García Vega, en nota publicada en El País (Vega, 2021), afirmaba que hay una guerra entre los grandes consorcios y el Estado. Aquellas no aceptan pagar impuestos, una regulación más estrecha, ni proteger a sus empleados.

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El reportaje del diario español cita a Daron Acemoglu, profesor de economía del MIT, quien asegura que “Hay una lucha trascendental entre los gigantes tecnológicos y la sociedad civil, o sea, los ciudadanos de a pie”. Y recomienda: “Impedir la captura del regulador prohibiendo la participación de expolíticos y altos funcionarios del Estado en consejos, filiales o asociaciones”. Es decir, bloquear las puertas giratorias.

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En esta confrontación entre el poder público y el privado, no debemos olvidarlo, hay un tercer actor: los trabajadores o, más generalmente, la sociedad civil organizada. Entonces, el problema es convencer primero a esa sociedad y, con ella, atreverse a innovar y romper con los tabúes (como el de la reforma fiscal). Alicia Bárcena y Mario Cimoli (2022) afirman en un artículo aparecido recientemente en El Trimestre Económico: “… el nuevo papel que el Estado deberá desempeñar en este proceso de recuperación transformadora… exige fortalecerlo institucionalmente, potenciar sus capacidades y definir sus acciones en torno a consensos sobre las políticas de largo plazo” (Barcena y Cimoli, 2022).

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En un momento de incertidumbres, tomar decisiones es indispensable. No hacerlo, resulta imposible. El asunto es: ¿para favorecer a quienes?

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Bibliografía:

 

Barcena, A. & Cimoli, M. (2022). Repensar el desarrollo a partir de la igualdad. El Trimestre Económico, 89(353), 19-37.

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Bloomberg. (02 de 11 de 2021). The great Supply Chain Disruption.

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Bradford Delong, J. (08 de noviembre de 2021). Why all the inflation worries? Project Syndicate.

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Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. (2021). Informe 2021. Ciudad de México: CONASAMI.

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INEGI. (2021). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Tercer trimestre 2021. Recuperado el 22 de noviembre de 2021

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INEGI-La Jornada. (2022). Inflación anual. INEGI. Recuperado el 08 de enero de 2022

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Krugman, P. (04 de noviembre de 2021). Elon Musk y el peligroso poder de los multimillonrios inseguros. New York Times.

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NET, C. (2021). La pandema y la crisis económica: una agenda mundial de acción inmediata. Informe preliminar. El Trimestre Económico, 88(351), 959-978.

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Vega, M. A. (04 de Noviembre de 2021). La guerra económica del siglo XXI. El País.

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World Bank. (2022). Global Economic Prospects January 2022. Washington: WB.