3. Agenda de reformas y acciones afirmativas para grupos desprotegidos
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Foto de Luis Etelberto San Juan Molina

Seguimos en la espera de la representación indígena en la Cámara de Diputados y la dichosa inclusión

 

Candelaria Lázaro

 

La inclusión de la población indígena en México, que representa el 10% de la población del país, está lejos de ser la adecuada. En 1992 México fue reconocido como un país multicultural, pero no fue sino hasta 2001 cuando se reconocieron los derechos políticos de los indígenas en el país. A pesar de ello, la primera iniciativa en el Congreso de la Unión para conocer el padrón de votantes indígenas surgió en el 2012. Sin embargo, para las elecciones del 2015 ni siquiera se ofrecía información sobre el padrón electoral, en su aspecto técnico.

 

Hoy, ya en el 2021, no tenemos un padrón o un catálogo de comunidades indígenas y mucho menos tenemos un censo de población indígena, por lo que los indígenas seguimos siendo un porcentaje; nuestra participación seguirá siendo nula y hace que la ley sea obsoleta. Se nos va el tiempo en nuevas propuestas de reforma de la Constitución y, a la par, el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI) realiza foros donde la voz que se hace válida es solo la de los delegados o jefes de sectores constitucionales, así como de las autoridades municipales constitucionales (como en el caso de Tabasco). No se respeta a las autoridades de las comunidades electas por usos y costumbres, ni a los mayordomos, parteras o rezadores, que gozan de la máxima autoridad moral en nuestras comunidades. Esto nos hace pensar que la atención a los pueblos originarios es una simulación y se escriben leyes a modo, ya que solo nos ponen a competir sin que se consolide la idea de pueblos originarios.

Sin embargo, se fortalecen sus bandos, creados por los partidos políticos, aunque se justifican con la palabra “inclusión”. Y en estas nuevas elecciones ha surgido otra nueva frase: “participación afirmativa en favor de la representación de las minorías”. A pesar de ello, la inclusión fue mínima y en otros casos fueron ocupados los lugares de las minorías, se usurparon sus espacios, sin que las personas que legítimamente pertenecen a las minorías pudieran hacerse presentes y participar.

Sin embargo, se fortalecen sus bandos, creados por los partidos políticos, aunque se justifican con la palabra “inclusión”. Y en estas nuevas elecciones ha surgido otra nueva frase: “participación afirmativa en favor de la representación de las minorías”. A pesar de ello, la inclusión fue mínima y en otros casos fueron ocupados los lugares de las minorías, se usurparon sus espacios, sin que las personas que legítimamente pertenecen a las minorías pudieran hacerse presentes y participar.

 

Por lo tanto, la inclusión no ha llegado. Tan es así, que en estas elecciones del 2021 muchas personas ocuparon el nombre de las personas indígenas para poder contender políticamente. Dicen ser nuestros representantes, cuando ni siquiera los conocemos, ni han seguido los protocolos de usos y costumbres. No nos permiten elegir primeramente desde nuestras comunidades para que, quienes en verdad nos representan, puedan competir o inscribirse en algún partido para que se cumpla debidamente la cuota indígena. Han violado nuestras garantías, nuestros derechos, nuestra forma de organizarnos Y eso nadie lo puede decir, nosotros no podemos canalizar nuestras quejas, porque a nadie le ha importado que violen estos derechos que se han plasmado en la Constitución y en los tratados internacionales del convenio de la Organización Internacional del Trabajo. En México existen 162 etnias indígenas que, en conjunto, integran unos 15 millones de personas, las cuales poseen una quinta parte del territorio nacional. Aun así, la representación indígena en nuestro país es realmente raquítica, pues muchas comunidades de pueblos originarios han elegido vivir aisladas y rehúyen de la convivencia con la población mestiza. La ley debe de garantizar el fomento de su participación política, lo cual no se plasma en ninguna disposición jurídica en México. Se ha dado el despojo de muchas de nuestras tierras y de nuestros derechos. Se dice que, en el inicio de las primeras participaciones de los indígenas, hubo 8 diputados para representar a 15 millones de indígenas en México. Pero son 8 diputados que han sido colocados por los partidos, sin haber sido designados por la comunidad indígena, quienes han llegado sin una agenda legislativa o sin iniciativas orientadas a defender los derechos de las comunidades originarias, su territorio, cultura, desarrollo, educación, salud, vías de comunicación, entre otros. Ojalá que al menos sus representaciones tengan una pizca de razón.

 

Es razonable que esto ocurra, porque estas disposiciones han sido implementadas por personas que no son indígenas y que no habitan en ninguna de las comunidades originarias. Por ello, para las próximas elecciones del año 2024 esperamos que, cuando menos, se respete a los estados en donde hay mayor concentración de población indígena. Aunque el Instituto Nacional Electoral desconoce cuántos votantes mexicanos son indígenas, también desconoce cuántos diputados son o han sido originarios de alguno de los 62 pueblos originarios en el país. Esta falta de datos invisibiliza a las comunidades étnicas y entorpece su acceso a la participación política.

 

Además, cuando un indígena ocupa una curul en el Congreso de la Unión o en algún congreso local, se convierte un gestor social para las comunidades de su lugar de origen, en lugar de ser una fuente de políticas públicas que modifiquen la calidad de vida para todas las personas indígenas del país. Estos diputados pueden ser cooptados por los partidos que tienen mayoría en la Cámara de Diputados, por lo que se vuelven solamente “levanta dedos” y se olvidan incluso de la gestión.

 

Mayra Díaz Herrera fue una diputada por el distrito 21 de Chihuahua, que incluye municipios eminentemente indígenas como Guachochi, Balleza, Guadalupe y Calvo, Matapollo, Morelos. Ella dijo que las personas indígenas tienen la posibilidad de participar en la vida política chihuahuense como cualquier otro ciudadano y consideró la necesidad de implementar una cuota indígena, semejante a la cuota de género que actualmente existe para lograr qué más mujeres alcancen representaciones políticas. Díaz Herrera dijo que esto sería incorrecto, pues se crearía una diferencia entre las personas mestizas y las indígenas, que somos iguales y tenemos las mismas oportunidades. Finalmente, dijo que los indígenas en Chihuahua votan por inercia y tradición, aunque no entiendan muy bien el español. Esto expresó la persona que supuestamente representaba a los indígenas. Aunque ella dijo que tenemos las mismas oportunidades, es claro que no conoce las condiciones de los pueblos originarios que están apartados de la ciudad o que han sobrevivido durante siglos, a pesar de la marginación. No existen condiciones iguales, ya que los programas de gobierno que se han implementado solo han sido asistencialistas, no existen programas con acompañamiento, asistencia técnica o administrativa y difusión, que permitan la buena distribución y certificación de lo que se produce en México.

 

Ahora que ha cambiado el régimen y que se tiene un presidente sensible a los pueblos originarios, estamos por ver cómo el mandatario hará que los funcionarios enquistados en el antiguo régimen dejen que la gente se consolide en unidad y se logre el propósito que se escucha en todos los discursos: la gran deuda que se tiene con los indígenas de este país. Quisiéramos saber: ¿cómo piensa pagarnos, haciendo valer nuestros derechos? ¿Nos van a escuchar? ¿Van a respetar nuestros usos y costumbres, nuestras formas organizativas?, ¿nos darán la libertad de mostrarles nuestros proyectos, que realmente necesitamos en cada una de nuestras comunidades? Y no que se hagan proyectos solo para pagar deudas políticas, por lo que nos toman a las personas indígenas como una excusa perfecta.

O tal vez podrá aceptar la reforma de la Constitución, en materia de representación política de los indígenas y migrantes, porque no nos podemos sentir orgullosos de arriesgar la vida de muchos mexicanos que tienen que salir del país para lograr el sustento de sus familias, a costa del abandono de las mismas, de su patria, de su cultura, y del cobijo que el gobierno debe dar a sus conciudadanos.

 

Esperamos que se consolide la promesa de campaña de: “primero los pobres, primero los indígenas”.