Es importante señalar que este proceso electoral también estuvo condicionado por la emergencia sanitaria y las restricciones para enfrentar la pandemia de la COVID-19, así como por los fuertes recortes presupuestales a las instituciones electorales que condicionaron el desarrollo de programas de comunicación y difusión del voto extraterritorial. En términos generales los principales medios por los cuales la ciudadanía residente en el extranjero obtuvo información fueron los sitios de internet, la comunicación con las familias y las redes sociales. Sin embargo, no todas las autoridades contaron con información completa y disponible. En 18% de los casos no hubo datos sobre el registro de electores. Solo el 55% de los sitios enfocados al voto desde el extranjero tuvo información sobre el proceso electoral, así como información relativa a cargos de elección, candidaturas y partidos. El 45% de los OPLes desarrollaron contenido especializado como infografías o videos. Solamente un organismo ofreció información sobre observación electoral.

 

Es claro que las estrategias de vinculación, comunicación y difusión no han sido suficientes para lograr una mayor participación de la ciudadanía en el extranjero. El común denominador reside en la ausencia de actividades permanentes, estructuras y programas de vinculación. Incluso en las instituciones locales con experiencias previas, los programas se desarrollaron sin diagnóstico.

 

En paralelo al proceso desarrollo de los actos preparativos para la jornada electoral, se abrió una discusión alrededor de acciones afirmativas para grupos subrepresentados, en desventaja y discriminados. En este marco, la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación jugó un papel fundamental. El resultado ha sido un nuevo debate sobre inclusión a la pluralidad. En el caso de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero, la decisión del Tribunal le permitió tener por primera ocasión representación ante la Cámara de Diputados.

 

En el Observatorio de Iniciativa Ciudadana, rescatamos la importancia de estas acciones afirmativas y evaluamos su efectividad. Estas acciones implicaron la postulación de 50 candidaturas para estos grupos, en cada una de las listas de los partidos políticos. Las candidaturas correspondieron a personas pertenecientes a comunidades indígenas, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, afromexicanas y connacionales residentes en el extranjero. El registro de las candidaturas tuvo un carácter determinado. Se establecieron criterios para la postulación en distritos y se estableció, en el caso de la representación proporcional, su postulación dentro de los primeros diez lugares de las listas en cada una de las cinco circunscripciones.

 

Las acciones afirmativas emitidas durante este proceso electoral serán un referente para la transformación de la democracia mexicana hacia un modelo consociativo, que refleje la pluralidad cultural como base de la representación política. En el caso de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero, estas medidas garantizaron 5 candidaturas en las listas de todos los partidos políticos, una por cada circunscripción. En total, se registraron 51 candidaturas. Aunque se impugnó el 18% de las candidaturas por suplantación, solo fueron procedentes 4 casos. Podría señalarse que la medida se cumplió. Finalmente, la asignación de diputaciones migrantes concluirá con diez escaños. Un logro histórico.

 

Como parte de las conclusiones de este ejercicio de observación, se señala la necesidad de fortalecer acciones institucionales y legislativas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos políticos. Este fortalecimiento, a nivel electoral, implica desarrollar actividades de carácter permanente, con el objetivo de garantizar información que conlleve al ejercicio de derechos. Las instituciones aún tienen mucho trabajo por realizar y sostener lo avanzado. Sería un grave retroceso que los trabajos emprendidos por las autoridades locales sigan siendo temporales y no se adecuen a los nuevos tiempos de la pluralidad cultural.

 

En el desarrollo del proyecto de observación se reconoce que la agenda de protección de derechos de quienes residen en el extranjero no es exclusiva de una autoridad o ámbito de acción, ya que también deben intervenir en ello otras instituciones responsables de garantizar derechos interdependientes al ejercicio de derechos políticos.  La protección y ejercicio de derechos políticos no es un proceso aislado, pues requiere la convergencia de esfuerzos institucionales, presupuestales y políticos.

La incorporación de diputaciones migrantes ha sido un paso importante para no dejar fuera de la agenda las necesidades de esta comunidad. Un primer tema de la agenda será legislar, para establecer esta representación de forma permanente y no sujeta a la voluntad política de acciones afirmativas. Junto con otros grupos beneficiados, habrá que diseñar mecanismos de representación y democracia consociativa.

 

En el camino por garantizar una política de Estado que formule políticas para atender integralmente el ejercicio de derechos para quienes residen fuera del país, sigue pendiente una agenda amplia de temas. Algunos de ellos podrán ser representados en el ámbito legislativo. Otras agendas siguen en el ámbito de los poderes judicial y ejecutivo. Por ejemplo, en materia de ejercicio de derechos políticos, es necesario realizar mayores esfuerzos de difusión del complejo proceso de registro de electores. Esta labor requiere de la participación interinstitucional y de la atención a derechos como el de la identidad, el acceso a recursos consulares efectivos y el derecho a la información. En este marco, hay que hacer una revisión de las actuaciones institucionales y sus requerimientos presupuestales, para garantizar el logro de sus fines.

 

La voz de la comunidad mexicana en el extranjero hoy tiene representación política. Los nuevos legisladores migrantes tienen la responsabilidad de representar a la comunidad en el exterior ante el Congreso. Su participación en el Congreso no debe circunscribirse a un solo espacio de acción. Su participación en comisiones donde las asignaciones presupuestales definen el rumbo de la política pública es fundamental. Como vigilantes del Poder Ejecutivo, su voz servirá para fortalecer y, en su caso, replantear instituciones y programas diseñados para la atención de la comunidad que se encuentran rebasadas por las nuevas realidades migratorias.

 

La agenda migrante es amplia y comprende todo tipo de sectores. Educación, trabajo, salud, finanzas, desarrollo local, remesas y un complejo y variado mosaico que incluye la atención a las familias, es parte de una revisión que debe hacerse de forma permanente. El primer paso se ha dado. La ciudadanía en el extranjero tiene voz y siempre será fundamental recordar que la representación política es un medio y no un fin. Es importante consolidar su presencia en el debate nacional. El nuevo diseño de la pluralidad tiene como objetivo reconocer la diversidad cultural.

 

Los resultados del trabajo de observación electoral buscan contribuir a fortalecer el trabajo institucional y recomendar cambios normativos, para garantizar los derechos de la ciudadanía residente en el extranjero. Sin embargo, esto no podría ser posible sin el desarrollo de otras acciones que reconozcan derechos y garanticen su ejercicio. Por ello, una vez concluido el proceso electoral, es necesario avanzar en la reflexión de los múltiples temas de la agenda migrante.

 

La inclusión de legisladores pertenecientes a grupos en desventaja, subrepresentados y discriminados abre una nueva etapa en la democracia mexicana. Una democracia consociativa, basada en la pluralidad cultural. Es la oportunidad de avanzar en esta agenda, a fin de que el ejercicio de derechos sea una realidad para todas las personas, estén donde estén. Aquí y allá.