3. Economía, comercio y política energética

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Foto de Peggy Peattie/San Diego Union Tribune

El trabajador mexicano y su reivindicación en el T-MEC

 
Tony Payan

Rice University

 

 

 

Introducción

 

Los acuerdos comerciales entre dos o más países pueden ser un instrumento estratégico de múltiples usos. Están diseñados para eliminar las barreras impuestas al flujo de bienes, servicios, y capital. Ese es su propósito explícito; sin embargo, pueden ser también una forma de “legislar” desde afuera—es decir, de adquirir e imponer compromisos para los cuales es difícil lograr consensos políticos o legislativos desde adentro. Asimismo, pueden ser una forma de forzar reformas en ciertos sectores económicos que de otra manera no están dispuestos a llevar a cabo. De igual forma pueden ser medios para dar certidumbre institucional a una economía para atraer mayor inversión a un país o pueden constituir una manera de ceñir alianzas en juegos geoestratégicos, aunque estos a veces son imperceptibles para los ciudadanos comunes. Finalmente, también pueden ser un instrumento de política exterior para uno de los socios, asegurando acceso a materias primas, mano de obra, mercados, e incluso influencia política y social sobre otros socios. El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) parece haber tenido todas esas dimensiones y funciones (Rubio 2014).

En el caso de México y el TLCAN hubo un elemento adicional—una promesa político-discursiva del gobierno salinista al pueblo de México. Esta promesa indicaba que el tratado ayudaría a los trabajadores del país de dos formas.

Primero, se conjeturó que con el tiempo el tratado traería una convergencia salarial en Norteamérica, elevando el ingreso del trabajador mexicano y por tanto el nivel de vida en México—es decir, el tratado era el boleto de entrada del país al primer mundo pues Estados Unidos y Canadá lo impulsarían. Al cabo de varios años México se parecería más a Estados Unidos y Canadá que a Latinoamérica.

Segundo, el acuerdo allanaría el terreno productivo, haciéndolo más eficiente, pero sobre todo más competitivo. La entrada de mayor competencia al país traería un mayor acceso a una amplia diversidad de bienes y servicios y sobre todo mejores precios para los consumidores mexicanos. La competencia se abría para beneficio de los consumidores.

Estos puntos son teóricos y bien conocidos. Ambas promesas están comprendidas en una forma u otra en cualquier libro de texto de economía cuando se habla de comercio internacional y la eliminación de barreras comerciales.

Ahora bien, en México ninguna de estas promesas se materializó completamente, por lo menos no como se había prometido. En los siguientes párrafos se aborda sólo el tema de la primera promesa—la fallida convergencia salarial y un aumento mediocre en el nivel de vida del país en su totalidad.[1] Se argumenta que estos magros resultados fueron porque el gobierno mexicano ejerció una política deliberada de dumping social (García Pureco 2018). Se considera además que esto es uno de los puntos más importantes que llevó a la renegociación del TLCAN bajo la administración de Donald J. Trump. Y se calcula también que esta renegociación implica una posible reivindicación del trabajador mexicano, pero no por parte del gobierno mexicano sino del gobierno de los Estados Unidos. Aun así, esta reivindicación, se prevé, será solamente parcial y se anticipa que es muy probable que el gobierno mexicano no se apegue voluntariamente al cumplimiento del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) en materia laboral y sea forzado a golpe de presiones a ceñirse a las provisiones laborales del tratado mediante los mecanismos relacionados con estas en el T-MEC. De hecho, esta presión ya comenzó. Veamos cómo.

Promesa Cumplida a Medias

Como ya se dijo, la promesa del TLCAN sobre la convergencia salarial (y por ende el nivel de vida del trabajador mexicano) no se materializó—por lo menos no como se había prometido. Aunque el sector de exportación se volvió sumamente importante para la economía mexicana y muchos de los trabajadores dentro de las industrias dedicadas a la exportación sí se vieron beneficiados con mayores ingresos, la mayor parte de los trabajadores mexicanos, sobre todo aquellos fuera del sector de importación—los maquiladores, los empleados informales, los subempleados y los autoempleados—no vieron avances importantes en su ingreso (o nivel de vida). Al contrario, sus salarios perdieron poder adquisitivo de manera constante (CAM-UNAM 2018). Es decir, la mayor parte de los trabajadores mexicanos siguieron estancados en una economía parcialmente moderna.

Pero lejos de responsabilizar al TLCAN o a la apertura comercial, como lo hacen los críticos del llamado neoliberalismo, fue el gobierno mexicano el actor que distorsionó el potencial beneficio del libre comercio mediante la implementación de una política de supresión salarial con el objeto de aumentar la competitividad del trabajador mexicano vis-à-vis el trabajador estadounidense y canadiense. Se compitió con Estados Unidos y Canadá a partir de abaratar el costo de la mano de obra del trabajador mexicano.

Cuando el gobierno del presidente Donald J. Trump llegó al poder en el 2017, este inmediatamente acusó a México de esta práctica llamándola competencia desleal (Lawrence 2016). Esta práctica de competencia desleal implementada bajo salarios abatidos es conocida como dumping social—definida como una competencia desleal basada en la explotación laboral y salarios bajos de los trabajadores para reducir costos de producción y hacerse más competitivo en el mercado internacional (García Pureco 2018). Fue con base en este fenómeno que el presidente Trump amenazó con eliminar el TLCAN y lo que finalmente llevó a su renegociación.

En este sentido, el presidente Trump tuvo razón. El comportamiento de los gobiernos mexicanos ha sido mezquino con sus propios trabajadores, privándolos de una real competencia por mejores salarios, permitiendo salarios mínimos artificialmente bajos y compensaciones extrasalariales que no cotizan beneficios de ninguna índole y que pueden ser recortadas de manera inmediata y discrecional a conveniencia del empleador. Es precisamente por esto que el presidente Trump llamó a subir los salarios en México como parte de las negociaciones del nuevo T-MEC.

Desafortunadamente, sólo ciertos salarios de interés del presidente Trump fueron objeto de esta presión—específicamente los salarios en las plantas automotrices—mientras que otros salarios quedaron totalmente bajo la misma acción discrecional del gobierno mexicano.

Aún así, el nuevo tratado avanza en el tema de los derechos laborales, aunque sea motivado por las prácticas de dumping social del gobierno mexicano. El presidente Trump y su equipo de negociación insistieron en mecanismos claros para hacer que México no vuelva a competir deslealmente con los trabajadores de los Estados Unidos mediante una negativa de los derechos laborales a sus propios trabajadores y distorsionar el propósito de un tratado de libre comercio con respecto a la convergencia salarial.

Inclusión de Provisiones Laborales en el T-MEC y Mecanismos de Cumplimiento

Ahora bien, la solución propuesta por el equipo trumpista fue crear mecanismos para que México cumpla con las obligaciones en derecho laboral. Un mecanismo se encuentra en el Capítulo 23-1, en donde se busca aumentar la efectividad del mecanismo de solución de controversias laborales. De manera interesante, las provisiones incluyen referencias a los derechos laborales que circunscriben la violencia, el trabajo forzado, y otros tipos de explotación laboral. Ante esto, se abre un mecanismo para resolver las controversias referentes a la libertad sindical y las negociaciones colectivas de los trabajadores. Esto conlleva además sanciones si se incumple, según se estipula en el capítulo 31. Ya concluida la negociación, sorpresivamente, se le hicieron modificaciones al tratado bajo un Protocolo, creando un Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas que permite que EE. UU. supervise los casos de violaciones de los derechos laborales, incluyendo el derecho a la sindicalización y la negociación colectiva (Maquila Solidarity 2020).

No es pertinente a este espacio entrar en detalles muy técnicos, pero independientemente de las razones que hayan llevado a la administración Trump a darle importancia al tema laboral, la realidad es que ahora el gobierno mexicano está vigilado y obligado a permitir que los mercados laborales funcionen de una manera más efectiva en la exigencia de sus derechos. Se acota, por lo menos, la capacidad del gobierno mexicano de practicar abiertamente el dumping social.

Primera demanda laboral basada en el T-MEC

En el 2021, a pesar de la pandemia del Coronavirus, por primera vez una de las partes invocó el mecanismo establecido en el Capítulo 23-1 del T-MEC. La AFL-CIO, el colectivo sindical más grande de los Estados Unidos presentó una demanda laboral contra México bajo el nuevo acuerdo. Esta demanda invocó el Mecanismo Rápido del T-MEC contra una compañía mexicana, TRIDONEX, que opera en el estado de Tamaulipas. Presumiblemente, de acuerdo con la AFL-CIO, a los trabajadores de dicha planta se les ha negado el derecho de organización sindical independiente y de negociación colectiva de salarios y beneficios.

La administración de Joseph R. Biden, tienen una relación muy estrecha con los sindicatos laborales en EE. UU., quienes han favorecido principalmente a candidatos Demócratas en los EE. UU. Así pues, aunque la presión sobre México para dejar las prácticas más perniciosas del dumping social se formalizó en el tratado negociado bajo el presidente Donald J. Trump, lo más probable es que el presidente Biden las robustezca, y que México se vea cada vez bajo mayor presión para cumplir con el tratado en materia laboral. En este sentido, el gobierno mexicano debe esperar un incremento en este tipo de acciones contra las políticas públicas por comisión o por omisión en relación con los derechos laborales en México

Tensiones Laborales Futuras

La representante de Estados Unidos en materia de Comercio, USTR Katherine Tai, recientemente declaró que México se niega a implementar acciones concretas para proteger y ampliar los derechos laborales de los trabajadores mexicanos. “El uso del T-MEC para ayudar a proteger la libertad de asociación y los derechos de negociación colectiva en México ayuda a los trabajadores tanto en casa como en México a detener una carrera hacia el fondo,” dijo Tai (Sánchez y Usla 2021). Esta declaración resulta sorprendente, especialmente bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien presumiblemente pudiera ser mucho más proclive a implementar las medidas exigidas.

Sin embargo, México, molesto por este tipo de presión respondió, en la voz del Embajador Esteban Moctezuma que EE. UU. exhibe una falta de aplicación de las leyes laborales en la industria agrícola. Agregó que México pudiera invocar el mismo mecanismo de revisión (Sánchez y Usla 2021).

Los desacuerdos continúan. Más recientemente, Josh Kagan, el asistente adjunto de la Oficina de Representación Comercial de los Estados Unidos, dijo que “velarán por que las promesas hechas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se Cumplan realmente.” Y agregó, “Queremos que los trabajadores puedan proteger sus derechos, que no se les denieguen, así que esta herramienta que tenemos con Canadá y México a la hora de buscar remedios para los agravios de los trabajadores, si no podemos encontrar soluciones en el plazo que dicta el acuerdo, entonces tenemos otras oportunidades para crear paneles y otros mecanismos” (Saldaña 2021).

Evidentemente, este intercambio no augura una relación de colaboración en materia laboral. México seguramente percibe esta demanda como una acción injerencista de los EE. UU. y ese país seguramente ve la amenaza del embajador Moctezuma como una acción que indica resistencia de México.

Hasta este momento no ha habido acciones claras por parte de alguno de los dos gobiernos, pero las tensiones suben y en el futuro deberemos esperar que México siga defendiendo el dumping social y resista intervenciones laborales de EE. UU. y que EE. UU. busque asegurarse que México no ponga a sus trabajadores en desventaja con esas mismas prácticas como lo ha hecho en las últimas dos décadas y media.

Conclusión

En conclusión, se percibe turbulencia, ocasionada por los nuevos elementos laborales del T-MEC y la renuencia mexicana de abrirse realmente al libre comercio en todos sus aspectos. Esta turbulencia pasa por la renuencia del gobierno mexicano de permitir que los salarios floten de acuerdo con la oferta y la demanda y de implementar las protecciones que el acuerdo garantiza a los trabajadores para que estos participen abiertamente en fijar sus salarios y beneficios. Este punto es ineludible para el gobierno mexicano especialmente por el alineamiento de la administración Biden con los sindicatos en los Estados Unidos. Lo que sí es claro es que los Estados Unidos ya exhibió la mala política laboral de México y el período de tolerancia está por agotarse. Lo que es interesante de todo esto es que la defensa de los derechos de los trabajadores mexicanos haya venido de un presidente cuya retórica fue la más antimexicana que hemos visto en muchas décadas—Donald Trump.

Bibliografía

Centro de Análisis Multidisciplinario. Universidad Nacional Autónoma de México. “Reporte de Investigación 127.

México 2018: Otra derrota social y política de las clases trabajadoras; los aumentos salariales nacieron muertos.” 31 de enero de 2018. Ver https://cam.economia.unam.mx/1018-2/.

García Pureco, Daniela Vianey. 2018. El TLCAN y los bajos salarios en México. Nexos: Economía y Sociedad (septiembre 4). Ver https://economia.nexos.com.mx/el-tlcan-y-los-bajos-salarios-en-mexico/

Lawrence, F. 2016. “Trump is Right. NAFTA is a Disaster. But U.S. Workers Aren’t the Big Losers.” The Guardian (November 18). See https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/18/trump-nafta-us-workers-not-big-losers-mexican-workers-suffer-most.

Maquila Solidarity. 2020. “Elegibilidad de Cumplimiento de los Derechos Laborales en el T-MEC” (Julio). Ver https://www.maquilasolidarity.org/sites/default/files/attachment/Exigibilidad_de_cumplimiento_de_los_derechos_laborales_en_el_T-MEC_RSM_julio_2020.pdf.

Rubio, L. 2014. Veinte años del TLC: Su dimensión política y estratégica. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

Saldaña, I. 2021. “Estados Unidos advierte que creará panel laboral si México no cumple con compromisos del T-MEC.” El Universal (junio 6). Ver  https://www.eluniversal.com.mx/cartera/eu-advierte-que-creara-panel-laboral-si-mexico-no-cumple-con-compromisos-del-t-mec.

Sánchez, A. y Usla, H. 2021. “Tensión entre México y Estados Unidos por Temas Laborales.” El Financiero (mayo 13). Ver https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/05/12/otro-problema-para-el-t-mec-eu-pide-a-mexico-revisar-violaciones-sindicales-en-planta-de-gm/.

Notas

[1] El segundo punto—el de la competencia y sus beneficios—no es objeto de este artículo, pero vale la pena anotar que el gobierno mexicano tampoco tomó en serio la apertura total, como lo fue con el tema de los monopolios. El gobierno mexicano siguió políticas proteccionistas de ciertos empresarios mexicanos, como lo fue el caso de las compañías de telecomunicaciones, donde el ambiente regulatorio siempre favoreció a TELMEX, por ejemplo, resultando en servicios excesivamente caros, o al sector energético, donde el gobierno mantuvo el monopolio y además de energía menos costosa y más verde, se pospuso también la modernización del sector. Estas distorsiones, producto del no cumplimiento cabal de una economía liberalizada, terminaron causando una enorme decepción con la apertura del país y un giro político muy cuestionable en el 2018.

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