Educar en tiempos de pandemia llevó a implementar diversas estrategias. En el caso de la educación pública, la instrucción a distancia se llevó a cabo mediante la plataforma “Aprende en Casa”. La educación a distancia simultáneamente trajo consigo nuevas formas de interrelación y marginó a un segundo plano o anuló actividades regulares para los educandos, como las clases y el recreo, así como sus rutinas y las relaciones sociales en las escuelas, pero ante todo la interacción que lleva al aprendizaje.

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La educación a distancia y una forma diferente de impartir clases con base en “Aprende en Casa”, enfrentó a los maestros a una nueva forma de educar, en un terreno parcialmente explorado o practicado. Esta nueva realidad puede calificarse como un choque al magisterio, que tuvo que responder a las nuevas exigencias de un aula virtual en un ejercicio que, se comprobó, propició tensiones entre estudiantes y docentes, entre los propios docentes y entre éstos y las autoridades que los presionaron para “actualizarse” en esa nueva modalidad educativa. Paralelamente, tuvo como consecuencia colateral la conversión de las casas en aulas, de los padres en “maestros” sustitutos y de la infraestructura doméstica en la red de conexión necesaria para esa nueva práctica educativa. A pesar de que la educación a distancia adquirió una relevancia que nunca se había registrado en el país, es claro que se trata de un recurso coyuntural y de ninguna manera de una suplencia del plantel escolar.

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Otro reto igualmente cardinal, será el retorno de la totalidad de los educandos que asistían a las aulas antes de la pandemia. La extensión del confinamiento se reflejó en los resultados de la “Encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación” (INEGI-2021), la cual dio cuenta de que la pandemia dejó fuera a 2.3 millones de alumnos del ciclo escolar 2020-2021; otros 2.9 millones no se inscribieron por falta de recursos, y 3.6 millones más tuvieron que trabajar para completar la pérdida de ingresos de los jefes y jefas de familia que perdieron su empleo o vieron reducidos sus ingresos. La consecuencia inmediata de este último aspecto fue que la pandemia del coronavirus, la baja o falta de dinero o la necesidad de trabajar, expulsaron a 5.2 millones de estudiantes entre 3 y 29 años del ciclo escolar vigente, tanto de escuelas públicas como privadas.

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Otra secuela no menos preocupante, es que la pandemia evidencia la desigualdad de oportunidades de acceso a la educación a distancia, puesto que en el país existen condiciones marcadamente inequitativas en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, tanto en las escuelas como en los hogares. Basta citar que de acuerdo con la “Encuesta Nacional sobre la Disponibilidad y Uso de la tecnología de la información en Hogares-2019”, divulgada por el INEGI, un 56.4% de los hogares mexicanos tiene acceso a internet; que un 44.3%, tiene una computadora en casa, un 39.1% carece de conexión a internet, que 44.6% usa la computadora como herramienta de apoyo escolar en los hogares y 10.7 % de usuarios de internet acceden fuera del hogar. Esa situación en tiempos de pandemia ahondó las perspectivas de la marginación social de quienes padecen extrema pobreza, y para cuya población de niñas y niños no hay forma de acceder a las herramientas de educación a distancia como “Aprende en Casa”, por lo que seguramente estarán condenados a un rezago educativo mayor implantado por su marginación, sobre todo, de quienes viven en zonas rurales.

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Con ese marco, no debe sorprender que el debate público se concentre en discutir las consecuencias del confinamiento, de la aplicación de medidas preventivas, de la atención a los grupos vulnerables, de la reactivación económica como esencial para toda actividad productiva y educativa, del éxito del plan de vacunación y, evidentemente, del regreso a clases, así como de las posibles estrategias para que los educandos y docentes vuelvan a las aulas de manera segura.

Ante ello, para los gobiernos y las autoridades educativas el urgente reinicio de clases es una prioridad de primer nivel, impostergable después de un año en el que el estudio fue básicamente a distancia. Sin embargo, el retorno a clases presenciales no sólo enfrenta el requisito de que este se verifique con el semáforo epidemiológico en color verde y se cumpla con las exigencias de carácter sanitario, sino también una exhaustiva revisión y acondicionamiento del estado actual de la infraestructura en las escuelas, pues, de acuerdo con datos de la SEP, de los 216 mil 130 planteles de educación pública en el país, hasta 108 mil 065 habrían sufrido saqueo o fueron vandalizados por los delincuentes que aprovecharon el abandono de las aulas durante la pandemia, provocando daños que abarcan desde cables de electricidad, ventanas y puertas hasta sanitarios, computadoras y pantallas.

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Como podemos apreciar, a la distancia, la pandemia provocada por el coronavirus golpeó severamente al sistema educativo y los resultados se atisban como desoladores, situación que se agrava pues antes de la contingencia el ámbito educativo ya experimentaba su propia crisis, caracterizada por los rezagos en aprendizajes prioritarios, problemas de retención escolar, los asociados a la equidad en ingreso y permanencia, así como una ancestral deficiencia presupuestaria. Para este ámbito de alto impacto social, está visto, la pandemia “no cayó como anillo al dedo”.

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En el corto plazo, el retorno a clases es una prioridad de política educativa y de alto impacto social, pues para el caso de México, un estudio del Banco Mundial indica que con un escenario de 7 meses sin clases presenciales la disminución educativa sería de 0.9 años, mientras que, si el cierre se prolonga a 13 meses (como ya ocurrió, pues México cerró oficialmente sus escuelas el 23 de marzo de 2020), el descenso llegaría a 1.8 años, lo que en el largo plazo tendrá un efecto negativo sobre el perfil del capital humano que se verá limitado para ingresar al mercado laboral, y que tendrá causas y consecuencias no sólo formativas sino también económicas para el país.

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Frente a esa realidad, para los gobiernos y las autoridades educativas es cardinal delinear los pasos y la estrategia a seguir, con base en diagnósticos claros y precisos sobre lo que se requiere para establecer una ruta frente al ciclo escolar 2021-2022. Este ciclo se anticipa de sumo complicado por tener un formato que, en el mejor de los casos, será híbrido (clases presenciales escalonadas con esfuerzos de educación a la distancia) ante una pandemia que, según anticipa la Organización Mundial de la Salud (OMS), nos acompañará por largo tiempo.

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Algunas medidas que podrían incluir dichos diagnósticos-estrategias, tras las consecuencias de la pandemia podrían ser: identificar el impacto del confinamiento en el aprendizaje de los alumnos, ponderando las desigualdades educativas y calibrando nuevas rutas. Incluso puede implementarse un nuevo plan educativo para compensar los atrasos de los estudiantes, así como precisar los programas y dinámica de clases que atiendan las necesidades de maestros y alumnos, para evitar mayores afectaciones de abandono y aprendizaje, como vía para hacer valer el derecho a la educación; formular una estrategia de reincorporación de los alumnos que han abandonado sus estudios o que han quedado rezagados por causas asociadas a la pandemia. De igual forma, pueden ponerse en funcionamiento los mecanismos y herramientas necesarias para un mejor acompañamiento en el proceso educativo, que se anticipa será mixto (virtual y presencial), con asesorías académicas y prácticas de educación diferenciada en las aulas, que ayuden a compensar los rezagos de aprendizaje. Asimismo, se podría ajustar el presupuesto y dar un uso adecuado de los recursos que se canalizan al sector educación, además de establecer una coordinación efectiva entre autoridades federales y estatales, para incorporar una nueva visión y promover la colaboración regional y mundial, en materia educativa.

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Estos son momentos de definiciones, por lo que las propuestas citadas deben llevar a la sociedad y al gobierno a repensar sus criterios económicos, sociales y políticos. También a valorar con una nueva lente su panorama educativo, para darle importancia a la educación de calidad para los alumnos. Y robustecer el rol de la escuela como formadora y reforzadora de conocimiento, no únicamente como transmisora de una ideología que busca implementar una superestructura social. Ahora la escuela también deberá reforzar la concepción e interpretación de la nueva realidad post-pandemia, para generar nuevos paradigmas, con nuevas herramientas que proporcionen a millones de estudiantes la posibilidad de construir otro futuro.

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En lo inmediato, el gobierno y la sociedad deben impulsar espacios escolares que promuevan escuelas para la vida, aulas abiertas a la realidad, programas capaces de reinventarse permanentemente ante situaciones de emergencia, por muy devastadoras que puedan ser, y formular alternativas educativas que pongan en el centro a quienes aprenden y no sólo a los contenidos curriculares oficiales.

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Construir alternativas como las citadas demanda voluntad política, pero sobre todo requiere una ponderación estricta y hecha con la cabeza fría, sobre las causas de lo que está ocurriendo. Esta voluntad exige la concurrencia colectiva entre la sociedad, el gobierno, las autoridades educativas y el magisterio.

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Por ello, para atemperar el impacto que ha tenido esta pandemia sobre nuestro sistema educativo, es necesario que todas y todos, tanto gobierno, como sociedad civil e individuos, pongamos manos a la obra y trabajemos desde nuestra respectiva trinchera para asegurar que el futuro del país y la vida de sus niñas y niños se vea afectado lo menos posible y puedan regresar a las clases, en las mejores condiciones.

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Pero también habrá que asimilar que el “tsunami educativo” que el país enfrenta es de tal magnitud y las herramientas para contrarrestarlo son tan precarias, que la factura que una generación está por pagar será onerosa no sólo para ellos, sino para toda la sociedad en su conjunto. Por ello, como sociedad no podemos ni debemos tolerar ocurrencias bienintencionadas, pero mal diseñadas y peor implementadas.

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Para corregir la crisis educativa que se está profundizando, brindar equidad de oportunidades para continuar aprendiendo a la distancia y en clases presenciales segmentadas y dotar a las comunidades educativas de las herramientas para atender las afectaciones socio-emocionales que empeoran conforme avanza la pandemia, se requiere formular una nueva política de Estado en materia educativa, que siente las condiciones mínimas para dar viabilidad al futuro educativo en el país.