Desde antes de que iniciara el proceso electoral, se manifestaron síntomas preocupantes de la confrontación entre estas posturas. En cada etapa de los últimos dos años se presentaron diversos debates, desde las reformas realizadas para regular las consultas populares y la revocación de mandato. Más tarde, la polémica fue la propuesta de realizar una consulta para enjuiciar a los expresidentes de la República y la fecha en la que debiera realizarse dicha consulta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó el sentido de la pregunta propuesta por el Presidente y se acotó el alcance de lo que resulte de tal consulta. Debates similares se generaron con propuestas como el establecimiento, por parte del INE, de los requisitos que debían cumplir los diputados que quisieran reelegirse, o los intentos de la Secretaría de Gobernación por adueñarse del control del Registro Federal de Electores, sin olvidar las propuestas de realizar reformas electorales para modificar la composición del Consejo General del INE, antes de que se iniciara el proceso electoral 2020-2021. En cada caso se confrontaron las dos posturas y prevaleció, no sin muchos trabajos, la interpretación de la letra constitucional, con la irremediable intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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La fuerza de las instituciones

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A lo largo del proceso se hicieron evidentes fortalezas y debilidades de las instituciones electorales. Por lo que toca al INE, el recorte presupuestal aplicado este año implicó reducir algunos programas, pero se garantizó que todos los gastos del proceso electoral se mantuvieran protegidos, incluso aquellos relacionados con la política para brindar protección contra la COVID 19 a los ciudadanos que acudieran a votar.

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Con todo, prevalece una percepción equivocada en la definición del presupuesto del INE que, año tras año, lo pone en una situación de vulnerabilidad. El INE gasta dinero porque las elecciones son muy onerosas, especialmente si se piensa en la cantidad de funciones que el Instituto tiene encomendadas y que rebasan con mucho las actividades esencialmente electorales. Por primera vez, en este proceso el INE manifestó que no tendrá presupuesto para cumplir con todas sus funciones, en específico, la organización de la consulta popular generada por iniciativa presidencial. De hecho, el INE no presupuestó recursos para dicha Consulta, porque a la hora de presentar su presupuesto ésta no había sido aprobada.

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Seguramente el presupuesto del INE podrá seguir ajustándose. Sin embargo, ninguna institución puede vivir a expensas del debate político sobre lo que cuesta y lo que debería costar. Por lo pronto, se le ha negado al INE la solicitud de una ampliación presupuestal para realizar la consulta popular. Esto significa un dilema perverso para el INE. Si responsablemente cumple con su obligación, como lo ha anunciado, probará que el dinero sí le alcanza, pero no sabremos a qué costo institucional. Si no cumple con su responsabilidad, se le acusará de ineficiencia y de violar los mandatos que le hicieron las autoridades. Pero aún si cumple con su mandato y se presentan deficiencias provocadas por la falta de recursos, será igualmente acusado de ineficacia.

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A pesar de todo, en este proceso el INE ha mostrado su experiencia para realizar en tiempo y forma las actividades de su razón de ser: organizar correcta y eficientemente la elección. Antes de lo esperado, estuvieron reclutadas las personas que recibirán los votos en las más de 160,000 casillas que se instalarán el 6 de junio; la impresión de las boletas no parece tener ningún contratiempo y la preparación de la logística para la jornada del 6 de junio, sigue los protocolos definidos. Lo mismo puede decirse de los ensayos para verificar el funcionamiento del sistema que provee resultados preliminares de  elecciones (PREP). Para todo esto y más, el INE ha hecho gala de su experiencia. Después de todo, ha organizado nueve elecciones federales desde su fundación en 1990.

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Con todo, el Consejo General del INE no deja de ser un órgano colegiado que refleja diferentes puntos de vista y sus decisiones no siempre se toman por unanimidad. Sin embargo, en este proceso destacan las novedades instrumentadas para ampliar los derechos ciudadanos de ser electos. Por ejemplo, el INE estableció normas para que los partidos asumieran acciones afirmativas y estuvieran obligados a postular personas candidatas migrantes, indígenas, miembros de comunidades con preferencias sexuales diversas, afromexicanas y afromexicanos, además de la obligada paridad de género. Este tipo de definiciones alcanzaron un importante consenso entre los consejeros electorales y los mismos partidos políticos.

 

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Las resoluciones del Tribunal Electoral

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En lo que va del proceso electoral, el Tribunal Electoral tomó un conjunto de decisiones polémicas en medio de disputas internas. Al igual que el Consejo General del INE y como en todo órgano colegiado, se espera que haya diversos puntos de vista en el pleno y las decisiones no necesariamente se toman por unanimidad. Con todo, el desempeño del Tribunal se ha visto empañado por las acusaciones hechas al Magistrado Presidente, José Luis Vargas, de supuestos actos de enriquecimiento inexplicable, además de su voto, comúnmente a favor de las posiciones gubernamentales.

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Sin duda las resoluciones recientes, en relación con las candidaturas de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, marcaron parte importante de las campañas electorales. La cadena de decisiones tomó mucho más tiempo del debido, lo cual irremediablemente afectó la equidad en la competencia partidaria. El caso inició con el retiro de las candidaturas por parte del INE, siguió con el recurso de Morena ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual optó por devolver el caso al Consejo General, para redefinir las sanciones con criterios establecidos por la propia Sala Superior. El INE, con una votación muy dividida, decidió mantener las sanciones y el caso regresó una vez más al Tribunal Electoral. Cabe señalar que todos los procesos llevaron mucho tiempo.

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Finalmente, la Sala Superior ratificó las decisiones del INE, con una amplia mayoría de 6 votos a uno en el caso de Félix Salgado Macedonio y 5 votos contra 2 en el caso de Raúl Morón. La decisión, como era de esperar, fue ampliamente criticada por Morena pero, una vez más, el Presidente de la República hizo severas acusaciones al INE y al Tribunal en las Mañaneras de los dos días siguientes, tratando de minar su autoridad, imparcialidad y legalidad de sus decisiones.

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Más allá de las características del debate en el pleno de la Sala Superior del Tribunal, en este episodio se mostraron los problemas internos en el proceso de toma de decisiones entre los magistrados. Ante una decisión unilateral del presidente José Luis Vargas, cinco magistrados dirigieron una carta a su presidente criticando fuertemente su actitud y su decisión de posponer una sesión, cuando ya estaba convocada para resolver los casos de las candidaturas de Morena. A fin de cuentas, el Tribunal actuó conforme a derecho, en medio de polémicas, críticas y aplausos.

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En este caso, como en las decisiones que tomó el INE, lo importante ha sido la lucha por la independencia y autonomía de las autoridades electorales. Antes de las resoluciones, lo menos que se decía del Tribunal era que estaba prácticamente entregado a los designios de Morena y del Presidente. Sin embargo, la mayoría de los magistrados sacaron la casta y sumaron a sus decisiones la ratificación de otro acuerdo del INE, que fue impugnado por Morena: los lineamientos para impedir que un partido, a través de sus coaliciones, obtenga una sobre representación superior a lo que permite la Constitución, como ocurrió con Morena en el 2018.

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Quizá esta ha sido la decisión más importante que hayan tomado el INE y el Tribunal Electoral durante este proceso. Se trata de hacer valer la Constitución en un aspecto sustantivo: que la composición de la nueva Cámara de Diputados resulte de los votos que se emitan en las urnas y no de los acuerdos entre los partidos políticos en sus coaliciones. Más allá de los detalles, lo importante es la proyección del tipo de democracia que es necesario defender y que se ha cuestionado en diferentes ocasiones.

 

 

6 de junio: la proyección de la democracia

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La complejidad propia de esta elección muestra el tipo de retos que tiene por delante nuestra democracia. El proceso está mostrando que aún falta garantizar un comportamiento plenamente democrático por parte de los actores políticos, tanto en el cumplimiento estricto de la ley, como en el respeto a los procesos y decisiones de las autoridades electorales.

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En términos de nuestras instituciones, este proceso muestra que hay fortaleza suficiente para hacer valer la Constitución y la ley. Con todo, en 2021 se han pronunciado ataques al INE y al Tribunal como nunca antes había ocurrido. Lo más lamentable es que el origen de estos ataques proviene de la Presidencia de la República. Más allá del perfeccionamiento del que pueden ser objeto las instituciones electorales, lo cierto es que la polémica tiene un trasfondo político que es aprovechado para tratar de beneficiar al partido en el poder.

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Por lo demás, el proceso también muestra que es esperable una reforma electoral después del 6 de junio. Así lo han manifestado diversos partidos. En este caso, el reto es construir consensos para mantener una de las mejores tradiciones que tiene nuestra democracia: todas las reformas que se han realizado en materia electoral, han tenido un amplio consenso entre los partidos representados en el Congreso de la Unión. Como se trata de definir los preceptos con los que participan todos, no es democrático simplemente aplicar la regla de la mayoría para cambiar la ley. Nunca ha sido así y lo deseable es construir acuerdos.

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En todo caso, el 6 de junio cambiará el mapa político del país. Es muy temprano para saber cómo se conformarán las mayorías en cada entidad y en la propia Cámara de Diputados. Pero la dimensión de la elección, asegura que el nuevo mapa político recompondrá las relaciones entre las fuerzas activas en todo el país. Cambiará la integración de 30 congresos locales; se renovarán los ayuntamientos de 30 entidades de la República, así como 15 gubernaturas. Los resultados que nos ofrezcan las autoridades electorales, deben hacernos pensar en los nuevos retos que existen para fortalecer nuestras instituciones y, por lo tanto, para reflexionar sobre la dirección que siga nuestra democracia. En todo caso, la mayor fortaleza estará en la participación ciudadana durante la jornada electoral.

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*Fue Consejero Electoral del IFE y del INE.