Por su trascendencia, todas las miradas están puestas en este proceso que ha sido considerado como histórico y que, como consecuencia de la paulatina homologación de los comicios en México, también será la más grande y la más costosa en la historia, al menos 9 mil 467 millones de pesos para convocar a las urnas a 93 millones 976 mil 391 potenciales votantes, y que pondrá a prueba el contrahecho andamiaje legal y competencial.

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Además, es una jornada electiva atípica porque se efectuará en medio de la contingencia sanitaria. Pero también inédita porque en Hidalgo y Coahuila se usarán urnas electrónicas que, de probar su efectividad y seguridad, podrían ser el inicio de un avance gradual hacia el uso de herramientas tecnológicas que no solo disminuyan considerablemente los costos de las elecciones (el costo promedio de cada voto a emitirse en este año se estima ronde los 291.5 pesos), sino que mejoren y acorten los tiempos de respuesta y entrega de resultados, para dar certidumbre a los actores políticos y a la ciudadanía. Adicionalmente es un ejercicio inédito porque transcurre en medio de una serie de dudas y ataques al árbitro electoral desde la propia esfera gubernamental, lo que ha llevado a la autoridad electoral a dividir parte de sus esfuerzos en su propia defensa.

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El actual proceso electoral transcurre en un ambiente de polarización, donde los contendientes no compiten como adversarios sino como enemigos declarados, dado que el tono combativo ha sido la constante y el motivo de que se verifique un caudal de descalificaciones, imputaciones y malas artes, que suelen ser acciones recurrentes en jornadas de esta índole.

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En ese sentido, es notorio observar cómo cada vez crece por todos los medios una campaña negativa por parte de los partidos y sus candidatos, donde se descalifica y en cuyos mensajes predomina el NO, postura que se origina tanto por parte del gobierno como de los opositores, aunque todos se decantan por un debate “pobre” y basado en denuestos, cuando la ciudadanía supone que las campañas deberían desarrollarse con un debate de altura, democrático y con presentación de propuestas.

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Lo anterior cobra mayor relevancia si se considera que en la actual campaña electoral se difundirán 19.8 millones de spots en radio y televisión. Esto es 314 mil 516 spots al día, unos 17 mil 473 cada hora de las 18 horas en las que diariamente se pautaran (de 6 de la mañana a la medianoche/ del 4 de abril al 2 de junio). Este ejercicio es llamativo, sobre todo, por el gasto que harán los partidos políticos tan solo en 60 días de campaña: más de 1,575 millones de pesos. Además, los ciudadanos debemos prepararnos para presenciar las nuevas “campañas digitales”, que privilegiarán el proselitismo a través del uso del internet, las reuniones virtuales, los spots en radio y televisión, y el uso intensivo de las redes sociales.

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Ese es el trasfondo de lo que, se anticipa, será una intensa campaña que se desarrollará en los medios y de la cual, en primera instancia, podemos ver que los actores políticos están reduciendo la calidad del debate público, lo que se traduce en un empobrecimiento cada vez más acentuado de las discusiones que se desarrollan en redes sociales.

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En contraparte, como sociedad, no vemos que se discuta ninguno de los temas importantes para el ciudadano de a pie, como son el fenómeno de la pandemia, el deterioro de la economía de las familias, el repunte de la inseguridad pública y el “empoderamiento” del crimen organizado y sus consecuencias sociales, políticas y económicas. Por el contrario, se transmiten temas que interesan exclusivamente a los partidos políticos, no para debatirlos, sino para clasificarlos de una forma muy simple y como parte de un discurso polarizado.

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En buena medida, ello ha inhibido la creación de espacios de diálogo y debate entre los actores políticos y la ciudadanía, un aspecto que debería resultar ineludible para los partidos, sus candidatos y para su expectativa de captación del sufragio ciudadano. Al respecto, sirva citar que de acuerdo con una encuesta del diario Reforma (publicada el 16 de abril del presente), al preguntarle a los entrevistados qué tema consideran importante en su decisión del voto, un 45% señaló a la economía; un 33% mencionó la inseguridad; y un 19% refirió a la pandemia por el COVID-19. Sobre quién es considerado el principal responsable del empeoramiento de la economía, un 56% lo atribuyó a la propia pandemia; un 29% al presidente Andrés Manuel López Obrador; y un 10% al gobernador de su estado.

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También, es preciso subrayar que en la democracia las elecciones, en tanto procedimientos periódicos caracterizados por la certeza de las reglas y la incertidumbre de los resultados, para los partidos políticos son espacios en los que atienden sólo sus intereses nacionales y locales. Por ello, los puntos centrales de un ejercicio del poder democrático, como la rendición de cuentas y el respeto de la ley, cada día se ven amenazados, con lo que se afectan las condiciones de la organización y desarrollo del proceso electoral en su conjunto, singularmente en ámbitos de capital importancia: las campañas, la jornada electoral y sus resultados. En ese plano, lo peor que le puede pasar a estas elecciones es caer en una maraña sin fin de acusaciones, quejas y denuncias, y apartar la atención de las autoridades electorales de las cuestiones técnicas de organización, arbitraje y cumplimiento de su consigna de dar certeza, credibilidad y confianza en los resultados de las elecciones.

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En ese contexto, a pesar de la oferta política de cambio ofrecida en la pasada elección federal, pero hoy rebasada por la realidad, la esperanza de las personas ciudadanas sigue vigente y se cifra en la búsqueda de un gobierno eficiente, transparente y en el que nadie se quede atrás o al margen de los avances que se perfilen para el futuro inmediato. Por ello, en las campañas electorales en curso, al ciudadano no le bastan las promesas, por el contrario, la ciudadanía en su conjunto espera propuestas que indiquen cómo y cuándo tendremos resultados tangibles y comprobados de las políticas públicas, que respondan a sus demandas. Así como las decisiones que se asuman para enfrentar con eficiencia y eficacia las secuelas sociales y económicas causadas durante y después de la pandemia del coronavirus.

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Con ese marco, para los partidos políticos debe quedar lo suficientemente claro que la elección del 6 de junio será definida por el sufragio ciudadano. A las personas nos debe quedar claro que no se nos debe seguir considerando como los portadores de una credencial para votar, que solo son simples espectadores. Por el contrario, estamos facultados legal y civilmente para colocar nuestras propuestas en la agenda pública y electoral, con la firme expectativa de sumar esfuerzos e inteligencia democrática para resolver los temas urgentes del país.

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Como ciudadanía, estamos en la obligación de incidir en el gran debate nacional y en la reflexión colectiva sobre el futuro del país, dejando claro que ello está por encima de los intereses político-electorales de los partidos y de sus candidatos. Por eso, desde la ciudadanía debemos levantar la voz con tono propositivo para no seguir siendo considerados como súbditos y dejar que el rumbo del país esté en manos de un grupo de políticos que se asuman como “salvadores” o protectores de la ciudadanía, como tampoco quedar a merced de los políticos que han hecho de los bienes del país patrimonios privados.

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En la gran arena política, la apuesta ciudadana corre por la vía de construir un país donde exista y se privilegie el diálogo social, en el que se pugne por fortalecer los contrapesos a los poderes públicos, para que se vigorice la cultura de rendición de cuentas y buenas prácticas de gobierno y, por definición, la democracia en el país.

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Por ello se precisa redoblar los esfuerzos y empeños de la sociedad civil organizada, para impulsar un cambio civilizado, pacífico y democrático en el que todos tengamos como misión crear un ambiente de tolerancia y pongamos la mirada no en las diferencias sino en las coincidencias, al ser elementos que construyen y sustentan a las sociedades modernas y progresistas.

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Lo anterior se atisba como urgente, pues la sociedad está cansada y desgastada por la pandemia y la gran crisis de seguridad y económica que vivimos. Por ello, debemos insistir que en el actual proceso electoral no tiene cabida la degradación de la política ni emprender una virtual guerra de lodo. La ciudadanía apuesta por una lucha electoral que privilegie la lid política basada en principios, valores, convicciones y propuestas.

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Al mismo tiempo los ciudadanos, como actores del proceso electoral en marcha, debemos advertir a las diferentes fuerzas políticas que hasta ahora les ha faltado generosidad, altura de miras y visión de futuro. Debemos fijar en el imaginario público que ese futuro debe ser una nueva época, en donde la ley se cumpla en igualdad de condiciones para todos y que todos somos parte de las soluciones, desde lo local a lo nacional y viceversa.