2. Retos ante la inseguridad, las violencias y la desigualdad

Pueblos originarios de México. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los desafíos de la pandemia

 
Jesús Armando Haro[*]

Profesor-investigador, El Colegio de Sonora

 
Ramón Martínez Coria[**]

Presidente de Foro para el Desarrollo Sustentable

 

La pandemia de la COVID-19 ha evidenciado a nivel mundial la crisis del modelo neoliberal, mostrando el peso de las inequidades sociales a medio año de su evolución. Ya desde la última década del siglo XX se cuestionaba la pertinencia del crecimiento demográfico y económico exponencial con la emergencia de numerosos movimientos sociales antiglobalización. Desde entonces, se ha venido propugnando por otro modelo, llamado desarrollo sostenible, como aquel que mejora las condiciones de vida en el presente sin comprometer los recursos de las futuras generaciones, con enfoque de derechos humanos.

En este panorama, nos preguntamos el papel que juegan los pueblos indígenas y cuáles son sus perspectivas ante los factores y situaciones que amenazan su futuro, no solo en México sino en todo el Continente Americano, que son: la violencia generalizada, la violación sistemática de derechos humanos, el desplazamiento por despojo territorial y la emergencia sanitaria, sin soslayar que ante ellas, se sostienen y generan luchas de  resistencia  indígena y afrodescendiente, que también se constituyen en un riesgo a su integridad por criminalización y represión.

En este panorama, nos preguntamos el papel que juegan los pueblos indígenas y cuáles son sus perspectivas ante los factores y situaciones que amenazan su futuro, no solo en México sino en todo el Continente Americano, que son: la violencia generalizada, la violación sistemática de derechos humanos, el desplazamiento por despojo territorial y la emergencia sanitaria, sin soslayar que ante ellas, se sostienen y generan luchas de  resistencia  indígena y afrodescendiente, que también se constituyen en un riesgo a su integridad por criminalización y represión.

A nivel de la cooperación internacional multilateral para el desarrollo sostenible, existe el antecedente de diversas evaluaciones interdisciplinarias durante la última década del siglo pasado, que terminaron confluyendo en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas (2000) cuando el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas convocó los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con el compromiso de 189 naciones para reducir la pobreza y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Se trató de responder a los grandes problemas planetarios asociados al crecimiento demográfico, la expansión de la urbanización, la movilidad de las poblaciones, la huella ecológica en el planeta por las actividades humanas, el cambio climático y la propia crisis del Sistema de Naciones Unidas.

México no cumplió con las metas. Aunque se consiguió avanzar en algunos objetivos a nivel regional en América Latina, lo significativo es que se logró editar un discurso por el bien común global, justificado en términos de justicia social, desarrollo sostenible y democracia, con el objetivo estratégico de eliminar la pobreza extrema con mejores prácticas de aprovechamiento productivo y consumo[1].

Consecutivamente, en 2015 se postuló la Agenda 2030, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas, cuyo derrotero es “darle cobertura a la población mundial que está excluida del desarrollo”. Para los pueblos originarios, se ha considerado que esta nueva agenda ofrece una oportunidad para dar cumplimiento a sus derechos, pues cada uno de los 17 objetivos está configurado con perspectiva de derechos humanos, con referencias explícitas en 73 de las metas por alcanzar, a pesar de  que solo 4 de los 230 indicadores  mencionan específicamente a los pueblos indígenas y tribales[2]. Así que es posible la proposición de que los pueblos definan sus necesidades y prioridades, siempre y cuando los países adapten los ODS interpretados y orientados a hacer efectivos sus derechos colectivos. Esto requiere generar condiciones legislativas, institucionales, políticas y económicas, tomando en cuenta la diversidad socio cultural de los pueblos[3].

Si bien la Agenda 2030 y los ODS significan intenciones de buena fe, como señaló la Relatora de los Pueblos Indígenas de la ONU en su momento (CPAL-Social 2015), requieren visibilizar mejor la situación de las comunidades mediante indicadores estadísticos específicos, así como que se implementen respetando el derecho de los pueblos a la libre determinación y autonomía territorial, salvaguardando sus derechos económicos, sociales y culturales. Su participación plena y efectiva en los procesos de diseño, implementación, monitoreo y revisión de planes y programas en materia de desarrollo sostenible en todos los niveles, debe abarcar rubros clave, como la producción agrícola a pequeña escala y la igualdad de acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes indígenas, valorizando sus aportes a la adaptación y mitigación del cambio climático. El Foro Permanente de las Naciones Unidas para Asuntos Indígenas ha advertido acerca de los riesgos y que representan los proyectos energéticos y extractivos que invaden sus territorios, impulsados por la Agenda 2030 con graves implicaciones para su integridad y continuidad, cuyas demandas por la defensa territorial suelen ser criminalizadas y reprimidas.

Una mezcla peligrosa para pueblos originarios: la pandemia y los megaproyectos

En México, la pandemia actual ha mostrado que las carencias de los pueblos en materia de salud y bienestar social han empeorado como consecuencia de un modelo de desarrollo que ha erosionado la agricultura local y tiende a despojar a la gente del acceso al agua, a la tierra y sus recursos bioculturales, para adoptar modos productivos y de consumo determinados por el mercado de dinero, a la vez que migran en búsqueda de empleo y mejores oportunidades[4].

Durante la pandemia se ha documentado el avance del narcotráfico en varios territorios indígenas, así como la extracción de recursos minerales y maderables, aprovechando la vigilancia para generar miedo entre quienes se resisten al  despojo y la ocupación, además de que  no cesan los asesinatos de defensores de derechos humanos. Las carencias no son solo en materia de monitoreo epidemiológico y atención a casos graves, sino en medidas preventivas y de mitigación del impacto socioeconómico y de seguridad pública.

La crisis amenaza con efectos etnocidas, en algunos casos incluso en nombre del desarrollo, como sucede con la mayoría de los megaproyectos en curso en el país, como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, la presa Los Pilares, el Corredor Transístmico y demás proyectos energéticos, mineros y turísticos, que se imponen sin cumplir con los requerimientos ambientales, agrarios, así como de consulta y consentimiento (Alonso y Rodríguez 2020). Hay  políticas públicas de signo desarrollista del actual gobierno de la República, como el programa Sembrando Vida, criticado por reconstruir nuevas relaciones clientelares sin considerar las condiciones ni experiencias locales, así como por el daño socioambiental al reforestar con especies que no son nativas de los ecosistemas (Consumidores Orgánicos 2019).

Los recortes presupuestales anuncian menos apoyos y ayudas relacionadas con los pueblos, el medio ambiente y los derechos humanos de manera integrada, sin alinearse con la Agenda 2030[5].

Otros amagos proceden de las nuevas leyes mineras, hechas sin consulta y que dan prioridad a la explotación del subsuelo. Otras legislaciones aparentemente beneficiosas, como la nueva Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo o la Ley de Variedades Vegetales, dejan abiertas posibilidades para la propagación de especies híbridas y transgénicas. Lo que aparece en el horizonte es el aprovechamiento de esta crisis para avanzar en el despojo de sus territorios, que se facilitará además por el agravamiento de su pobreza a causa de los efectos directos e indirectos de la pandemia.

Desde sus inicios a comienzos de 2020 han aparecido en los medios y las redes  numerosos testimonios y reflexiones sobre los posibles impactos en las poblaciones  indígenas[6]. Incluyen datos epidemiológicos que alertan sobre una mayor letalidad, como opiniones que suponen que el impacto será menor, por su menor densidad demográfica en el medio rural o alguna característica  genética; o bien, como señaló el Presidente el 12 de mayo, porque “las comunidades se han sabido cuidar y blindar de la pandemia”[7]. Sin embargo, aun cuando ya se anunció un plan de regreso escalonado hacia la “Nueva Normalidad”, resulta precoz advertir cuales van a ser las consecuencias de esta crisis, especialmente porque las situaciones entre comunidades y poblaciones migrantes indígenas son muy heterogéneas, aun cuando comparten como factores de mayor vulnerabilidad, distintos grados de pobreza, marginalidad, y discriminación, además de la desatención, pese a los esfuerzos derivados de casi 80 años de acción gubernamental indigenista.

Aun cuando las organizaciones de la sociedad civil  han implementado estrategias  de información, prevención de la violencia y de la violación de derechos humanos, así como el gobierno, programas especiales para paliar la crisis económica, sus acciones han tenido alcance muy limitado en su sostenibilidad[8]. Así lo refieren denuncias y pronunciamientos que reclaman el despojo, desplazamiento y aniquilación de los pueblos indígenas, así como  exigen atención a la emergencia sanitaria. En la mayoría de las comunidades ha privado la desinformación, pese a que buena parte tiene acceso a radio, televisión, telefonía móvil e internet, sin dejar de reconocer diversos esfuerzos de traductores e intérpretes indígenas para  movilizar información en sus lenguas en uso.

Sin embargo, circulan audios en redes donde se recomienda no acudir a los hospitales porque “los doctores los van a matar”, mensajes que se enfocan en el descrédito de toda propuesta gubernamental, por venir de afuera.

Iniciativas autonómicas de gestión y solidaridad durante la pandemia

La situación ha significado para muchos pueblos, comunidades y organizaciones, la activación de iniciativas autonómicas de gestión y solidaridad, cuya revisión permite identificar algunos puntos en común con las propuestas del desarrollo sostenible que plantea la Agenda 2030. De hecho, anticipan los obstáculos que tendrá su implementación a la luz de las políticas actuales en materia indígena, de derechos humanos y ambientales, pues exhiben el abandono y la insuficiencia del Sector Salud y las instituciones públicas de Seguridad y Justicia. Pero, también anuncian nuevas formas de respuesta para enfrentar las múltiples amenazas que los acechan, como el hambre y la malnutrición, la pérdida de la memoria biocultural por merma demográfica y transculturación, el quebranto de los rituales comunitarios y de sus formas productivas tradicionales, así como el despojo de sus territorios, donde reside la mayor biodiversidad del país. Sus respuestas ponen de relieve la necesidad de retornar a formas propias de concebir la salud, el bienestar y el desarrollo, bajo la perspectiva del buen vivir.

La respuesta autogestiva de los pueblos ha incluido cerrar accesos a sus comunidades, prohibir reuniones, suspender fiestas tradicionales e instaurar ley seca, como medidas más comunes; aunque, la mayoría de las comunidades continuaron abiertas y en algunas se efectuaron procesiones, ceremonias rituales y otros actos públicos.

Otras iniciativas han sido censar a los más vulnerables para apoyarlos con despensas o aislar a los migrantes que regresan con confinamiento domiciliario. En buena parte de ellas, no lograron impedir el retorno de quienes se quedaron sin trabajo, como tampoco resarcir las remesas perdidas.

En algunas comunidades desarrollaron varias estrategias de capacitación, acudiendo a sus propias medicinas tradicionales, además de reactivar la atención tradicional de partos[9]. Entre las experiencias para paliar el impacto económico, en algunas comunidades se ha organizado el reparto gratuito de productos, se han habilitado comedores comunitarios y han surgido prácticas de intercambio cooperativo en especie, mientras que en algunas se impulsa la siembra de cultivos para autoconsumo y trueque.  Ante la carencia de fuentes de trabajo, los artesanos se han puesto a elaborar cubrebocas artesanalese incluso ofrecerlos a cambio productos por alimentos.

Como señaló en mayo de este año la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL 2020), la pandemia exige mayor cooperación e integración regional, más multilateralismo y mayor diversificación productiva, sin mencionar que la diversidad biocultural -en resguardo ancestral por los pueblos indígenas- debe ser protegida y puesta en primer plano, pues son numerosos los expertos que relacionan el origen de la pandemia como una zoonosis que es producto de la deforestación (Ahmad 2020).

Lamentablemente, en México, el gobierno federal se niega a darles las necesarias garantías, dados los compromisos para la gestión de megaproyectos extractivos, que tienen como condición la privatización y el despojo de los bienes comunes. Sabemos de la grande y creciente brecha de desigualdad que se ha labrado con su eterna marginación del efectivo acceso a la jurisdicción del Estado, donde las condiciones de violencia y violación de derechos humanos persisten y se actualizan, siempre implicando extremas condiciones de inseguridad y amenaza de exterminio.

 

Se han diversificado las formas de negación de lo que toda la sociedad mexicana somos parte, que se refiere a nuestras raíces socioculturales, las que mantenemos con desprecio, discriminación, humillación y vergüenza. México es un país eminentemente indígena y afrodescendiente, donde las mayorías blanquean  su tez con la angustia de la indignidad. En estas condiciones, solo podemos optar por seguir apoyando a los pueblos en su autodeterminación hasta entender que su suerte también es nuestra. Sus cosmovisiones, saberes, prácticas y recursos bioculturales solo pueden realizarse si logramos hacer justiciables sus derechos colectivos a la tierra y al territorio, así como a su autonomía y libre determinación. Su lucha es la de todos.

 

Referencias

 

Ahmad, T. 2020. COVID-19: Zoonotic aspects. Travel Med Infect Dis. (27, febrero): 101607. doi: 10.1016/j.tmaid.2020.101607

 

Alonso Azamar, A. y C. A. Rodríguez Wallenius. 2020. Conflictos sociales por megaproyectos extractivos, de infraestructura y energéticos en la Cuarta Transformación. México: Rosa–Luxemburg–Stiftung-Oficina regional para México, Centroamérica y el Caribe. Recuperado el 13 de junio, 2020, de https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2020/01/CONFLICTOS-POR-MEGAPROYECTOS-Y-4T.pdf.

 

CEPAL. (11 de junio, 2020). Comunicado de prensa: Es urgente lograr la plena inclusión de los pueblos indígenas en el cumplimiento de la Agenda 2030, garantizando el ejercicio de sus derechos colectivos. Recuperado el 12 de junio, 2020, de https://www.cepal.org/es/comunicados/es-urgente-lograr-la-plena-inclusion-pueblos-indigenas-cumplimiento-la-agenda-2030.

 

CIESAS. 2020. Tablero: La población indígena de México ante el COVID-19. Recuperado el 30 de abril, 2020, de https://clt1147648.bmeurl.co/A4D7D79.

 

Comunidades Mayas de Los Chenes. 2020. Plantas medicinales del pueblo maya en tiempos de Covid-19: Cuidar el sistema respiratorio y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Los Chenes, Campeche: Ka’ Kuxtal A.C. 

 

Consumidores Orgánicos (2 de diciembre, 2019): “Sembrando  vida ya causa daños ambientales y sociales en Campeche”. Recuperado el 12 de mayo, 2020, de https://consumidoresorganicos.org/2019/12/02/sembrando-vida-ya-causa-danos-ambientales-y-sociales-en-campeche/.

 

CPAL-Social. (9 de noviembre, 2015). “Objetivos de desarrollo sostenible olvidan a los indígenas”. Apostolado Social de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina. Recuperado el 12 de junio, 2020, de  https://cpalsocial.org/1008.html.

 

Fundar. 2020a. ¿Qué hacer sí hay un brote en nuestra comunidad? Fundar, Serapaz y otras. Recuperado el 12 de junio, 2020, de https://fundar.org.mx/covid-19-que-hacer-si-hay-una-persona-enferma-en-casa/.

 

Fundar. (2020b). Monitoreo de comunidades indígenas y equiparables ante la emergencia sanitaria por el virus SARS-COV-2. Primer Informe.  Recuperado el 12 de junio, 2020, de https://fundar.org.mx/situacion-de-las-comunidades-indigenas-ante-el-covid-19/

 

Haro, J. A. y R. Martínez Coria. (2015). Salud para los pueblos indígenas de México, avances y retrocesos a la vuelta del milenio. En E. J. Langdon y M. D. Cardoso (Eds.), Políticas comparadas em saúde indígena na América Latina (pp. 33-60). Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina.

 

Haro, J.A. (Comp.), (2020). Dossier Pueblos indígenas mexicanos frente a la pandemia Covid19. Recuperado el 2 de junio, 2020, de https://medanthcovid19.files.wordpress.com/2020/06/haro-2020-mayo-2-dossier-indigenas-mexicanos-frente-a-la-pandemia-covid19.docx.pdf.

 

IGG-UNAM. (25 de abril, 2020). Vulnerabilidad ante el Covid-19 en México. México: UNAM. Recuperado el 7 de junio, 2020, de https://www.igg.unam.mx/covid-19/Vista/archivos/vulnerabilidad.pdf

 

INPI-Gobierno de México. (2020). Guía para la atención de pueblos indígenas y afromexicanos ante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Recuperado el 3 de junio, 2020, de https://www.gob.mx/inpi/articulos/guia-para-la-atencion-de-pueblos-indigenas-y-afromexicano-ante-el-covid-19-en-lenguas-indigenas.

 

Martínez Coria, R. y J. A. Haro. (2015). Derechos territoriales, libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas en México: una lucha por la soberanía la nación. Pueblos y Fronteras (PROIMMSEE-UNAM) 10 (19): 228-256. Recuperado el 12 de mayo, 2019, de http://www.pueblosyfronteras.unam.mx/v10n19/09art.html.

 

Naciones Unidas. (18 de septiembre, 2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Asamblea General A/70/L.1). Recuperado el 12 de junio, 2020, de https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=S

 

Polo, R. (24 de junio, 2020). “Ante COVID-19 y falta de hospital, un presidente de Oaxaca alistó un “ejército” de médicos tradicionales para producir jabón, gel antibacterial y dar consultas gratis”. Julio Astillero. Periodismo con  credibilidad. Recuperado el 27 de junio 2020, de https://julioastillero.com/ante-covid-19-y-falta-de-hospital-un-presidente-de-oaxaca-alisto-un-ejercito-de-medicos-tradicionales-para-producir-jabon-gel-antibacterial-y-dar-consultas-gratis/.

Notas

 

[1] Bien podemos decir que hasta 2000 la cooperación internacional para el desarrollo funcionó más como el contra discurso humanitario de los tratados de libre comercio y libre empresa que como salvaguarda de los derechos humanos universales.

[2] Entre los ODS que mencionan a los pueblos indígenas se incluye acabar con el hambre, dar seguridad alimentaria, mejorar la nutrición, promover agricultura sostenible, mejorar el ingreso y productividad agrícola, implementar educación de calidad para todos, eliminar disparidades de género, así como garantizar la igualdad de condiciones para grupos vulnerables.

[3] Ver el documento de la Agenda 2030 en Naciones Unidas (2020).

[4] Es muy conocida la situación de rezago en materia de salud y bienestar social que padecen los pueblos indígenas, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, que comenzaron desde 1948 con la creación del Instituto Nacional Indigenista, hasta su transformación en la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y actualmente en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Nos hemos ocupado de la relación entre políticas públicas y salud en Martínez y Haro (2015) y Haro y Martínez (2015).

[5] Destacan, entre estos, el recorte del 75% de sus recursos financieros al INPI, que pone en riesgo radios comunitarias, así como la operación de 34 Casas de la Mujer Indígena. Otras mermas preocupantes se han efectuado en la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT), la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Procuraduría General de Protección al Ambiente (PA), así como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y  el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), que se suman a la disminución de apoyos al campo, con el pretexto de eliminar intermediarios.

[6] Puede verse una recopilación hemerográfica en Haro (2020).

[7] No conocemos con certeza el número de indígenas contagiados o muertos, pues las estadísticas sanitarias no distinguen la etnicidad, aunque desde mayo se ha intentado reportar los casos indígenas de contagiados y muertos, estimándose a fines de junio casi 500 indígenas con diagnóstico de COVID-19 y 327 defunciones, con el mayor número de muertes indígenas en Ciudad de México, Quintana Roo, Oaxaca, Estado de México y Yucatán. Hay señalamientos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), así como de otras instancias, acerca de que la vulnerabilidad y letalidad por COVID-19 es más alta en los municipios indígenas por ser también los más pobres. Véase CIESAS (2020), Fundar (2020b) e IGG-UNAM (2020).

[8] El Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (INALI), así como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), emprendieron acciones informativas en 59 de las 68 lenguas autóctonas. La Guía para atender a pueblos indígenas y afromexicanos ante COVID-19 (INPI 2020), dada a conocer en mayo por el INPI.  Otros esfuerzos surgieron de gobiernos estatales, municipios, instancias religiosas y organizaciones civiles.

[9] Ver Comunidades Mayas de Los Chenes 2020, Cortés 2020, Fundar 2020a y Polo 2020.

[*] Miembro de Red Kawueruma.. Correo: aharo@colson.edu.mx. Twitter: @JArmandoHaro.

[**] Miembro de Red Kawueruma. Correo: ramarcoria@yahoo.com.mx.

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