No se trata
solo de migrantes: se trata de nuestra humanidad
Mensaje de los obispos mexicanos con motivo del acuerdo entre México y los Estados Unidos en materia arancelaria y política migratoria
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1. MUJERES EN MÉXICO: SUS LUCHAS CONTRA TODAS LAS VIOLENCIAS Y DESIGUALDADES
3. La migración en el mundo
Foto de Unicef
La política migratoria en España. Del Aquarius a la crisis de la COVID-19
Ruth Ferrero-Turrión
Universidad Complutense de Madrid
@RFT2
El asilo en España, un poco de contexto
Tradicionalmente, España nunca se consideró un país de asilo. Las políticas de migración durante el periodo 2000-2010 se centraron en los migrantes económicos, y los servicios dedicados a los refugiados estaban mal dotados. La resolución de los archivos de asilo se alargaba una media de dos años, un plazo mayor que el de otros países de la UE (como Alemania, donde los recursos se resuelven en tres meses), bajo el supuesto de que España no era un país de asilo, sino de recepción neta de flujos migratorios económicos. Las cifras de solicitudes de asilo han sido tradicionalmente muy bajas en relación con los países del entorno europeo (Fig 1) y solo se han comenzado a equiparar, aunque muy tímidamente, a partir del año 2017 (Fig 2) cuando se produjo un incremento significativo de las mismas como consecuencia principalmente de la llegada de ciudadanos venezolanos (Fig. 3). En 2019, España ya se había convertido en el cuarto país de Europa con 54.065 solicitudes de asilo, 74% más que el año anterior. O lo que es lo mismo el 8% del total de las solicitudes presentadas en los países de la UE, y por encima de Italia (53.500) o Suecia (21.502) (Anuario CEAR, 2019).
Figura 1. Número de Solicitantes de Asilo en la UE y la EFTA entre 2017 y 2018
(miles de solicitantes por primera vez)
Fuente: Eurostat
Figura 2. Número de solicitudes de asilo presentadas en España
Fuente: Ministerio del Interior
Figura 3. Solicitantes de asilo en España por nacionalidad
La posición del Gobierno liderado por Mariano Rajoy en los primeros momentos de la crisis humanitaria consistió en mantener la dinámica previa. Esta dinámica combinaba una escasa recepción de solicitudes de asilo y una aún menor de resoluciones favorables (Fig. 4). Las razones de la escasa recepción de solicitudes durante décadas se debían al poco compromiso de España con el asilo (Anuario CEAR, 2015) que incluía una gran complejidad de acceso a los procedimientos que, además, se profundizaba con una extraordinaria lentitud en la resolución de los expedientes y una tasa muy baja de resoluciones favorables.
Figura 4. Evolución concesión del Estatuto de Refugiado en España (2013-2019)
En el contexto del debate de 2015 sobre la adopción del sistema de cuotas propuesto por la Comisión, España siguió la posición alemana y no se opuso a la opción de la obligatoriedad de las cuotas frente a la petición de algunos estados que preferían que la distribución de reubicados y reasentados tuviera un carácter voluntario. El caballo de batalla de la posición española en aquel momento fue en torno a los criterios diseñados por la Comisión, en el marco de la Agenda Europea de Migración, para la redistribución de 40.000 personas procedentes de Italia y Grecia hacia otros Estados miembros (EEMM) y en el transcurso de dos años, siguiendo lo previsto en el art. 78 apartado 3 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) (COM, 2015b). Según la distribución inicial, a España le hubiera correspondido la acogida de 4.288 reubicaciones sirios y eritreos procedentes de Italia y Grecia, y 1.549 reasentamientos desde países no comunitarios. El Ministerio del Interior dijo que solo se aceptarían 1.300 reubicaciones (El Diario, 2015).
Finalmente, se consiguió alcanzar un acuerdo en el que cuatro serían los criterios de reparto: el tamaño de la población (10%); el PIB (10%); el número medio de solicitudes de asilo espontáneas y el número de refugiados reasentados por millón de habitantes entre 2010-2014 (10%); por último, la tasa de desempleo (10%) (COM, 2015c). Entonces la cifra de personas afectada fue de 160.000. El gobierno español se comprometió a acoger a 17.337 personas, de las cuales 15.888 reubicaciones y el resto reasentamientos. A fecha de 29 de julio de 2019, España había reubicado un total de 1.359 personas, 235 desde Italia y 1.124 desde Grecia. En cuanto al reasentamiento, de los 1449 comprometidos, 1.424 se encontraban en España en esa fecha, procedentes de Líbano y Turquía (Congreso Diputados 2019).
Durante el primer semestre de 2018, el gobierno español no solo había incumplido el acuerdo, sino que reclamaba "más solidaridad europea". En esta ocasión, España jugó un papel más enérgico en la desviación de los flujos hacia las rutas del Mediterráneo occidental. En contraste con su actitud no proactiva de 2015, en 2018 la postura de España se vio plasmada en una declaración conjunta entre Italia, España, Chipre, Malta y Grecia. En este documento, se creó un “frente sur” contra el V4 que operaba a principios de 2015 a nivel del Consejo de la UE. Sus reclamos apuntaban a una mayor solidaridad de los países no fronterizos, en forma de una revisión de las Regulaciones de Dublín y de un mayor número de asignaciones "voluntarias". Algunas de sus exigencias se referían al tiempo en que un país es responsable de los solicitantes de asilo, que pasaría de 10 a 2 años, o a una mayor distribución de la carga entre los Estados miembros. El Consejo de la UE de junio de 2018, bajo la Presidencia búlgara, fracasó en este punto: se decretó que la reforma del bloqueo de los Reglamentos de Dublín y la UE se mantendría en espera hasta que finalizara el proceso de salida de Reino Unido de la UE.
Del Aquarius a la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo
La llegada del gobierno de Pedro Sánchez, en virtud del proceso constitucionalmente previsto de moción de censura, generó expectativas en torno a un potencial cambio de rumbo en la aproximación española hacia la política migratoria, tal y como había sucedido durante el gobierno de José Luis Rodríguez-Zapatero. En junio de 2018, este gobierno decidió ofrecer la ciudad de Valencia como puerto seguro para las 630 personas migrantes a bordo del Aquarius, tras más de una semana de espera en el mar. Este gesto fue interpretado como un hecho simbólico, que incluso podría suponer un cambio de rumbo en la política migratoria europea.
Para el gobierno de Pedro Sánchez, este gesto pretendió ser el que diera la pauta al cambio de orientación política frente al gobierno del PP. Algo similar a lo que había sucedido durante el gobierno de Rodríguez Zapatero con la retirada de las tropas de Iraq. Acción simbólica o no, este golpe de timón hizo reaccionar a parte de la clase política, inactiva hasta entonces: hasta 11 comunidades autónomas, independientemente de su signo político, ofrecieron plazas para la acogida. En Europa, la Comisión, pero también el gobierno francés, felicitaron la iniciativa y se ofrecieron a colaborar y a intentar lanzar alguna propuesta que introdujera políticas proactivas en el marco del Consejo Europeo. Es importante recordar que en aquel momento estaba encima de la mesa la propuesta de Dinamarca y Austria para abrir campos en territorio europeo donde enviar a migrantes inexpulsables.
Sin embargo, la situación de interinidad del gobierno socialista durante más de un año llevó a la parálisis tanto interna como europea. Así, la gestión y coordinación con las Comunidades Autónomas de las plazas de acogida para las personas que llegaban por vía del asilo y el refugio se ha mantenido bajo mínimos y con una falta evidente de voluntad política. Tampoco el papel de España en el marco europeo ha destacado especialmente, quedando fuera de algunas de las propuestas e iniciativas que se han intentado poner en marcha.
De hecho, una de las principales preocupaciones durante los años 2018 y 2019 fue el incremento de las llegadas de migrantes procedentes del continente africano a través de las fronteras españolas (Fig.5). El cierre de los accesos a través de las rutas del Mediterráneo Central y Oriental provocó un desvío de los flujos hacia la frontera más occidental. El malestar del gobierno español se hizo evidente en su no participación en la propuesta francesa del verano de 2019, cuando el gobierno, entonces en funciones, decidió quedarse al margen al no estar incluido el Mediterráneo occidental como área de operaciones, incluso cuando era evidente el descenso de las llegadas por vía marítima. Este hecho resulta paradójico, especialmente a la luz de los datos publicados por FRONTEX, que en 2019 contabilizó 24.000 personas, un 58% menos que en 2018. También se redujo el número de llegadas a través del Mediterráneo central en un 41%. La única ruta en la que repuntó el número de llegadas fue la del Mediterráneo oriental, que incrementó un 46% el número de llegadas, 82.000 personas procedentes de Afganistán y Siria, fundamentalmente.
Figura 5. Llegadas de inmigrantes a España por la costa
Fuente: Ministerio del Interior/El País
La conformación del gobierno de coalición en enero de 2020 no ha cambiado, por el momento, las dinámicas previas. Conviven, al igual que en gobiernos anteriores, dos almas en el seno del Consejo de Ministros. La que se vincula al Ministerio del Interior, orientada al control fronterizo y al riesgo de seguridad que suponen los flujos migratorios; y la que se asocia con el acceso a los mercados de trabajo por vías legales, hasta ahora vinculada al Ministerio de Trabajo y los Servicios de Empleo Públicos. Así, si el Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha centrado su preocupación en frenar a la inmigración irregular, reforzando, modernizando e invirtiendo en políticas de seguridad (Comparecencia en el Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2020) el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, apuntó la reapertura y modificación de las vías de acceso legales al mercado de trabajo como el recurso imprescindible para hacer frente al reto demográfico y la sostenibilidad de las pensiones (Comparecencia en el Congreso de los Diputados, 27 de febrero 2020). A falta de un mayor periodo de análisis, lo que se observa por el momento es que la vía orientada al control fronterizo es la que va ganando una mayor presencia mediática.
Así, las noticias que llegan desde el Ministerio del Interior en relación con la preparación de la nueva Ley de Asilo apuntan a que se prevé un texto más duro que el anterior de 2009. Parece que se pretende limitar el acceso al asilo en los centros de internamiento, además de ampliar los motivos de denegación de solicitudes, endureciendo aún más los requisitos que exige la UE. A esta propuesta normativa, habría que añadir como un plus que reforzaría la deriva del gobierno en materia migratoria la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo de febrero de 2020, que avalaba las devoluciones en caliente acontecidas en 2014.
El Tribunal declaró que España no violó la prohibición de realizar expulsiones colectivas de la Convención Europea de Derechos Humanos, ni el artículo 13 sobre el derecho a un recurso efectivo. De esta forma, se daba la razón al gobierno frente a juristas, organizaciones y defensores de derechos humanos que habían mantenido lo contrario. A pesar de que el PSOE en su momento se había posicionado contrario a la devolución de los dos subsaharianos afectados, ya en el gobierno, sin embargo, aceptó la resolución del tribunal, hablando incluso de “migración violenta”, según declaraciones realizadas por el ministro Marlaska en este sentido.
La llegada de la pandemia y la reacción del gobierno
En el marco de la COVID-19, el gobierno ha comenzado lentamente a reaccionar. Al igual que otros países del entorno, España debía de tomar medidas que intentasen paliar el impacto de la pandemia en todos los colectivos residentes en el territorio entre los que se sitúan, por supuesto, los migrantes. Los efectos de la COVID-19 en este grupo de población tan vulnerable, que vive hacinada en campamentos y en áreas urbanas muy densamente pobladas y pauperizadas o trabajando como jornaleros, podrían ser devastadores. Diversas organizaciones internacionales como la OMS han advertido a las autoridades sanitarias la necesidad de activar una evaluación del riesgo de propagación de la COVID-19 en los campos de refugiados y de eliminar “todas las barreras para acceder a los servicios de salud, así como las restricciones legales, administrativas y financieras”. También la FAO ha subrayado la importancia de los trabajadores migrantes como piezas esenciales de los sistemas agroalimentarios, pero que, sin embargo, se encuentran altamente desprotegidos. Su recomendación, la protección de estos trabajadores vía una ampliación de sus permisos de trabajo, para aquellos que lo tengan, y añade que “todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio o laboral, deben tener acceso a las medidas de respuesta articuladas en relación con la COVID-19, incluyendo acceso a la salud y la protección social”.
El primer país europeo en reaccionar ante la situación de este colectivo fue Portugal que puso en marcha una vía de regularización rápida para aquellos migrantes que hubieran solicitado la regularización, concediéndoles un permiso temporal que les otorgaba los mismos derechos que los portugueses hasta fin de junio de 2020. Un grupo de diputados de los partidos de la izquierda en Francia también solicitó la regularización de los migrantes indocumentados. En Italia se están dando cuenta de la necesidad de temporeros que necesitan, si no quieren perder una buena parte de su producción agrícola y han puesto medidas para proceder a su pronta regularización, pero sólo en ese sector productivo. En España, por su parte, se han ampliado los permisos de residencia y trabajo para aquellos temporeros que ya se encontraran en el territorio, además de conceder permisos de residencia y trabajo a aquellos menores no acompañados que alcanzan la mayoría de edad para no dejarles en una situación de desprotección e indefensión (Entrevista a la Secretaria de Estado de Migración, 2020).
Sin embargo, no fue posible la incorporación de inmigrantes en situación irregular ni refugiados y asilados al Ingreso Mínimo Vital aprobado por el gobierno “para no dejar a nadie atrás” el pasado 9 de junio por el Congreso de los Diputados. Ya entonces existía una incipiente movilización por la regularización de los sin papeles, que desde entonces se ha incrementado y ha conseguido un mayor número de adhesiones. Se solicita la regularización de todos los migrantes independientemente de su situación administrativa. A esta se ha sumado, recientemente, uno de los socios de gobierno, Podemos, aunque no ha contado con el apoyo del PSOE. A pesar de que ocho grupos parlamentarios han apoyado esta propuesta, apenas suman un total de 67 diputados de un total de 350 posibles.
Por el momento no parece que una regularización de esta naturaleza vaya a suceder. Tampoco se está viendo, por parte sobre todo del PSOE, una gran proactividad en este sentido, si bien sí que se están dando señales del cambio de rumbo en materia de la política migratoria española. Una vez pasada la pandemia parece que está prevista la revisión de la normativa actual en materia de extranjería con vistas a una potencial reforma que permita un mejor acceso al mercado de trabajo y proteja los derechos de las personas migrantes.
Referencias
Congreso de los Diputados (2019) Pregunta Escrita (184) Autora: Rodríguez Hernández, Melisa (GCs) Registro 29 de Julio de 2019.
El Diario (2020), “Hana Jalloul, secretaria de Estado de Migraciones: "La política migratoria puede cambiar y la vamos a cambiar"
Escrivá, Jose Luis (2020) Comparecencia del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ante la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados
Marlaska-Grande, Fernando (2020) Comparecencia Ministro del Interior ante la Comisión de Interior para la presentación de las líneas generales del Departamento. Ministerio del Interior
