Hoy, a unos días de la que, confiamos, será la primera marcha masiva del 8 de marzo, nosotras que hemos elegido reconocer y seguir los pasos de las madres, de las hermanas, de las feministas exóticas que deambulaban por los pasillos de la Facultad de Derecho, articulamos nuestros saberes a la lucha, mapeamos e identificamos las fallas y omisiones de los agentes estatales y nos convertimos en abogadas activistas.

 

Once años después de mi primer encuentro con las voces de Juárez, después de pasar por la Ciudad de México, el Estado de México, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y muchos rincones más, doy cuenta de que hemos conquistado espacios. Sin duda, se ha avanzado en el reconocimiento jurídico de la violencia contra las mujeres. Por un lado, hemos nombrado jurídicamente la violencia letal (feminicidio), y también se han producido cambios en códigos y leyes para fortalecer la lucha contra la violencia. Sin embargo, muchas de nosotras, empujadas por la demanda de un país que nos asesina, coincidimos en que las fallas estructurales siguen presentes. 

 

Fallas estructurales en las políticas públicas y la perspectiva de género Por ejemplo, derivado precisamente de la sentencia “Campo algodonero” y del seguimiento y exigencia por parte de colectivas y sociedad civil, en 2010 la Secretaría de Gobernación creó una de las políticas públicas más relevantes de los últimos años: los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM). Estos CEJUM fueron pensados como espacios integrales que concentran servicios interinstitucionales y especializados de atención con perspectiva de género, para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; garantizando el acceso a la justicia a través de servicios de atención legal, médica, psicológica, proyectos de empoderamiento económico, espacios de ludoteca y refugio temporal.

 

Si bien los CEJUM tienen el potencial de ser una medida que sume a los esfuerzos de las mujeres por acceder a una vida libre de violencia, hoy por hoy, consideramos indispensable que el Estado emprenda acciones proactivas y específicas para su efectivo y eficaz funcionamiento, entre ellas: i) incluirlos como parte de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para garantizar su existencia; ii) que se establezcan protocolos y manuales para su funcionamiento interno, así como modelos claros de operación de los mismos; ello de la mano con iii) garantizar que los servicios que brinden cubran las fases de prevención, detección, atención, registro, análisis y evaluación y seguimiento y no sólo se enfoquen en la perspectiva de persecución y sanción del delito; y, por supuesto, iv) dotar a los CEJUM de presupuesto para su funcionamiento.

 

Por otro lado, es indispensable y urgente que los agentes estatales en sus diversos niveles de acción incorporen la perspectiva de género y la interseccionalidad como parte de todas las acciones que realizan, desde la primera respuesta, pasando por la investigación de hechos, hasta el estudio y emisión de sentencias jurisdiccionales. Es por ello que, actualmente y desde hace algunos años, nos hemos abocado al análisis de medidas preventivas útiles que, consideramos, pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte de una mujer (el caso de Abril, precisamente, nos da cuenta de ello). En ese sentido, retomamos el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como las Leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ambas en las partes que refieren a las órdenes y medidas de protección. Desde esta perspectiva se reitera que, ante la cada vez más frecuente presencia de actos de violencia que ponen en peligro o riesgo la vida y/o la integridad de las mujeres, el Estado debe accionar con un tratamiento preventivo y urgente para detener o evitar un daño.

 

Requerimos que las Fiscalías cuenten con órganos especializados en el análisis de riesgo para, en cada caso, poder advertir la existencia de indicios, por más “leves” que puedan parecer, de una situación de riesgo que comprometa el derecho a la vida, salud e integridad física y mental de las mujeres. Así como también, requerimos el fortalecimiento de la comunicación entre las Fiscalías y la autoridad jurisdiccional para la emisión de medidas u órdenes de protección que pongan a salvo a las mujeres y sus hijos; ambos son pues deudas del sistema y áreas de oportunidad para que, a más de diez años, el Estado mexicano logre emprender medidas adecuadas que den respuesta al contexto de violencia generalizada en el país en contra de todas las mujeres.

 

En suma, tras el valiente testimonio y accionar de las mujeres en Ciudad Juárez, hoy hemos podido mapear y diagnosticar una parte del problema: los agentes estatales, en particular en la etapa de investigación, cometen fallas, aplican estereotipos, inaplican protocolos, omiten pruebas y, en particular, desconocen su obligación de prevenir la violencia contra las mujeres y salvaguardar la vida e integridad de las víctimas y sus familiares. Es urgente que el Estado responda e implemente medidas que atiendan la problemática, ya que, retomando la poética colectiva y musical: nos va la vida en ello.

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Referencias

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Corte Interamericana de Derechos Humanos (2009), Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México: (excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas), San José; Costa Rica. Disponible en:

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf

 

Equis justicia para las mujeres A.C. (2017), CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES (CEJUM): Informe sobre el estado de la política pública a nivel nacional, Ciudad de México. Disponible en: https://equis.org.mx/wp- content/uploads/2018/02/Informe-CEJUM-1.pdf