Esta actitud de rebeldía de la ciudadanía quiere poner un freno a la violencia, a los feminicidios (cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que, a nivel nacional, en 2019 se registraron un total de 1,010 feminicidios; en enero de 2020, se registraron 73 feminicidios) y a la impunidad (en la actual Administración están en proceso investigaciones en contra de exfuncionarios como el que se le sigue la extitular de la Sedesol, Rosario Ibarra, el del exdirector de Pemex, con proceso de extradición, entre los más emblemáticos, sin embargo se ha avanzado muy poco en el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción).

 

Las demandas sociales ya no solo son un grito, sino una fuerza que cada día va tejiéndose en todos los rincones del país desde la familia, la escuela, el trabajo y la calle.

 

Esta nueva ola del país coloca a la ciudadanía de a pie en el centro y son todos sus miembros quienes exigen a los gobernantes estar a la altura, adaptando sus programas para dar respuestas concretas, eficaces y transparentes en temas muy sensibles para la población. Una encuesta de De Las Heras Demotecnia -2 de marzo de 2020- reveló que lo mejor que ha hecho este gobierno es apoyar con pensión a las personas de la tercera edad (18%) y atacar la corrupción (12%), mientras lo peor ha sido el combate a la inseguridad).

 

Las voces actuales de descontento ponen al descubierto la otra cara de las elecciones de julio 2018 en las que muchas personas que participamos lo hicimos por un cambio para terminar con la corrupción y la impunidad; ahora queremos que se termine el uso discrecional de los recursos y que se cambien las reglas de gobernar que no estén beneficiando a las mayorías.

 

Nadie en la ciudadanía ha entregado un cheque en blanco a los gobernantes para que se coloquen por encima de la ley; al contrario, han sido elegidos para servir a la sociedad.

 

Este coraje ciudadano no avizora la satisfacción de sus demandas, dado que algunas de ellas dependen de los deseos o los caprichos de quienes nos gobiernan, que además no necesariamente se interesan por nuestras necesidades más ingentes.

 

Este momento del país es una oportunidad para abrir mesas de diálogo y construir la nueva agenda nacional, una que ponga en el centro las principales necesidades de la población, incluyendo un cambio importante en la justicia y en cómo hacerla más accesible. Un atisbo de ello es la propuesta de reforma al Poder Judicial, presentada por el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, quien la presentó ante la Cámara de Diputados en febrero pasado, y cuyo objetivo es lograr que la Corte logre tener mayor credibilidad y cercanía con la ciudadanía.