Según datos de la ONU (2017), entre 1985 y 2016 se registraron en México más de 52,210 defunciones de mujeres por presunto homicidio (DMPH), cifra a la cual se adicionaron 3,324 casos en 2017[7] y 3,725 en 2018[8]. Desde 1985 había una tendencia a la baja de las defunciones de mujeres por homicidio, llegando a ser 1.9 en 2007, pero esto se revirtió a partir de 2008, alcanzando una tasa de 4.6 casos por cada 100 mil habitantes en 2011 y 2012, lo cual supone un incremento del 138%.[9] Por el contrario, entre 2011 y 2014 las tasas de defunciones masculinas se redujeron, pasando de 40.1 a 29.4 (reducción de 30%), para volver a incrementarse a partir de 2015 con tendencia al alza. Esto quiere decir que la violencia feminicida es más constante y difícil de controlar.

 

Ello se relaciona con la ineficacia o indiferencia de las políticas públicas dirigidas a su erradicación, además de requerir de abordajes y acciones específicas, para hacer frente a la violencia social generalizada que se vive en México desde 2007. En 2016 once entidades federativas encabezaban las más altas tasas de feminicidios, lideradas por Colima (16.3), Guerrero (13.1) y Zacatecas (9.7). Entre 2016 y 2019 los feminicidios en México pasaron de 7 casos diarios a 10.5; estos delitos poseen una dimensión punitiva contra las mujeres: les son transversales los ataques sexuales, amén de algún tipo de vinculación con los agresores, aunque no sea una condición necesaria[10].

 

El feminicidio es la más cruenta expresión de la dominación de género que experimentan mujeres y niñas en los ámbitos domésticos y públicos a lo largo de sus vidas, en entornos sociales en que el patriarcado y la sistemática violación de sus derechos humanos se agudizan por la impunidad[11], amén de una sistemática omisión de las fiscalías estatales para indagar homicidios de mujeres como feminicidios[12]. Una perspectiva interseccional, es decir, que contempla cómo otras dimensiones como la raza o la clase social agravan la situación de las personas en razón de su género, resulta pertinente analizar múltiples aristas que tiene el caso Fátima, porque tales dimensiones están asociadas a condiciones materiales y socioculturales que pueden agravar la violencia de género[13].

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Cuatro aspectos del caso de Fátima resaltan: 1) el tratamiento de su cuerpo; 2) las implicaciones institucionales que configuraron su posibilidad; 3) la violencia estructural que rodea a los participantes; y 4) el doble rasero con que se juzga públicamente a los agresores. En primer lugar, su hallazgo es el despliegue de una ‘pedagogía de la crueldad’[14], en donde el cuerpo de una niña que por definición es sujeto de protección por parte del Estado, dada su gran vulnerabilidad, fue tratado como un desecho que no merecía un ritual mortuorio y sería parte de una cifra de casos que no son investigados. Ello manifiesta un menosprecio hacia la vida de las mujeres, máxime si estas proceden de entornos socioeconómicos de gran precariedad y marginalidad.

 

El caso de Fátima desgraciadamente no es el primero. Tenemos el de Lupita ‘Calcetitas Rojas’, que pudo ser resuelto por la insistencia de una activista y periodista, pues la niña ni siquiera existía para el Estado, al no contar con acta de nacimiento, con todas las consecuencias jurídicas y sociales que de ello se derivan[15]. Ambos casos comparten una serie de características, como la extrema violencia –incluyendo violación- ejercida contra sus cuerpos, algo que expresa la emasculación simbólica de los victimarios, creada por la gran precarización de las condiciones de existencia que imposibilitan cumplir uno de los principales mandatos de la masculinidad: la dominación de otros en cualquiera de los ámbitos de existencia, a partir de la fuerza, el castigo, el control económico[16]; de ahí que la violación de niños sea el último reducto de dominación absoluta, pues los sujetos dominados son los más indefensos. Habla también de una incapacidad para sentir compasión ante esa gran vulnerabilidad.

 

En segunda instancia, la resolución de ambos casos estuvo estrechamente ligada a los medios de comunicación, y expresa la rampante impunidad generalizada (superior al 90%) que deriva de condiciones como una insuficiente e ineficiente infraestructura de procuración de justicia: el Estado de México tenía en 2018 solo una agencia de Ministerio Público por cada cien mil habitantes, mientras que la Ciudad de México menos de 3; el déficit de jueces y magistrados es también preocupante: si a nivel mundial se considera que 16 por cada 100 mil habitantes es adecuado, el Estado de México tenía en 2018 apenas 2.32 y la ciudad de México 4.65 (IGI 2019)[17].

 

Otras dinámicas institucionales previas facilitaron este crimen: que el DIF haya tenido conocimiento de maltrato y descuido de Fátima en 2015, habla de la insuficiente protección a la infancia en México por parte del Estado, más que de los propios padres[18].

 

Posteriormente, las autoridades capitalinas fueron irresponsables al declarar sobre el estado mental de los padres de Fátima[19], y la lenta –y omisa- actuación de las autoridades para iniciar la búsqueda hasta 24 horas después de la denuncia[20] evidencia la facilidad con que niñas y mujeres pueden ser violentadas en México.

 

En tercer lugar, la violencia estructural que rodea al entorno social de Fátima es clave. Las alcaldías de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco poseen poblaciones originarias y constituyen el último reducto rural de la Ciudad de México, arrastrando carencias de larga data que se traducen en escasez de servicios públicos (salud, transporte, iluminación, pavimentado, educación), bajos ingresos de sus habitantes, poco acceso a la cultura y reducida presencia policial[21], todo lo cual hace de sus habitantes presas fáciles de la criminalidad[22]. Los agresores de Fátima eran vecinos suyos; la madre de Fátima conocía a la mujer que la sustrajo, quien vivió algún tiempo en su casa para protegerse de la violencia de su pareja. Los perfiles ocupacionales de los agresores también dan pistas sobre su precariedad: Mario ‘N’ era conductor de mototaxi, presuntamente no laboraba jornadas completas y tenía conductas agresivas con otros compañeros; Gladys Giovanna ‘N’ era ama de casa y en ocasiones preparaba tamales para venderlos[23].

 

La última dimensión del análisis es el doble rasero con que se juzga públicamente a los participantes: de la madre de Fátima se criticó haber llegado tarde a recoger a su hija; de Giovanna ‘N’, al saberse que conocía a Fátima y que también tenía hijos, inmediatamente se criticó el no mostrar ‘compasión’, a pesar de también ser madre. Las dos críticas apuntan a la feminidad como caracterizada por ‘sensibilidad’, ‘empatía’, que deriva en un verdadero mandato de género: el ser cuidadoras se le exige a las mujeres, afirmando así su exclusiva responsabilidad de los cuidados[24]. Una mirada interseccional conduce a entender que el papel de Giovanna ‘N’ en el feminicidio de Fátima expresa la agudización de la violencia de género en situaciones más precarias: ¿Cómo protegernos, si el enemigo está en nuestra casa? ¿Cómo sentirnos seguras al denunciar, si las autoridades no nos protegen de nuestros agresores, puesto que ni siquiera investigan y mucho menos castigan a quienes violentan? Las relaciones de pareja violentas suponen procesos de progresiva sumisión de una de las partes, mediante el despliegue de diversas estrategias, entre las cuales está el empleo de violencia física, previo aislamiento social de las víctimas. La madre de Giovanna ‘N’ declaró que su hija era violentada por la pareja y tenía tiempo de no verla[25]: un claro signo de aislamiento social; Mario ‘N’ intentó quemarla en diversas ocasiones y amenazó con abusar de sus propios hijos o matarlos. Así, las herramientas con las que ella contaba para resistir a su agresor eran mínimas.

 

Del lado del agresor, los comentarios en las redes sociales tendían a describirlo como ‘enfermo mental’, lo cual es otra muestra del machismo con que se juzga a los varones. No se consideraba que el presunto asesino amenazara con abusar de sus propios hijos, ni que hubiese intentado huir para evitar ser aprehendido. ¿Por qué la figura masculina implicada directamente en el abuso sexual de una niña de 7 años, su asesinato y del posterior desecho de su frágil cuerpo es simplemente catalogada como ‘enfermedad mental’? ¿Por qué él es considerado ‘enfermo mental’ y la mujer que actúa en complicidad bajo amenaza es retratada como monstruosa?

 

Clasificar a alguien como ‘enfermo mental’ implica desviar la atención del sistema patriarcal, dejar de hacer responsables a los hombres de su brutalidad, porque el enfermo no puede ser llamado a cuentas, porque su ‘enfermedad’ no es algo que pueda controlar, porque su ‘enfermedad’ es ‘anormal’. ¿En serio estos actos son tan anormales en un país donde cada día son asesinadas más de 10 mujeres con claros signos de violencia sexual? ¿Es ese menosprecio e instrumentalización de los cuerpos de las mujeres algo ‘anormal’ en un entorno donde la principal fuente de educación -mala educación- sexual es la industria del porno[26], profundamente violenta, porque es tabú hablar del disfrute femenino, porque el cuerpo de las mujeres se considera un mero vehículo del placer masculino?

 

La ‘enfermedad mental’ despoja al sujeto de su responsabilidad –no solo jurídica, sino ética, y con ello esconde el problema de fondo: el doble rasero con que se juzga a hombres y mujeres por delitos similares, lo cual expresa actitudes condescendientes hacia los varones y altamente punitivas hacia las mujeres. No es casual que, en promedio, las mujeres obtengan cinco años más que los hombres por similares delitos, o que una vez reclusas sean ‘castigadas’ por sus familias sin recibir visitas, a diferencia de los varones[27]. Pero, así como las mujeres obtienen penas mayores, también obtienen salarios menores. Los hombres dominan el espacio público y difícilmente se sienten en riesgo de ser violados por el simple hecho de estar en las calles; ellos no temen ser asesinados por dejar a sus parejas. ¿Se entiende que ese doble rasero opera en todas las esferas de la vida social? ¿Se entiende que las mujeres tienden a carecer de espacios seguros, libres de violencia?

 

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¿Qué capacidad de agencia tenía una mujer en estas condiciones? Prácticamente era nula. Porque la agencia supone la capacidad diferenciada y socialmente acotada para actuar en el espacio social; una mayor o menor agencia está asociada a la intersección de condiciones ‘materiales’ y ‘culturales’, traducidas en posiciones socioeconómicas, con sus consecuentes disposiciones a concebir lo ‘posible’/’imposible’, lo ‘deseable’/’indeseable’[28]. A mejores posiciones sociales, mayor capacidad de agencia, y viceversa. De este modo, quienes procedemos de entornos socioeconómicos más favorecidos, con mayores niveles educativos, redes de relaciones más eficaces para colocarnos en mejores trabajos, mejor acceso a servicios públicos, etcétera, tenemos un mayor grado de control sobre nuestra situación de vida.

 

El feminicidio de Fátima debe entenderse como producto de la articulación de múltiples formas de violencia y del orden de género, algo que trasciende a los individuos. La erradicación de la violencia contra las mujeres no depende únicamente de la actuación de las instituciones encargadas de procuración de justicia, sino requiere transformar las condiciones de vida que agudizan la vulnerabilidad de las mujeres y construir relaciones de género justas, igualitarias. El reciente nombramiento de Sayuri Herrera, la valiente abogada que llevó el caso de Lesvy Berlín, como cabeza de la Fiscalía contra los Feminicidios en la Ciudad de México[29], da muestras de voluntad para perseguir los feminicidios. Sin embargo, ello no subsana otras carencias institucionales y el machismo con que servidores públicos y amplios sectores de la sociedad mexicana responden ante los reclamos de las mujeres.

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Referencias

 

[1] Gómez, L. (2020, febrero 17), “Hallan el cadáver de una niña en Tláhuac”, La Jornada, recuperado de: https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/02/17/hallan-el-cadaver-de-una-nina-en-tlahuac-1694.html

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[2] Segato, R. (2019), “Pedagogías de la crueldad. El mandato de la masculinidad (Fragmentos)”, Revista de la Universidad de México (noviembre de 2019; Dossier: Feminismos), recuperado de: https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/9517d5d3-4f92-4790-ad46-81064bf00a62/pedagogias-de-la-crueldad.

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[3] ONU (2019), Global Report on Traffiking in Persons 2018, United Nations Office On Drugs and Crime, Viena, recuperado de: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf

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[4] Lagarde, M. (2015), “La multidimensionalidad de la categoría género y del feminismo”, Instituto de Capacitación Parlamentaria, Buenos Aires, recuperado de: http://capacitacion.hcdn.gob.ar/wp-content/uploads/2015/12/lagarde.pdf

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[5] Alumbra MX (2019), Diagnóstico sobre la situación del abuso sexual infantil en un contexto de violencia hacia la infancia en México. Early Institute A.C., México, recuperado de: https://www.alumbramx.org/wp-content/uploads/2019/06/190509-Diagn%C3%B3stico-sobre-la-situaci%C3%B3n-del-abuso-sexual-infantil-en-un-contexto-de-violencia-hacia-la-infancia-en-M%C3%A9xico.pdf

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[6] Notimex (2019, noviembre 12), “8 de cada 10 víctimas de abuso sexual infantil en México son niñas”, ADN40, recuperado de: https://www.adn40.mx/noticia/mexico/notas/2019-11-12-14-51/8-de-cada-10-victimas-de-abuso-sexual-infantil-en-mexico-son-ninas

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[7] Jasso, C. (2018, septiembre 10), “Brechas en la medición de feminicidios en México”, Resonancias. Blog del Instituto de Investigaciones Sociales (UNAM), recuperado de: https://www.iis.unam.mx/blog/brechas-en-la-medicion-de-feminicidios-en-mexico/ 

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[8] INEGI (2019, noviembre 21), “Comunicado de prensa núm. 592/19. Estadística a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres”, recuperado de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violencia2019_Nal.pdf

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[9] ONU-INMUJERES-SEGOB (2017), “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016”, SEGOB-INMUJERES-ONUMujeres, México, recuperado de: https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2017/12/violencia-feminicida

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[10] INMUJERES (2017, julio 7), “Desigualdad en cifras. Feminicidio: muertes violentas de mujeres por razones de género”, Boletín INMUJERES (año 3., no. 7), recuperado de: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BoletinN7_2017.pdf  

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[11] Lagarde, M. (2005), “¿A qué llamamos feminicidio?”, recuperado de: https://xenero.webs.uvigo.es/profesorado/marcela_lagarde/feminicidio.pdf

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[12] Arteta, I. y A. Ángel (2020, febrero 10), “Fiscalías indagan como feminicidio solo 1 de cada 5 asesinatos de mujeres”, Animal Político, recuperado de: https://www.animalpolitico.com/2020/02/fiscalias-indagan-feminicidio-asesinatos-mujeres/

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[13] Hill Collins, P. (2017), “The Difference that Power Makes. Intersectionallity and Participatory Democracy”, Revista de Investigaciones Feministas 8 (1), p. 19-39.

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[14] Segato 2019.

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[15] La redacción (2019, septiembre 4), “La historia de Lupita o ‘Calcetitas Rojas’”, El Universal, recuperado de: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/por-que-mataron-la-nina-de-las-calcetitas-rojas

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[16] Segato 2019.

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[17] Le Clercq, J. A. y G. Rodríguez (2019), Índice Global de Impunidad 2018. La impunidad subnacional en México y sus dimensiones. IGI-MEX 2018, México, UDLAP-CESIJ, recuperado de: https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf 

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[18] La redacción (2020, febrero 17), “Fátima sufría maltrato, consta en ficha del DIF-CDMX”, en El Heraldo de México, recuperado de: https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/fatima-sufria-maltrato-consta-en-ficha-del-dif-cdmx-nacional-negligencia-descuido-familia/

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[19] La redacción (2020, febrero 17), “Autoridades revictimizan a padres de Fátima; fiscal promete resultados pronto”, Etcétera, recuperado de: https://www.etcetera.com.mx/nacional/fiscal-revictimiza-padres-fatima-resultados-pronto/

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[20] Cruz, A. y L .Gómez (2020, febrero 18), “Denunciamos la desaparición de Fátima, pero nadie nos hizo caso: familiares”, La Jornada, recuperado de: https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/02/18/denunciamos-la-desaparicion-de-fatima-pero-nadie-nos-hizo-caso-familiares-8429.html

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[21] López, O, J. Blanco y E. Mandujano (2007), “Condiciones de vida y salud en la región rural-urbana del Distrito Federal”, en Estudios de Antropología Biológica, XIII: 923-937, México.

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[22] Becerril, I. (2020, febrero 20), “Violencia, marginación y pobreza: cómo es crecer en Tulyehualco, el pueblo donde desapareció Fátima”, InfoBAE, recuperado de:

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/02/20/violencia-marginacion-y-pobreza-como-es-crecer-en-tulyehualco-el-pueblo-donde-desaparecio-fatima/

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[23] La redacción (2020, febrero 20), “A él le dicen “El Tortuga”, ella no sale sin sus zapatos blancos; así son los presuntos feminicidas de Fátima”, El Universal, recuperado de: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/caso-fatima-el-tortuga-el-violento-solitario-y-presunto-asesino

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[24] Lagarde, M. (2018, agosto 31), “Mujeres cuidadoras: entre la obligación y la satisfacción”, Rebelión, recuperado de: https://rebelion.org/mujeres-cuidadoras-entre-la-obligacion-y-la-satisfaccion/, consultado el 6 de marzo de 2020.

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[25] Cervantes, M. (2020, febrero 20), “Giovanna vivía amenazada por Mario: ella no pudo ser capaz de asesinar a Fátima: madre”, Grupo Fórmula, recuperado de:  https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200220/madre-de-giovana-cruz-fatima-asesinada-caso-mujer-feminicida/

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[26] Campo, S. (2019, mayo 6), “Cuando el porno sustituye la educación sexual”, El Heraldo, recuperado de: https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/05/06/cuando-el-porno-sustituye-a-la-educacion-sexual-1313068.html, consultado el 29 de febrero de 2020.

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[27] Romero, V. (2016), “De mamás chequeras y borregas. La construcción de jerarquías a partir de masculinidades hegemónicas, cómplices y dominantes”. Pensar las cárceles en América Latina. Lima, Perú: Actes Memoires, pp. 311-328. Pradilla, A. (2020, febrero 24), “Las mujeres cumplen hasta 5 años más de prisión que los hombres: informe”, en Animal Político, recuperado de: https://www.animalpolitico.com/2020/02/mujeres-cumplen-condenas-cinco-anos-carcel-hombres-informe-reinserta/

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[28] Bourdieu, P. (1997), El sentido práctico. Para una teoría de la acción, Madrid, Anagrama y Boudieu, P. (2000), Poder, derecho y clases sociales, Bilbao, España, Descleé Brouwer.

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[29] La Redacción (2020, marzo 8), “Sayuri Herrera, abogada del caso Lesvy, es designada como titular de la Fiscalía contra Feminicidio en la CDMX”, Sin Embargo, recuperado de: https://www.sinembargo.mx/08-03-2020/3744238.

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[*] Asesora posdoctoral: Alba Teresa Estrada.