No se trata
solo de migrantes: se trata de nuestra humanidad
Mensaje de los obispos mexicanos con motivo del acuerdo entre México y los Estados Unidos en materia arancelaria y política migratoria
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1. MUJERES EN MÉXICO: SUS LUCHAS CONTRA TODAS LAS VIOLENCIAS Y DESIGUALDADES
1. COMERCIO Y MIGRACIÓN
Foto de Carlos Jasso/Reuters
Odio supremacista blanco, elecciones y abaratamiento de fuerza laboral
Factores detrás de la política migratoria de la Administración Trump
Oscar Chacón
Alianza Americas
A principios de junio del año en curso, el presidente Donald Trump amenazó a México con la imposición de medidas arancelarias punitivas. Con dichas medidas, el presidente estadounidense buscaría castigar a México por lo que la Administración Trump caracteriza como una falla en la contención definitiva de los flujos migratorios de personas centroamericanas que buscan solicitar protección humanitaria en los Estados Unidos de América (EUA).
Con esta amenaza sin precedente, la Administración Trump ha buscado reafirmar el papel de México como un instrumento de su política de inmigración, una función que su antecesor, Barak Obama, asignó al expresidente Enrique Peña Nieto en el marco de lo que aquel calificó como una crisis humanitaria en el verano de 2014, y que desembocó de manera ágil en la implementación del Plan Frontera Sur del gobierno mexicano. Dicho plan resultó en un giro dramático en términos de la aprehensión, detención y deportación de un alto número de personas centroamericanas y de otras partes del mundo que transitan por territorio mexicano con la esperanza de poder eventualmente ingresar a territorio estadounidense, y radicarse en ese país.
¿Qué cambió a partir de 2017?
A pesar de la abrumadora corriente de opinión pública que afirmaba que Hillary Clinton sería la presidenta de los EUA a partir de 2017, fue Donald Trump quien ganó las elecciones del 2016 y se instaló como presidente desde entonces. La llegada de Trump, a la que es considerada por muchos la presidencia más poderosa del planeta, ha inyectado una nueva tónica en todo lo referente al trato a personas extranjeras que viven en ese país, como también a la orientación de la política de inmigración. Específicamente, los asesores de Donald Trump en estas materias llegaron a la Casa Blanca determinados no solo a expulsar a quienes ellos consideran indeseables, sino también a reducir de la manera más drástica posible la llegada y asentamiento de personas del mismo tipo. A la cabeza de los “indeseables” han estado las personas de origen ya sea mexicano o latinoamericano. Sin embargo, en esa lista están también personas africanas, árabes, asiáticas y cualquier otro grupo de nacionales que no son de raza blanca, ni de habla inglesa. La ideología política detrás de esta orientación es el racismo que postula la superioridad y supremacía de la raza blanca y anglosajona, combinado con el desprecio hacia personas vistas como pobres, sucias y enfermas.
La primera medida tomada por la Administración Trump fue la prohibición de ingreso a personas de países donde la religión mayoritaria es la musulmana. A pesar de las protestas multitudinarias ante dicha medida, y las invalidaciones de la misma que emitieron varias cortes federales inferiores, la Administración Trump salió mayormente victoriosa en este esfuerzo, al conseguir que la Corte Suprema respaldara una versión menos inflamatoria de la original, reafirmando el precepto de autoridad presidencial sobre temas tales como la seguridad nacional de los EUA.
Sin embargo, más allá de la prohibición de personas musulmanas, la atención de la Administración Trump se ha tornado otra vez, de manera creciente, hacia los flujos migratorios desde América Latina, particularmente el caso de las personas centroamericanas que a lo largo de la última década se han intensificado. El destino predilecto de los flujos migratorios desde Guatemala, Honduras y El Salvador ha sido los EUA. Dado que todas las personas que emprenden su travesía migratoria tienen que hacerlo a través de México, la Administración Trump daba por sentado que México seguiría jugando su papel de frontera estadounidense exteriorizada, continuando con la función asumida desde julio del 2014 en lo referente al arresto, detención y deportación de centroamericanos.
Es muy importante destacar que el manejo mediático que afirma que los números de personas en tránsito hacia los EUA es uno sin precedentes, es simplemente una fabricación de la Administración Trump y sus ideólogos. Los datos de la misma Patrulla Fronteriza de los EUA, compilados a lo largo de las últimas cuatro décadas, dejan muy claramente establecido que los números de personas aprehendidas a lo largo de los últimos diez años están entre los más bajos de las últimas cuatro décadas, promediando aproximadamente 450,000 arrestos por año. Este dato contrasta con los más de 1.6 millones de arrestos en 1985 y otra vez en 1999. Por lo tanto, repetir la afirmación de que estamos ante flujos numéricos sin precedentes es simplemente una acción deliberada de apoyo a la falsa narrativa que emana desde los ideólogos de la Casa Blanca, y un acto burdo de negligencia periodística.
¿Por qué ha fallado la política de contención de flujos migratorios?
En pocas palabras, porque ninguna medida tomada hasta ahora está atendiendo de manera directa, innovadora y eficaz los factores detonantes de la decisión de emigrar que han venido haciendo más y más personas y familias en México, como también en países de América Central. Además, las políticas de contención desconocen la existencia de un mercado laboral integrado cuando se habla del corredor que ha venido vinculando cada vez más a Centroamérica, México y los EUA en las últimas décadas. En vez de contar con una estrategia novedosa, funcional y humanista, el contenido de dicha política desde hace muchos años ha sido el costo humano (incluyendo la muerte) y el castigo.
La lógica de la contención migratoria, como contenido dominante de la política de inmigración de los EUA, no es una cosa nueva. Su origen data de la reforma a la política de inmigración aprobada en 1986, la cual incluyó como uno de sus tres grandes elementos el concepto del reforzamiento del control fronterizo, incluso la militarización, como factor de disuasión de los cruces fronterizos de personas no autorizadas. Ese enfoque, aplicado desde 1987, ha sido una constante. Un impacto directo de ese enfoque desde entonces ha sido empujar a las personas que buscan cruzar la frontera de manera no autorizada a zonas mucho más peligrosas e inhóspitas de la larga frontera entre México y los EUA. Una consecuencia clara de este enfoque ha sido el incremento de personas que mueren, victimizadas por las temperaturas extremas o por otros riesgos presentes.
A partir de los sucesos del 11 de septiembre del 2001, la lógica de contención se reforzó de manera exponencial, favoreciendo un enfoque militarista aún mayor del control fronterizo, combinado con una lógica de seguridad nacional que ha venido erróneamente subordinando cada vez más la política de inmigración a dicha doctrina.
Éxodos colectivos y la llegada de Andrés Manuel López Obrador
Los flujos migratorios desde América Central dieron un giro dramático desde finales de 2018. Después de muchas penurias vividas a lo largo de los últimos 10 años en la ruta migratoria, incluyendo extorsiones, robos, violaciones, secuestros e incluso muertes, la situación se ha agudizado al combinarse con un agravamiento de las condiciones internas en Honduras, Guatemala y El Salvador, donde se conjugan sistemas económicos y sociales excluyentes, que niegan niveles de bienestar básico a cada vez más personas, y a lo que se suman patrones crecientes de inestabilidad política y abuso de poder, como también niveles crecientes de violencia e inseguridad ciudadana ejercidos en buena medida por actores violentos no gubernamentales como lo son el crimen organizado y las pandillas. En este delicado contexto, los centroamericanos optaron por modalidades de migración colectiva en la forma de caravanas. La primera de estas caravanas se configuró a principios de octubre del 2018. Varias otras caravanas le siguieron. Esta modalidad migratoria no representa un incremento numérico de personas migrantes, sino la manifestación colectiva de un flujo diario de personas que emprende su éxodo que oscila entre 1,200 y 1,500 personas diarias desde los tres países combinados. Estos sucesos acontecieron en los últimos días de la Administración de Peña Nieto en México y la llegada el 1ro de diciembre del recién electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a Los Pinos.
La respuesta inicial de la nueva administración mexicana, enfatizando la no obstaculización de los flujos, emitiendo permisos humanitarios de tránsito y enfatizando la urgencia de abordar los factores causantes del éxodo centroamericano, no sentó bien con la Administración de Donald Trump, quienes como mínimo esperaban la continuación de la práctica adoptada por el gobierno anterior, las cuales compaginaban muy bien con las metas de la Administración Trump en lo referente a política migratoria, como también el trato a personas mexicanas, centroamericanas y demás latinoamericanos que residen en los EUA. La confrontación con Trump
era inevitable.
Imposición de Trump en México y la región
Como era de esperarse, la Administración Trump empezó a empujar medidas unilaterales disfrazadas de acuerdos con México. Desde el regreso a la política de aprehensión, detención y deportación en la frontera sur mexicana, pasando por forzar la espera a la resolución de solicitudes de asilo de centroamericanos en el lado de México, hasta tratar, de hecho, a México como tercer país seguro para efectos de solicitudes de asilo; la Administración Trump ha sido determinada e imponente.
Con el acuerdo anunciado después de la amenaza de medidas arancelarias punitivas en contra de las exportaciones mexicanas hacia los EUA, el gobierno de México acentuó aún más su titubeo con relación a un trato diferente hacia las personas centroamericanas y de otros países que han buscado transitar a través de territorio mexicano con la intención de llegar a los EUA. México ignoró la dinámica interna que se generó a razón de la amenaza antes mencionada en el plano doméstico de los EUA, donde la Cámara de Comercio de los EUA, así como grupos diversos de interés corporativo se disponían a cuestionar a la Administración Trump por un uso indebido y peligroso de medidas arancelarias como herramienta de presión en otros campos de política pública e internacional. El gobierno de México, por intermedio de su canciller, Marcelo Ebrard, firmó un pacto aceptando una colaboración migratoria más alineada con la política doméstica de los EUA. Dicho acuerdo consolidó y amplificó el esquema impuesto por la Administración Obama en 2014.
Sin embargo, la Administración Trump ha seguido tejiendo su estrategia de externalización de fronteras tanto a partir del uso diferente de su política doméstica, que se palpa en la reinterpretación del procedimiento de solicitud de asilo en los EUA, como también por medio de acuerdos ridículos entre los EUA y gobiernos centroamericanos en torno a la figura de Tercer País Seguro. Para efectos prácticos, dicho acuerdo ya existe entre México y los EUA, aun cuando México lo niegue. En el caso de Guatemala, un país que expulsa a cientos de sus ciudadanos hacia el exterior, y donde las violaciones de derechos humanos siguen siendo parte de la realidad nacional, con una tendencia reciente de enjuiciamiento de defensores de derechos humanos, la reciente firma de un convenio de este tipo es simplemente ridícula. La única explicación ante este acuerdo es la urgencia del mandatario guatemalteco de congraciarse con la Administración Trump, a fin de minimizar un posible esfuerzo de extradición futura a razón de las prácticas de corrupción que han reinado en Guatemala en años recientes, y que seguramente están vinculadas a expresiones de crimen organizado. Desdichadamente, el sometimiento de México ante la lógica racista, xenofóbica y aporofóbica de la Administración Trump, hará más fácil los esquemas de colaboración en este campo por parte de los gobiernos centroamericanos.
Odio hacia los extranjeros como factor de movilización electoral
Independientemente de otros factores, es innegable que el mensaje antimexicano y anti latinoamericano le ha rendido muy buenos beneficios políticos a Donald Trump. Desde el día que anunció su campaña presidencial en junio de 2015, pasando por el día de su elección en noviembre de 2016, a lo largo de su gestión presidencial, y llegando hasta el anuncio oficial de su campaña de reelección en julio pasado. El desprecio hacia los inmigrantes y los refugiados en general, pero en particular hacia los mexicanos y demás latinoamericanos, ha jugado el papel de combustible de movilización electoral para mantener motivados a los más fieles seguidores del presidente Trump.
En camino hacia las elecciones de noviembre de 2020, es obvio que el equipo electoral de Donald Trump ya ha definido el discurso antimexicano y anticentroamericano como elementos claves de la movilización electoral especialmente dirigido hacia los votantes de raza blanca en los estados que una vez más serán decisivos para la selección del presidente de los EUA. Es importante notar que en los aproximadamente diez estados que serán una vez más los decisivos, los votantes de raza blanca, en contextos económicamente oprimidos y con frecuencia rurales, representan la mayoría de los votantes. En algunos casos, por muy amplio margen. Esto explica por qué el mensaje antiextranjero seguirá jugando un papel central para los esfuerzos de reelección de Donald Trump.
Dimensión laboral de las migraciones
El incisivo ataque antiinmigrante de la Administración Trump, como también su esfuerzo por redefinir la política de inmigración, aparentemente en función de reducir el número de personas que ingresan con o sin visas a los EUA, especialmente desde America Latina, son acciones que se han venido impulsando al mismo tiempo que la fuerza laboral estadounidense está experimentando cambios muy importantes.
En primer lugar, la fuerza laboral estadounidense que, por muchos años, ha estado nutrida por la generación conocida como los Baby Boomers, que son las personas que nacieron posterior a la Segunda Guerra Mundial, comenzó a ser testigo del proceso de jubilación de dicha generación. A partir del 1ro de enero del 2011, un promedio de 10,000 personas por día de esta generación empezó a alcanzar la edad de 65 años. Esta es la edad promedio en que los trabajadores estadounidenses pueden optar por la jubilación. Esta tendencia se mantendrá vigente hasta el último día del año 2030. En total, aproximadamente 75 millones de personas habrán cumplido la edad de jubilación en ese periodo de tiempo.
En segundo lugar, la sociedad estadounidense, en general, ha entrado en un proceso de encogimiento demográfico a razón de tasas decrecientes de natalidad. Hasta principios de la década pasada, el crecimiento demográfico de los EUA se caracterizaba por tasas de natalidad decrecientes en mujeres de raza blanca, compensadas por tasas por encima de 3, especialmente por parte de mujeres de origen latinoamericano y asiáticas. Sin embargo, a lo largo de la última década, las tasas de natalidad han venido decreciendo en todos los grupos étnicos y raciales. Los más recientes datos señalan que la tasa combinada de natalidad es actualmente de menos de 2, cuando de acuerdo con la mayoría de los demógrafos, la tasa de renovación mínima para una sociedad es de 2.1.
En tercer lugar, la tasa de cesantía involuntaria, comúnmente referida como tasa de desempleo, se encuentra en su nivel más bajo de las últimas décadas. El reporte del estado del trabajo del mes de julio que publica el Departamento del Trabajo de los EUA, reportaba que la tasa de desempleo era de 3.7 %. Este reporte macroeconómico se combina también con una ligera mejoría en las tasas de devengación salarial, que han estado mayormente estática a lo largo de las últimas tres décadas.
Todo lo anterior sugiere que tanto la política de inmigración como el trato a los extranjeros que ya viven en el país parecieran ir en contra de la tendencia dominante en la fuerza laboral en los EUA: El abaratamiento de su costo. Dado el indudable peso de los intereses corporativos estadounidenses y su voraz hambre por cada vez mayores tasas de ganancia, pudiéramos estar frente al inicio de un momento de inflexión en lo referente al papel de la inmigración en el plano laboral. Más específicamente, la campaña represiva a la que se ha lanzado la Administración Trump con relación a las poblaciones inmigrantes pudiera ser la antesala de una mega propuesta sobre visas de empleo temporal para poblaciones extranjeras. Es importante prepararnos para ese potencial escenario, y tener propuestas desde una perspectiva de derechos en cuanto a esto. Es crucial prevenir un escenario de este tipo, caracterizado por una versión de esclavitud del Siglo XXI.
Conclusiones
Indudablemente, los perdedores de estos cambios recientes han sido las personas que seguirán buscando un lugar seguro y próspero para acceder a una mejor vida para ellos y sus familias. Los esquemas dominantes en lo referente al manejo de los flujos migratorios están divorciados del sentido común y de principios básicos de ética y moralidad que deberían poner el bienestar de las personas al centro del quehacer de la política pública. Además, todo lo anterior sucede sin que haya esfuerzos innovadores y robustos que pongan fin a la tendencia que ha caracterizado la vida de la mayoría de las personas que residen en los países centroamericanos, en México y en los EUA: Generación de riqueza cada vez más grande, combinado con una concentración en cada vez menos manos. Esta fórmula ya está conduciendo a expresiones en México, como también en los países de origen de las personas migrantes centroamericanas. Todo lo anterior mientras se sigue hablando de la importancia de abordar las causas de la migración no autorizada, que no producirán resultados a corto plazo. Finalmente, es crucial recordar que nadie emigra de forma no autorizada porque así lo desean. La única razón por la cual las personas tienen que emigrar de esa manera es porque la clase política ha fallado en jugar un rol valiente y visionario, apegado a una visión de derechos y dignidad de las personas, en lo referente al establecimiento de políticas públicas nacionales, concatenadas con el plano internacional, que hagan genuinamente posible una realidad migratoria segura, regular y ordenada.
13 de agosto, 2019