1. COMERCIO Y MIGRACIÓN

Foto de John Moore/Getty Images

México en la encrucijada

 
Jorge Durand

Universidad de Guadalajara

En la década de 1990 Estados Unidos deportaba a cerca de un millón de migrantes al año y la misión de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración era asegurarse de que los deportados fueran mexicanos y no centroamericanos. Para detectar la nacionalidad se desarrollaron varias técnicas de interrogatorio.

México aceptaba con los brazos abiertos a sus repatriados, les daba la bienvenida y luego cada quien se arreglaba como podía para regresar a su lugar de origen o intentar otra vez el cruce subrepticio. Por un principio básico de soberanía nacional y del derecho internacional, México solo aceptaba la repatriación de sus connacionales.

En 2016, con la crisis de la migración haitiana en Tijuana, México hizo una concesión extraordinaria, aunque no figura en ningún convenio. El Instituto Nacional de Migración sería el encargado de ordenar y controlar el cruce de migrantes que pretendían solicitar asilo en Estados Unidos. Por medio de un sistema de turnos, fichas y listas de espera, los funcionarios mexicanos se encargan de procesar y ordenar la salida del territorio de migrantes por los puertos de entrada autorizados.

El mar de contradicciones en México antes de la amenaza de los aranceles

En noviembre de 2018, en la primera negociación entre el gobierno de transición y el de Estados Unidos, se vuelve a hacer otra concesión. Se abrió la puerta para aceptar, “por razones humanitarias”, a migrantes centroamericanos que solicitaban asilo y que tenían que esperar a próximas audiencias. Se trata de una disposición legal (sección 235) de carácter unilateral, a la que se ha llamado Protocolo de Atención a Migrantes (MPP en inglés) y que también se le conoce como el programa “Quédate en México”. La medida fue cuestionada judicialmente en Estados Unidos, pero finalmente fue ratificada como legal en la corte.

 

De manera forzada México, se encarga de acoger y ordenar el flujo de migrantes solicitantes de asilo que quieren ir a Estados Unidos y, ahora, de los centroamericanos que regresan, después de la primera audiencia.

A su vez y sin acuerdo previo, las casas de migrantes se encargan de la labor humanitaria. Las casas de migrantes ahora atienden el flujo en dos direcciones, los deportados mexicanos y los extranjeros que llegan y pretenden cruzar y solicitar asilo. ¿También deben atender a los retornados centroamericanos que el gobierno mexicano aceptó proteger?

Paradójicamente, mientras México en la frontera norte ordenaba el flujo de migrantes extranjeros y aceptaba el retorno de centroamericanos que solicitaban asilo, en la frontera sur, se otorgaban visas humanitarias a los migrantes centroamericanos que llegaban en caravana e iban a engrosar la filas, en la frontera norte, para luego aceptarlos de regreso. Y todo por razones humanitarias.

Algo no funciona en la ecuación. El Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), es una medida de contención para el flujo migratorio de centroamericanos solicitantes de asilo. Ningún centroamericano quiere regresar a México a esperar para el día de su audiencia, no puede considerarse una medida de “protección”, porque simplemente no hay capacidad institucional para recibirlos, acogerlos o mantenerlos. A lo más pueden recibir las mismas consideraciones que se dan a los migrantes mexicanos que son deportados. Es decir, casi nada.

A su vez el programa de visas humanitarias y permisos de salida que se otorgaban en la frontera sur se entendió como “paso libre”. Por razones humanitarias se les deja transitar y por las mismas razones se les deja regresar y esperar. No son refugiados ni aquí ni allá.

En ese mar de contradicciones navegaban los políticos y funcionarios mexicanos  cuando llegó, en los primeros días de junio, el tuit de @realDonaldTrump, que anunciaba la imposición de aranceles, porque México “no hacía nada” para detener el flujo migratorio de centroamericanos.

 

Y para demostrarlo estaban las estadísticas del crecimiento exponencial de migrantes centroamericanos que llegaron a Estados Unidos de enero a junio de 2019. De seguir a ese ritmo se estimaba que se podría llegar a 900 mil migrantes a fin de año.

Las estadísticas que México podía poner sobre la mesa eran dos: en enero había “devuelto” a 5,506 centroamericanos y, como contrapartida, había otorgado 14,000 visas humanitarias a los que llegaron en caravana. Luego las deportaciones irían en aumento hasta 19 mil en junio, pero no fueron suficientes para detener la ira y la furia del inquilino de la Casa Blanca.

El vuelco radical de la política migratoria mexicana

Después de tres días de negociaciones (5-7 de junio) se aceptó un plazo perentorio de 45 días para modificar de manera radical la política migratoria de tránsito del gobierno mexicano. Las negociaciones y la implementación de la nueva política migratoria pasaron de la Secretaría de Gobernación a la de Relaciones Exteriores.

En cinco meses, de enero a junio, la política migratoria mexicana dio un vuelco radical. La razón principal del cambio fue la amenaza y el chantaje por parte de Estados Unidos. En efecto, hay un cambio radical en la práctica (6 mil guardias nacionales en las tareas de control migratorio), pero no hay un cambio de lenguaje, ni de narrativa.

En enero, como en julio, se cita como referente principal el acuerdo de Marrakech y documentos oficiales sobre política migratoria consideran que la tarjeta de “Visitante por Razones Humanitarias busca promover una visión de una migración segura, ordenada y regular”. Pero al mismo tiempo se reconoce que “las capacidades nacionales, así como las políticas de Estados Unidos, han limitado la estrategia de corto plazo” (SRE, Política migratoria del Gobierno de México, Julio, 2019).

Una retórica humanitaria que maquilla la realidad de los migrantes

La política migratoria actual está envuelta y encubierta de un lenguaje y una narrativa al parecer humanista o humanitaria. A los deportados hacia su país de origen se los llama “devueltos”; a los capturados se les nombra como “presentados ante la autoridad migratoria”; a los solicitantes de asilo centroamericanos deportados a México se los considera como “protegidos” (MPP). Por otra parte, se adjudican nombres y títulos que no corresponden con la realidad: a Guatemala se le considera como “tercer país seguro”; a la propuesta de la CEPAL se le llama “Plan de Desarrollo Integral con Centroamérica” (PDIC) cuando se excluye a Belice, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Maquillar la realidad con un lenguaje supuestamente humanitario o inclusivo, impide y dificulta la evaluación y el análisis de una política migratoria. No es lo mismo otorgar de manera masiva visas humanitarias en enero, que suspender esta práctica de manera repentina en junio. Porque en realidad y hablando claro, las llamadas “visas humanitarias” eran visas de tránsito. De igual modo, los “permisos de salida” para abandonar el país por alguna de sus fronteras eran permisos para transitar a la frontera norte.

Esta política tuvo como resultado el incremento notable de migrantes centroamericanos y la reactivación de los flujos de cubanos, haitianos y extra continentales. En ese periodo, no cambiaron las condiciones de violencia y pobreza en Centroamérica o Haití, tampoco cambiaron las condiciones políticas en Cuba, como para justificar un incremento notable de los flujos.

Políticas migratorias que agudizaron la crisis regional

Lo que cambió fue la política migratoria mexicana que se leyó e interpretó, en el exterior, como libre tránsito. También cambió el patrón migratorio hacia Estados Unidos, que dejó de ser laboral y se reconvirtió en migración familiar, infantil y juvenil que busca refugio. Las políticas, y no solo las causas estructurales, generan, orientan e inducen a la migración.

Los migrantes que llegan a Ecuador, de todos los rincones del planeta, porque tiene una política de libre ingreso y libre tránsito, no se quedan en Ecuador, se dispersan por todo el continente. Y son las mafias las que se aprovechan de esta política de puertas abiertas. La mayoría de los migrantes haitianos, cubanos y extra continentales que llegan a México para ir a Estados Unidos ingresan al continente por Ecuador.

México no está en condiciones de promover o practicar una política de libre tránsito, porque México es el “último país de tránsito” y tiene de vecino a Estados Unidos. El contexto geopolítico de México es totalmente diferente. También hay que considerar la coyuntura electoral de Estados Unidos, que tiene como eje central de la campaña de Trump el tema migratorio.

Las políticas migratorias, por definición, controlan ingresos, egresos, tránsito, retorno y refugio, en el territorio de un país. Y por ser una función que involucra a personas y que atañe al estado ejercer el control, los funcionarios deben realizar su actividad de acuerdo a la legislación vigente y con estricto apego y respeto a los derechos humanos. Al mismo tiempo es una política que involucra a otros países, tratados, acuerdos bilaterales y multilaterales.

La política migratoria es una potestad soberana, pero que está mediada y condicionada por las convenciones y acuerdos internacionales. También está mediada y condicionada por el contexto geopolítico. No podemos escapar o eludir la realidad de que somos vecinos de Estados Unidos y existe, hoy más que nunca, una asimetría de poder.

En México, el ingreso subrepticio y el tránsito irregular se consideran faltas administrativas. Ninguna persona migrante puede ser considerada ilegal y tiene derecho a solicitar refugio. Pero eso no significa que esté permitido el libre tránsito para extranjeros que están en situación irregular, menos aún a menores no acompañados.

Es la hora de definir y evaluar las políticas migratorias sin aceptar chantajes

Tenemos que exigir y demandar el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas migrantes, pero también tiene que ser explícita, clara y precisa la ley migratoria. Toda ley señala derechos, obligaciones y restricciones. Si la ley es violatoria de los derechos humanos debe suprimirse o modificarse, pero hasta ahora nadie ha planteado eso.

México no debe asumir funciones que no le corresponden en la relación bilateral. Y tiene que tener muy claro y defender a ultranza su marco legal en el contexto bilateral y multilateral. Pero tampoco puede el gobierno tomar decisiones de política migratoria a la ligera, como la de libre tránsito, camuflada de “visa humanitaria”, que afectan de manera crucial la relación bilateral y, a la postre, a todo el país. Ahora estamos pagando el costo y sufriendo múltiples daños colaterales. Y los más afectados son precisamente las personas migrantes.

Es momento de discutir, evaluar y analizar qué implicaciones tienen las políticas migratorias y su implementación práctica. No debemos aceptar chantajes, pero tampoco podemos hacernos de la vista gorda. Los tiempos de la “política de la no política” de “dejar hacer y dejar pasar” han terminado. El país, el gobierno y el gabinete quedaron a merced de amenazas del exterior. Lo que antes era un tema secundario hoy es central.

El fenómeno migratorio es cada vez más complejo y más complicada la gobernabilidad de los flujos. Hay que definir políticas específicas para la emigración, el retorno, la inmigración, el tránsito y el refugio. Y, dado que están referidas a un fenómeno social dinámico y cambiante, las políticas deben ajustarse a la coyuntura, pero también al contexto internacional y al interés nacional.

El hecho de que México sea el “último país de tránsito”, por tener de vecino a Estados Unidos, nos obliga a tener siempre presente el contexto geopolítico y prevenir escenarios posibles.

Las políticas migratorias se evalúan por su consecuencias no previstas.

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BRÚJULA CIUDADANA. Año 11, Número 113, noviembre-diciembre 2019, es una publicación electrónica mensual editada por Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C., 
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