2. PERSPECTIVAS DESDE CENTROAMÉRICA Y MÉXICO

Foto de Reuters

El Salvador: Implicaciones del acuerdo migratorio Estados Unidos-México para las personas migrantes y solicitantes de asilo

Jaime Rivas Castillo

Universidad Don Bosco, El Salvador

A Óscar y Valeria.

 

El acuerdo migratorio del chantaje, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador terminó firmando frente a una nueva amenaza de Donald Trump, fue la primera movida estratégica estadounidense que encabeza una serie de acciones en toda la región encaminadas a arrinconar más a los migrantes y alejarlos de la frontera sur estadounidense.

Hinchado por su orgullo y poderío, días después, Trump asestó un golpe similar a su homólogo guatemalteco, Jimmy Morales, que hizo muy poco para resistirse, convirtiendo a Guatemala en un “tercer país seguro”, pese a las críticas de amplios sectores nacionales e internacionales.

Moviendo más la frontera hacia el sur, ni Juan Orlando Hernández ni Nayib Bukele, mandatarios de Honduras y El Salvador, en su orden, exhiben mayores argumentos para desentonar con sus vecinos, por lo que se alcanza a divisar un horizonte sumamente sombrío para las personas migrantes y sus familias que no tienen otra opción que dejar sus países para salir de la miseria y la inseguridad.

El acuerdo migratorio de Estados Unidos con México, pues, hay que leerlo globalmente, desde una óptica que trascienda los provincianismos, más allá de la estrategia estadounidense que pasa por sentar uno a uno a sus vecinos, debilitando aún más la timorata agenda regional. En lo que sigue se exploran algunas implicaciones del acuerdo y los otros chantajes, explícitos e implícitos, en detrimento de las personas migrantes salvadoreñas y sus familias, sin perder aquella mirada regional. Podemos esbozar algunas implicaciones deteniéndonos en cada uno de los momentos del proceso migratorio, con la mirada desde El Salvador.

 

Un origen que seguirá expulsando

En el origen, el acuerdo migratorio no resulta sorprendente. Aunque debe decirse que no deja de levantar roncha la contradicción con lo que vino a plantear el entonces comisionado nacional de Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén, quien hablaba a gobierno y sociedad civil salvadoreños de construir una agenda conjunta en temas migratorios y de desarrollo. Lo cierto es que Guillén, con sus buenas intenciones, se apartó de la conducción del INM y que la Secretaría de Gobernación no tuvo protagonismo en las negociaciones que derivaron en el acuerdo. La batuta la llevaba Marcelo Ebrard.

Todavía se escuchaba a incautos en El Salvador sosteniendo que el gobierno de López Obrador tendría un sello diferente en su trato hacia Centroamérica, en asuntos migratorios. Ese hálito, si acaso fue real, duró poco, solo mientras las caravanas todavía reclamaban atención mediática, pero comenzó a desvanecerse a medida que incrementaban las presiones estadounidenses.

Tampoco el gobierno salvadoreño va en contracorriente. Nayib Bukele y su ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, han mirado hacia un lado y han esquivado cualquier oportunidad de pedirle explicaciones a Estados Unidos por los tratos que reciben los niños, niñas y adolescentes migrantes salvadoreños que son separados brutalmente de sus familias y son recluidos en condiciones inhumanas.

Desde el origen, el acuerdo migratorio Estados Unidos-México implica un obstáculo más para los solicitantes de asilo salvadoreños que huyen del país y que tratan de arribar a la frontera norte mexicana para solicitar protección a las puertas de Estados Unidos, pues limita aún más sus opciones y termina acorralándolos y exponiéndolos a perder la vida o a un viaje cada vez más riesgoso e incierto.

Si el acuerdo mexicano ya minaba las esperanzas de los migrantes y solicitantes de asilo, en tanto que implica el despliegue de efectivos militares en la frontera sur mexicana e incrementa el riesgo de sufrir una detención durante el tránsito y/o violaciones a los derechos humanos, el guatemalteco llega a agudizar la situación, ya que retiene a los solicitantes de asilo hondureños y salvadoreños en territorio de Guatemala, alejándolos aún más de su destino final.

Debido a que este último país no ofrece condiciones de seguridad ni acceso a servicios sociales mínimos mientras dure una estancia de espera, lo más probable es que los solicitantes de asilo desistan de iniciar una solicitud formal y se arriesguen a desplazarse como siempre lo han hecho, pero más vulnerables y con mayores riesgos. 

 

Antecedentes de la escalada restrictiva antiinmigrante

Los acuerdos alcanzados por Estados Unidos con México y Guatemala, así como los que, seguramente, se verán en el futuro con Honduras y El Salvador, constituyen la última escalada restrictiva para las personas migrantes y solicitantes de asilo. La más inmediata en el tiempo fue reacción a la llamada crisis de los niños en la frontera sur de Estados Unidos en 2014, que llevó a México a implementar el llamado Programa Integral Frontera Sur, cuando todavía Enrique Peña Nieto gobernaba este país.

Aquel programa fue presentado por el gobierno federal mexicano –sin que se conociera nunca un documento oficial definitivo— como un conjunto de acciones orientadas a ordenar los flujos migratorios en los estados del sur, con un enfoque de derechos humanos y desarrollo, al menos en el discurso. Sin embargo, en la práctica, impactó negativamente en las condiciones del viaje de los migrantes, pues desestructuró mucho de la red de solidaridad dirigida a ellos al alejarlos de las rutas tradicionales –donde ya se habían instalado centros de derechos humanos, albergues, casas de migrantes, comedores y descansos— y de los medios de transporte más utilizados, como el tren de carga.

Las autoridades salvadoreñas reportaban, a un año de implementación de dicho programa, que México había desplazado a Estados Unidos como el principal país que deportaba de su territorio a los migrantes salvadoreños: mientras las deportaciones desde este último país disminuyeron un 41% entre 2014 y 2015, los retornos desde México se incrementaron un 36%, en el mismo periodo.

Si bien los números de este año todavía muestran que Estados Unidos deporta a más centroamericanos que México, es probable que el acuerdo entre estos dos países se traduzca en un nuevo repunte de retornos desde territorio mexicano, lo que expone a las personas migrantes y solicitantes de asilo a que se vulnere sus derechos humanos y se trunquen sus planes migratorios en dicho territorio.

Es de sobra conocido, por ejemplo, que el seguimiento que organizaciones civiles hacen a las estaciones migratorias ha evidenciado tratos degradantes e inhumanos. La situación es más penosa cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. Volviendo al llamado Programa Frontera Sur, entre 2013 y 2015, el retorno forzoso de niños y adolescentes salvadoreños desde México creció un 339%. Pocas instancias estarían vigilando que no se violenten los derechos de la niñez y adolescencia migrante. Y es que la llamada crisis de los niños no solo se registra en los centros de detención estadounidenses, sino también en las estaciones migratorias mexicanas.

La triste experiencia de dicho programa también mostró que se pueden incrementar las expresiones de violencia estatal y del crimen organizado en contra de las personas migrantes. Basado en testimonios de personas migrantes afectadas, la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) documentó durante los últimos años el robo y las extorsiones como los delitos más recurrentes y señalaba al crimen organizado, las autoridades y personas particulares como los agresores, en su orden de participación.

La violencia no solo puede enfilarse hacia las personas migrantes, sino también hacia sus defensores. Durante la vigencia de políticas restrictivas, ante el incremento de agresiones y violaciones, suelen alzarse con mayor fuerza voces críticas e incómodas, con la tentación de silenciarlas, cuando menos, cooptarlas. Apelando a nacionalismos trasnochados, se criminaliza no solo a las personas migrantes, sino también a quienes las defienden.

 

¿Retorno y reintegración viables?

Las políticas restrictivas y lesivas de la dignidad humana suelen tener impactos directos y certeros sobre las personas migrantes, los solicitantes de asilo y sus familias. El caso más triste y conocido durante las últimas semanas fue el de Óscar y Valeria, padre e hija salvadoreños que murieron ahogados en el Río Grande porque se vieron obligados a cruzar lejos del puente internacional para pedir asilo, debido a que el gobierno de Washington decidió que las personas ya no pueden hacerlo por los cauces formales, como en la mayoría de países civilizados del mundo y como lo manda la legislación internacional.

El proceso migratorio de Óscar, de 25 años, y Valeria, de tan solo 23 meses de nacida, así como la de Tania, la madre, se vio interrumpido y acabó en la frontera. Pero la suerte de muchos es retornar de manera forzosa hacia sus países de origen, perpetuando el círculo vicioso al regresar al punto que los expulsa. Cuando las razones de la emigración son tan poderosas y determinantes es imposible pensar en una reintegración viable, pues las personas realmente no encuentran opciones para quedarse.

Los gobiernos de la región, entre ellos el salvadoreño, son incapaces de brindar entornos seguros y prósperos para que las personas en riesgo de migración irregular no se vayan o para que los que retornan en contra de su voluntad inicien un nuevo proyecto de vida en el país. Los gobiernos destacan, más bien, por su debilidad y porosidad, lo que los vuelve vulnerables frente a otros actores como el crimen organizado y el narcotráfico o a perder autonomía frente a agentes como el gran empresariado, las transnacionales o los organismos internacionales.

Que Guatemala, Honduras o El Salvador se presenten con la etiqueta de “tercer país seguro” es una quimera, tanto como que estén en la posibilidad de ofrecer opciones de desarrollo para su gente.

Los acuerdos que Estados Unidos ha alcanzado con sus vecinos del sur condenan a muchas personas de Centroamérica a la miseria y a vivir en medio de la violencia, pues aquellos planes de desarrollo cacareados como panacea no terminan de llegar. El último, apadrinado por la CEPAL, incluye a los principales países emisores de migrantes en la región e invita a soñar, pero mientras se llega a las metas propuestas, la migración irregular será la única salida para miles de centroamericanos.

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BRÚJULA CIUDADANA. Año 11, Número 113, noviembre-diciembre 2019, es una publicación electrónica mensual editada por Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C., 
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