2. PERSPECTIVAS LOCALES Y FEDERALES SOBRE LA INSEGURIDAD

Guanajuato: Tendencias de la violencia, las desapariciones y los homicidios

 
Fabrizio Lorusso [1]

Académico de la Universidad Iberoamericana León y periodista

Guanajuato vive una oleada de violencia sin precedentes que va más allá del fenómeno de los asesinatos, de por sí desbordado y alarmante, y muestra, más bien, un patrón estructural y complejo, hecho de múltiples descomposiciones. Este análisis se centra en la incidencia de crímenes de alto impacto, especialmente los homicidios dolosos y las desapariciones, pero como premisa cabe destacar el contexto persistente de violencia estructural en la entidad. Esta se relaciona con la agudización de las desigualdades entre sectores de la población que “produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas (supervivencia, bienestar, identidad o libertad) como resultado de los procesos de estratificación social, es decir, sin necesidad de formas de violencia directa” (Tortosa y La Parra, 2003). 

Nuevo León y Guanajuato son los dos estados con mayores desigualdades en la distribución de los ingresos, reflejadas en sus coeficientes de Gini, respectivamente de 0.578 y 0.576 en 2016, siendo la media nacional de 0.462. Entonces, si bien en Guanajuato la pobreza absoluta ha bajado, son focos rojos las “vulnerabilidades por carencias sociales” (calidad, espacios y servicios básicos en las viviendas), el rezago educativo, el acceso a la seguridad y la desigualdad (SEDESOL, 2018).

Al respecto, los municipios que tienen las mayores concentraciones de personas en condición de pobreza son Celaya, Irapuato, León, Salamanca, Pénjamo, San Miguel de Allende, Silao, Valle de Santiago y Guanajuato, que también figuran en los primeros lugares por incidencia delictiva. Lejos de querer establecer una relación causal y simplificadora entre pobreza y delincuencia,  destaco que, en el tiempo, el problema de la violencia se ha amplificado por la combinación de factores como las disparidades socioeconómicas y el modelo de desarrollo, las políticas públicas y de seguridad con enfoque represivo, el deterioro del sistema de procuración e impartición de la justicia, la expansión de grupos armados y paramilitares, las disputas por rentas, tráficos y recursos económicos, lícitos e ilícitos, entre otros.

Con 1,237 homicidios dolosos de enero a abril de este año, Guanajuato ha quedado en primer lugar nacional, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP). Los 2,609 homicidios intencionales de 2018 significan un incremento del 202% desde 2015 y del 140% en el último año. A nivel nacional, el aumento fue mucho menor, del 14% en 2017-2018. Si ampliamos el periodo, para Guanajuato los homicidios dolosos aumentaron del 327.7% en 5 años (2013-2018) (IEP, 2019, p. 15).

Pese a una mayor presencia militar, la criminalidad se mantiene alta  

El 3 de junio pasado el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, anunció la primera transferencia de elementos de la Guardia Nacional (GN) a las entidades que están enfrentando los mayores problemas de seguridad: Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Nada nuevo bajo el sol. La Sedena reporta que entre el año 2000 y el 2012 la presencia de los militares en Guanajuato creció 125.6%, al pasar de 728 elementos en el 2000 a 1,643 en el 2012 (Molina, 2019).  

Desde 2016, cuando la cifra anual de asesinatos se estaba acercando peligrosamente al umbral de mil, la Federación, solicitada por el gobierno estatal, incrementó sensiblemente los envíos a Guanajuato de brigadas militares y refuerzos de la Gendarmería y la Policía Federal. Por ejemplo, 600 soldados y 200 marinos llegaron en enero de 2019, y 1,600 soldados llegaron en marzo, con la actual operación “Golpe de Timón”. En 2018 se instalaron 3,200 policías militares en Irapuato (XII Brigada) y otras ciudades. En 2017 se estableció el mando único militar en cuatro municipios[3] y se realizaron patrullajes y retenes militares en León y en la frontera con Querétaro, mientras que en octubre de 2016 fueron enviados unos mil soldados a la entidad. En general su misión ha sido resguardar sobre todo el corredor industrial, las grandes ciudades y la zona de Salamanca, epicentro de la refinación petrolera y de la distribución vía ductos y con pipas, así como del robo de combustible, en el Bajío. 

Como ya sucedió en distintas zonas del país, por ejemplo, en Ciudad Juárez, Guerrero o Michoacán, la militarización de la seguridad pública y los operativos conjuntos per se, en el mejor de los casos, tienen efectos de contención de la violencia en el breve periodo y, en el mediano plazo, tienen el riesgo de volverse otro factor problemático y detonador de la misma violencia que intentan reducir. 

Aunque es difícil establecer una relación monocausal y directa, es un hecho que en México los años con más homicidios de la última década, el 2011 y el 2018, han coincidido con el mayor número de militares desplegados en las calles: 52,690 en 2011 y 54,980 en 2018 (Jiménez, 2018). Tampoco en Guanajuato la violencia y los crímenes han descendido tras el envío de efectivos castrenses. Ni ha ocurrido tras el Operativo Escudo-Titán, implementado por la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación con personal de la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y las policías locales desde marzo de 2018 en Celaya, León, Apaseo el Alto y Apaseo el Grande. 

Todavía a finales de 2018, Pemex señalaba la presencia de 1,547 tomas clandestinas, siendo Guanajuato, después de Hidalgo y Puebla, el tercer estado más afectado (Pemex, 2018). La refinería Ing. Antonio M. Amor de Salamanca es la segunda de mayor producción de las seis operantes en el país y a su alrededor se han detonado negocios ilegales boyantes, controlados por la organización criminal o “cártel” de Santa Rosa de Lima, liderada por José Antonio Yépez, alias “El marro”, y disputados por grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Mientras tanto, los municipios del llamado “triángulo del huachicol”, entre Irapuato, Salamanca y Celaya, han experimentado la expansión de crímenes de alto impacto como el homicidio, la extorsión, la desaparición de personas, los robos y las lesiones dolosas. 

Entre enero y marzo de este año, sí se registró una baja del 95% a nivel nacional en el robo de combustible, como consecuencia de la estrategia “de choque” del gobierno federal en enero pasado (Pemex, 2019). Sin embargo, un dato preocupante es que el número de tomas clandestinas detectadas por Pemex en el estado fue de 450 tan solo entre enero y abril[4], destacando los municipios de Villagrán con 71, Irapuato con 63, Salamanca con 59 y Celaya con 44 (Milenio, 2019). Finalmente son éstas unas de las ciudades con las mayores tasas de homicidios y delictivas en general.

Entonces, aun con presencia militar, la incidencia criminal en la región se mantiene alta hasta la fecha. Con 45,609 presuntos delitos registrados entre enero y abril de 2019, Guanajuato se coloca en un preocupante cuarto lugar nacional, después del Estado de México, la Ciudad de México y Jalisco. En otras palabras, de los 653,087 delitos presuntamente cometidos en las 32 entidades del país, según datos de las fiscalías reportados al SESNSP, el 6.9% corresponde a Guanajuato, siendo la población de este estado el 4.7% del total nacional (SESNSP, 2019). 

Según un modelo de la Universidad de las Américas Puebla y su estudio IGI-MEX 2018, la impunidad depende en gran medida de desigualdad, desempleo y analfabetismo: mayores niveles de impunidad se relacionan con mayores valores de estas tres variables, mismas que en parte reflejan la violencia estructural. 

Guanajuato fue uno de los cinco estados en que la impunidad creció más intensamente en 2016 y 2017, superando así el promedio nacional y situándose en el lugar 17 de 32. El estado muestra un fuerte incremento de delitos y, teniendo en cuenta que las tipologías delictivas (robos, daños, lesiones) son las mismas año tras año, se deduce que no se han tomado acciones efectivas para aliviarlo. “Si consideramos que únicamente el 2.08% de los posibles delitos acaban en una condena, se explican perfectamente las causas por las que Guanajuato está próximo a integrarse al grupo de muy alta impunidad”, señala el estudio (UDLAP, 2018, p. 86). 

Muy ligada a la impunidad, la cifra negra estimada en 2017 para Guanajuato, o sea el porcentaje de delitos que no fueron denunciados o que no derivaron en una carpeta de investigación, fue de 92.4, poco por debajo del promedio nacional de 93.2%, siendo los robos, los daños a propiedad, los delitos sexuales, la extorsión, el fraude y el secuestro los menos denunciados (INEGI, 2018, pp. 30-31).


El estudio IGI-MEX también recalca estas problemáticas apremiantes: atraso del sistema de procuración de justicia para concluir las causas penales; no hay reporte de la cantidad de policías judiciales por cada 100mil habitantes; las agencias del ministerio público son la mitad que la media nacional, 1.82 contra 3.53; hay mucho personal en pocas agencias del MP y, sin embargo, no se refleja en los procesos penales, pues los procesados son más que las causas penales abiertas; poca eficiencia en el uso de recursos, ya que la procuraduría maneja un presupuesto per cápita superior del 6.08% a la media nacional pero no ha logrado avances sustantivos en los indicadores de impartición de justicia; los jueces tienen 41% menos trabajo que en otros estados, pero el porcentaje de sentenciados en primera instancia es casi igual a la media nacional (1.44 vs 1.33), es decir atienden menos casos con más recursos. La conclusión es que el “problema fundamental es el sistema de seguridad” y el interés “no se coloca en las labores de seguridad pública” (UDLAP, 2018, p. 44, 86). 

En el Índice de Paz del Institute for Economics and Peace (IEP, 2019), que mide “la ausencia de violencia o de miedo a la violencia”, Guanajuato presentó un deterioro en su calificación general año con año desde 2015, colocándose en el lugar 27 de 32 entidades en 2018. La violencia contra los oficiales de policía y sus bajos salarios llevaron a un déficit de elementos policiacos: en 2017 el estado contaba con 2,622 elementos de seguridad pública, o sea 43.5 cada 100mil habitantes, siendo la media nacional de 176. Al 31 de marzo de 2019 estos habían aumentado a 3,200, pero 27 municipios presentaban dificultades para llenar 1,200 vacantes de policía (Albañil, 2019; Gobierno Gto, 2019). Ante el peligro creciente que enfrentan, ya que el año pasado Guanajuato fue en donde más policías fueron asesinados, no están funcionando los incentivos salariales y de prestaciones para que más personas se incorporen a la policía (IEP, 2019, p. 133). 

Hace tan solo tres o cuatro años, el anuncio de Durazo hubiera sido insólito para las y los guanajuatenses, pues el estado era percibido como relativamente seguro y exento de fenómenos generalizados y encarnizados de violencia, mismos que ahora están a la orden del día, incluyendo las “masacres de fin de semana”, que ya son endémicas y han tenido auge en los medios de comunicación nacionales. El 82% de los asesinatos del 2018 fue con arma de fuego, mientras que en el país el porcentaje es menor, del 69.4%, lo que constituye una señal de alerta sobre la circulación de armas y la letalidad de los actores potencialmente involucrados (autoridades, presuntos delincuentes, organizaciones criminales). Además, la entidad se colocó en primer lugar por número total de homicidios, dolosos y culposos, con 4,298 casos (Newsweek Gto, 2019). 

Del sexenio pasado a la fecha, también se han multiplicado los casos de desapariciones de personas, ya sean forzadas, en las que interviene directa o indirectamente algún tipo de autoridad, o cometidas por particulares. En este crimen, que es imprescriptible y constituye una grave, permanente y múltiple violación de los derechos humanos, Guanajuato ocupa el lugar 14 nacional, con 621 casos del fuero federal y común, o sea personas que siguen desaparecidas al corte del 30 de abril de 2018 del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED). Lamentablemente, no es posible conocer con precisión las cifras actualizadas, ya que el registro nacional está suspendido a la fecha, ni las dimensiones reales del fenómeno, pues no hay un registro estatal confiable que, por un lado, detalle cuántas personas desaparecen cada año (o cada mes) y por qué y, por el otro, desglose los casos según la naturaleza del crimen cometido (desaparición forzada, desaparición cometida por particulares) e indique los motivos probables del extravío o no localización, de darse esta última circunstancia. 

Escasas acciones locales para enfrentar la inseguridad

En medio de silencios, negaciones o estigmatizaciones por parte de medios y autoridades, el problema no ha sido encarado adecuada y tempestivamente: solo en mayo de 2019 la diputada local Lorena Alfaro envió al congreso local la propuesta de ley sobre desapariciones, registro y búsqueda de personas y la de declaración especial de ausencia. Además, no existe todavía una Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), aún no ha sido armonizada la ley estatal conforme a la nueva Ley General de 2017 sobre personas desaparecidas y el sistema de búsqueda, ni hay colectivos de familiares de desaparecidos bien articulados y visibles como sucede en otras regiones del país. 

Según investigaciones periodísticas, existiría un significativo nivel de correlación entre la tasa de desapariciones y la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en Guanajuato (Ávila, 2019). Si bien hacen falta más estudios para corroborar este patrón, cabe destacar que el 40% de las personas desaparecidas se concentra en León (82), Celaya (96), Apaseo el Alto (28) y Pénjamo (43), que también han sido focos rojos por sus índices delictivos de alto impacto. De los centenares de casos que han estado en el registro nacional en los últimos 6 años, la Fiscalía sólo tiene registro de diez indagatorias entre 2013 y 2018, el Poder Judicial estatal reconoce once casos entre 2011 y febrero de 2019, tres de los cuales llegaron a sentencia condenatoria (Ávila, 2019). 

El fenómeno dramático de los entierros o fosas clandestinas, aunque está poco presente en las agendas políticas y mediáticas, también ha explotado en Guanajuato, esencialmente en las zonas más conflictivas: según registros hemerográficos, entre 2016 y 2018 se han detectado por lo menos tres fosas, con uno o más cuerpos sepultados clandestinamente, en Villagrán y una en El Conejo Irapuato, en San Antonio Calichar-Apaseo el Alto, en Tenango el Nuevo-Apaseo el Grande, en León-St. Anita y en Acámbaro-cerro El Toro, a las que hay que agregar una que confirmó el gobierno federal en 2019. 

Pese a todo lo anterior, y a la oposición de sectores de la sociedad civil y del movimiento Fiscalía que Sirva-Gto, el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, a finales de 2018, recién asumido el cargo, decidió ratificar tanto al Secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, como al Fiscal estatal, Carlos Zamarripa Aguirre, quienes ya habían servido con cuestionables resultados durante la administración anterior de Miguel Márquez. Desde septiembre de 2017, este adoptó el modelo policiaco del mando único estatal en cinco municipios (Apaseo el Alto, Coroneo, Salamanca, Jerécuaro, Apaseo el Grande) que, sin embargo, a la fecha siguen entre los más violentos. Finalmente, como había anunciado en la campaña electoral, Sinhue lanzó un controvertido programa de “prepa militarizada” o Bachillerato Bivalente Militarizado, que arrancó en enero de 2019 en León e Irapuato para [sic] “recuperar la paz”, “la disciplina”, e “inculcar valores a la sociedad”.

La idea de que, en el medio de la llamada “guerra al narco” de Calderón y Peña, Guanajuato era una “isla de paz y trabajo” resultó ser, durante mucho tiempo, tranquilizante para la población y cómoda para los gobiernos estatales, mientras la avalancha, que ya se venía venir, se dejó crecer irresponsablemente, entre tergiversaciones oficiales y rebotes de responsabilidades en las declaraciones públicas de las autoridades. 

Tasa de homicidio local: incremento paulatino pero constante

Por un lado, es cierto que el estado ha tenido tasas de homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes inferiores a la media nacional hasta 2017. No obstante, este indicador ha tenido una tendencia de crecimiento paulatino, pero visible, que vale la pena analizar, pues la inédita escalada coyuntural actual se inserta en una tendencia estructural al alza que lleva más de una década. 

Se pueden identificar tres fases. En la primera, la tasa pasa de 4.1 en 2007 a 11.0 en 2011: casi se triplica, replicando más moderadamente, a partir de valores iniciales más bajos, la tendencia del resto del país, en el cual el valor pasó de 8 a 24. En la segunda fase, a nivel nacional la tasa va a la baja hasta el 2014, llegando a 16.9 homicidios dolosos cada 100mil habitantes, pero en Guanajuato sigue aumentando hasta el valor de 13.9 en 2014. En la tercera fase, México experimenta otra escalada de homicidios y la tasa vuelve a crecer hasta 25.9 en 2017, alcanzando el máximo histórico de 27.2 en 2018. En Guanajuato sigue subiendo, pero más rápidamente desde el bienio 2017-2018: por primera vez, alcanza un valor cercano a la media nacional en 2017, con una tasa de 23.7 y, finalmente, en 2018 la tasa de homicidios dolosos en Guanajuato más que duplica la del año anterior, llegando a 48.3. 

Se trata de cifras superiores o comparables, por ejemplo, a las de los países del “triángulo norte” de Centroamérica, históricamente entre los más violentos del mundo, que en 2018 registraron tasas de 22.4 en Guatemala, de 40 en Honduras y de 51 en El Salvador.

Entonces, en Guanajuato se registró un incremento lento, pero constante de la tasa de homicidios, entre otros delitos de alto impacto, durante los mandatos de los gobernadores Juan Manuel Oliva (2006-2012) y Miguel Márquez (2012-2018), así como en lo que va de la administración actual de Diego Sinhue, pero la aceleración más dramática se dio en 2018 y principios de 2019.

 

En un análisis de la violencia publicado en la revista Nexos en julio de 2016, Miguel Ángel Berber distingue dos tipos de entidades. Por un lado, los estados que muestran patrones de “violencia episódica”, caracterizados por repuntes dramáticos y sucesivas disminuciones pronunciadas de los homicidios, en correspondencia, posiblemente, con la implementación de operativos conjuntos y el envío de las fuerzas armadas, así como con cambios en las dinámicas de los grupos criminales y sus actividades económicas. 

Por otro lado, identifica estados con aumentos constantes pero más moderados, a partir de 2008, de los homicidios. Estos tienen una persistente tendencia al alza, salvo algunos periodos excepcionales de disminución. Especialmente para este conjunto de estados, que comprende Chiapas, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Sonora,  según el autor, no bastan las explicaciones relacionadas con el narcotráfico, la guerra entre organizaciones criminales y la implementación de operativos conjuntos. 

En el caso de Guanajuato el más que decenal y constante crecimiento de los homicidios acercó la entidad al promedio nacional, que también iba en aumento, más aceleradamente entre 2016 y 2017, para luego rebasarlo y registrar un pico inédito de violencia “episódica” que todavía sigue. 

Es complicado, quizá imposible, hacer previsiones sobre la duración y la intensidad de la explosión “coyuntural” reciente y de la persistencia futura de la violencia en Guanajuato, teniendo en cuenta que también hay factores estructurales importantes, así como dinámicas criminales muy cambiantes y opacas. En otros momentos históricos y entidades comparables el análisis de Berber indica una curva de ascenso y descenso de la tasa de homicidios que se desarrolla en promedio durante 3-4 años, por ejemplo en los casos de Durango, Nayarit, Chihuahua y Nuevo León entre 2009 y 2013. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad del regreso de olas explosivas subsiguientes, o bien, de la prosecución tendencial del crecimiento histórico de los homicidios, si no se modifican las precondiciones y los complejos factores detonadores y reforzantes de la violencia. 

Notas:

[1] Contacto: @FabrizioLorusso

[2] Pobreza: estimaciones del CONEVAL con base en el MEC 2016 del MCS-ENIGH. El coeficiente de Gini es una medida entre 0 y 1 utilizada para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país, en donde 0 indica perfecta igualdad y 1 perfecta desigualdad. Reproducido de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288986/Guanajuato.pdf , p. 3 y de https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Guanajuato/PublishingImages/Guanajuato_Cuadro1.JPG

[3] Apaseo el Alto, Coroneo, Jerécuaro y Salamanca, https://www.proceso.com.mx/503495/la-violencia-guanajuato-impone-mando-militar

[4] Entre enero y mayo de 2019 la cifra total reportada es de 562 tomas clandestinas descubiertas en Guanajuato https://24horaspuebla.com/2019/06/07/la-entidad-cae-al-sitio-4-nacional-por-tomas-clandestinas/

Referencias:

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BRÚJULA CIUDADANA. Año 11, Número 113, noviembre-diciembre 2019, es una publicación electrónica mensual editada por Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C., 
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