En la actual coyuntura en Veracruz, la violencia social ha sido un mecanismo de resolución de conflictos y extracción de renta y la violencia política, un mecanismo selectivo utilizado entre redes políticas opositoras. En estas circunstancias, las trayectorias delictivas de quienes en la desigualdad optan por el uso de la violencia social, ordinaria u organizada, (no todos los individuos de las clases bajas y medias desclasadas eligen la movilidad social patológica) han instituido un polo de ilegalidad en la vida social precarizada o bien, un polo de control ilegal que suma a las cadenas de violencia diversas cadenas de impunidad. La vieja sociedad veracruzana se ha reproducido mediante tales tipos de violencia en una sociedad emergente, más plural y diversa en la desigualdad, mediante el precio de la victimización distribuida. En este proceso, las víctimas de la violencia han sido grupos de todas las clases sociales, particularmente: empresarios, periodistas, empleados, taxistas, estudiantes, mujeres, jóvenes, población lésbico-gay, policías y empresarios ilegales.

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El control social y político en un ciclo de interregno subnacional

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La acumulación de violencia concentrada en la actual coyuntura -que puede caracterizarse como interregno subnacional- no podía contenerse en la primera alternancia panista ni es probable que sea controlada totalmente por el gobierno estatal de la segunda alternancia. Los ocho años de acción pública sumada de estas dos alternacias opuestas (2017-2024) serán insuficientes para revertir un proceso que ha durado por lo menos una década, pero sintetiza viejos procesos de violencia acumulada.

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En algo tenía razón la vieja clase política. La narrativa gubernamental del viejo régimen  -compartida ahora por redes de la nueva clase política de la segunda alternancia- es aceptable respecto de argumentos acerca de la amplitud del espacio geográfico, dispersión poblacional, inestabilidad del estado de fuerza o la complejidad de las cadenas de violencia acumulada y el ciclo de impunidad que obstaculiza la reforma de la justicia penal. Es verdad que la violencia se ha acumulado en ciertas regiones en las cuales perduran nuevas generaciones caciquiles, redes políticas que financian actividades electorales sin regulación institucional, redes ilegales que extraen renta de la población y han corrompido algunas redes burocráticas en instituciones municipales y subnacionales. 

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En este escenario, la alternancia panista (2017-2018) optó por la coordinación de fuerzas de los tres niveles de gobierno, pero partidizó la seguridad pública ante la emergencia de la oposición morenista que triunfaría en el estado como segunda alternancia (ejemplo es el conflicto entre el gobierno del estado y el gobierno municipal de Xalapa en torno de la necesidad de que el nuevo gobierno de alternancia creara su propia policía municipal, cuando históricamente el gobierno del estado se hizo cargo de ella durante el ciclo final del viejo régimen). Así, el primer acontecimiento de la instalación del gobierno panista en 2017 fue el control de saqueos a tiendas de conveniencia en diversas ciudadades del estado, en las cuales participaron grupos sociales de colonias periféricas inducidos por líderes típicos de una “zona gris”, mediante la conformación de un mando coordinado que reunía fuerzas federales estatales y municipales que se hicieron cargo de la seguridad pública en el breve ciclo gubernamental de dos años.

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La estrategia del gobierno panista fue la extensión de la militarización de la seguridad pública como mecanismo de contención y la prolongación discreta de la reforma de la justicia penal, mientras focalizó sus principales acciones públicas y mediáticas a la anticorrupción y el clientelismo, para reparar el daño patrimonial del último gobierno del viejo régimen, mientras se preparaba para la nueva coyuntura política en la cual enfrentaría a MORENA en 2018.

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La estrategia del actual gobierno ha sido la implementación de la estrategia del gobierno federal en el estado. En escala, se trata de una implementación subnacional de una estrategia de seguridad diseñada centralizadamente. Los componentes de esta estrategia de seguridad pública (más allá de lo que por interés económico medios locales niegan al convertir en un espectáculo público la violencia como antes no lo hacían. Debe recordarse que desde la alternancia panista ya no hay finaciamiento a todos los medios de comunicación) representan la continuidad de la militarización de la seguridad pública de contención de la violencia organizada, mediante la creación de un nuevo mecanismo de coordinación de fuerzas federales y estatales; sin embargo, el componente de contención de la nueva estrategia basada en las fuerzas federales y estatales, incluida la Guardia Nacional instalada solo en dos regiones del estado (Minatitlán y Coatepec), no ha sido suficiente para evitar que las violencias se reproduzcan (hay avances marginales en la contención en algunas regiones) dado que la dinámica aún no puede revertirse vía la implementación inicial de programas sociales que podrían reproducir el viejo clientelismo. Esta situación obliga a preguntarnos si la política social tiene un impacto preventivo a corto plazo y si se puede mejorar el diseño e implementación de los programas de prevención social y comunitaria de la violencia. 

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En este contexto, se produjo una innovación subnacional porque otro elemento de la estrategia de seguridad ha sido la Declaratoria del Programa Emergente por Crisis de Violaciones graves a los Derechos Humanos, que produjo la transformación de la vieja Dirección de Información Política en Dirección de Cultura para la Paz y Derechos Humanos que se suma a las dos Alertas de Género vigentes en Veracruz. Esta innovación institucional es similar a la que actualmente experimenta el gobieno municipal de Xalapa -primera capital del país gobernada por MORENA- mediante una primera generación de policía de proximidad con base en la experiencia de Ciudad Netzahualcoyotl- cuyos retos organizacionales y funcionales son aún muy complejos.

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En sentido estricto, la política federal de prevención social y comunitaria -iniciada en 2011 y continuada en los gobiernos estatales en Veracruz hasta ahora- ha sido de bajo impacto. En contraste, los colectivos de familiares de víctimas -particularmente quienes sufren el calvario de desaparición forzada- han encontrado en el nuevo gobierno un interlocutor, con el cual tienen una relación diferente en razón de que una de sus redes políticas mantiene contacto con algunos colectivos. Debe aclararse que el último gobierno del viejo régimen y la primera alternancia panista sí llegó a escucharles en mesas intersectoriales, pero el diálogo fue del simulacro al diálogo efectivo, sin consecuencias positivas. 

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En estas circunstancias, en el tiempo corto del desempeño del gobierno actual, las tendencias estructurales y coyunturales acumuladas no han sido revertidas, pero hay indicios de mayor voluntad política para avanzar en el control y prevención. Para tal efecto, el gobierno estatal necesita continuar los esfuerzos de construcción del estado de derecho mediante la mejora de la coordinación regional de las fuerzas policiales de los tres niveles de gobierno, la institucionalización de la fuerza pública, el relanzamiento de la reforma de la justicia penal ( bloqueada por el conflicto con el fiscal heredado del gobierno panista anterior), la innovación en la prevención social y comunitaria, la construcción efectiva de un sistema de atención a víctimas de la violencia y la experimentación con buenas prácticas como laboratorios de paz basados en la cooperación y coproducción para un ciclo diferente de convivencia en el estado.

 

 

Bibliografía

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• Falcón, Romana (1977). El agrarismo en Veracruz. La etapa radical (1928-1935), El Colegio de México, México.

• Misse, Michel y Carolina Christoph Grillo (2014). “Río de Janeiro: sufrir la violencia, decir la paz” en  Ana María Jaramillo y Carlos Mario Perea, Eds, (2014). Ciudades en la encrucijada. Violencia y poder criminal en Río de Janeiro, Medellín Bogotá y Ciudad Juárez, Región-IEPRI-IDCR, Medellín Colombia.

• Schedler, Andreas (2016). La política de la incertidumbre en los regímenes electorales autoritarios, FCE, México.

• Sousa Santos, Boaventura (2009). Sociología crítica jurídica, Trotta, Madrid.

• Zavaleta Betancourt, José Alfredo y Arturo Alvarado (2018). Interregnos subnacionales. La implementación de la reforma de la justicia penal en México. El caso de la región golfo-sureste, COLOFÓN-UACJ, México.