2. El ejecutivo federal y su relación con las organizaciones de la sociedad civil
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Foto de Towfiqu Barbhuiya vía Unsplash 

Reforma fiscal: Acoso a la Sociedad Civil

Emilio Álvarez Icaza Longoria

Senador de la República independiente, integrante del Grupo Parlamentario Plural.

 

 

 

La reciente presentación de la miscelánea fiscal y el paquete presupuestal para 2022 tiene la necesidad de hacernos unas preguntas básicas que, si bien parecen elementales, resultan fundamentales. La primera es: ¿Qué es el Estado y quién lo representa? La segunda pregunta es: ¿Qué es el interés público y quién lo representa?

Por obvias que parezcan las respuestas a las preguntas arriba formuladas, se hace necesario subrayar: ni el gobierno representa a todo el Estado ni el gobierno representa todo el interés público.

Esta reflexión viene a cuenta a partir de las propuestas de modificación al artículo 151 la Ley del Impuesto Sobre la Renta (Ley del ISR), por parte del Gobierno Federal, para reducir el monto que las personas contribuyentes pueden hacer en materia de deducciones. Se trata de eliminar la deducibilidad de hasta un 7% del ingreso anual que las personas contribuyentes pueden realizar a lo largo de un ejercicio fiscal, por ejemplo, con donaciones deducibles de impuestos a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), lo que afectará directamente a miles de estas organizaciones autorizadas a recibir donaciones para trabajar con los sectores en mayor riesgo y desprotección. Es decir, las OSC tendrán nuevas y mayores dificultades para el uso de recursos públicos, en esta ocasión por la vía de la limitación de la deducibilidad.

En realidad, hay que decirlo con claridad, la propuesta de modificación artículo 151 es una confesión de parte. Es una confesión de parte de una concepción autoritaria del Estado.

Que no es un hecho aislado, sino que es parte de una escalada sistemática de acoso y ataque a las OSC. Es una nueva expresión de la concepción de que estas organizaciones no sean parte del Estado, ni entidades de interés público y por tanto no deben usar, manejar o recibir recursos públicos.

Que no es un hecho aislado, sino que es parte de una escalada sistemática de acoso y ataque a las OSC. Es una nueva expresión de la concepción de que estas organizaciones no sean parte del Estado, ni entidades de interés público y por tanto no deben usar, manejar o recibir recursos públicos.

Infeliz e inesperadamente, esta escalada empezó el primer día del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando de manera arbitraria y contraria a la ley, el presidente emitió un memorándum que instruye a la suspensión de entrega de recursos públicos a organizaciones civiles y sociales. Este acto constituye, de hecho, la suspensión de una parte fundamental de la Ley del Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, en la que se reconoce que las OSC son entidades de interés público y que pueden recibir recursos públicos si realizan actividades de interés público. Esto, debidamente regulado y auditado.

Esta Ley fue una batalla de más de 14 años, aunque viene de más atrás, como una de las expresiones de que se tenía que refundar al Estado. Y se tenía que refundar bajo el entendimiento de la corresponsabilidad y de la construcción de ciudadanía. Dicho ordenamiento jurídico se aprobó en 2004, constituye una de las referencias icónicas de la transición democrática y representa la maduración de un largo proceso de lucha democrática de la sociedad mexicana, que acota el autoritarismo y el gigantismo del gobierno dentro del Estado, entre muchas otras virtudes. Por eso resulta tan paradigmáticamente desafortunado que una de las primeras acciones del gobierno de López Obrador fuera justo mandatar la desatención a esta ley.

Adicionalmente, se han sucedido otras acciones en el mismo sentido, tales como limitar el acceso a otros recursos públicos, por ejemplo, a organizaciones de mujeres, a organizaciones de defensa de migrantes y muchas más. Además, se ha dado una escalada de acoso y descalificación públicas y sistemáticas en conferencias de prensa mañaneras, en las que se ataca a organizaciones de defensa de derechos humanos, libertad de expresión, defensa de los pueblos indígenas, ambientalistas, feministas y más.

Estas descalificaciones y ataques constituyen una narrativa que genera un entorno social de erosión al tejido democrático, animadversión y polarización en contra de las OSC y su labor. Y justo como son descalificaciones sin tamiz alguno, son desproporcionadas, e incluso injustas y desmedidas. De hecho, son ingratas al no reconocer los múltiples aportes de estas organizaciones a la vida pública y política del país, en favor de los sectores más desprotegidos y empobrecidos y de la democratización de los distintos ámbitos de la vida de México.

Se ha instalado un relato de ataque y descalificación a las OSC que ha sido acompañada de acciones fiscales, cambios legislativos y administrativos que no solo dificultan la labor de las OSC, sino que generan que diversos sectores de la población les ataquen y señalen negativamente.

Una expresión que el presidente dijo recientemente, en torno al debate de la reducción de la deducibilidad que podrían recibir las OSC, nos brinda una idea al respecto. Señaló López Obrador en una conferencia mañanera que las organizaciones de la sociedad civil hacen “caravana con sombrero ajeno”. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué querrá decir el presidente? ¿es “caravana con sombrero ajeno” porque no agradecen al gobierno?, ¿es “caravana con sombrero ajeno” porque él es el único representante del interés público? o ¿sólo él puede decidir sobre los recursos públicos? ¿sólo el gobierno puede hacer uso de los recursos públicos?

Esta confesión de parte del presidente es extraordinariamente importante para lo que hoy nos ocupa. Porque no podemos pensar que el Estado mexicano es capaz de resolver las necesidades de sus habitantes hoy. No lo es, la evidencia es abrumadora y arrolladora. Y peor aún, menos podemos pensar que el gobierno es capaz de resolver y garantizar los derechos de los habitantes de este país.

Por lo tanto, lo que necesitamos es una política de Estado, una política pública que potencie la capacidad del Estado mexicano para atender las múltiples necesidades de las mexicanas y mexicanos sin distinción de edad, lugar de residencia o de cualquier otra índole, donde participen las organizaciones de la sociedad civil, sociales, empresariales y muchos otros actores tengan un rol destacado y principal. Es preciso entender que, ante las múltiples necesidades, el gobierno no sólo no puede solo, no debe actuar en solitud y aislamiento.

Tenemos que potenciar la capacidad de articulación del Estado en atención a la salud, en educación, en la lucha contra el hambre, en dar respuesta a las personas necesitadas, etc. Ante los desafíos y las necesidades, necesitamos sumar todas las capacidades.

Es prioritario comprender una noción de Estado donde la sociedad, los actores sociales y muchos y muchas más sean constructores y actores sociales en su propio proceso político, y ahí se incluyen las organizaciones. Por eso es vital entender que son sujetos sociales y de su propia historia, son sujetos de interés público. Que son sujetos clave en el interés público y que este no acaba en el gobierno, ni lo representa únicamente y a plenitud.

Al respecto, los datos son reveladores: en los últimos seis años, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) dejó de recibir por concepto de deducciones $88 mil millones de pesos. Eso según datos del propio SAT. En esos mismos seis años las OSC, contribuyeron con $720 mil millones de pesos, es decir, $8.2 pesos más por cada peso que el SAT dejó de recibir. Las OSC movilizaron, aportaron y contribuyeron a la economía nacional ocho veces más de lo que el gobierno dejó de recibir en el mismo lapso de tiempo. ¿Le conviene al gobierno que el Estado mexicano multiplique su capacidad, o disminuirla? Con esta medida fiscal, no cabe duda, se va a disminuir la capacidad.

Lejos de aumentar la capacidad del Estado por medio de la sinergia con las OSC y otros sectores, sucede todo lo contrario. Las señales van en sentido contrario, y no sólo con la reforma a la Ley del ISR, como se mencionó antes.

La discusión presupuestal del 2022 debe entenderse como una señal de alarma. Es un punto de quiebre del término de relación de este gobierno con las OSC. Es un quiebre de la confianza que muchas organizaciones habían depositado en este gobierno, bien porque se sienten partícipes y artífices del cambio, bien por que apostaron a un cambio democrático y ahora se les persigue, estigmatiza, ataca y limita. Esta reforma es una de las expresiones más acabada para desconocer el carácter de las OSC como entidades de interés público.

Aunque duela reconocerlo y sea difícil aceptarlo, lo cierto es que los ataques y agresiones que vienen de este gobierno, empezando por el propio presidente, han sido de una gran virulencia, agresividad y daño al tejido social construido a lo largo de décadas. Algunos de ellos son equiparables a algunos de los peores que se lanzaron en gobiernos anteriores, en momentos de obscuro autoritarismo. Este gobierno ha optado por un sistemático alejamiento de las organizaciones de la sociedad civil.

En otro orden de ideas, hay otro aspecto de la modificación legislativa a la ley del ISR que tiene un mensaje de enorme incongruencia y casi desprecio. Esta fórmula que se hace con la modificación al artículo 151, es inconsistente e incongruente con el llamado que López Obrador ha hecho a la clase media. Él ha dicho que quiere una clase media solidaria, que piense en los demás y tenga capacidad de inclusión sin racismos ni clasismos.

Pues es justo la clase media que aporta, contribuye y dona a las OSC, la que López Obrador pone de ejemplo y modelo a seguir, a la que se ataca con esta medida. A esa clase media es a la que se golpea de nuevo y a la que el día de hoy se le limita la posibilidad de deducir. Esa es la clase media solidaria que dona a los hospitales que atienden a niños y niñas quemadas o a instituciones que atienden a personas enfermas o con discapacidad, ancianos abandonados, mujeres violentadas, entre muchos otros sectores de población y causas.

Esa clase media es la que da donativos para atender a las personas más pobres en condiciones de necesidad, es la que responde ante tragedias y emergencias de manera solidaria.

Esa clase media es la que solidariamente construye, mantiene y promueve organizaciones y que, con muchos otros actores, es la que ha construido tejido social democrático a través de estas instituciones, así como de las públicas.

La representación del SAT dijo en el Senado de la República que más del 90 % de quienes dan donaciones no será afectado. Entonces cabe preguntarse: ¿para qué lo hacen? ¿para qué hacen una modificación legislativa que alcanza a tan pocas personas? Se puso de ejemplo que hay siete personas, si siete, a quienes les preocupa que pudieran utilizar las formas que les da la ley para una eventual evasión de impuestos. Si se tiene así de claro y preciso, ¿por qué no actúan en el marco de sus atribuciones? Por ejemplo, ¿no podría la Unidad de inteligencia Financiera (UIF), hacer algo al respecto?, ¿se hace una modificación de orden general, que afectará miles de personas beneficiarias y a más de cinco mil organizaciones porque no les gusta cómo siete personas deducen impuestos? Suena, se ve y es absurdo. Más bien, quedan al descubierto las verdaderas intenciones, debilitar a la sociedad civil.

México es de los países que tiene menos capital social y densidad en organizaciones, en la región. Esta medida, en realidad, lo que va a hacer es debilitar aún más esa capacidad.

Es preciso subrayar que, a quien más se afecta con este tipo de modificaciones legislativas, es a los sectores más desprotegidos, a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad y pobreza que reciben los servicios de las OSC. La propuesta gubernamental de “primero los pobres” topa aquí con una dura prueba. Si en verdad ese es el objetivo, lo que toca es mover y multiplicar todos los recursos y esfuerzos en esa dirección. Limitar y reducir la capacidad de operación de las OSC, como ha hecho este gobierno y ahora se propone hacerlo por la vía de la modificación a la ley del ISR, es absolutamente contradictorio. Tal parece que sólo importan los pobres que el gobierno puede atender.

¿Por qué?, ¿cómo así?, ¿pago de favores/lealtades?, ¿crear clientelas para controlar?, ¿se busca ganancia electoral?

Esta reforma fiscal va a debilitar las capacidades de las OSC y es un grave error en la construcción del Estado Democrático que anhelamos. Es sorprendente que aquella que se llama “izquierda democrática” debilite de manera sistemática a la sociedad civil, la cual no sólo fue aliada, en ocasiones, en el proceso para llegar al poder, sino que ha dado batallas fundamentales por las libertades.

Tenemos que repensar y reencauzar la ruta. Debilitando a la OSC se debilita la democracia. México va, poco a poco, rumbo a un autoritarismo peligroso. Debilitar a la sociedad civil no contribuye a la transformación democrática que queremos construir, contribuye más a una sociedad autoritaria. Es momento de alzar la voz y sumar las capacidades en defensa de la sociedad civil organizada y con ello de nuestra, de por sí débil, democracia.