Como se aprecia en el Gráfico 1, la evolución del mercado eléctrico mayorista (MEM), que entró en operación en 2016, mediante el mecanismo de subastas organizadas y transparentadas por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), señala una baja en los precios de electricidad, calculados por los costos marginales, desde principios de 2018 hasta los inicios del presente año, en donde se sufre un pico abrupto en febrero, debido a la interrupción y encarecimiento de las importaciones de gas provenientes de Texas, y se perfila desde entonces una tendencia al alza.

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La caída de precios que se aceleró en 2019 y se mantuvo hasta antes de la contingencia sanitaria provocada por la COVID 19, se explica por la entrada en operación de nueva capacidad de generación, la mayoría de ella construida por compañías privadas, sobre todo de renovables, aunque también por plantas de gas de ciclo combinado (obtienen electricidad por quema de combustible y por cogeneración de vapor y calor). A su vez, durante ese periodo los precios del gas y del combustóleo se mantuvieron bajos, lo que contribuyó al descenso de los precios marginales. Cabe advertir que la demanda del fluido eléctrico creció en 2019 con respecto al año anterior, por lo que los dos factores antes mencionados fueron cruciales para mantener los precios a la baja.

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Sin embargo, a partir de que se inicia la contingencia sanitaria, se inicia nuevamente una tendencia al alza, a pesar de que la demanda se deprimió en un 10% respecto al año anterior durante la primera mitad del 2020. El incremento de los precios se debe sin duda al aumento de los precios del gas y del petróleo, pero quizás también a la incertidumbre en que entró la industria, a raíz de los intentos por modificar el criterio del despacho eléctrico por parte del CENACE. El MEM ha sido regulado por el CENACE -quien en la actualidad tiene el control exclusivo, como organismo operador del Estado, de la transmisión y confiabilidad del fluido eléctrico- bajo la lógica de méritos de costos de producción. Bajo esta lógica, las energías limpias han tenido la preferencia en el despacho diario, y las plantas que usan fósiles han conformado por lo general los precios marginales, es decir, los precios más altos para ajustar la demanda en horas pico.  La incertidumbre comenzó cuando el CENACE primero, y la Secretaría de Energía (SENER) después, intentaron revertir la lógica del despacho para dar preferencia a la producción de la CFE por encima de los méritos de costo. Desde entonces hasta la reforma de la Ley de Industria Eléctrica, el 3 de marzo pasado, la CFE ha peleado por mantener una cuota mínima de mercado -que en la propuesta de reforma constitucional es de 54%- pero bajo una lógica de volúmenes físicos a su favor, que compromete la lógica bajo la que ha estado funcionando el MEM desde 2016.

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Como se sabe, todos estos cambios provocaron una cascada de amparos por parte de las compañías privadas, que vieron sus inversiones e intereses afectados por el cambio brusco y unilateral de las reglas del juego, misma que llevó a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), a promover una controversia constitucional por las modificaciones a la LIE. Hasta la fecha, la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) no ha dado su dictamen. En este clima de enrarecimiento, surge la propuesta de reforma constitucional por parte del Ejecutivo. Dicha propuesta, en vez de calmar los ánimos, ha provocado un verdadero sismo en toda la industria, que salpica a la de hidrocarburos y a la economía en general. La propuesta suprime de jure y de facto al MEM, pues el CENACE queda integrado y subordinado a la CFE, y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que hasta ahora se encarga de supervisar y regular los precios y el comportamiento de los mercados de energéticos -incluyendo los petrolíferos- queda integrada a la SENER. Pierden pues su autonomía presupuestal y operativa, como también la pierden la Comisión Nacional de Hidrocarburos -organismo técnico-científico encargado de evaluar la evolución de las asignaciones a PEMEX y de los contratos privados en materia de petróleo y gas- y muy probablemente el Centro Nacional de Gas (CENAGAS), encargado de asegurar el acceso a los gasoductos y del suministro de gas. Se suprimen además los Certificados de Energías Limpias (CELs), que era el instrumento mediante el cual se buscaba estimular la entrada progresiva de las energías renovables, para asegurar la descarbonización progresiva de la canasta energética mexicana, de acuerdo con los compromisos contraídos por el propio gobierno mexicano como participante del Acuerdo de París.

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La propuesta de reforma constitucional plantea que será la propia CFE la que se encargará de administrar el mercado eléctrico, asegurando una cuota de 54% para ella, bajo el criterio de volúmenes físicos, mientras que adquirirá, bajo el principio de “méritos de costo”, el 46% restante. Sin órganos reguladores y operadores autónomos, resulta difícil creer que la compañía adquirirá con criterios de mercado y competencia la oferta eléctrica de los privados, tanto más que la propia iniciativa presidencial argumenta que el propio funcionamiento del mercado eléctrico ha comprometido la confiabilidad y la seguridad energética del país. Además,  la vuelta al régimen de monopolio estatal significará el regreso a una industria eléctrica y energética poco transparente y vertical, cargada de ineficiencias y de decisiones discrecionales, que podría comprometer la competitividad de la economía mexicana y la seguridad energética del país.