1. Balance sobre la aplicación de medidas anticorrupción en México
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La política del Ejecutivo Federal en el combate a la corrupción

Rosa María Cruz Lesbros

Presidenta del Consejo Consultivo del Colegio de Contadores Públicos de México

 

 

 

Desde su campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador señaló como eje de su política gobernar con un plan de austeridad y una estrategia para el combate a la corrupción, la cual generaría mucho dinero para el desarrollo del país. En Acultzingo, Veracruz, el 7 de enero de 2018 el actual Presidente de la República declaraba:

Vamos a empezar, vamos a iniciar, se va a predicar con el ejemplo, el próximo presidente de México va a ganar menos de la mitad de lo que gana (Enrique) Peña Nieto, no vamos a actuar con fantocherías, no tengo complejos, no me va a marear el poder, voy a estar siempre anclado a la tierra [1] .

No cabe duda de que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha movido el escenario político y la llegada de la 4T (Cuarta Transformación) ha impuesto cambios en expresiones culturales en el contexto político. En las conferencias de prensa conocidas como las “mañaneras”, el presidente López Obrador deja en claro su intención de luchar frontalmente contra la corrupción.

Para ello ha desarrollado y centralizado, desde la figura presidencial, una serie de políticas y estrategias en el combate contra la corrupción, incluyendo medidas como el rescate de los ductos de PEMEX, que estaban en manos de los huachicoleros; el impulso a reformas constitucionales y legales que permitan imponer sanciones más severas tratándose de hechos de corrupción, ejercer un mayor control en adquisiciones gubernamentales, luchar contra la corrupción en materia tributaria, entre otras.

Inicia su gestión con un enfrentamiento al robo de hidrocarburos, el llamado “huachicoleo”. Para combatirlo cierra ductos, lo que ocasiona un desabasto en el suministro de combustible a nivel nacional, generando un caos en la economía y la movilidad del país. Para resolver el desabasto, AMLO anunció inversiones por 85 millones de dólares para la adquisición de “pipas” que serían compradas en el extranjero. Esto se llevó a cabo bajo un esquema de adjudicación directa por una empresa subsidiaria de PEMEX, ya que según el  artículo 75 de su Ley, no le es aplicable la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Uno de los primeros pasos en la lucha contra la corrupción en materia legislativa fue la publicación, en el Diario Oficial de la Federación del 12 de abril de 2019, del Decreto por el que se reforma el Artículo 19 Constitucional, en materia de prisión preventiva oficiosa, en la que se incluyen los delitos cometidos por hechos de corrupción. También en materia de reformas constitucionales, es relevante mencionar las relativas a los Artículos 22 y 73, que incluyen los delitos por hechos de corrupción en la Ley de Extinción de Dominio. La reforma publicada el 14 de marzo, tiene como objetivo ampliar el catálogo de delitos por los que el Estado podrá obtener la posesión legal de bienes de particulares, cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con investigaciones relativas a hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, extorsión y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. [2]                

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Fuente: La extinción de dominio. Apuntes de la reforma de 2019 a los artículos 22 y 73 constitucionales Dirección General de Análisis Legislativo MAYO 2019 N° 13

Lorena Vázquez Correa

Lo que se pretende lograr con estas reformas es evitar actos de corrupción, mediante castigos severos como la prisión preventiva y el decomiso de bienes, que se efectúan contra quienes (personal en el servicio público o particulares) cometan hechos de corrupción y no puedan acreditar la procedencia lícita de dichos bienes.

En este particular, es de señalar la reciente resolución de la Corte, que determina que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, por ser contraria al principio de presunción de inocencia. Arturo Zaldivar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en su tweet: “Al interpretar la Constitución estamos obligados a hacerlo a la luz del artículo primero constitucional y privilegiar el principio pro personae”,[3]

Otra política implementada contra la corrupción fue centralizar las compras y contrataciones públicas en la Secretaría de Hacienda, dejando fuera de este control gubernamental a la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, en el contexto de la Pandemia por la COVID-19, el 11 de agosto de 2020 se hicieron reformas a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para exceptuar de la aplicación de la Ley la adquisición de bienes y la contratación de servicios asociados con la salud, lo que permite que estas compras sean hechas por adjudicación directa, evitando los procedimientos de licitación o invitación restringida. La adición del párrafo al Artículo 1 de la Ley establece que, previa autorización de la Secretaría (SHCP) por conducto de la Oficialía Mayor, las dependencias y entidades podrán contratar con organismos intergubernamentales internacionales, a través de los organismos de colaboración previamente establecidos con éstos.

Por otra parte, también se implementan políticas para luchar contra la corrupción en el ámbito contributivo. Con nuevas estrategias recaudatorias se logra reducir la evasión fiscal y se impulsan, asimismo, cambios en la política tributaria al legislar, entre otras medidas, la eliminación del outsourcing. En días recientes, dentro del paquete económico para el ejercicio 2022, fue aprobada la miscelánea fiscal que limita las deducciones personales por donativos, lo cual puede afectar el ingreso que reciben organismos de la sociedad civil, pero evita las deducciones excesivas que, por esta vía, se venían operando por personas físicas y morales. Esta miscelánea también introduce un nuevo esquema contributivo: el régimen de confianza con el que pretende ampliar el patrón de contribuyentes, para incluir a personas que actualmente se manejan en la economía informal. Incluso incorpora a los jóvenes para que obtengan su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Las estrategias y políticas llevadas a cabo por la 4T se plantean y ejecutan desde el Jefe del Ejecutivo Federal, que se presenta como una instancia omnipotente que acabará con este flagelo. Ello, sin lugar a dudas, ha influido en la percepción del combate a la corrupción. Transparencia Internacional presentó la edición 2020 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Este instrumento, el más acreditado a nivel internacional en medición de percepción de la corrupción, registra la opinión de analistas, personas expertas y mujeres y hombres de negocios de diversos países, sobre la situación que guarda la corrupción en cada uno de los países evaluados[4].

De acuerdo con este índice, México subió su calificación de 29 a 31 puntos y escaló seis posiciones (de la posición 130 en 2019, a la 124 en 2020, de un total de 180 países evaluados). A pesar de observarse una mejora en la percepción de la corrupción, el estudio señala la falta de sanciones a los casos y redes de corrupción, que se han manejado en medios como resultado de investigaciones periodísticas, como el caso de la Estafa Maestra o el caso Odebrecht. Asimismo, Transparencia Internacional enfatiza que de 2016 a 2019 ningún caso de corrupción transnacional que involucre empresas y funcionarios mexicanos ha sido sancionado en México. En decir, no obstante que se avanzan seis posiciones, la percepción de la corrupción en México lo coloca muy debajo de la media, dentro de los países peor evaluados, como se muestra en la siguiente figura.

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Percepción de la corrupción en el mundo

             

 Fuente: Índice de Percepción de la Corrupción 2020.

 https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl

 

Ahora, en 2021, se suma el escándalo recién conocido como “Pandora Papers” en donde se señala que 3,000 ciudadanos mexicanos han acudido a paraísos fiscales para abrir estructuras financieras lejos de las autoridades tributarias[5]. Es de resaltar que la corrupción no es exclusiva en el sector público, también se dan hechos de corrupción entre los mismos particulares, personas físicas o morales, o bien en el cumplimiento de sus obligaciones como contribuyentes. Se presentan casos de evasión fiscal utilizando esquemas de deducciones excesivas (donativos o pagos outsoursing) o, como en el caso de Pandora Papers, desviando ingresos a geografías que más les favorecen para evadir el pago de impuestos, incumpliendo con el Artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, de manera proporcional y equitativa.

En la lista de posibles implicados destacan políticos, empresarios, celebridades, artistas, que al usar sociedades secretas en paraísos fiscales, no respetan el principio de proporcionalidad tributaria, en relación con la capacidad contributiva de las personas, faltando a la justicia fiscal y social, sin que hasta el momento se hayan escuchado declaraciones o visto acciones por parte del Gobierno Federal, en la investigación de estos casos.

Aunado a lo anterior debe reflexionarse sobre lo que ha quedado ausente en la lucha contra la corrupción desde la perspectiva presidencial: el andamiaje legislativo que se impulsó desde la sociedad civil con la iniciativa de la Ley 3de3 y que diera vida al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con la reforma constitucional de mayo de 2015. En esta lucha, la investidura presidencial se ha presentado como una instancia omnipotente que por sí sola podrá erradicar la corrupción.

Desde los discursos mañaneros, se observa que la lucha solo la quiere y puede dar el Ejecutivo Federal, desde la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera, como si la corrupción se acabara por “decreto”. Al SNA, así como a otros organismos autónomos, no los considera necesarios en la construcción de la Cuarta Transformación. Por el contrario, los ha catalogado como resultado de políticas neoliberales que surgieron para atender intereses particulares y no necesidades reales del pueblo.

Hay que recordar que la visión del SNA precisamente surgió para crear un frente entre todos los actores sociales para combatir a la corrupción, vista ésta como un fenómeno sistémico que se presenta a nivel nacional (e incluso internacional). Por tanto, sólo mediante las acciones coordinadas de manera sistémica, desde la sociedad y los diversos poderes y niveles del Estado Mexicano es que puede combatirse de raíz este fenómeno social.

Sin embargo, el SNA ha estado fuera de la mirada presidencial y ello ha provocado situaciones que han frenado su avance. Tan es así, que el Senado ha retrasado la conformación del Sistema, primero dejando sin designar a los magistrados de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia Administrativa (hasta apenas en fechas recientes se logró su nombramiento). Asimismo, el Senado retrasó el nombramiento del Comité de Selección por más de 15 meses, lo que tuvo paralizado al Comité de Participación Ciudadana (CPC), que quedó reducido a un solo integrante, cuando debía estar conformado por cinco. El CPC, que preside al Comité Coordinador del SNA, presentó un amparo en contra de la inacción del Senado, y finalmente se logró la designación del Comité de Selección para que este, a su vez, designara a las cuatro personas que faltaban de integrarse al CPC. Este nuevo Comité de Participación Ciudadana debe ahora reactivar su objetivo: coordinar acciones desde la participación ciudadana y entre las instancias del Estado para prevenir, detectar y sancionar la corrupción tal y como está mandatado en el artículo 113 de nuestra Carta Magna.

Notas:

 

[1] https://lopezobrador.org.mx/temas/combate-a-la-corrupcion/
 

[2] http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4484
 

[3] https://twitter.com/ArturoZaldivarL/status/1452761696699830274
 

[4] https://www.tm.org.mx/ipc2020/
 

[5] https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-08/mexico-sa-los-mexicanos-que-tienen-sociedades-offshore-se-concentran-en-unas-pocas-zonas.html