5. México y Estados Unidos: realidades de los flujos migratorios
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Foto de Humberto Chávez vía Unsplash

Un nuevo marco de cooperación entre los Estados Unidos y México para responder a la nueva realidad migratoria de la región

Maureen Meyer

Vicepresidenta para Programas

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

 

 

Desde 2014 ha habido un cambio significativo en el flujo migratorio hacia los Estados Unidos. Ese año, por primera vez, las autoridades estadounidenses detuvieron a más personas migrantes no mexicanas que mexicanas en la frontera entre los Estados Unidos y México. Además, las características de las personas migrantes también han cambiado: ya no son principalmente hombres solteros yendo a los Estados Unidos en búsqueda de mayores oportunidades económicas, sino que cada vez más hay individuos, familias y menores no acompañados huyendo de sus países de origen, en búsqueda de protección. Aunque la mayoría de las personas migrantes no mexicanas provienen de Centroamérica, principalmente desde mediados de 2020 y sobre todo en 2021 hemos visto también un aumento significativo de la migración desde Venezuela, Ecuador, Brasil, Cuba, y un gran número de personas haitianas, la mayoría de las cuales salieron de su país hace varios años, quienes ahora están migrando desde Brasil, Chile y otros países por la falta de trabajo frente a la crisis económica provocada por la COVID-19, ante un persistente contexto de racismo y discriminación en su contra. Queda claro que estamos frente a una nueva realidad migratoria regional. No obstante, a pesar de las promesas de campaña de crear un sistema humano y respetuoso de los derechos de las personas migrantes y de restaurar el acceso al asilo en la frontera, hasta el momento el gobierno de Joe Biden, con el apoyo del gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ha priorizado detener y desincentivar a la migración, con consecuencias graves para las personas migrantes y solicitantes de asilo.

 

Un sistema viejo para una realidad nueva

En vez de fortalecer la infraestructura en la frontera y el sistema de asilo en el país, durante el gobierno de Trump las políticas migratorias estadounidenses fueron dirigidas hacia la construcción del muro, esfuerzos para limitar la migración legal, al igual que sus intentos de terminar con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el estatus de protección temporal (TPS) para ciudadanos de varios países, políticas inhumanas como la separación familiar, programas y el uso de estipulaciones legales para cerrar la frontera al acceso al asilo, y la externalización de la frontera estadounidense hacia el sur de México y Guatemala. 

Frente a esto, es evidente que el gobierno de Biden heredó un sistema roto y sin la infraestructura necesaria. Y hay que reconocer que al inicio de su gobierno, el presidente Biden implementó políticas importantes como la renovación de TPS y un reglamento para preservar y fortalecer DACA, la restauración del programa para facilitar el ingreso al país de menores centroamericanos en necesidad de protección cuyos familiares están en los Estados Unidos, un grupo de trabajo para la reunificación familiar para las familias separadas forzosamente durante el gobierno de Trump, un aumento en la asistencia para Centroamérica, y la cancelación de los acuerdos de asilo con países centroamericanos y el programa Quédate en México, que obligaba a solicitantes de asilo a esperar en México para sus audiencias migratorias. Frente a un fallo de un tribunal federal obligándoles a reiniciar el programa Quédate en México, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) emitió un nuevo memorando y documentación argumentando de nuevo la necesidad de ponerle fin porque “hay problemas inherentes con el programa que ninguna cantidad de recursos puede arreglar lo suficiente.”[1] No obstante, el futuro del programa depende de si el tribunal anula su decisión anterior y mientras tanto, el gobierno de Biden ya ha presentado su plan para reiniciar el programa, previsto para noviembre de este año.

A pesar de algunos pasos positivos, como quedó evidenciado con las recientes imágenes desgarradoras de familias, principalmente haitianas, varadas bajo un puente en Del Río, Texas, el gobierno de Biden, incluso después de casi 10 meses en funciones, no ha presentado un plan ni cronograma para crear otro sistema que permita procesar, de manera oportuna y humana, a un gran número de personas y familias que buscan protección en los Estados Unidos. Además, ha mantenido el uso del Título 42, un artículo de salud pública de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que el gobierno de Trump adoptó para cerrar la frontera a migrantes durante la pandemia y expulsarlos del país, sin la posibilidad de buscar protección. Expertos en salud pública, cientos de organizaciones de la sociedad civil, miembros del Congreso de los Estados Unidos, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), entre otros, han pedido que se ponga fin a esta política inhumana. Actualmente, el gobierno de Biden enfrenta una demanda legal, liderada por ACLU, porque el uso del Título 42 viola el principio de no devolución, que se expresa en las leyes y normas internacionales que prohíben a los países devolver a los solicitantes de asilo a situaciones de peligro. Más de 700,000 personas migrantes han sido expulsadas bajo el Título 42 durante el gobierno de Biden, incluyendo por lo menos 8,000 personas haitianas en el último mes.

 

México: un muro virtual de los Estados Unidos

El gobierno de López Obrador se ha vuelto cómplice de las políticas migratorias del gobierno estadounidense, tanto durante la presidencia de Trump como con Biden. Aceptó recibir a las personas solicitantes de asilo procesadas en el programa Quédate en México, sin asegurar su alojamiento y acceso a otros servicios en México y sin tomar medidas para garantizar su protección en el país (por lo menos 1,500 de ellas fueron víctimas de delitos como secuestro, robo y violación sexual, durante su estancia en México). El gobierno mexicano también aceptó y sigue aceptando un gran número de personas migrantes no mexicanas expulsadas bajo el Título 42. Más recientemente, México también permitió que el gobierno estadounidense enviara a personas expulsadas de los Estados Unidos a ciudades fronterizas en el sur de México, dejando a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM), junto con la Guardia Nacional, el traslado de las personas a la frontera con Guatemala sin la posibilidad de acceder a protección en ninguno de los países y siendo partícipe de lo que el ACNUR alertó podría constituir devolución en cadena, en violación al derecho internacional[2].

Además, el aumento en el aparato de seguridad en la frontera sur de México, que empezó después del acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos de junio de 2019 se ha repetido varias veces frente a aumentos en la migración, con un despliegue masivo de elementos de la Guardia Nacional, militares y más agentes del INM, poniendo en riesgo la seguridad y bienestar de las personas migrantes, impidiendo a muchos acceder a la protección, e incurriendo en violaciones a sus derechos humanos. Según informó el Secretario de la Defensa Nacional de México, general Luis Cresencio Sandoval, del 21 de septiembre al 20 de octubre de este año, en las fronteras norte y sur estaban desplegados 28,634 elementos de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional, de los que 13,330 estaban desplegados en la frontera sur.

Construyendo otra política hacia la migración

Aunque por el momento los gobiernos de los Estados Unidos y México han optado por una respuesta a los flujos migratorios enfocada en la detención y deportación, no tendría que ser así. El gobierno de Biden ha presentado dos estrategias donde la cooperación con México puede ser fundamental: una, para abordar las causas fundamentales de la migración centroamericana y otra estrategia de gestión colaborativa de la migración. Hasta el momento, ambos gobiernos han llevado a cabo varios diálogos sobre temas migratorios, incluyendo la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a México en junio de 2021. En diferentes ocasiones, el gobierno mexicano ha resaltado la importancia de invertir en “políticas públicas específicas que generen empleo en los países del norte de Centroamérica”, lo cual está en sintonía con parte de la estrategia de Biden para la región.[3]

Por otro lado, con un número récord de personas solicitantes de asilo en el país, que ya superó 90,000 solicitudes en los primeros 9 meses de 2021, México debe ser un socio principal, en una estrategia regional para garantizar acceso a la protección a las personas que huyen de la violencia y la persecución, un pilar fundamental de cualquier modelo regional de gestión migratoria. Esto debe incluir el desarrollo de procedimientos entre ambos gobiernos, para brindar acceso a la protección en los Estados Unidos para las personas que enfrentarían persecución en México; así como las niñas y niños no acompañados, cuando la determinación del interés superior de las personas menores de edad es que deben reunirse con sus familiares en los Estados Unidos. Sin embargo, por más importante que sea tener una estrategia regional, esta parece lejos de implementarse de fondo, mientras el gobierno de Biden siga incumpliendo con sus obligaciones internacionales de ofrecer protección a las personas que la necesitan.

Aunque las estrategias para abordar la migración desde Centroamérica podrían tener impactos importantes, los flujos migratorios de los últimos meses, con un aumento significativo de personas de varios países de América Latina y el Caribe, además de otras partes del mundo, hacen evidente que se tendrá que desarrollar una estrategia de coordinación regional que vaya más allá de enfocarse en los países del triángulo norte de Centroamérica. Aparte de garantizar el acceso a la protección a las personas en situaciones de riesgo, se tendrían que implementar a nivel regional más opciones para la migración legal, tales como más mecanismos de protección temporal, visas temporales de trabajo, y políticas que prioricen la reunificación familiar. Otro elemento clave sería un aumento en el apoyo internacional para combatir a la pandemia de la COVID-19 en la región, tanto en el acceso y distribución equitativa de las vacunas, como en la recuperación económica. El Fondo Monetario Internacional (FMI) recientemente reportó que América Latina y el Caribe experimentaron una contracción económica del 7 por ciento en 2020, lo cual exacerbó la pobreza y la desigualdad de ingresos en la región, factores que contribuyen a la migración actual.

En el contexto binacional, en el reciente diálogo de alto nivel sobre temas de seguridad, ambos gobiernos se comprometieron a “ampliar la cooperación bilateral para luchar contra el tráfico ilícito y la trata de personas por parte de organizaciones criminales transnacionales, y de colaborar en el enjuiciamiento de los traficantes de personas a ambos lados de la frontera.”[4] Esto complementa la fuerza de tarea conjunta “Alpha” entre los Departamentos de Justicia y de Seguridad Interior de los Estados Unidos, lanzada en junio de este año para combatir a las redes de tráfico de personas (sobre todo aquellas que abusen, exploten y pongan en riesgo a las personas migrantes) y de trata de personas. Un componente de esta iniciativa es trabajar con contrapartes en México y Centroamérica, para fortalecer el estado de derecho y la investigación transnacional de estas redes.[5] Esto podría abrir la oportunidad de una mayor cooperación para investigar delitos como el secuestro de personas migrantes en México (cuyos familiares en Estados Unidos a menudo son extorsionados para pagar el rescate) y otros delitos transnacionales contra las personas migrantes. Al respecto, sería importante que ambos gobiernos investigaran la colusión de autoridades de ambos países, que facilita el tráfico y trata de personas y otros delitos contra esta población, además de asegurar que sus agentes sean investigados y sancionados cuando cometen abusos o violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes.

Por último, aunque la colaboración entre ambos gobiernos para atender los flujos regionales de migrantes y personas solicitantes de asilo es esencial, el gobierno de López Obrador no tiene que ser cómplice del gobierno de Biden en la implementación de políticas que violan el derecho internacional. En uno de sus informes de cumplimiento al tribunal federal de los Estados Unidos que ordenó reinstalar el programa Quédate en México, el gobierno de Biden hace claro que no se puede implementar el programa de nuevo al menos que México, “de forma independiente, decida aceptar individuos que los Estados Unidos busca devolver a México.”[6] Según el documento el gobierno mexicano ha expresado su preocupación sobre la implementación del programa pasado y ha declarado que no aceptaría un nuevo programa, a menos que haya mejoras. No obstante, a partir de la experiencia con el programa, documentada ampliamente en varios informes, incluyendo En la Boca del Lobo donde colaboró WOLA[7], queda claro que no hay una versión aceptable de Quédate en México; es decir, no es posible implementar tal política sin poner en riesgo la vida y el bienestar de las personas migrantes, así como el debido proceso en sus casos, aparte de ser un programa ilegal por violar el derecho a solicitar protección en los Estados Unidos. El nuevo memorándum de DHS hace claro que comparte muchas de estas mismas preocupaciones sobre el programa.

Frente a este panorama y la decisión pendiente del tribunal federal estadounidense, el gobierno de López Obrador debe negarse a ser contraparte en una nueva implementación de Quédate en México. Pero más allá de este programa, el gobierno mexicano debe asumir una postura de defensa de los derechos humanos frente a la aplicación del Título 42, que desde marzo de 2020 ha negado el acceso a la protección en los Estados Unidos a cientos de miles de personas. México no debería recibir a personas migrantes no mexicanas expulsadas bajo tal política ilegal, mucho menos expulsarlas a otros países en cadenas de devolución. Contrario al gobierno estadounidense, el gobierno de López Obrador se ha distinguido durante la pandemia por no cerrar sus puertas a la posibilidad de acceder al asilo en el país. Ahora debe insistir en que el gobierno de Biden haga lo mismo, en vez de colaborar en la implementación de programas que ponen en riesgo a personas migrantes y solicitantes de asilo, además de violar sus derechos.

 

Notas:

 

[1] Secretario Alejandro N. Mayorkas. (2021). Termination of the Migrant Protection Protocols. Recuperado de https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/21_1029_mpp-termination-memo.pdf
 

[2] Doubling Down on Deterrence: Access to Asylum Under Biden. (2021). Recuperado   

de https://www.lawg.org/doubling-down-on-deterrence-access-To-asylum-under-biden/

[3] Secretario Marcelo Ebrard recibe delegación de alto nivel de EE.UU. para avanzar en los temas prioritarios de la agenda bilateral y regional. (2021). Recuperado de https://www.gob.mx/sre/prensa/el-secretario-marcelo-ebrard-recibe-delegacion-de-alto-nivel-de-estados-unidos-para-avanzar-en-los-temas-prioritarios-de-la-agenda-bilateral-y-regional
 

[4] Declaración conjunta: Diálogo de seguridad de alto nivel entre los Estados Unidos y México. (2021). Recuperado de https://mx.usembassy.gov/es/declaracion-conjunta-dialogo-de-seguridad-de-alto-nivel-entre-los-estados-unidos-y-mexico/
 

[5] Fiscal General Merrick Garland. (2021). Joint Task Force Against Human Smuggling and Trafficking Networks. Recuperado de https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1401991/download
 

[6] State of Texas v. Joseph R. Biden, (N.D. Tex. 2021). https://defenseassistance.org/files/211014_rmx.pdf
 

[7] Moncada, Alicia, et.al. (2020). Informe de investigación: “En la boca del lobo”. Recuperado de https://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/12/Informe-FJ-FinalFINAL-FINAL.pdf