Los cárteles de la droga controlaron prácticamente toda la economía ilegal en la última década. Al mismo tiempo, aprovecharon las conexiones de la apertura de la economía global, que favoreció el tráfico internacional de las drogas. En el ámbito local, se hicieron del control de recursos naturales: minas de hierro, recursos hídricos, venta ilegal de madera, comercialización de cultivos agroindustriales. Además, los cárteles manejan otros ramos del comercio como la venta de llantas y de ropa china, así como el alquiler de vehículos. Todas estas actividades están articuladas con múltiples actos ilícitos: la extorsión por el cobro de piso a agricultores y comerciantes, la tala ilegal de árboles, el control de la minería, la producción y el tráfico de marihuana. Además, controlan la entrada de fentanilo, una sustancia que se utiliza en la producción de metanfetaminas para el mercado asiático. La euforia por las drogas sintéticas ha propiciado la proliferación de laboratorios clandestinos que son operados, en muchos casos, por profesionistas reclutados para ese fin. El control del mercado local de la droga y de las actividades ilícitas ha permitido a los cárteles tener el control social-territorial: “gestionar la violencia”, “impartir justicia”, “cobrar impuestos” y conformar una “red empresarial ilícita” que se imbrica con los flujos empresariales lícitos (Ramírez, 2019).

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Un factor sustancial de la disputa por esta zona estratégica es la ubicación que en el Pacífico tiene el puerto Lázaro Cárdenas, el cual conecta la ruta desde Asia a Estados Unidos y es un punto donde se concentra la droga que proviene de Sudamérica. Además, en este sitio se coordina el traslado de cocaína, precursores químicos y heroína hacia el estado de Guerrero, para continuar con destino hacia los Estados Unidos. Otra parte es enviada a Morelos y la ciudad de México, importantes mercados nacionales. En esta ruta estratégica se encuentran las poblaciones de Aguililla, Apatzingán, Aquila, Ario, Buenavista, Churumuco, Jacona, Jiquilpan, Morelia, Múgica, Salvador Escalante, Tangancícuaro, Tepalcatepec, Zitácuaro, Uruapan (municipio considerado la capital del aguacate y una de las seis ciudades más inseguras del mundo) y Zamora (Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., 2021).

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La disputa por esta zona estratégica ha provocado que Michoacán se ubique entre los cinco estados con mayor incidencia delictiva. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 2021), en el gobierno de Silvano Aureoles (2015-2021) la incidencia delictiva en Michoacán mantuvo índices alarmantes. Al iniciar la gestión, en 2015, el número de homicidios era de 800. Un año después la cifra de homicidios alcanzó los 1,428; para el año 2017, ascendió a 1,732 y en el 2018 se registraron 2,078. En el año 2019 fueron asesinadas 2,049 personas, para el 2020 fueron 2,400 personas, en tanto que, hasta agosto de 2021, la suma ascendió a 1,754. Estas cifras son el motivo por el cual Michoacán se ha mantenido entre los cinco estados más violentos del país. Durante el primer trimestre del 2021 se han registrado 346 homicidios, 15% más que en 2020. Esto significa que la tasa fue de 18.36 homicidios dolosos diarios por cada 100 mil habitantes. Esta cifra duplica la media nacional, que es de 6.83 homicidios dolosos diarios por cada 100 mil habitantes.

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Esta espiral de violencia tiene otros efectos expansivos. Entre dichos efectos se encuentra el desplazamiento de más de cien mil personas, particularmente en los municipios de Tierra Caliente. También, enmarcados en este contexto, se encuentran los asesinatos de 873 mujeres en el último lustro. Esta situación ha ocasionado la orfandad de 150 niños (Redacción, La Jornada, 3 de febrero de 2021).

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Las caras del Estado

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La agudización de la violencia es corresponsabilidad del Estado. Sus limitaciones logísticas para enfrentar la hegemonía territorial de los cárteles del crimen organizado, han permitido que dichas agrupaciones se constituyan en un segundo Estado (Segato, 2006). La omisión, debilidad o complicidad del Estado frente a la actividad del narcotráfico, nutre la descomposición social e institucional. Además, da lugar a la mutación y emergencia de nuevos campos de ilegalidad. En estos nuevos campos, la población encuentra áreas de participación (trabajo) que el orden legal les niega. Es por ello que la narcoeconomía se ha ensamblado con la actividad productiva regional y se ha convertido en un complemento económico para una amplia base social necesitada. Este sector social se beneficia de los programas gubernamentales mientras participa de las actividades ilegales, lo cual los convierten en aliados morales de los cárteles.

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En distintos momentos, el gobierno federal buscó intervenir la acción de cárteles de la droga. Desde la declaratoria de guerra del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), cuyo resultado fue la atomización de los cárteles con altos niveles de violencia, hasta el fracaso intervencionista del gobierno de Enrique Peña Nieto. Este último generó una estructura para burocrática (Reguillo, 2016) supletoria de soberanía estatal. A través de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán (CSDIM) se pretendió “pacificar” y “normalizar” la vida en Occidente. Sin embargo, la institucionalización de la Fuerza Rural para desmantelar la estructura de las autodefensas (muchas de ellas infiltradas por los cárteles) dio como resultado una rápida atomización de las autodefensas.

También incrementó el número de grupos delincuenciales y provocó una vorágine de reacomodos, que condujeron a un alto incremento de la violencia. Esta pérdida de la legitimidad y la legalidad estatal, por un lado, dislocó las relaciones sociales e institucionales. Por otro lado, permitió que las fuerzas militares, policiales federales y estatales actuaran al margen de la ley, con graves violaciones a los derechos humanos. Entre los casos específicos de esta flagrancia se encuentra la ejecución realizada por policías federales de por lo menos 16 miembros y simpatizantes de la Fuerza Rural, el 6 de enero de 2015 en el centro de Apatzingán. Otro caso es la ejecución extrajudicial de 22 personas el 22 de mayo de 2015 por la Policía Federal en Tanhuato. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para ese caso se evidenció la tortura a los detenidos, la manipulación de la escena del crimen, la siembra de armas y cartuchos, así como el hecho de que más del 70% de las víctimas tenían el tiro de gracia en la nuca. Una situación similar sucedió con el asesinato de cuatro comuneros en la comunidad indígena de Arantepacua, municipio de Nahuatzen. El 5 de abril de 2017, la policía estatal ingresó violentamente ante la demanda de liberar a 38 indígenas de la comunidad que fueron detenidos en una protesta (Ramírez, 2019).

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Durante el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, se permitió la operación de al menos siete cárteles y la emergencia de una decena de unidades delictivas más pequeñas con territorialidad limitada. Esto propició que extendieran sus ramificaciones hacia los estados de Guerrero, Estado de México y la capital del país. El CJNG fue el que más avanzó territorialmente, ya que algunas regiones están bajo su mando, auxiliado por al menos nueve grupos locales a su servicio (Guerrero, 2021). Este posicionamiento del CJNG provocó la articulación del bloque Cárteles Unidos, promovido por el Cártel de Sinaloa. A este bloque se integraron una decena de grupos locales, tales como: los Blancos de Troya, remanentes de los Caballeros Templarios, Viagras, La Familia Michoacana, el Cártel del Metro, Cártel de Tepalcatepec, entre otros. La guerra territorial entre cárteles ha estado acompañada de nuevos ciclos de violencia, como sucede en la Tierra Caliente, donde se concentra la producción de drogas sintéticas; en Tepalcatepec, la zona conurbada de Zamora-Jacona y municipios aledaños como Santiago Tangamandapio, la ruta que conduce a los municipios de la región Ciénega de Chapala.[1]

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Esta omisión o aplicación utilitaria del Estado de derecho del gobierno silvanista, menoscabó la relación entre el Estado y la sociedad y limitó las posibilidades de desarrollo regional. Esto se debe a que el orden legal fue sustituido por el orden criminal. En esta descomposición subyace la impotencia y prepotencia del gobernador, con episodios como el suscitado en Aguililla cuando agredió a un manifestante, quien le reclamó el desastre que vive el estado por su incapacidad para pacificar, aplicar la ley y hacer valer un verdadero Estado de derecho (Redacción, Proceso, 28 de abril de 2021). El exgobernador se ha convertido en uno de los principales críticos del gobierno federal y del discurso presidencial de “abrazos no balazos”. Con el argumento de que el combate al crimen organizado “es responsabilidad del gobierno federal”, este personaje ha quedado reducido a un espectador más del desastre. Mientras tanto, el gobierno federal ha asumido una presencia testimonial al momento de enfrentar a estos grupos. Ejemplos fehacientes como el de Aguililla y Tepalcatepec, donde el ejército funge como espectador frente a la expansión criminal del CJNG o el Cártel de Tepalcatepec, no generan certezas de que entre las prioridades del gobierno federal esté el enfrentar decididamente a estos grupos en guerra por el control del territorio y del negocio de las drogas (Valero, 2021).

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La llegada al gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, emanado de Morena, despierta algunas expectativas positivas con respecto al combate al crimen organizado, por la relación cercana que guarda con el presidente. Sin embargo, llega también precedido de una campaña enrarecida por las acusaciones de la oposición (PAN-PRI-PRD) y del propio ex gobernador, de haber recibido apoyo de los carteles de la droga. Si bien es cierto que estas acusaciones se ubican en un contexto poselectoral con tintes propagandísticos para denostar el triunfo morenista, en un estado bajo la hegemonía de los cárteles como Michoacán, es difícil pensar que éstos se mantengan al margen en las elecciones. Por lo pronto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluyó que hubo intervención del crimen organizado en los municipios de Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho. Sin embargo, argumentó que no se acreditaba una situación generalizada como para anular la elección a gobernador. Esta resolución constituye una aceptación oficial de la intromisión del crimen organizado en las elecciones, intromisión que forma parte de una historia cíclica, en la cual se han diluido los límites entre la legalidad y la ilegalidad, la diferencia entre el gobierno y el crimen organizado. Siempre está latente la posibilidad de que el crimen organizado establezca su hegemonía a niveles como los que se produjeron en 2011, cuando alrededor de 80 de los 113 municipios estuvieron bajo el control de estos grupos criminales, lo que significó prácticamente una captura del Estado.

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Sin el ánimo de concluir

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Esta territorialidad violenta nos permite comprender la dimensión política de la disputa. Inserta y normalizada en la vida regional, esta guerra se ha convertido en una vía de subsistencia económica que, al mismo tiempo, envenena a un sector y beneficia a otro. Dentro de estos ambientes que están sometidos a la lógica de la violencia se encuentran los valores de la vida comunitaria, que luchan contra los valores de un nuevo orden: uno violento que se configura en territorios fragmentados. El quiebre de los lazos familiares genera rupturas en las relaciones de reciprocidad, que son las fungen como basamentos de la comunidad y, como consecuencia, también desarticula el tejido social.

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Las condiciones geográficas y estructurales de Michoacán, lo constituyen en un estado atractivo para la actividad del crimen organizado. Podemos vislumbrar que la violencia no menguará en el corto plazo. La llegada del nuevo gobierno y la aparente decisión de combatir al CJNG seguramente traerán nuevos ciclos de violencia, fragmentaciones y reajustes en los carteles locales. En medio de esta guerra, seguirá una sociedad expectante que ha dejado de confiar en sus autoridades.

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Referencias:

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Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia A.C, (2020). Recuperado de: http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/sala-de-prensa/1596-boletin-ranking-de-las-50-ciudades-ma-s-violentas-del-mundo-2020.

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Guerrero, Eduardo (2021), “La estrategia de seguridad en Michoacán (2014-2021)”, Nexos, 31 de mayo de 2021.

Ramírez Sánchez, Rubén Darío (2019) “Conflictos regionales y Estado en el Occidente michoacano”, en Chávez Jiménez, Daniar y Aguilar Ortega, Teodoro, Comunidad y territorio. El caso del occidente michoacano, UNAM, 41-62.

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Redacción, “Reportan cientos de huérfanos por violencia en Michoacán”, La jornada, 3 de febrero de 2021. Recuperado de: https://ljz.mx/2021/02/03/reportan-cientos-de-huerfanos-por-violencia-en-michoacan/

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Redacción, “Profesor agredido por Aureoles se encuentra bien, pero en otro poblado, dice párroco de Aguililla”, Proceso, 28 de abril de 2021.

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Segato, Rita (2006). La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Territorio, soberanía y crimen de segundo estado. México: Tinta Limón.

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Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (2021), “Incidencia delictiva del fuero común”. Recuperado de: https://drive.google.com/file/d/1zKPpd-GNwZJOT7xeehOQs5UqwnTpyfEj/view

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Valero, Ricardo (2021), “Michoacán, el botín del crimen”, Sinembargo, 16 de abril de 2021.

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Nota: 

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[1] Hace unas semanas, un habitante zamorano nos confió que en una reunión con autoridades estales donde se discutía sobre la violencia que azota al municipio, derivado de la diputa por la plaza, les recomendaron “esperan a que uno de los dos cárteles en disputa se impusiera”.