4. Interrogantes sobre la reforma eléctrica y la crisis ambiental extractivista
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Foto de Dominik Vanyi vía Unsplash

La crisis ambiental y las energías renovables: ¿Puede la izquierda latinoamericana reconciliarse con los movimientos antiextractivistas?

Marcela Torres Wong

FLACSO México

 

 

 

La pandemia de la COVID19, junto a los efectos cada vez más visibles del cambio climático que venimos experimentando a nivel mundial en los últimos dos años, dejan cada vez más claro que no podemos seguir habitando el planeta de la misma manera si queremos sobrevivir como especie. Esta claridad tiene la virtud de ser expansiva y potencialmente podría alcanzar la globalidad suficiente para que nuestros gobiernos adopten medidas sustantivas que permitan revertir la crisis ambiental. Hasta ahora, aunque hay algunas señales de que esta es la tendencia de algunos países del norte global, no hay evidencia de que la voluntad de las élites políticas mundiales trascienda el hecho de hacer más verdes las economías capitalistas actuales. Tal como señala Sofía Ávila, el aprovechamiento y consumo de energías renovables podría representar una oportunidad de construir proyectos eco-sociales alternativos, o por el contrario, impulsar un cambio tecnológico al servicio del “crecimiento verde” (2018).

Nuestra era actual, tal como la caracterizan Grosfoguel (2016), Svampa (2019), McNeish y Shapiro (2020), entre otros, se define por los múltiples extractivismos promovidos por un modelo económico que, en sus distintas variantes, se sustenta en la explotación laboral y la depredación de los recursos naturales, con mayor énfasis en países del sur global. Tradicionalmente, en América Latina los efectos socioambientales más devastadores de la economía capitalista, soportada en la premisa de un crecimiento ilimitado, las padecen las poblaciones indígenas y campesinas cuyas tierras y culturas son duramente afectadas por las industrias extractivas. Estas poblaciones han sido capaces de organizarse y articular discursos políticos innovadores, en relación con objetivos de justicia ambiental, loa cuales sirvieron como plataformas para la emergencia de movimientos políticos que confrontaron al neoextractivismo latinoamericano. Durante los primeros años de la década del 2000, movimientos indígenas en países como Ecuador, Bolivia, Perú, México y Guatemala, a diferentes escalas y con distintos niveles de influencia, sembraron semillas de esperanza entre múltiples sectores de la sociedad civil. Muchas personas vimos en estos movimientos un potencial de cambios significativos en la relación entre el Estado, la Madre Tierra y las poblaciones excluidas de los beneficios del boom de los commodities de la década pasada.

Durante las últimas dos décadas, gobiernos de izquierda con discursos progresistas sobre derechos indígenas y la defensa de la Tierra, llegaron y salieron de las casas de gobierno en varios países sudamericanos. Lo que evidenciaron estos periodos en países como Ecuador, Bolivia y Brasil, fue que hay una diferencia aparentemente insalvable entre los gobiernos de izquierda y los movimientos antiextractivistas. Para los primeros, las rentas provenientes de las industrias extractivas como la minería y los hidrocarburos han sido fundamentales para financiar los programas sociales y la infraestructura necesaria para mejorar la vida de los grupos sociales que más padecen los efectos de la desigualdad (Riofrancos 2021). Esto implicó incrementar el control estatal sobre estas industrias, así como una ruptura inevitable con los sectores antiextractivistas que les apoyaron para llegar al gobierno. Junto con esto se desplegaron una serie de acusaciones entre ambos bandos sobre traiciones mutuas. La “izquierda en el gobierno”, como la llama Riofrancos, acusaba a las organizaciones ambientalistas de servir al capitalismo verde, al imperialismo, a las antiguas élites, entre otros, dependiendo del país donde estemos, mientras los segundos acusaban al gobierno de mantener el status quo y acomodarse al rentismo extractivista.

El nacionalismo surgido espontáneamente entre los gobiernos de las izquierdas latinoamericanas se fundamenta en la recuperación del control estatal sobre recursos naturales valiosos para su explotación. Un discurso que, lejos de ser novedoso, se reactualiza a partir de las diferentes olas de nacionalización de los años 30s, 70s 2000s (De la Fuente 2013; Perreault 2013). Sin embargo, este “nacionalismo basado en los recursos naturales” de mediados de la primera década del 2000, surge en un contexto internacional que empuja a los gobiernos a reconocer derechos territoriales a las poblaciones indígenas que habitan regiones “con vocación” extractiva, estipulando la obligación de realizar consultas previas a la implantación de cualquier proyecto que les pueda afectar. Algunos grupos indígenas, los más organizados y con mayores recursos políticos, utilizaron la consulta previa para negociar con sus gobiernos y las empresas extractivas una mejor redistribución de la riqueza proveniente del Estado compensador al que alude Gudynas (2012). Los otros, menos organizados y políticamente debilitados, tuvieron que aceptar las condiciones impuestas “desde arriba” de la misma manera que sucedía bajo el neoliberalismo, con la esperanza de beneficiarse de los programas sociales típicos de esta etapa. Mientras tanto, los grupos opositores al extractivismo continuaron recurriendo a la protesta y la movilización social para defender sus territorios y culturas (Torres-Wong 2018).

Entre los resultados que deja este tipo de nacionalismo, junto con las consultas previas mal utilizadas, tenemos pueblos indígenas que aceptan la sobreexplotación de sus recursos, aunque algunos con mejores resultados económicos que otros. Asimismo, los grupos antiextractivistas han desarrollado innovaciones en sus repertorios de acción con el fin de contrarrestar el avance extractivista, tanto por parte de gobiernos de derecha como de izquierda, a través de sus auto consultas para prohibir proyectos no deseados en sus tierras (La Coperacha 2017; Pozol Colectivo 2017; Alianza contra el Fracking 2017).

¿Qué opciones tiene la izquierda en el poder, en el caso de países como México y Perú, o la que aspira a volver al poder en los países donde fue destronada por gobiernos de ultra derecha, para conciliar sus objetivos políticos con las necesidades globales que enarbolan los movimientos antiextractivistas? La necesidad imperante de transitar a un nuevo modelo energético que deje atrás la dependencia de combustibles fósiles, abre una oportunidad política para ello. El caso de México ofrece algunas luces al respecto, considerando que es el país latinoamericano pionero en el impulso de energías renovables.

La industria eólica impulsada bajo el gobierno de Peña Nieto (2012-2018) con un enorme potencial de generar energía de fuentes renovables, ha sido objeto de acusaciones sobre violación de derechos humanos en los territorios indígenas de los estados Oaxaca y Yucatán, donde se ha intentado instaurar con más fuerza. Esto obedece a que la lógica de despojo reproductora de la desigualdad entre las empresas multinacionales y las comunidades indígenas se mantuvo, a pesar de lo “verde” de la iniciativa (Gouritin 2018; Ávila 2017; Finley-Brook, et al. 2011). Las empresas no respetaron los derechos de las comunidades a ser consultadas sobre los proyectos. Así mantuvieron discursos centrados en su alta capacidad tecnológica, sin considerar las economías locales y las formas de organización en los territorios donde buscaban operar. Se ofrecieron compensaciones individuales a los propietarios de las parcelas, fomentando las divisiones intracomunitarias y el malestar social, tal cual la industria petrolera que buscarían reemplazar. Por ello se genera esta aparente contradicción derivada de la oposición de las poblaciones indígenas que, en el imaginario social, son las defensoras más radicales del medio ambiente, con la propuesta de proyectos que buscarían viabilizar la sostenibilidad ambiental.

Con la llegada de Andrés López Obrador al gobierno en 2018, el nacionalismo basado en los recursos naturales no se hizo esperar. Además de fortalecer el control estatal sobre la explotación de petróleo a través de Pemex, el gobierno busca recuperar el control eléctrico a través del fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como garantizar que los yacimientos de litio sean controlados por el Estado mexicano. Más allá de los sentimientos reivindicativos legítimos que estas acciones pueden generar en un gran sector de la población, los problemas de sobreexplotación de la naturaleza y la violación de derechos de las poblaciones aledañas a las zonas de extracción podría empeorar. La historia de conflictividad y abusos en contra de las comunidades indígenas por parte tanto de Pemex como de la CFE tienen causas estructurales vinculadas al modelo capitalista, independientemente de si este es liderado por el Estado o por las empresas privadas. No parece que esta situación vaya a mejorar al dársele mayor poder y centralidad a estas empresas, sino todo lo contrario.

Desafortunadamente una mejor redistribución de la riqueza, aunque necesaria en un país con altísimas tasas de desigualdad como México, no garantiza la protección de los derechos de las poblaciones indígenas y campesinas que sufren los impactos directos del extractivismo, ni la defensa ambiental que es de interés de toda la ciudadanía, ya no sólo mexicana sino del planeta. Por el contrario, el discurso nacionalista que enaltece la explotación estatal de los recursos, bajo el entendido de que esta explotación beneficia a sus nacionales y no a empresas extranjeras, ha demostrado tener una gran capacidad de desarticular, o al menos debilitar, a los movimientos antiextractivistas en diferentes regiones sudamericanas (Poweska 2017)

Frente a este panorama, parecería que México está embarcado en un camino similar al de Ecuador bajo Correa y al de Bolivia con Evo Morales, quienes a pesar de sus promesas políticas y compromisos iniciales con la Madre Tierra, se acomodaron al dependentismo extractivista en desmedro de los movimientos indígenas que les proveyeron en gran medida la fortaleza discursiva que les permitió llegar al gobierno.

A esto se suman, sin embargo, algunas condiciones distintas que podrían abrir nuevos caminos con mejores resultados para las voces críticas que demandan nuevas formas de pensar el desarrollo. En el contexto actual que urge a la transición energética, el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología impulsa un Programa Nacional Estratégico sobre Energía y Cambio Climático que busca generar, entre otras cosas, modelos autonómicos sustentables en zonas rurales sin acceso a energía, a partir del uso de ecotecnologías. Estos modelos son cogestionados por personas académicas de las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales y por representantes de comunidades indígenas y campesinas, y principalmente priorizan la participación social, al igual que la autonomía energética local. En este punto, la iniciativa conecta con los movimientos indígenas que demandan libre determinación y protección de sus ecosistemas.

Idealmente, el programa persigue el acceso a la energía por parte de las poblaciones más desfavorecidas y la sostenibilidad ambiental, elementos que han sido disociados por los extractivismos latinoamericanos. Evidentemente, estas iniciativas permanecen marginales frente a políticas de Estado que parecen promover ciegamente las industrias extractivas, sin considerar seriamente políticas de ordenamiento territorial y zonificación ambiental. Sin embargo, la crisis climática actual ha motivado el surgimiento de organizaciones territoriales en busca de autonomía, así como de derechos e iniciativas científicas guiadas por la justicia socioambiental. Esto permite visibilizar algunas diferencias con las izquierdas sudamericanas precedentes y dibuja caminos alternativos para las que vendrán. Resta ver si la izquierda de AMLO podrá aprovechar la tardanza de su llegada al gobierno.

 

Referencias:

 

Alianza Mexicana contra el Fracking. 2017. Defensa del territorio Zoque, Chiapas. Publicado 12 de diciembre 2017, disponible en : http://www.nofrackingmexico.org/defensa-del-territorio-zoque-chiapas/, accesado 25 abril 2020.
 

Ávila, Sofía. 2018. Transición Energética: ¿cambio tecnológico o transformación sistémica? En Foro Transiciones. Conectando Ciudadanía para un cambio ecosocial. Available online: https://forotransiciones.org/2018/06/06/transicion-energetica-cambio-tecnologico-o-transformacion-sistemica/
 

Ávila, Sofía. 2017. Contesting Energy Transitions: wind power and conflicts in the isthmus of Tehuantepec. En Journal of Political Ecology/ Vol 24, (1).
 

De la Fuente, Aroa. 2013. La explotación de los Hidrocarburos y los Minerales en México: un Análisis Comparativo. Mexico: Heinrich Boll Stieftung.
 

Finley-Brook, Mary, and Curtis Thomas. Renewable Energy and Human Rights Violations: Illustrative Cases from Indigenous Territories in Panama." In Annals of the Association of American Geographers. Vol 101 (4)

Gouritin, Armelle. 2018. Extractivism and Renewable Energies: human rights violations in the context of socio-environmental conflicts. This report is part of the project: The road from Paris to sustainable development: Effectively Integrating Human Rights and Gender Equality into EU Climate Action. Henrich Boll. European Union.

Grosfoguel, Ramon. 2016. Del extractivismo económico al extractivismo epistémico y ontológico. En Tábula Rasa, Vol 16, pág 1-36

Gudynas, Eduardo. (2012). El Estado Compensador y nuevos extractivismos. Las ambivalencias del progresismo sudamericano. Nueva Sociedad No 237 -January -February 2012.

La Coperacha, 2017. “Comunidades opositoras a proyectos extractivos van por procesos de autoconsultas”. Disponible en: https://lacoperacha.org.mx/comunidades-opositoras-mineria-van-autoconsulta/, accesado 25 abril 2020.

McNeish John and Judith Shapiro (2020) Our Extractive Age. Routledge: New York.

Perreault, Tom. 2013. “Nature and Nation: Hydrocarbons, Governance, and the Territorial Logics of ‘Resource Nationalism’ in Bolivia.” Natural Resources, Volume 8; Subterranean Struggles: New Dynamics of Mining, Oil, and Gas in Latin America, edited by Anthony Bebbington and Jeffrey Bury, University of Texas Press, 2013, pp. 67-90.

Poweska, Radoslaw. (2017). State-led extractivism and the frustration of Indigenous self-determined development: lessons from Bolivia. The international journal of human rights, 21:4, 442-463.

Pozol Colectivo, 2017. “Rechazan hidrocarburos en territorios Zoque”, publicado 28 marzo 2017. Disponible en http://www.pozol.org/?p=14746, accesado 25 abril de 2020.

Riofrancos Thea (2021) The Dilemmas of Extractivism. En Dossier Socioenvironmental destruction, Extractivism and Dependency by LARR, Vol 52, No 4.

Svampa, Maristella. 2019. Las fronteras del neoextractvismo en América Latina. Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias.Guadalajara: Universidad de Guadalajara and CALAS.